Nadia Luna
En lo que va de 2017, 42 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia. El panorama no es nuevo pero las cifras continúan aumentando. En un informe presentado en marzo, la Defensoría del Pueblo registraba que entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017 se habían registrado al menos 156 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones a líderes sociales.
Se estima que una de las razones de este incremento es el retiro de la FARC de las zonas donde antes ejercían control, lo que ha posibilitado el ingreso de nuevos actores armados que se disputan el dominio territorial.
En esta edición de Nodal Pregunta, Negret Mosquera dialoga sobre los motivos del incremento en la cantidad de activistas asesinados, la influencia en los procesos de paz y las medidas que debería tomar el Estado.
A comparación de años anteriores, ¿la tasa de asesinatos de líderes sociales se incrementó?
Para el último informe, las cifras comprenden los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, con el resultado expuesto de 156 asesinatos, 5 desapariciones forzadas y 33 atentados. La Defensoría hace el seguimiento territorial permanente a los casos relacionados con afectación de los derechos de diferentes grupos poblacionales. En 2016, se identificó un aumento sensible en el número de líderes sociales afectados por diferentes tipos de violencia y se procedió a sistematizar la información para ofrecer al país un informe más detallado de las vulneraciones a estos ciudadanos. La idea es que se convierta en una herramienta de actualización periódica. Hay más de 200 funcionarios en todo el territorio nacional dedicados al seguimiento pormenorizado de casos relacionados con este tipo de violencias en contra de nuestros líderes.
¿Quiénes son los principales responsables de este tipo de asesinatos?
En las competencias de la Defensoría del Pueblo no es posible saber de dónde vienen las balas. Lo que sí es posible evidenciar es que los crímenes de líderes sociales se están dando en zonas que han sido dejadas por las FARC y que están siendo ocupadas por otros grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y otros grupos irregulares que se nutren del narcotráfico, de las economías ilegales como la minería ilegal, entre otras. Nuestro informe revela que los casos se han presentado en 23 departamentos que tiene el país.
¿Las víctimas comparten características similares, además del activismo?
Hemos identificado que es un fenómeno generalizado de violaciones a los derechos humanos como la vida y la integridad personal. Las víctimas de los atentados tienen en común que son líderes de procesos comunitarios similares, y que estas violaciones se han presentado en una zona geográfica y un espacio temporal semejante, con el propósito de copar estos lugares y ejercer el control territorial para posteriormente manejar las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Quienes persiguen este objetivo ven a los líderes sociales y defensores de derechos humanos como obstáculos, por ello atentan contra su vida, los amenazan y estigmatizan.
Sin embargo, es la Fiscalía General de la Nación la que deberá definir si estos eventos y delitos atroces son sistemáticos, es decir, si hacen parte de un plan criminal enfocado y específico. Por ahora sabemos que no son una simple coincidencia.
¿Cómo influye esta situación en el actual proceso de paz?
Sin dudas estos hechos se convierten en un fenómeno criminal que atenta contra la paz en términos generales en Colombia. Pero dados los alcances, nuestro mensaje es que la paz no debe dar marcha atrás. Todos debemos seguir empujándola. Debemos seguir cerrando el círculo de la violencia y el Estado ha estado esforzándose para desplegar garantías de prevención y protección.
¿Qué políticas considera que el Estado debería implementar con mayor urgencia?
El Estado y la sociedad debemos trabajar de la mano para blindar moral y afectivamente a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos, y erradicar cualquier forma de estigmatización o violencia en contra de ellos. Por esta razón, tenemos que hacer un trabajo de la base hacia arriba, para que estas personas y ciudadanos de bien puedan tener la tranquilidad de trabajar en Colombia para liderar procesos de derechos humanos, asuntos ecológicos, medioambientales, entre otros, sin que corran riesgo de ser asesinados o amenazados.
También, hemos pedido al Gobierno Nacional que hagamos presencia con oferta institucional del orden social en las zonas del país más afectadas por estos fenómenos. Además, solicitamos recursos que puedan ser invertidos en la protección y garantías de seguridad de los líderes y para las actividades que instituciones como la Defensoría del Pueblo lleva a cabo.
Fuente: Nodal
