La ministra en visita Marianela Cifuentes Alarcón condenó a 7 funcionarios en retiro de Carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple cometidos en contra de 15 personas de la localidad de Isla de Maipo, hecho ocurrido en octubre de 1973 y cuyos restos fueron encontrados cinco años después en unos hornos en la localidad de Lonquén. Estos, más al menos entre 20 y 30 agentes que deberán enfrentar presidio efectivo, colapsará la capacidad del penal de Punta Peuco.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
La sentencia sobre el caso Lonquén pesa sobre los efectivos que participaron en la detención de 15 víctimas que estaban en sindicatos agrícolas de la dictadura que tras ser ajusticiadas en 1973 sus cuerpos fueron introducidos en los hornos de cal, pudiendo ser hallados 1978.
En la resolución, la magistrado condenó a Marcelo Lautaro Iván Castro Mendoza a la pena de 20 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado.
Además, los retirados efectivos David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Juan José Villegas Navarro a la pena de 15 años de presidio como autores de secuestro calificado.
<script type=»text/javascript»>
= || [];
_ttf.push({
pid : 55048
,lang : «es»
,slot : ‘[itemprop=»articleBody»] > p’
,format : «inread»
,minSlot : 3
,components : { mute: {delay :0}, skip: {delay :0} }
,css : «margin: 0px 0px 12px;»
});
(function (d) {
var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
js = d.createElement(‘script’);
js.async = true;
js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;
s.parentNode.insertBefore(js, s);
})(window.document);
</script>
Asimismo, Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 15 penas de 60 días de presidio como autor de secuestro simple.
La investigación de la jueza estableció que el 7 de octubre de 1973 los funcionarios policiales detuvieron a estas 15 personas en distintas partes de la comuna de Isla de Maipo. Las víctimas participaban en sindicatos agrícolas y al momento de la detención también participaron civiles que buscaban vengarse de los activistas.
Todos fueron trasladados a la tenencia de Isla de Maipo y en la madrugada del 8 de octubre fueron sacados en un camión hasta Lonquén a unos metros de unos hornos de cal, lugar en que un piquete de funcionarios de Carabineros, al mando del teniente Lautaro Castro Mendoza, les disparó causándoles la muerte, para luego arrojar sus cuerpos al interior de los hornos con el fin de ocultarlos.
En el aspecto civil, la ministra condenó al Fisco a pagar la suma total de $5.540 millones a los familiares de las víctimas.
Más de 30 ex uniformados condenados por DD.HH. desbordarán Punta Peuco
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
La ministra en visita, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó ayer a siete ex funcionarios de Carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple cometidos en contra de 15 personas de la localidad de Isla de Maipo, hechos ocurrido en octubre de 1973 y cuyos restos fueron encontrados en 1978 en unos hornos en la localidad de Lonquén.
<script type=»text/javascript»>
= || [];
_ttf.push({
pid : 55048
,lang : «es»
,slot : ‘[itemprop=»articleBody»] > p’
,format : «inread»
,minSlot : 3
,components : { mute: {delay :0}, skip: {delay :0} }
,css : «margin: 0px 0px 12px;»
});
(function (d) {
var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
js = d.createElement(‘script’);
js.async = true;
js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;
s.parentNode.insertBefore(js, s);
})(window.document);
</script>
Los ex uniformados deberían hacer ingreso en los próximos días al penal Punta Peuco, ubicado en la comuna de Tiltil, recinto que está destinado para que quienes sean condenados por crímenes de derechos humanos cumplan su pena.
Estas nuevas condenas aumentarían la población penal de Punta Peuco, obligando a Gendarmería, nuevamente, a reacondicionar el lugar para sumar más internos.
Según la estadística de la entidad penitenciaria liderada por el PPD Jaime Rojas, al 31 de julio de 2016 había 122 internos cumpliendo condena en el penal. Ello, a pesar de que en febrero sólo había capacidad para 112 personas, por lo que se debió reacondicionar el recinto para aumentar los cupos.
A fines de este año, el Tribunal Constitucional podría ratificar la condena de 33 ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que en junio de 2015, dictó la Corte de Apelaciones.
Del total de estas personas juzgadas, al menos 16 deberán cumplir pena efectiva en Punta Peuco, lo que elevaría la población penal del recinto de Tiltil a 145 internos.
Quien conoce de cerca la situación interna del penal es el capellán de Gendarmería, Luis Roblero. El sacerdote explicó que “hace un tiempo hubo una ampliación con la instalación de contenedores en bastante buen estado. No era una suite, pero estaba bien habilitada. Ahora, ¿si hay más posibilidades para recibir más internos? Tendería a creer que sí”.
Roblero agregó que “las condiciones de habitabilidad son buenas, aunque no hay ningún tipo de privilegio. Sin embargo, las situaciones de cuidados a los espacios son bastante superiores a otras cárceles”.
En tanto, para el abogado de gran parte de los ex uniformados que están en Punta Peuco, Raúl Meza, la decisión del gobierno de no cerrar el penal “es acertada”.
Sin embargo, señaló que el recinto “ está en su máxima capacidad para recibir nuevos militares para el cumplimiento de sus condenas, existiendo actualmente un hacinamiento en los distintos módulos del recinto carcelario, por tanto, el camino que tiene el Gobierno no es promover una legislación que restrinja los beneficios carcelarios de los militares condenados por lesa humanidad (…), por lo que se debe permitir que los internos del citado penal que cumplen con los requisitos legales puedan acceder a beneficios”.
Colina 1
Aunque el gobierno siempre ha insistido en que el cierre de Punta Peuco es materia de análisis, desde mediados del año pasado el Ejecutivo ha estado trabajando en la implementación de un nuevo módulo en Colina 1 para que condenados por derechos humanos cumplan su condena en ese penal.
Según fuentes de la Nueva Mayoría, este módulo, con capacidad para 345 personas, se habilitó para condenados por violaciones a DD.HH., cuando Punta Peuco colapsara. Ello, pues se preveía que una alta cifra de ex uniformados ingresará al penal durante el primer semestre de este año.
En justicia estaban al tanto de la situación de los militares procesados por casos de derechos humanos, avizorando que habría una sobrepoblación penal en el Punta Peuco. Aunque en el recinto de Tiltil se ha reacondicionado un lugar para recibir más reos, habría un problema más de fondo, señalaron fuentes de gobierno: el agua, pues tienen acceso a este recurso por pozo, el cual está llegando a su límite.
Además, en términos de inversión, el costo del cierre de Punta Peuco no sufriría mayores variaciones, explicaron las mismas fuentes, pues el gasto más grueso ya se hizo, puesto que para la creación del módulo especial en Colina 1 se destinaron más de $ 1.000 millones y esas obras ya están terminadas.
