Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible una querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de los ministros del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica Maldonado, José Ignacio Vásquez, y contra todos quienes resulten responsables en los delitos de cohecho y prevaricación judicial.
La acción judicial se da a partir de una entrevista de la actual presidenta del TC, María Luisa Brahm, al medio La Tercera el 18 de abril.
En ella, Brahm señala que “antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”.
Según la presidenta, “existían contratos en los cuales un abogado cobraba a su cliente por demorar su causa en el TC, e incluso es posible imputar de forma directa al ex presidente del Tribunal, Iván Aróstica como responsable de consecutivas suspensiones en la vista de las causas y el inexplicable atraso en las sentencias”, se lee en la redacción de la querella.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, sostuvo a nuestro medio que la “declaración de admisibilidad de nuestra querella, permitirá abrir paso a una investigación judicial en contra de integrantes del Tribunal Constitucional, por los delitos de cohecho y prevaricación judicial, cometidos en connivencia con abogados con los que se concertaron para demorar los fallos en casos de graves crímenes contra los derechos humanos, con el objeto no sólo de obtener la impunidad de sus autores, sino para obtener un negocio lucrativo”.
Por lo mismo, la acción judicial solicita “condenar a los culpables al máximo de las penas legales establecida para estos delitos, y en definitiva con costas”.
Fuente: Radio Universidad de Chile
“Trinchera de impunidad” y “guarida de criminales”: La ‘Era Aróstica’ en el Tribunal Constitucional
La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, no es la primera que denuncia irregularidades en los procesos internos del organismo y una dilación concertada de las causas relativas a violaciones a los derechos humanos.
Mucho antes, en 2018, distintos organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y civiles habían manifestado su preocupación por una evidente estrategia que estaban llevando a cabo los ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes acudían al TC con el objetivo de paralizar sus procesos y atrasar sus sentencias.
Pero los dichos de Brahm lograron quitarle el polvo a una realidad que no había sido del todo destapada, motivando la denuncia y posterior apertura de investigación por parte del Ministerio Público contra los ministros del tribunal por prevaricación y cohecho.
Incluso la misma diputada PC Carmen Hertz, quien denunció los hechos ante el Fiscal Nacional dando inicio así a la investigación, ya había manifestado en esa época su preocupación por la situación en el Tribunal Constitucional.
En 2018, ofició al organismo para que le informara sobre algunas causas en materia de derechos humanos que parecían paralizadas, documento que fue contestado por el TC a través de un listado -al que Diario y Radio Universidad de Chile tuvo acceso- de 13 causas que se encontraban pendientes a la fecha.
“¿Por qué hago la denuncia hoy? Porque en 2018 yo envié un oficio al Tribunal Constitucional preguntando concretamente por varias causas que llevaban paralizadas porque no las ponían en tabla y quien debía ponerlas en tabla era Aróstica, y no lo hacía”, explicó a nuestro medio la también abogada y defensora de los derechos humanos.
“Nosotros hoy día estamos diciendo que lo hacían maliciosamente, o sea, concertados con la defensa de los victimarios“, agregó la parlamentaria.
Entre las organizaciones que tomaron acción frente a las denuncias que se hacían hace ya dos años, estuvo un Instituto Nacional de Derechos Humanos que, liderado por la entonces directora nacional y actual consejera, Consuelo Contreras, poco pudo hacer para hacer frente a un mecanismo que ya parecía estar instalado en el Tribunal Constitucional.
“Nos preocupaba muchísimo como INDH la aplicación de ciertas medidas y el TC tenía la potestad de paralizar algunas de las causas, lo que nosotros evaluábamos como que se corría el peligro de favorecer la impunidad“, sostuvo en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile la ex directora del INDH.
Fue así como en 2018, desde el INDH emitieron dos oficios dirigidos al Tribunal Constitucional en el que pedían al organismo dar cuenta del número de causas suspendidas a la fecha y el período de tiempo que los requerimientos de inaplicabilidad presentados por los ex uniformados habían permanecido en esa condición.
“Una de las preguntas que nos interesaba que nos respondieran -y que no tuvimos respuesta al respecto- era cuál era el tiempo promedio que se demoraban las causas de derechos humanos y cuál era el tiempo promedio que se demoraban las otras causas, porque nosotros teníamos la percepción de que las causas de derechos humanos simplemente se paralizaban, no se tramitaban“, aseguró Contreras a nuestro medio.
Pero la respuesta del Tribunal Constitucional llegó en octubre de 2018 y fue vaga.
“Esta magistratura constitucional no tiene atribuciones ni le asiste la correlativa obligación de emitir otros actos de constancia o conocimiento que aquellos pormenorizados en la mencionada ley”, indicaron.
“Sin perjuicio de lo anterior, prestos a colaborar y si ese instituto así lo estima, es dable que un funcionario de ese servicio público comisionado al efecto, pueda concurrir hasta nuestra sede con el objeto de revisar los expedientes de las referidas causas y así levantar la información deseada“, contestó el entonces presidente del TC, Iván Aróstica.
Una situación reiterativa y evidenciada por distintas partes que, para la diputada Hertz, dejó de manifiesto un temor que ya se habían planteado desde las organizaciones ligadas a la defensa de las víctimas de la dictadura, y que tenía que ver con cómo el Tribunal Constitucional podía convertirse en una guarida para los criminales de lesa humanidad.
“En la trinchera de la impunidad, en eso se transformó el Tribunal Constitucional, y particularmente bajo la presidencia de Iván Aróstica“, denunció Hertz en conversación con nuestro medio.
La “Era Aróstica”
Su hubiera que fijar un año bisagra para la tramitación de requerimientos en materia de derechos humanos, sería 2015. Este año se produjo la sustitución del ministro Francisco Fernández, ligado al Partido Socialista, e ingresó el ministro José Ignacio Vázquez, terminando así el tradicional equilibrio del “5 y 5” e inclinando así la balanza hacia la derecha.
Fue a partir de ese año que se produjo un boom en la presentación de requerimientos y admisibilidades, que queda evidentemente demostrado en las cifras.
Entre 2005 y 2015, el organismo recibió tan sólo 10 casos de este tipo y todos tuvieron una tramitación breve sin suspensiones extensas. Pero desde mediados de ese año, el Tribunal Constitucional ha recibido cada vez más procesos relativos a DD.HH. Según el mismo TC, se ingresaron un total de 30 causas por DDHH entre noviembre de 2015 y agosto de 2017, de las cuales 21 fueron suspendidas.
Pero fue en 2017 que se marcó el hito principal de la trama que revive la denuncia de la diputada Hertz. En agosto de ese año asumió como presidente del TC el ministro Iván Aróstica Maldonado, quien había sido designado por Sebastián Piñera en 2010, durante su primera presidencia.
Durante el primer año bajo el mandato de Aróstica –abogado conocido por su perfil ultraconservador, su férrea defensa a la dictadura militar y su admiración por Jaime Guzmán– el TC conoció alrededor de 24 requerimientos relativos a violaciones a los DD.HH. y en todos hubieron denuncias por parte de los abogados defensores de las víctimas por la dilatación o derechamente la suspensión de las causas.
Denuncias que apuntaban a un Aróstica que votaba consistentemente en una línea favorable a lo argumentado por los condenados por crímenes de lesa humanidad y que omitía tramitar causas relacionadas a derechos humanos.
Y es que dentro de sus funciones exclusivas como presidente, estaba el poner en tabla del pleno las causas que ya están tramitadas y que sólo restaban por fallar. Pero en tres ocasiones, el presidente incurrió en la omisión de colocar en tabla tres causas referidas a secuestros y homicidios calificados, y una de ellas relacionada con doce víctimas de la conocida “Operación Cóndor”. Finalmente, este último caso fue revisado a expresa petición de los abogados.
“Desde comienzos de 2016 y acentuándose en 2017 llegaron más de medio centenar de causas al TC. Es decir, 52 ó 53 casos, muchos de los cuales se suspendieron y varios por más de un año”, explicó a nuestro medio el abogado de Derechos Humanos, Francisco Bustos.
“Yo creo que ésto a raíz de las declaraciones del ministro Aróstica, cuando dijo que el quiebre institucional terminó el año 1973, ahí ellos leyeron que estaban ante un tribunal que podía ser más favorable a sus intereses. Hay una explosión de causas y al mismo tiempo comienzan ahí a paralizarlas. Entonces, sobre todo en la era del ministro Aróstica, era ir a ganar tiempo“, agregó.
En la misma línea, el reconocido abogado defensor de víctimas de la dictadura, Nelson Caucoto, señaló a Diario y Radio Universidad de Chile que la preocupación de las organizaciones comenzó con la entrada de Aróstica a la presidencia del TC, momento en que se dispararon los requerimientos en torno a causas relativas a violaciones de los derechos humanos.
“Nos percatamos de que el TC se había transformado en una suerte de guarida para aquellos que querían evitar las condenas en temas de derechos humanos”, sostuvo el abogado. “Era alarmante, porque habían causas que efectivamente llegaban a una misma sala, que era la sala del presidente de esa época, quien resolvía suspender inmediatamente las causas criminales. Había una maniobra en ese sentido, es decir, todo llegaba al Tribunal Constitucional“, advirtió Caucoto.
Suspender y ganar
El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que este organismo tiene un plazo de 30 días contados para dictar sentencia prorrogables por 15 días. Pero el panorama dista mucho de lo anterior y se ha configurado un mecanismo para cuestionar la legitimidad de los juicios y retrasarlos.
Fue la causa conocida como “los 5 del 87” – desaparición de cinco militantes del FPMR por el secuestro del ex coronel del Ejército, Carlos Carreño – que alertó sobre el entorpecimiento del TC en los casos de lesa humanidad. Se trató de la primera que llegó a esta instancia con un número significativo de procesados, 33 agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), y, por lo tanto, con un número considerable también de defensores.
Es decir, había muchos ojos puestos en el evidente retraso de un Tribunal Constitucional entregó su veredicto luego de un año y 19 días, con un unánime 9-0 en contra del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parte de los militares.
En marzo de 2017, cuando se condenó a estos criminales, la atención mediática estaba puesta en otros focos y entonces poco se habló sobre este tema. Menos aún se pronosticó que en ese año de suspensión aplicada por el TC, el procesado ex CNI, Arturo Sanhueza Ross, alias “el Huiro”, se había dado a la fuga y no fue hasta meses después de la sentencia que fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).
Una de las causas que más tiempo estuvo detenida es la del homicidio calificado de Miguel Estol Mery, ocurrido el 23 de octubre de 1973, en Santiago. A mediados de abril, la causa sumaba un año y ocho meses paralizada en el tribunal, es decir poco más de 600 días.
La investigación sobre el asesinato de Estol Mery se inició en enero de 2011 y recién en enero de 2016, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó una condena de siete años de presidio para el ex brigadier del Ejército, Alfonso Videla -jefe de la patrulla que llegó aquel día hasta la casa de Mery- y de cinco años de presidio para el cabo Víctor Muñoz.
Sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema que aumentó a diez años la pena para el primer militar, pero la defensa de Videla recurrió al TC buscando declararla inconstitucional y presentó un requerimiento que fue admitido por los ministros de la Sala por cuatro votos contra uno.
En agosto de ese mismo año, el TC suspendió el procedimiento del caso y sólo siete meses después llegarían a un acuerdo para fallar.
Una situación que también se observa en la causa del secuestro calificado del militante socialista y contador administrador del sanatorio “El Pino”, Franklin Valdés Valdés, perpetrado en 1973.
El caso llevaba 274 días sin avance en el tribunal cuando comenzaron los alegatos en 2018, a pesar de que en 2015 la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, sometió a proceso a los ex oficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Alfonso Faúndez Norambuena y Pedro Pablo Montabone Domínguez por este ilícito.
Pero el abogado defensor de este último uniformado, Maximiliano Murath, presentó un requerimiento y así se siguió dilatando la condena para este militar.
Una preocupación que fue manifestada en el Informe Anual 2018 del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que ya en esos años hacía referencia a que “la práctica de presentar recursos espurios ante el Tribunal Constitucional, redundó incluso en la paralización de la ejecución de una sentencia ratificada por la Corte Suprema”.
Esto, porque en junio de 2018 el TC ordenó la suspensión del procedimiento de una sentencia ejecutoriada por la Corte Suprema en diciembre de 2017, en la que se condenaba a penas de 15 años y un día a tres ex uniformados.
“Incluso se llegó al extremo de causas que habían sido falladas por la Corte Suprema, que también se recurrió de inaplicabilidad y ese Tribunal Constitucional ordenó la suspensión de la notificación de la sentencia”, explicó el abogado Nelson Caucoto. “Entonces hay ahí algo muy extraño. Yo valoro las declaraciones que ha hecho la actual presidenta del TC porque ha puesto de relieve algo que había estado invisibilizado desde el punto de vista de la opinión pública“, añadió el reconocido defensor de las víctimas de la dictadura.
Fuente: Radio Universidad de Chile
