Luego de una extensa jornada de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Entre múltiples materias, la norma establece que los derechos aprobados o reconocidos anteriormente seguirán vigentes, pero podrán extinguirse por no uso.
{source}
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
{/source}
La iniciativa (boletín 7543) fue ampliamente analizada en tres comisiones: Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, antes de presentarse en la Sala de la Cámara. Sus líneas centrales son: reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que el vital elemento pueda cumplir; permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.
Los derechos de aprovechamiento, que se otorgan en función del interés público, podrán ser limitados en su ejercicio. Se define un límite de 30 años para el goce de la concesión, aunque ello será conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, por lo que la autoridad puede definir un plazo menor.
La propuesta también expresa que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares y que, en el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
La reforma pone el uso para consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento como la principal función para el agua. A estos criterios deberá atenerse la Dirección General de Aguas (DGA) para priorizar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento.
En línea con lo anterior, el proyecto establece que, para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas.
Asimismo, se determina que el Estado deberá resguardar que exista un caudal suficiente en las fuentes naturales, para velar por las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial de las aguas. En concordancia con esto, se faculta a la DGA para limitar los derechos de aprovechamiento y constituir reservas de agua, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones de uso temporal.
Las concesiones temporales no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse para fines distintos de los que se tuvieron a la vista para su otorgamiento, bajo sanción de caducidad por el solo ministerio de la ley.
Debate
Durante el debate, el diputado Jorge Rathgeb (RN) señaló que es un proyecto deficiente, puesto que no aborda la diversidad de clima y territorio que existe en Chile. «No podemos pretender que una sola norma reglamente una realidad tan distinta», sostuvo. «Esta norma pasa a ser deficiente en su origen y en su modificación, y por lo tanto tenemos que ir buscando alternativas que puedan ir abocando cada una de las realidades, donde las modificaciones sean para optimizar el uso adecuado», tecnificando el uso del agua, concluyó.
La diputada Alejandra Sepúlveda (Ind), recalcó que «los agricultores no van a perder sus derechos de agua porque están inscritos, y menos los pequeños agricultores. Los que van a perder son los que no ocupan el agua y que tenemos el listado completo: son 9.180 que pagan patente y que hoy día tienen que devolver el agua».
El diputado Ramón Barros (UDI) indicó que nadie está en contra de establecer claramente que el agua potable es un derecho humano, pero es el 1% del total de agua que se utiliza. El legislador indicó que como sociedad no hemos sido capaces de impulsar un plan de embalses grandes, medianos y pequeños. «Mientras no seamos capaces de embalsar el agua que se pierde en el mar o una parte pequeña de aquello, vamos a estar en problemas», aseveró.
El diputado Matías Walker (DC) reafirmó que «esta reforma mantendrá vigentes los derechos indefinidos de aprovechamiento ya constituidos con anterioridad». Al respecto, aclaró que «la incorporación de causales de caducidad y distinción de los derechos de aprovechamiento no priva a ninguna persona de la titularidad de su derecho en la medida que inscriba su título en el registro conservatorio competente y haga un uso efectivo del mismo».
El diputado Enrique Jaramillo (PPD), manifestó que «el agua abarca una importancia de nivel mundial para el consumo humano. Por la protección de las fuentes de agua dulce, dejemos que la naturaleza actúe y hagamos todo con el fin de apoyar que los aprovechamientos no se mantengan en manos ociosas. Nuestro país se encuentra muy atrasado en asegurar el uso y suministro de agua a toda la población».
La diputada Denise Pascal (PS) precisó que «queremos cambiar el derecho a que el agua sea utilizada como corresponde por quien la tiene y que no la use como un sistema de especulación. Sabemos que hay agricultores serios, que usan sus aguas para riego y dan trabajo, los felicitamos, pero también sabemos que hay gente que especula y eso hay que reconocerlo».
El diputado José Pérez (PRSD) destacó la importancia del proyecto. «No cabe duda que el agua es un bien nacional, de uso público y que hay que cuidar, por eso tenemos que ser cuidadosos, no se trata de quitarle el agua a nadie, sino de que se use bien. Hemos planteado la necesidad de construir embalses que sirvan para satisfacer necesidades. Los derechos de agua inscritos no tienen modificación y siguen siendo definitivos», acotó.
El proyecto de ley que reforma el Código de Aguas fue enviado al Senado, donde deberá analizarse en segundo trámite constitucional.
{source}
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
{/source}
{mp3}codigo_aguas{/mp3}
Núñez (PC): «Se pone fin a la especulación y el robo»
Junto con denunciar “una campaña del terror” de parte de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en contra del proyecto de ley de reforma al Código de Aguas, el diputado del PC, Daniel Núñez, destacó que la iniciativa tiene por objetivo asegurar el agua para consumo humano, terminar con la especulación y su robo por parte de grandes propietarios.
“Esta es una reforma acotada, que tiene un sentido humano y modernizador, porque lo que busca es asegurar el agua para consumo humano, terminar con la especulación, busca terminar con las arbitrariedades más brutales como es el robo de agua”, recalcó.
El parlamentario por la Región de Coquimbo desestimó las críticas de que el proyecto se discutió entre cuatro paredes y destacó que el artículo 63 sobre protección de bofedales y humedales altoandinos fue propuesto por pequeños campesinos de la localidad de Maitenes del Rio Mostazal, comuna de Monte Patria.
“Que pidieron los campesinos de Monte Patria, de la localidad de Maitenes, algo muy sencillo. Nos pidieron proteger los humedales altoandinos y bofedales de nuestra región, porque ellos también son parte importante de las fuentes que tienen para que sobrevivan nuestros ríos. El articulo 63 va a permitir una protección a los humedales altoandinos y bofedales en la primera y segunda región, y que se extienda hasta la Cuarta Región”, recalcó.
El diputado dijo que el proyecto también se hace cargo de la «verdadera guerra del agua”, realidad que se expresa especialmente en la provincia de Petorca, Región de Valparaíso.
“Uno de los elementos que ha incidido en la generación del agua en Petorca es que se ha permitido la inscripción de derechos provisionales que pasado 5 años pasan a ser derechos permanentes. Eso ha permitido que grandes empresarios agrícolas hayan usurpado el agua a pequeños campesinos. Como es posible que en el código de aguas se sobre otorguen derechos y que en la práctica tengamos la ley del más fuerte. ¿Quién gana? El que tiene más dinero, el que tiene más capital hace pozos más profundos y seca los pozos de los más chicos”, detalló.
Núñez lamentó no poder realizar mayores cambios para democratizar los derechos de agua, porque el numeral 19 del artículo 24 de la Constitución estableció la propiedad privada sobre los mencionados derechos.
“Democratizar, hacer una distribución más equitativa de los derechos de agua deben ser parte de la discusión de una constitución realmente democrática. Esta reforma es tremendamente importante, a pesar de que es acotada tiene un impacto potente, porque resuelve problemas de urgencia, da más atribuciones a la DGA, por ejemplo, para fiscalizar el robo de agua”, enfatizó.
