Una nueva etapa en su camino a convertirse en ley cumplió esta semana en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el Código de Aguas.
La iniciativa, en primer trámite constitucional, fue despachada en noviembre del año pasado por la Comisión de Recursos Hídricos, donde se avanzó en diversas materias que permiten pasar desde el paradigma mercantil que hoy rige las aguas en Chile a uno basado en el interés público.
Luego de varias sesiones durante las cuales los diputados de la comisión escucharon a diversos actores y organizaciones, el martes 5 comenzó la votación. En la ocasión se tomó la decisión de aprobar en bloque todos los artículos ya modificados en la Comisión de Recursos Hídricos e iniciar la votación de cuatro de las 32 indicaciones presentadas por los legisladores de la Comisión de Agricultura.
Una de las principales fue el acuerdo sobre artículo 20 del Código de Aguas -que establece cómo se constituyen los derechos de aprovechamiento- eximiendo de este procedimiento los usos para subsistencia.
El texto estipula que “con la sola finalidad de satisfacer las necesidades humanas de la bebida y los usos domésticos de subsistencia, cualquier persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente, sin que esta extracción reporte utilidad económica alguna, salvo de aquellas fuentes descritas en el inciso segundo, en la medida que en el área no exista un sistema de agua potable concesionada o rural, u otra red para abastecer de agua potable a la población.
En todo caso, si el ejercicio de este derecho causare un perjuicio superior al beneficio que reporta, deberá de inmediato suspenderse”.
Un profundo debate generó la facultad de la Dirección General de Aguas de entregar caudales de reserva a las empresas de servicios sanitarios, en casos críticos, con el fin de asegurar el consumo humano y el saneamiento, sin que estas puedan incorporarlos al cálculo tarifario. En este sentido, algunos legisladores cuestionaron que en el articulado se aluda expresamente a “empresas” toda vez que existen otro tipo de entidades que proveen agua potable. La votación quedó pendiente hasta que se presente una nueva redacción a este inciso.
En esta primera sesión de votaciones se mantiene el espíritu de modificar la normativa en el sentido de incluir criterios de interés público en la gestión de este bien esencial, tales como la prioridad del consumo humano, la protección de los ecosistemas y los derechos de campesinos y pueblos indígenas. Sin embargo, en la comisión se decidió no partir aún con la discusión y votación del artículo 6, referente al régimen de propiedad de las aguas. Lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos establece que los nuevos derechos serán concesiones temporales y no derechos de propiedad a perpetuidad. Esta reforma, junto a los usos prioritarios (agua potable, saneamiento y actividades de subsistencia), es considerada como la más significativa para recuperar el dominio público de las aguas.
Lanzamiento video por el agua para el bien común
Este proyecto de ley ingresó a tramitación el 11 de marzo de 2011 y luego de tres años de discusión fue reemplazado completamente por una indicación sustitutiva que presentó en octubre de 2014 el gobierno de Michelle Bachelet.
La Comisión de Agricultura es presidida por la diputada Loreto Carvajal (PPD) e integrada por Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), Ramón Barros (UDI), Sergio Espejo (DC, reemplazado en esta sesión por su correligionario Matías Walker), Iván Flores (DC, reemplazado por Iván Fuentes), Felipe Letelier (PPD), Rosauro Martínez (RN), Denise Pascal (PS), Diego Paulsen (RN), José Pérez (PRSD), Alejandra Sepúlveda (ind), Christian Urízar (PS) e Ignacio Urrutia (UDI).
Como una forma de apoyar las modificaciones sustentadas en la importancia del agua para el ser humano y los ecosistemas, esta semana se lanzó el video “Por una reforma que recupere el agua para el bien común”, que da cuenta del proceso de mercantilización que rige la aúvigente institucionalidad hídrica nacional.
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