«El cobre en el cielo, la educación por el suelo» era la frase que las y los estudiantes repetían en las calles durante las movilizaciones del 2001. El cobre se empinaba sobre los US$ 4 la libra y las y los estudiantes tenían claro dónde estaban los recursos para financiar una buena educación.
Ha pasado una década y las noticias que llegan sobre el precio del cobre nos indican que la realidad ha cambiado poco o nada.
Durante el «súper ciclo» de las materias primas entre 2005 y 2014, el país dejó pasar una oportunidad histórica. A pesar de que las rentas del metal rojo nos pertenecen a todas y todos, y que incluso la Constitución de la dictadura, esa que nos aprestamos a cambiar con todas las fuerzas de la historia, señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, gran parte de las rentas del cobre fueron a parar a manos de un puñado de grandes mineras privadas nacionales y extranjeras.
De acuerdo con las investigaciones de los economistas Gino Sturla, Ramón López, Simón Accorsi y Eugenio Figueroa, el Estado regaló a privados recursos de enorme magnitud.
Calculan que las rentas apropiadas en exceso por la gran minería privada fueron al menos US$11.400 millones cada año durante una década, equivalente a un cuarto del presupuesto del Gobierno. Estos montos alcanzarían, por ejemplo, para financiar el Ingreso Familiar de Emergencia equivalente a la línea de la pobreza.
La gran minería disfrutó de rentabilidades anuales que superaban el 70% del capital invertido, una bonanza inconcebible para cualquier otro sector, incluso en nuestra tan concentrada economía. Lo único que tuvieron que hacer fue sentarse a ver cómo subía el precio y aumentaban sus ganancias.
De hecho, en el mismo período bajaba la productividad, aumentaba el subcontrato precarizado y se reducía aún más la proporción de cobre refinado (que pasa por una fundición y tiene casi 100% de pureza), mientras aumentaba la de concentrado de cobre (que no llega al 30% de pureza) y que lleva en su interior riquezas como oro y plata, que aumentan todavía más las rentabilidades del negocio para los privados.
Y esta situación se está volviendo a repetir. Este jueves 25 de febrero, el cobre llegó a US$4,36 la libra, el precio más alto desde el 2011 y muy cerca del récord histórico. Diversos analistas estiman que probablemente nos encontramos al inicio de un «nuevo súper ciclo», ya que hay indicios de que el precio se mantendrá elevado. Mientras tanto, nada ha cambiado en nuestra legislación. Si dejamos las cosas tal como están, le daremos a la gran minería privada un nuevo gran regalo.
Recuperar el cobre para el beneficio de Chile y no de unos pocos es una tarea urgente. La recaudación proveniente del cobre podría financiar desafíos económicos y sociales impostergables. Por lo mismo, hay que utilizar las rentas para desarrollar un cambio estructural que se hace imprescindible de cara al futuro: Limpiar, diversificar y agregar valor tecnológico a nuestra matriz productiva. La visión estratégica es terminar con el extractivismo y la dependencia de nuestros recursos naturales como palanca casi única de crecimiento, lo cual se ha demostrado estar agotado.
El diseño de un mecanismo para recuperar las rentas del cobre debe ser extremadamente riguroso. En primer lugar, la gran minería privada podrá obtener retornos al capital, acorde con los del resto de la economía. Ello mantendrá los incentivos para invertir, por ejemplo, en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos.
En segundo lugar, es fundamental minimizar los espacios para la elusión y evasión tributaria. Investigadores como Jan Cademartori y Julián Alcayaga han documentado extensamente las prácticas de las grandes mineras en este sentido. En particular, las declaraciones de costos de las empresas son poco confiables y de muy difícil fiscalización, lo que permite que descuenten utilidades de manera artificial. Por ello es imprescindible aumentar las capacidades fiscalizadores de las instituciones estatales relacionadas.
Entonces, resulta fundamental que la gran minería aumente sus aportes económicos al desarrollo nacional, a través de un verdadero royalty que hoy no existe (solo se aplica un impuesto específico que es de baja recaudación) y de un mecanismo que permita que el país pueda capturar las sobreganancia que obtienen las empresas extranjeras producto de los ciclos de precios altos y de los diversos mecanismos de elusión tributaria que utilizan, tal como proponen López y Sturla.
Esos aportes económicos adicionales generados por la minería, además de aportar a la inversión social del Estado, deben financiar una estrategia robusta de ciencia y tecnologías que se proyecten más allá de la industria minera y que sirvan de base para un modelo de desarrollo no extractivista para Chile.
Paralelamente, se debe reformar nuestro sistema tributario de carácter general, incluyendo cambios que, entre otros aspectos, debe modificar el impuesto a la renta. Por lo tanto, el royalty, porcentajes de impuestos y otros aspectos de su diseño deben ir en la misma línea de dicha reforma tributaria.
Se debe considerar un porcentaje de impuesto sobre las ventas o la extracción no menor al 10%. Diversas estimaciones demuestran que al gravar las ventas por incluso más que un 10%, la gran minería privada seguirá disfrutando de rentabilidades por sobre el retorno normal al capital.
Además, esto sería equivalente al impuesto que paga Codelco para las Fuerzas Armadas, y que a pesar de contar con minas más antiguas y con una ley de mineral inferior en promedio a sus pares privadas, aporta al Estado dos tercios de la recaudación minera, mientras que solo un tercio de ésta proviene del aporte privado.
Cuando hablamos del cobre, no podemos olvidar el legado de los presidentes Frei Montalva y Allende Gossens, quienes pusieron al centro de su quehacer gubernamental el sentir ciudadano. Ellos, decididamente, recuperaron el cobre para Chile y a 50 años de su nacionalización, tenemos la oportunidad histórica de poner las riquezas del país al servicio del desarrollo nacional y asegurar un nuevo horizonte para las familias chilenas que vaya que merecen un mejor vivir.
