por Roberto Pizarro.
La terrible pandemia ha generado controversias incontenibles. La discutida eficiencia gubernamental en la protección de la salud. También, los magros recursos para aquellos que han quedado sin ingresos durante el confinamiento.
En este cuadro, a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, se le ocurrió proponer un “Pacto Social” entre Chile Vamos y la ex Concertación, que incluya en su centro a Sebastián Piñera y a los ex presidentes Lagos, Frei y Bachelet.
Es una mala ocurrencia.
En realidad, la propuesta de Desbordes sobre un acuerdo transversal se remonta a comienzos de febrero y tiene como referente la insurgencia social, que se inició el 18 de octubre del año pasado. Sin embargo, la emergencia del coronavirus habría frenado las conversaciones.
En los últimos días, el presidente de RN vuelve a insistir en un entendimiento, que llama “Pacto Social”. No se sabe bien hacia donde apunta: si busca un acuerdo político, para morigerar las demandas opositoras o quiere directamente frenar el plebiscito constitucional de octubre de este año.
Desbordes usa el término “Pacto Social”. Es preocupante. Porque un Pacto Social no es un acuerdo entre personas individuales y ni siquiera entre dirigentes políticos. Menos aún entre dirigentes políticos que han perdido legitimidad ciudadana.
Un Pacto Social hace referencia a la totalidad de la sociedad: trabajadores, empresarios, estudiantes, mujeres, pobladores, campesinos, medioambientalistas y minorías sexuales, entre otros. Comienza como un acto deliberativo, que involucra al conjunto de la sociedad, a sus diferentes clases y estratos sociales y culmina en una Constitución.
El Pacto Social no acepta representación ni mediación alguna. Es la expresión directa de la ciudadanía.
Desbordes es un hombre de buena voluntad. Se diferencia de las posturas pinochetistas de la UDI e incluso ha sido capaz de criticar las políticas del gobierno, que le parecen inapropiadas. Sin embargo, su propuesta es equivocada.
No puede ofrecer un “Pacto Social” a dirigentes de la oposición y a ex presidentes, porque ese pacto involucra al constituyente y el constituyente es el pueblo de Chile.
Desbordes, la ex Concertación y los ex presidentes no tienen autoridad alguna para discutir sobre un “Pacto Social”.
El protagonista en este caso es el pueblo, el constituyente. Y, para ello, ya se ha acordado un plebiscito el 25 de octubre, que decidirá sobre la Nueva Constitución. Un Pacto Social no es un acuerdo político: es un acto fundacional, que contempla un proceso deliberativo de toda la ciudadanía sobre los más diversos temas y que culmina en la carta fundamental.
Acá no existen actores privilegiados, aunque sean ex presidentes. Y, en ese proceso, todo está por discutirse y acordarse: modelo productivo, tipo de Estado, derechos sociales, regionalización, etc.
Camila Arenas en El Mostrador (14-05-2020), apunta a lo principal cuando señala:
“Tenemos claro que cualquier salida a esta crisis y cualquier proyecto de futuro, no pueden articularse sino a partir de lo que desde el 18 de octubre son, sin duda, las demandas centrales del pueblo chileno: el desmonte urgente del neoliberalismo, el fin del Estado subsidiario y la profundización democrática”.
Y, “tampoco es posible construir alianza con quienes consolidaron orgullosamente el neoliberalismo en Chile”.
Si se desea un verdadero Pacto Social, el único referente es octubre y la Nueva Constitución. Allí habrá una discusión directa entre las fuerzas vivas del país. Y los que apoyamos la rebeldía del 18 de octubre para reivindicar igualdad y justicia, estaremos por el desmantelamiento del modelo neoliberal, el término del Estado subsidiario y la profundización democrática.
Mucho cuidado, entonces. El presidente de RN no puede suplantar al pueblo, al constituyente, llamando a un “Pacto Social”. Y, en ningún caso, proponerlo con políticos sin representación popular. Por ello, su iniciativa parece más bien una maniobra en defensa de la institucionalidad política actual y para proteger el modelo económico-social, reproductor de los intereses de la minoría oligárquica.
Precisamente, lo que han exigido cambiar los insurgentes del 18 de octubre, con el inmenso sacrificio de muertos y heridos.
Solo una Nueva Constitución será la expresión consagratoria de un verdadero Pacto Social.
Fuente: Pressenza
Nota de la R:
La desautorización de la dirección del PS a Insulza congeló, por ahora, la iniciativa.
Pero deben caber pocas dudas de que en otro momento, y tal vez con otros protagonistas, la iniciativa será repuesta en el escenario.
Se trata de la tendencia histórica que en determinados contextos, sobre todo imprevistos, suele denominarse gobiernos de salvación nacional.
Dupla Desbordes-Insulza lanza documento con los “contenidos para un acuerdo nacional”
En medio del debate por un pacto social, el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes, y el senador socialista José Miguel Insulza, elaboraron el documento “Contenidos para un acuerdo nacional”.
“Chile está en crisis desde hace siete meses. Un “estallido social” sin precedentes dio paso inmediato a la epidemia más extensa que jamás había vivido nuestro país. Que estos dos eventos tan severos no nos hayan llevado a una completa postración habla bien de nuestra fortaleza como nación. Hemos tenido aciertos importantes (…) Pero las divisiones persisten y afectan al presente y al futuro de nuestra convivencia”, señalan a modo de diagnóstico.
Luego, los dirigentes de ambos lados del arco político plantean en concreto tres acuerdos en medio de la crisis sanitaria y 12 compromisos post pandemia.
A juicio de Desbordes de Insulza, “no basta con anunciar o exigir un Acuerdo Nacional”, sino “hay que hablar también de compromisos concretos”, para lo cual sugieren tres acuerdos: en materia sanitaria, aceptar la existencia de un mando único en el control sanitario de la pandemia, creando a la vez mecanismos de consulta con expertos de todos los sectores, con plena transparencia, entrega de la información y disposición a escuchar otras opciones.
Luego, en materia económica, plantan alcanzar un acuerdo entre el gobierno y el Congreso, acerca de la cantidad de recursos efectivamente disponibles para enfrentar la caída de la producción, el desempleo y atención de los trabajadores afectados por la pérdida de sus empleos y de los sectores más vulnerables de la población durante la emergencia.
En materia social, recomiendan concordar en un tiempo estimado de crisis y la sucesión en que se irán adjudicando los recursos suficientes para los sectores más vulnerables sin alterar las competencias que corresponden de acuerdo al actual ordenamiento jurídico.
Junto a lo anterior, enumeran una serie de compromisos (con la Democracia, con la Dignidad, con el Crecimiento, con los Derechos Humanos, con el Orden Público, etc.), argumentando que “el país necesita conversar sobre su futuro. Cualquiera que sea el curso que adopten chilenos y chilenas en el próximo proceso constituyente, esperamos contribuir al clima de tolerancia y acuerdo que debe prevalecer en el proceso”.
Fuente: El Mostrador
