Si hace tan solo dos años nos hubiesen dicho que hoy estaríamos analizando los resultados de un escenario político en el que irrumpen los pueblos movilizados, se desploma la vieja Concertación y cae derrotada la derecha, nos hubiese parecido inverosímil.
Es que parece que demasiadas cosas han cambiado en Chile desde octubre del 2019 en adelante.
La megaelección de los días 15 y 16 de mayo, en la que se eligieron representantes para la Convención Constitucional, alcaldías, consejos municipales y gobernaciones regionales será un hito que resonará durante décadas.
Pero su potencia no está dada por los resultados electorales, sino por el modo en que esos resultados expresan en el terreno de la gran política nacional la potencia destituyente de la revuelta popular que estalló el 18 de octubre del 2019, y que se venía incubando durante más de tres décadas de precarización de la vida y de democracia autoritaria.
Ese régimen transicional pactado por la centroizquierda, la derecha y los militares hacia el fin de la dictadura está hoy herido de muerte. Lo que ocurra en los próximos dos años, mientras dure la Convención Constitucional, marcará los contornos de las disputas políticas del futuro.
Uno podría resumir el resultado de esta elección de la siguiente manera: la derecha conformada por el pinochetismo y sus sectores renovados fue derrotada en toda la línea, un golpe que ya acusan sus portavoces en el gobierno y el parlamento.
Los partidos de la vieja Concertación languidecen en su posición cada vez más minoritaria.
La izquierda organizada en partidos como el Frente Amplio y el Partido Comunista logra un avance significativo en gobiernos locales, regionales y en la Convención Constitucional.
La izquierda por fuera de los partidos, arraigada en movimientos sociales feministas y medioambientales, irrumpe con una fuerza que nunca había tenido en la historia del país.
Todo indica que estamos ante un cambio significativo del ciclo político, en el que una orientación diversa pero abiertamente de izquierda (que en Chile se ha articulado en torno a su oposición firme al neoliberalismo), logra un pie mayoritario en un ámbito que le había sido vedado durante décadas.
La tradicional elite política chilena ha planteado su lectura de las elecciones del pasado fin de semana: se trataría de un «mensaje» a la «clase política» sobre su falta de «sintonía» con las aspiraciones de «la gente». El gobierno y las fuerzas neoliberales de centroizquierda han entendido su derrota como un voto de castigo.
Pero todo indica que los pueblos de Chile asistieron a las urnas a imprimir un voto programático: un voto por derechos sociales garantizados, un voto por la socialización de las aguas, un voto por el fin del neoliberalismo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que después de décadas de derrotas acumuladas, el pueblo de izquierda alcanzó en Chile una victoria significativa.
Pero se trata de un éxito atravesado por la amargura de la prisión política de miles de personas encarceladas por su participación en la revuelta, la mutilación de cuerpos y comunidades por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y una crisis económica-sanitaria que ha golpeado a la mayoría de la población con una intensidad que no veíamos desde comienzo de los 1980, y de la cual habrá secuelas físicas y sociales de larga duración.
Es evidente que esta irrupción en el proceso constitucional no conducirá a cambios inmediatos en estas circunstancias, pero a esta hora ya es evidente que representa una oportunidad gigantesca para articular la potencia social y política capaz de acabar con la impunidad y mejorar de manera contundente las condiciones de vida de los pueblos que habitan Chile.
Buenos resultados…
El 15 de noviembre del 2019, con el propósito explícito de aplacar la revuelta popular de octubre, todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Comunista, firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.
Con este Acuerdo, el partido del orden transicional (formado por la derecha tradicional de Chile Vamos y la centroizquierda tradicional de la exConcertación/exNueva Mayoría) retomó un importante margen de iniciativa ante la impugnación masiva que ya llevaba un mes ocupando las calles. El punto cúlmine de esa movilización de masas fue la Huelga General del 12 de noviembre que puso en aprietos al régimen.
El Acuerdo vino a ser un salvavidas, pero de todos modos abrió un inédito y contradictorio proceso constitucional que hoy muestra sus primeros frutos.
La Convención Constitucional estará formada por 155 Convencionales, 81 mujeres (53%) y 74 hombres (47%), que tendrán a su cargo la redacción de una nueva Constitución para Chile. Se tratará de un órgano sin mayorías absolutas, en la que puede avizorarse tanto una disputa abierta en torno al carácter del Estado, el régimen de propiedad privada, el tipo de democracia y los derechos sociales, como una fuerte reorganización del terreno político de la mano de las posibles alianzas entre bloques.
Dado que la reforma constitucional que dio respaldo legislativo a la formación de la Convención establece que los acuerdos en ella deben alcanzarse por una mayoría de 2/3 del total, ese 1/3 capaz de bloquear acuerdos había sido el consuelo de los tontos de la derecha, quienes se imaginaban alcanzando poder de veto ante la imposibilidad de imponer su proyecto.
Veremos que ni siquiera para consolarse les dio. No olvidemos, entonces, que un bloque que alcance el 33% podría bloquear acuerdos en la Convención.
Quisiera concentrarme en visualizar esas posibles alianzas que permitirían darle sentido a una Convención Constitucional (CC) para este nuevo ciclo político. Si uno simplemente divide la CC entre partidos de gobierno y fuerzas de oposición (desde la Democracia Cristiana hasta sectores independientes de izquierda), nos encontramos con que las fuerzas de gobierno concentran 37 escaños (23,9%) y la oposición 114 (73,5%).
Pero aparte de mínimos realmente mínimos, es poco probable que ese eje signifique mucho en lo que sigue, si se considera la reorganización que ocurrirá en los sectores más derechistas de la Concertación, que buscarán un piso firme en la derecha más que en un terreno demasiado izquierdizado para su gusto.
Otro escenario, quizá más realista en cuanto a acuerdos gruesos dentro de la CC, tendría a la derecha y el centro (Chile Vamos + Democracia Cristiana + Partido Radical) con 40 convencionales (25,8%), a la centroizquierda (PS-PPD-PRO-PL + INN) con 33 (21,3%) y a la izquierda (Apruebo Dignidad + sectores de izquierda en independientes y en escaños reservados para pueblos originarios) con 78 (50,3%).
No puede asumirse que esa mayoría simple se establezca firmemente, porque tanto los sectores independientes de izquierda como los escaños reservados para pueblos indígenas incluyen movimientos o sectores que han expresado una abierta desconfianza a los partidos políticos en general. Pero parece ser esa la mejor oportunidad para un bloque con verdadera capacidad de incidencia en la Convención Constitucional, así como un espacio de auténtico debate programático y estratégico para el ciclo que se abre.
Cabe destacar la clara irrupción de la izquierda y los movimientos sociales que se ubican por fuera de los partidos políticos. La Plataforma Constituyente Feminista Plurinacional, que reunió a candidatas feministas de todos los territorios bajo la consigna “si entra una, entramos todas”, sobrepasó su propia consigna con un total de cinco escaños en la Convención.
La llamada “Lista del Pueblo”, que articuló la estética de la revuelta de octubre y la trayectoria de centenares de militantes sociales, logró 26 asientos en la CC, incluso superando a los partidos de la ex Concertación.
Finalmente, en un proceso con 17 cupos reservados para Pueblos Originarios, habrá 7 escaños para el pueblo mapuche, dos de los cuales serán ocupados por el exalcalde Adolfo Millabur y la machi Francisca Linconao, que representan trayectorias políticas mapuche muy significativas en las últimas décadas.
… y grandes desafíos
Pero el entusiasmo de hoy debe convertirse en el análisis riguroso de los próximos días. Algunos aspectos que requieren mayor análisis son la sorpresiva baja participación (en promedio, 42,5%) que contrasta con la masiva participación en el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre del 2020.
Además, uno de los principales distritos del país, en los que competían al menos cuatro candidatas feministas con una trayectoria significativa, quedaron fuera de la Convención por el sistema de arrastre por pacto que rige en esta elección. En este caso, como ha señalado Alondra Carrillo, de la Coordinadora Feminista 8M y electa para la CC por el D12, “la paridad se nos presenta como un techo y una exclusión, una reafirmación de la presencia de los varones cuando nosotras fuimos mayoría”.
Junto con lo anterior, fuerzas que por trayectoria social podrían haber tenido un lugar en la Convención quedaron fuera.
La Central Unitaria de Trabajadores no consiguió entrar, y la Coordinadora Nacional NO+AFP (que lleva años luchando por un nuevo sistema de Seguridad Social) solo entró con una de sus voceras, pese a que ambas organizaciones levantaron candidaturas en muchos territorios.
No parecen triunfar los movimientos sociales en general, sino aquellos que han construido su fuerza en torno a las nuevas subjetividades populares (trabajadoras en un sentido amplio, feministas y disidentes, plurinacionales, ecologistas y estudiantiles) que se afianzaron con la revuelta, dejando en segundo plano a las direcciones sindicales tradicionales.
Más allá de los números, la primera gran batalla de la Convención Constitucional girará en torno a las normas que regirán su funcionamiento.
Aquí, la principal tensión se dará entre los sectores que llaman a respetar de manera literal los términos del Acuerdo del 15 de noviembre y aquellos que plantean impugnar esos términos por su origen y su carácter antidemocrático, en la medida en que establecen limitaciones formales (los 2/3 de los acuerdos, ninguna participación popular en el proceso) y de fondo (que no se puedan revisar tratados internacionales o el carácter de República).
Los sectores antineoliberales, con mayoría, tendrán la oportunidad para imponer su impugnación siempre y cuando no retrocedan ante las acusaciones fariseas de la derecha y la Concertación.
En un ámbito estrechamente relacionado a esto último, debemos poner mucha atención al pacto entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que avanzó significativamente en alcaldías y gobernaciones.
El Frente Amplio, que hoy saca cuentas muy alegres, ha representado una renovación de las fuerzas progresistas con cuadros jóvenes, al mismo tiempo que ha asumido una posición subordinada al modo transicional de la política, poniendo la gobernabilidad por sobre la ruptura del régimen en momentos cruciales de la historia reciente (como el Acuerdo del 15N o las leyes represivas que le siguieron), mientras que el Partido Comunista, cauto como buen partido centenario, ha logrado transitar con mucha mayor habilidad entre la colaboración con la centroizquierda y la adscripción firme al antineoliberalismo.
Que estos sectores superen su propio sectarismo y reconozcan que no son la única izquierda va a ser clave para conformar la mayoría antineoliberal que se requiere en la Convención Constitucional.
¿Qué sigue?
Todo lo anterior plantea un inmenso desafío para las fuerzas anticapitalistas en Chile.
En primer lugar, nos pone más cerca que nunca ante la posibilidad de articular un referente de izquierda cuyos pilares políticos sean el feminismo y el anticapitalismo, y ya no tan solamente un marco reivindicativo por los derechos sociales o las mejoras inmediatas de las condiciones de vida.
El tiempo político abierto por esta Convención Constitucional en la que irrumpe la potencia constituyente de la revuelta es una oportunidad para avanzar en esa tarea porque representa un espacio eminentemente programático, en el que se enfrentarán no solo las capacidades de maniobra en el pasillo, sino también capacidad de disputar el proyecto de sociedad que logrará convertirse en sentido común de la clase trabajadora.
En ese sentido, podemos decir que está consolidada la potencia destituyente de la revuelta, y que desde hoy se pone a prueba su potencia constituyente, su capacidad de convertir la impugnación del régimen político y económico del 88 en una alternativa de mayorías.
El principal desafío de este momento constituyente lo tendrán los sectores independientes de izquierda y de movimientos sociales, en particular el feminismo plurinacional, ya que enfrentarán la ambición del progresismo por encabezar el proceso.
El proceso de la Huelga General Feminista se ha convertido en la articulación programática más significativa de las últimas décadas, y el feminismo se ha ido convirtiendo en el verdadero socialismo del siglo XXI: como decían las feministas en los 1980, «socialismo y mucho más».
En torno a ese programa se concentra tanto la lucha contra la precarización de la vida como la aspiración a una sociedad que jamás ha existido aún, una sociedad que solo puede conquistarse en contra del capitalismo y su barbarie.
Finalmente, todo lo anterior requiere una fuerte continuidad de la revuelta tanto afuera como dentro de la Convención Constitucional.
Diversos sectores de la izquierda y los movimientos sociales han señalado la necesidad de “desbordar” y “asediar” la Convención desde la movilización popular en las calles y los territorios, asegurando que el proceso sea expresivo de esa potencia constituyente y no ocurra a espaldas de los pueblos.
Esta necesidad de desbordar no puede ser solo una frase radical en una práctica meramente legislativa. Debe convertir en poder popular constituyente la energía de esas millones de personas que se han volcado a construir candidaturas independientes, a debatir sobre los contornos de una nueva Constitución, a organizar la sobrevivencia en medio de la pandemia y fortalecer la resistencia ante la represión policial y judicial.
Con respecto a la Convención, esto implica necesariamente abrirla a la participación popular mediante espacios de propuesta y deliberación desde las bases, plebiscitos vinculantes para resolver las materias en las que no hayan acuerdos claros entre convencionales y recoger los esbozos programáticos que durante décadas han construido los movimientos sociales en Chile.
Con respecto al proceso político que excede a la Convención, es necesario aprovechar cada momento de visibilidad constituyente para demandar el fin del terrorismo de Estado y la impunidad, especialmente en territorio mapuche, y fortalecer y articular los procesos de autoorganización que la clase trabajadora plurinacional de Chile ha levantado para hacer carne su ofensiva contra el régimen.
Esta contraofensiva tiene como punto de partida acabar con la Constitución neoliberal y antidemocrática de 1980, pero al menos hoy se vuelve imaginable que tenga su punto de llegada en una transformación estructural liderada por los pueblos y la clase trabajadora.
(*) Traductor y magíster en filosofía por la Universidad de Chile. Editor de Posiciones, Revista de Debate Estratégico, miembro fundador del Centro Social y Librería Proyección y parte del colectivo editorial de Jacobin América Latina
