por Leopoldo Lavín Mujica.
Le cayó encima una teja pesada al gobierno empresarial de Piñera. Tendrá que asumir que es un informe devastador para el Estado chileno el que acaba de publicar la ONU.
Allí puede leerse con todas sus letras: “El Estado chileno ha violado grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en centros de protección residencial bajo control directo o indirecto del servicio”.
Conociéndolos dirán lo único que saben decir: “que el Estado no puede hacerlo todo” … “que la responsabilidad es de cada individuo” … que hicieron una comisión sobre el tema … Y como Piñera lo acaba de expresar: que el “asistencialismo” no es bueno. De esa manera el discurso neoliberal (que propone bingos) les permite lavarse las manos.
Y sin embargo el gobierno empresarial de Piñera, desde el mismo Estado, hace todo lo posible en términos legales para favorecer a los más ricos en detrimento de los trabajadores. Con la ayuda del Tribunal Constitucional por ejemplo y con la política salarial y previsional de Nicolás Monckeberg.
El Estado así capturado es administrado como una empresa (como una start up dicen ahora). Éste debe estar al servicio de la producción, de los mercados y de la eficiencia reza el discurso. En la práctica lo ponen al servicio del neoliberalismo: la ideología del capital, de la concentración de la riqueza y del individuo concebido como empresa.
Valente fue claro con sus consejos de ministro de ese Estado neoliberal: “saquen la plata fuera del país” y pónganla donde rinda, dijo.
Con este informe de la ONU acerca de la violación de los derechos de los niños nuevamente aparece una zona de sombras en la elite intelectual, jurídico-judicial, política y mediática del país.
No hay ninguna reflexión seria y profunda acerca de la situación de crisis del país. Crisis general.
Los Piñera, Lagos, Frei y Bachelet, con toda la ex Concertación y Chile Vamos, es decir con el duopolio que ha monopolizado la vida política posdictadura tendrían que verse directamente interpelados por este informe que revela un Estado incapaz de cumplir con sus responsabilidades sociales y políticas frente a los más desvalidos: los niños de hogares carenciados en términos económicos y afectivos, precisamente porque es un Estado Neoliberal, “subsidiario” según la propia Constitución del ochenta.
Más aún. Los expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pusieron en la mira al poder judicial al considerar que los magistrados no están preparados para tratar los casos de vulneración de los derechos de la infancia que suceden tanto en los hogares como en el organismo estatal —el SENAME— que supuestamente debe protegerlos.
Es cosa de ver y constatar. Todas las instituciones del Estado Chileno están en crisis. No todas se desmoronan como la Iglesia Católica Romana. Aparentemente funcionan. Pero después de los casos de corrupción en las instituciones políticas por cohechos, fraudes al fisco, financiamiento ilegal de los políticos, tanto en el ejecutivo como en el parlamento; además del escándalo de malversación de fondos públicos en las universidades privadas, los institutos armados y de complot en Carabineros contra el pueblo mapuche con la operación Huracán, hay evidentemente signos que configuran un panorama de crisis profunda.
No moral (utilizada como pretexto) sino política e institucional.
Lo extraño es que no es la percepción de los sectores que tendrían que tener una mirada general del estado de la Nación. De los intelectuales y la academia, por ejemplo.
Una hipótesis es que se trata de país anestesiado por el consumo y el endeudamiento con crisis abierta en todas las instituciones y con un poder legislativo timorato que trata de aparentar que nada sucede en el plano de las contradicciones sociales. Con una profunda crisis de desafección por la democracia liberal y representativa. Una crisis profunda de sentido dicen algunos.
Se olvidan siempre las consecuencias que significan para la sociedad el vacío de proyecto de la clase trabajadora fragmentada en organizaciones sindicales impotentes e incapaces de concertarse para defender sus propios derechos.
¿Qué hacer entonces?
A crisis mayor larvada o manifiesta corresponden medidas mayores. Habría que reactivar el movimiento social por una Asamblea Constituyente.
Fuente: Clarín
COMPARTO PLENAMENTE EL ARTICULO DE LEOPOLDO LAVÍN MUJICA.