por Patricio González.
Los últimos acontecimientos en Chile, especialmente desde la irrupción del estallido social del 18 de octubre de 2019 hasta la actualidad, hacen necesario cuestionarse una serie de cosas respecto a qué ha pasado en el país en este casi medio siglo, desde el golpe de estado de 1973.
Ello, en particular, por una serie de fenómenos sociales y económicos que han tenido lugar en el país, con sus respectivos cuestionamientos, y en relación a los dogmas que se han instalado en nuestra sociedad.
En su obra El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado (1884), Federico Engels expresa: “La esencia de la sociedad civilizada es el Estado, una maquinaria esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada, y que en todos los períodos típicos es exclusivamente el Estado de la clase dominante.” (1)
Esta expresión es similar a la vertida en El Manifiesto Comunista, de Marx y Engels: “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases”. (2).
Poco más adelante, señalan “La moderna sociedad burguesa que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Unicamente, ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas”.(3)
En su análisis dialéctico en su ya citada obra de 1884, Engels va describiendo cómo los seres humanos, desde los tiempos prehistóricos hasta la modernidad, van desarrollándose socialmente, desde una comunidad de iguales, pasando al surgimiento de las clases sociales, a sus contradicciones antagónicas, al surgimiento del Estado.
La anteriormente citada definición del Estado expresa la esencia de éste como estructura de las relaciones de producción y, por ende, de las relaciones de propiedad, en las fases de desarrollo de las diversas formaciones socioeconómicas de la humanidad. Esencialmente, el Estado expresa la forma, la estructura cómo la clase dominante domina a la clase dominada y a otras capas de la sociedad.
A mayor abundamiento, Engels señala “Así pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad ……. Es más bien el producto de un determinado grado de desarrollo de la sociedad, es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no puede conjurar”. (4)
Más adelante continúa:
“… el Estado se caracteriza en primer lugar por la agrupación de sus súbditos según “divisiones territoriales”……. El segundo rasgo característico es la institución de una “fuerza
pública” que ya no es el pueblo armado. Esta fuerza pública especial se hace necesaria porque, desde la división de la sociedad en clases, es imposible una organización armada espontánea de la población…..”. (5)
Y, a continuación, añade:
“Para sostener en pie esa fuerza pública se necesita la contribución de los ciudadanos: los impuestos ……… Dueños de la fuerza pública y del derecho a recaudar los impuestos, los funcionarios aparecen ahora como órganos de la sociedad situados por encima de ésta.” (6)
Lenin, en su libro El Estado y la Revolución, refiriéndose a la ya citada obra de Engels, dice:
“Engels se esfuerza en dirigir la atención de los obreros conscientes precisamente hacia aquello que el filisteísmo dominante considera como lo menos digno de atención, como lo más habitual, santificado por prejuicios no ya sólidos, sino podríamos decir que petrificados El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del Poder del Estado. Pero ¿puede acaso ser de otro modo?”
Dicho en otras palabras, el Estado surge en un momento dado del desarrollo de la humanidad: cuando ésta se divide en clases, las cuales tienen una posición antagónica entre sí, y la clase dominante debe ejercer la fuerza para tener bajo control a la clase dominada, y para eso requiere de una fuerza pública que ejerza ese rol. Por un lado están las FFAA y, por el otro, las policías. Ambas ejercen esa función: guardianes del Estado y de la clase dominante.
En una sociedad dividida en clases, como la nuestra, el Estado capitalista tiene como principal objetivo mantener el status quo, es decir, y como ya se ha dicho, garantizar el poder de la clase dominante sobre la clase dominada, independientemente que ese poder se ejerza con algunos ribetes más represivos o más “democráticos”, dependiendo de la correlación de fuerzas que exista en cada momento, del estado de ánimo y grado de combatividad de las masas, etc., pero nunca perderá su carácter de clase. Ello en directa relación con el tipo de gobierno que se establezca».
Con el flujo de los movimientos populares a principios de los 70 en América Latina y otros continentes, EEUU y los sectores reaccionarios de América llevaron a cabo una readecuación de su táctica, lo que posteriormente se vierten en los denominados documentos de Santa Fe, basado en la teoría del enemigo interno, en la guerra contra el marxismo internacional, etc., donde la seguridad nacional queda en manos de las FFAA y las policías.
El golpe de estado de 1973 en Chile es un anticipo de esa política que se empieza a concebir en esos años por el Imperio. Es aquí donde se implementa un nuevo modelo económico, el cual necesita contar con las condiciones políticas adecuadas, las que se aplicarán a contar del cruento golpe de estado en nuestro país.
El DL N° 17 de la Junta Militar de Chile, del 11 de septiembre de 1973, en su artículo 1, señala:
“Con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la Historia de Chile, y de permitir que la evolución y el progreso del país se encaucen vigorosamente por los caminos que la dinámica de los tiempos actuales exigen a Chile en el concierto de la comunidad internacional de que forma parte.” (7)
Como este DL, los otros cientos de ellos están en la misma dirección de entregar a las FFAA y Policía todo el poder, como una forma extrema de la burguesía de mantener a toda ultranza sus posiciones de dominio, especialmente el económico. Debe señalarse que, hasta 1980, la Dictadura gobernó mediante Decretos Leyes, ya que el mismo día del golpe había dejado sin efecto la Constitución de 1925.
La Constitución de 1980, que rige en nuestro país salvo pequeñas reformas, dictada bajo la dictadura más sangrienta y brutal que se haya dado en Chile, la que todavía se mantiene vigente en sus elementos más esenciales (los llamados “candados”), los que debiesen ser erradicados en una nueva Constitución, obedece al golpe de estado de 1973, donde nuestro país se convierte en un “Estado Policiaco”, el cual, a grandes rasgos, se mantiene hasta el día de hoy.
El artículo 8 de la Constitución de 1980 señalaba:
“Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.
Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales”. (8)
En su artículo 9 dice:
“El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quorum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer los empleos, funciones o actividades a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior, sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. No procederá respecto de estos delitos la amnistía ni el indulto, como tampoco la libertad provisional respecto de los procesados por ellos. Estos delitos serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales”.
Sergio Job, en su artículo ¿Qué significa Estado Policial?, publicado en el Portal Rebelión el 22.11.20139, señala
“En los últimos tiempos, la dinámica de la política cordobesa en particular, pero del continente en general, ha llevado a que cada vez más sectores de la militancia, la intelectualidad
e incluso de los comunicadores sociales, empiecen a señalar la existencia de un Estado Policial”, y señala al “Estado policial como una administración burocrática (violenta o “pacífica”) de la vida, la población y el territorio”. (9)
Ese “Estado Policiaco” debe entenderse como la utilización de todas las herramientas lícitas o ilícitas, de que dispone el Estado en un momento dado, incluso que pasen a llevar su propio ordenamiento jurídico vigente, facultando a las FFAA y policía a ejercer un férreo control sobre los opositores al régimen, y el uso de diferentes medios de represión, aún sean los más violentos y letales, como cruentos golpes de estado.
El Licenciado en Filosofía en la Universidad de Chile y candidato al Doctorado con mención en Ética y Filosofía Política. Investigador de la Universidad Bolivariana, Cristian Candia Baeza, en su artículo “Seguridad ciudadana y Estado policíaco” (10) analiza este concepto, acerca del Estado, señalando que
«Este problema de seguridad parte de la crisis vivida por nuestro país y por un crecimiento económico que no ha considerado la equidad como parámetro de distribución. La estrategia seguida para convertir el tema de la seguridad en la obsesión de nuestro tiempo se desarrolló en dos fases. La primera estuvo orientada a ubicar el problema al interior de un marco jurídico y policial, restringiendo el problema de la seguridad a una cuestión delictiva. La segunda, consistió en presentar la solución del problema como una cuestión técnica referida al control y sanción del delito”.
Indica más adelante que el camino que se tomó fue “el de situar la problemática al amparo de un dispositivo técnico-jurídico:
Se trata de convertir el cuerpo social en cuerpo victimizado, multiplicando mediáticamente la figura del miedo hasta que no haya persona que no se sienta vulnerable a esta
amenaza permanente ….. Se instala en nuestro imaginario una microfísica del temor que corresponde a una microfísica del ejercicio policiaco ….
…Aquí es donde entra la segunda fase de la estrategia que administra el delito ……. La misma voluntad que administra el miedo se ofrece como la salvación necesaria …… El delincuente instalado dentro de nuestra casa exige la presencia de este otro huésped, el cual llega con toda su parafernalia salvadora. De esta forma, se cumple una triste profecía, la instauración de una sociedad segura al amparo de un estado policíaco”.
Durante las décadas pos-dictadura, si bien se implementaron algunas reformas menores, la esencia del modelo se mantuvo incólume, como también la superestructura política, llámese marco legal . Por años se mantuvieron los senadores designados, la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las FFAA y del General Director de Carabineros, el rol tutelar de las FFAA sobre la “seguridad nacional”, los quorums calificados, etc.
La represión policíaca, si bien disminuyó en parte, independientemente del gobierno de turno, se aplicó permanentemente contra las protestas estudiantiles, sindicales, contra los pueblos originarios, especialmente contra los mapuches, inclusive con montajes y asesinatos.
Con el estallido social del 18 de octubre, esta política se acentuó.
El 20 de octubre de 2019, Piñera declaraba:
«Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del Metro, nuestros supermercados».
El día anterior ya había declarado Zona de Emergencia para Santiago y horas más tarde se dictó toque de queda, medida que no se implementaba desde tiempos de la dictadura pinochetista.
Desde el estallido social, el gobierno ha enviado al Congreso Nacional una serie de proyecto de ley, algunos de corte social y económico, y otros marcadamente represivos. Algunos ya aprobados, con votos de algunos parlamentarios descolgados de la oposición, y pronto a ser promulgados y otros todavía en trámite parlamentario.
Entre los aprobados está la denominada ley antisaqueos.
Entre los que están en deferentes etapas del trámite legislativo se encuentran: ley que permite desplegar FFAA en infraestructura crítica sin necesidad de dictar estado de excepción, ley antiencapuchados, entre otras. Junto a ellos, se adelantó en varias semanas el egreso de las Escuelas de Carabineros y de la PDI y se autorizó la reincorporación a las filas policiales a personal que se había acogido a retiro.
Por otra parte, mediáticamente se hace hincapié en criminalizar al movimiento social, tratándolos de delincuentes, vándalos y otros epítetos, y se victimiza a personal de Carabineros atacados y heridos por esas “turbas de delincuentes”.
Del mismo, la posición de gobierno alcanza niveles al más puro estilo pinochetista de negacionismo, rechazando todos los informes que han condenado la violación a los DDHH por parte de FFAA y policías, dándole todo su respaldo a estos organismos armados.
El 11 de noviembre, Carabineros de Chile emite un comunicado, donde, entre otras cosas, se expresa:
“Por mandato constitucional, Carabineros de Chile tiene el deber de resguardar el orden público y proteger a las personas, su libertad y sus derechos.
Carabineros de Chile tiene como misión proteger y ante todo cuidar a la población.
Carabineros de Chile tiene un compromiso absoluto con los derechos humanos, en el cumplimento de sus funciones. Contamos con una Dirección de Derechos Humanos y cursos de formación e instrucción permanente al personal operativo en es relevante materia”.
Más adelante continúa:
“Se reitera nuestro apoyo y respaldo a todos los Carabineros y Carabineras de Chile, quienes han debido realizar un gigantesco esfuerzo para el resguardo del orden y seguridad de todos los chilenos”.
Por su parte, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en una declaración pública del 21 de noviembre, entre otras cosas, señalaban:
«…rechazar categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido ‘una política de ataques generalizados contra manifestantes’, ya que no existió, ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”.
Más adelante afirman:
“Tampoco es cierto que durante el periodo que rigió el Estado de Excepción Constitucional, las FFAA hubieran actuado con la intención de lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social. Al contrario, su intención fue la de proteger a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo».
Estas, y otras declaraciones emitidas por los mandos superiores de las FFAA y Carabineros se alinean perfectamente con el absoluto respaldo que le ha brindado el gobierno a la brutal represión ejercida contra el movimiento social. Por otra parte, el artículo 101 de la actual Constitución señala:
“Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.
Es evidente que, desde mucho tiempo, las FFAA y Carabineros no cumplen con esa condición, especialmente estos últimos meses ya que permanentemente están opinando sobre la contingencia, han hecho montajes y han asesinado a mapuches, como a Camilo Catrillanca y otros.
Desde 1990, y especialmente en estos últimos meses, los acontecimientos muestran la casi total autonomía e impunidad con que actúan estas instituciones armadas y nunca han perdido el poder que obtuvieron bajo la dictadura, lo cual los transforman en un factor decisivo en la coyuntura política que atravesamos.
El tema de la subordinación de las FFAA y Policía no ha sido parte de la discusión actual. No está en las demandas levantadas, mucho menos en la agenda de gobierno y pareciera que tampoco en la oposición.
Mientras eso no suceda, sera muy difícil avanzar en una verdadera democratización de nuestro país.
En la práctica, estamos viviendo en un estado policiaco.
Notas:
(1) Engels, F., El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado COLECCIÓN CLÁSICOS DEL MARXISMO. Traducción: Grupo de Traductores de la Fundación Federico Engels, Primera edición: septiembre 2006, www.fundacionfedericoengels.org, pág. 190.
(2) Marx y Engels, El Manifiesto Comunista, Ediciones Delta, pág. 41
(3) Idem, pág. 42
(4) Engels, F, Op. Cit. Pág.183
(5) Idem, Pág. 184
(6) Idem, Pág. 185
(7) Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en: https://www.bcn.cl/
(8) Idem
(9) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=177193
(1) Cristian Candia Baeza, «Seguridad ciudadana y Estado policíaco»,Polis [En línea], 2|2002, Publicado el 26 noviembre 2012, consultado el 22 enero 2020. URL: http://journals.openedition.org/polis/7944
