Lo que los chilenos definirán el próximo 4 de septiembre es si aprueban o rechazan la Carta Magna propuesta por los 154 miembros de la Convención Constituyente.
Ambas opciones son las únicas que dispone esta convocatoria electoral, por lo que constituye una falacia o un mero truco electoral convocar al apruebo o al rechazo para reformar.
Estas hipotéticas opciones añadidas al debate solo demuestran que los propios partidarios de una u otra alternativa no están plenamente convencidos de su posición y temen que el resultado del plebiscito pueda ser fatal para la convivencia política y la estabilidad institucional.
Si se decidiera aprobar o rechazar con una contundente mayoría de votos, sería muy difícil desconocer la voluntad ciudadana, pero ya se teme que la ventaja de una opción sobre la otra resulte por una escuálida diferencia, lo que dificulta que la nueva Constitución o la que se mantenga vigente pueda ser respetada con resignación democrática.
El deseo general es que la nueva Constitución goce del más amplio respaldo y legitimidad. De allí que lo más probable sea que la controversia se extienda después de este evento ciudadano y ninguno de los dos sectores en pugna acepte fácilmente su derrota. Qué duda cabe que la soberanía nacional pueda seguir en entredicho y la clase política siga pensando que la voluntad popular puede ser ninguneada por sus acuerdos y conciliábulos cupulares.
Más de treinta años ha demorado que nuestros gobernantes y parlamentarios se resuelvan acabar con la Constitución de Pinochet modificándola tan solo en algunos aspectos que no alteraron mayormente su espíritu y letra. Sin agregarle imperativos fundamentales que garanticen una democracia participativa en que la paridad y el reconocimiento de nuestra condición plurinacional, por ejemplo, estuvieran garantizados.
De esta forma, la irrupción de los que aprueban o rechazan para reformar está debilitando la solvencia de un acto electoral que dirima entre las opciones estrictamente planteadas por el propio proceso institucional definido por el Ejecutivo y el Poder legislativo. Demuestra, también, que en los partidarios del Apruebo y el Rechazo tampoco hay demasiado consenso interno, lo que amenaza con debilitar el triunfo de cualquiera de las dos opciones.
Más todavía cuando se hace ineludible que los sufragantes concurran a expresar en las urnas por sobre todo su adhesión o rechazo al gobierno actual. En lo que puede ser muy determinante el innegable deterioro del poder adquisitivo de la población y los graves déficits que se mantienen en materia de salud, vivienda, empleo, educación y tantos otros aspectos. Más, todavía, si se considera, además, la conmoción que existe en todo el país por la violencia, el aumento del crimen organizado, las explosivas inmigraciones y la guerra ya declarada en la Araucanía. Un conflicto que augura desplazarse hacia otras regiones.
La innegable postura oficial en favor del Apruebo podría convertirse en un grave traspié de quienes gobiernan en caso de que gane el Rechazo que la encuestas viene prediciendo. Desde el propio oficialismo hay quienes han advertido que la continuidad del Gobierno de Boric dependerá de que prospere la nueva Carta Magna. Por el contrario, es siempre probable que en los sectores refractarios a ésta surja la tentación de rebelarse frente al nuevo ordenamiento institucional, por lo que ya son evidentes y temerarios sus elogios a las Fuerzas Armadas y policiales.
Está claro que las opciones por plebiscitarse son mezquinas respecto de todas las posiciones y matices en pugna y pueden conducir al país a un desacuerdo todavía más crítico de lo que existe o se trató de aquietar al decidirse el proceso institucional que ahora en septiembre culmina. Todavía peor es el triste espectáculo que siguen brindando los partidos políticos y sus coaliciones. Con esos “golpes de estado” al interior de la Democracia Cristiana, la controversia socialista comunista, la disparidad de criterios al interior de las bancadas legislativas.
Visiones francamente dispares, también, entre las colectividades radicalizadas del oficialismo y los partidos y movimientos de la llamada social democracia. Vociferaciones cruzadas de gobiernistas y opositores que, en su pugilato público por el Apruebo o el Rechazo, desatienden gravemente las principales preocupaciones del pueblo. Demandas poco sensibles, por cierto, al interés por una nueva Constitución.
Una controversia verbal que es acentuada, además, por los medios de comunicación y las redes sociales, donde se dice y se inventa descaradamente. Todo esto frente a un país real convulsionado por el malestar de los trabajadores que ven deteriorarse sus ingresos y esperanzas, incrementado a diario el número de los pobres e indigentes. Mientras siguen floreciendo los negocios de los grandes e intocables empresarios de la minería, las forestales, los bancos y el gran comercio.
Un país alarmado por la acción desquiciada, nuevamente, de muchos jóvenes y estudiantes; la proliferación de asaltos, crímenes y robos a mano armada en poblaciones y ciudades de todo el territorio nacional, además del evidente enseñoramiento del narcotráfico y el temor general de la población.
Una desesperanza que promete volver a estallar, cualquiera sea el resultado del Plebiscito. Cuando lo que van a demostrar sus resultados es un país partido prácticamente en mitades y con una profunda desavenencia.
