El juez federal Claudio Bonadío ordenó allanar la casa de la ex presidenta de Argentina en la sureña provincia de Santa Cruz, para este lunes en horas de la mañana, lo cual coincidirá con la citación de indagatoria ordenada por el juez Julián Ercolini.
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A juicio de la ex mandataria, estos hechos revelarían una sincronización entre los citados jueces, parte de un circo mediático orquestado por el presidente Mauricio Macri para tratar de tapar la “catástrofe social y económica” que han provocado sus políticas de Gobierno.
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“Revelaría una sincronización asombrosa con el juez Ercolini que, justamente, me citó a indagatoria mañana a las 10 am. Cuando saben que yo estoy citada por Ercolini en la CABA. Creerá Macri que de esta manera puede tapar la catástrofe social y económica”, escribió Fernández el domingo en Twitter.
Tal y como ha sido mencionado, los procedimientos arrancarán este lunes con la comparecencia de la ex mandataria a las 10.00 (hora local). Entre los que tendrán que comparecer figuran el exministro Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez, a quien Fernández de Kirchner presuntamente habría concedido contratos durante su Gobierno.
Militantes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y Madres de Plaza de Mayo junto a otras organizaciones sociales se concentrarán desde horas tempranas para acompañar y respaldar a la ex dignataria, quien insistió con el pedido de la creación en el Congreso de una comisión bicameral que realice una auditoría de la obra pública en todo el país durante su gestión al mando del Ejecutivo, en los últimos 12 años.
Será la tercera ocasión que la exjefa del Gobierno argentino acudirá a los tribunales a rendir declaratoria, ya que fue citada anteriormente por otros casos que intentan imputarle, según Fernández, en una campaña de la actual clase política en el poder que de este modo trata de desviar la atención pública de los problemas que ha generado la actual Administración.
La expresidenta Cristina Fernández calificó como un «disparate mayúsculo» las acusaciones sobre el supuesto plan para favorecer una obra pública del empresario Lázaro Báez y pidió la nulidad de la causa.
«Las obras públicas las aprueba el parlamento, no los presidentes, desde 1994 son los jefes de Gabinete los que administran las cuentas», agregó.
Fernández también aseguró que esta acción forma parte de una persecución política a quienes representan a los proyectos de reivindicación social en América Latina. Asimismo, manifestó que se trata de una maniobra del actual Gobierno busca tapar el desastre económico y social en el que tiene al país.
La exmandataria rindió declaraciones este lunes ante el juez Julián Ercolini, en una causa en la que se le adjudica haber armado un supuesto plan para favorecer una obra pública del empresario Lázaro Báez.
Citada en los tribunales de Comodoro Py, la exmandataria realiza la indagatoria judicial ante el mismo juez federal que también la imputa en el caso Hotesur. Asimismo, se prevé que allanen la casa de la expresidenta en las próximas horas.
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Militantes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y Madres de Plaza de Mayo junto a otras organizaciones sociales se concentran desde horas tempranas para acompañar y respaldar a la exdignataria, quien insistió con el pedido de la creación en el Congreso de una comisión bicameral que realice una auditoría de la obra pública en todo el país durante su gestión al mando del Ejecutivo, en los últimos 12 años.
