El Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, advirtió en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la insconstitucionalidad del proyecto de Ley que busca anular la Ley de Pesca, como si aprobar una ley mediante sobornos, no lo fuera, y con mayor razón. Una vez más, el Gobierno no sintoniza con las demandas populares, en este caso, de los pescadores artesanales.
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Declarar la nulidad de la Ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regularizaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y su Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones (boletín 10527), es lo que busca el proyecto de ley, originado en moción, discutido el pasado martes 15 de noviembre en la Comisión de Constitución.
En la oportunidad, el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, aclaró que la postura del Ejecutivo es clara en relación a la materia en discusión.
“Nos parece que esto es inconstitucional y esperamos que la Comisión comparta también esta posición. Nosotros tenemos que resguardar adecuadamente el marco constitucional de funcionamiento de nuestro país y eso es lo que vamos a hacer siempre”.
¿Acaso legislar bajo presión, como lo hizo su homónimo Longueira, y con probado cohecho de las empresas pesqueras es resguardar adecuadamente el marco constitucional de funcionamiento del país?
¿Qué efecto vinculante pude tener semejante legislación?
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Evidentemente, viendo que la ocasión la pintaban calva, la diputada UDI Marisol Turres se alineó entusiastamente con la postura del Gobierno asegurando que en nuestra legislación no está contemplada la posibilidad de declarar la nulidad de una ley:
“Eso no existe, constitucionalmente es imposible que ello se dé. El único organismo llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley es el Tribunal Constitucional”.
Aparte de no ser verdad, para no quedarse en chicas la diputada aportó con su propia campañita del terror:
«Si esto fuera posible, las consecuencias podrían terminar siendo desastrosas. Esto dejaría desregulado todo lo que significa la actividad en el mar, no tendríamos las millas que están reservadas para la pesca artesanal, todo lo que significa el cuidado de las distintas pesquerías, la opinión de expertos para efectos de poder determinar cuál es la cuota que se puede capturar de cada una de las especies en nuestro mar, entre otras”.
Eso es lo que se gana, ganando con la derecha.
¿Y qué le dirá ahora a los pescadores, el señor Ministro de Economía?
