CEMA, la fundación que preside hace 42 años y a perpetuidad Lucía Hiriart, es mucho más que un centenar de casas que el Estado le regaló en dictadura. CIPER descubrió una compleja y hasta ahora secreta red de al menos 186 filiales que creó en todo el país, con ruts y patrimonio propios.
Allí se oculta un millonario botín inmobiliario que no figura en ningún registro oficial y cuyos secretos conoce el abogado Víctor M. Avilés. Hoy siguen activos 12 de esos ruts, sólo entre ellos suman propiedades avaluadas en $4.545 millones. Si le quitan la personalidad jurídica, todo va a manos de los Pinochet.
La orden que recibió Diego Núñez en su oficina de La Serena fue la misma que el ministro Víctor Osorio dio a los otros 14 seremis de Bienes Nacionales del país: debían investigar en sus respectivas regiones qué había pasado con cada uno de los inmuebles que el Estado cedió gratis durante la dictadura a la Fundación CEMA Chile.
El objetivo: informar cuántos siguen en manos de la entidad sin fines de lucro que preside desde hace 42 años Lucía Hiriart, cuántos están arrendados y cuántos fueron vendidos. En su respuesta -que el seremi anticipó en un comunicado el 11 de enero- Núñez informó que en la IV Región son tres las propiedades bajo su lupa: una en La Serena, una en Coquimbo y otra en Vicuña.
El seremi Núñez no lo sabía, pero tras esas propiedades se escondía el punto de partida de una ruta que CIPER descubrió y que lleva directamente a unos 186 rut distintos asociados a CEMA y a varios de los inmuebles que le regaló el régimen militar y que no figuran en los registros oficiales.
Lo ocurrido en la IV Región confirmó que nadie sabe hoy con certeza: cuántos bienes le transfirió el Fisco a CEMA. La única lista oficial es la que elaboró el Ministerio de Bienes Nacionales y que incluye 134 inmuebles que le fueron donados entre 1977 y 1989 (ver lista).
A ellos se agregan los casi 20 inmuebles que recibió en concesión la fundación, cuyo destino se desconoce.
Pero basta una mirada al catálogo de propiedades asociadas a cada uno de esos rut que descubrió CIPER, para comprobar que el listado de Bienes Nacionales es una mínima parte del volumen que llegó a tener el lucrativo imperio inmobiliario que edificó CEMA con la subvención del Estado.
Y a la vez, del complejo entramado que levantó para ocultar y enajenar esos bienes fuera de toda fiscalización.
VÍCTOR M. AVILES: EL ABOGADO DE CEMA
Uno de los éxitos de CEMA en los ’70 y ‘80 fue su capacidad para ramificarse por todo el país y penetrar los sectores más populares a través de sus centros de madres, bajo el mando de la esposa de Pinochet. Con el apoyo de toda la estructura de administración del Estado, estableció una amplia red de sedes regionales, provinciales y comunales en los cientos de inmuebles que el régimen le donó. Fue quizás una de las estrategias más exitosas de la dictadura para sumar simpatizantes.
Una vez retornada la democracia, su modelo de financiamiento cambió: de depender de las subvenciones y donaciones del Estado -salvo por unos pocos municipios que le siguieron entregando recursos–, pasó a obtener sus ingresos casi exclusivamente de la venta y arriendo de esos inmuebles.
Hubo una excepción, pues lo que inexplicablemente se mantuvo fueron los aportes que por ley debían entregarle la Polla y la Lotería de Concepción, y que se cortaron solo a fines de 2005.
Para graficar la cuantía de esos ingresos basta decir que entre 1994 y 2003, CEMA recibió de la Polla $1.300 millones.
Pero esas sedes y oficinas territoriales resultaron ser mucho más que eso: lo que CEMA hizo fue dar forma a una extensa red de filiales con personalidad jurídica, rut y patrimonio propios (ver listado). Para mantener esa estructura oculta por tantos años, ha sido clave el papel de dos abogados: Víctor Manuel Avilés Mejías y Víctor Manuel Avilés Hernández.
La confianza depositada desde hace algunos años por Lucía Hiriart en el abogado Avilés Hernández, es una prolongación de la estrecha relación que entabló la esposa de Pinochet con su padre: el abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, quien fuera abogado de la DINA y fiscal de la Fundación CEMA.
De hecho, es Avilés Mejías, como fiscal de la fundación, quien redujo a escritura pública en abril de 1979, un importante cambio a sus estatutos, los que fueron aprobados por el Ministerio de justicia “por orden del Presidente de la República” en julio de 1981.
En ese cambio, se creó el cargo de director administrativo de la fundación, el que fue ocupado por el coronel de Ejército Hugo Jara González (actual profesor de la Universidad Bernardo O’Higgins), con las más amplias facultades y poderes ya que, a proposición de Lucía Hiriart, el consejo de la fundación decidió delegar todas sus atribuciones y poderes en el nuevo director administrativo (a quien subrogaba el fiscal Avilés Mejías), principalmente respecto de adquirir, vender y administrar los bienes, cuentas corrientes y depósitos a plazo y créditos en bancos, además de celebrar toda clase de contratos.
En ese nuevo entramado muy pronto toda la administración de las propiedades –arriendos, venta y recepción de inmuebles donados- quedó en manos exclusivas del fiscal de CEMA. El abogado Avilés Mejías tenía experiencia en apropiación de activos del Estado. Además de su participación en la DINA, en diciembre de 1973 fue nombrado por Pinochet como representante del Ministerio de Economía en el “Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas”.
En 2004, cuando estalló el escándalo por la cuantiosa fortuna que la familia Pinochet mantenía oculta en el Banco Riggs y otras entidades financieras en el extranjero, fue el mismo abogado Víctor Manuel Avilés Mejías quien fungió de interlocutor de los dineros y propiedades que manejaba CEMA con los ministros que llevaron el juicio en Chile.
Bien poco fue lo que aportó Avilés Mejías. Porque ya entonces los peritajes policiales establecieron que no había registros contables históricos. Tampoco de las propiedades que recibió la Fundación CEMA del Estado. Y también, que la entidad no había cumplido por largos años –salvo en el último periodo- con su única obligación como entidad sin fines de lucro: enviar al Ministerio de Justicia su memoria y balance anual.
Y así como muchas de las propiedades que el Estado le donó fueron ingresadas a sus registros con valor $1, no hubo forma de saber el destino de los millones que faltaron de los $1.248 millones que le pagó la Universidad Mayor a CEMA por la casona “El Claustro del Novecientos” (Portugal Nº 351, allí funcionó la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, hasta septiembre de 1973) y que jamás ingresaron a la caja de CEMA.
Tampoco quedó ni una sola huella de la llamada “Unidad de Exportaciones” de la fundación ni del inmueble que compró CEMA en Washington para habilitar una sede y que funcionó entre 1981 y 1987 a cargo del oficial Sergio Fernández Castillo.
Lo interesante es que ahora, cuando nuevamente irrumpe en el radar del Ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), las nuevas irregularidades de la fundación que dirige Lucía Hiriart, quien aparece como su vocero legal es el abogado Víctor Manuel Avilés Hernández, el hijo del ex fiscal que edificó el entramado inmobiliario de CEMA.
Quienes han seguido desde hace algunos años esta investigación judicial señalaron a CIPER que este abogado y profesor de la Universidad de Chile –además de experto en Derecho Tributario y socio del estudio jurídico que fundó el ex presidente de RN, Carlos Larraín- sofisticó la arquitectura levantada por su padre para ocultar la real información de su patrimonio: un número aún desconocido de propiedades, en su gran mayoría donadas por el Estado.
Los nuevos antecedentes hallados por CIPER cambian por completo el escenario, precisamente en los días en que la Corte de Apelaciones de Santiago debe revisar el recurso que presentó el Consejo de Defensa del Estado para reabrir la investigación sobre el patrimonio de la entidad que controla la familia del ex dictador Augusto Pinochet. Porque la Fundación CEMA Chile ya no es una sola entidad, como se ha creído hasta ahora.
SEIS RUTS PARA UN MISMO NOMBRE
Han existido al menos seis personas jurídicas distintas con el nombre Fundación CEMA Chile, aunque sólo dos siguen vigentes. Las cuatro restantes presentaron término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace ya varios años.
La primera lo hizo en 1990, mientras que las otras tres lo hicieron en 2003, poco antes de que la fundación pasara a ser parte de la investigación judicial por la fortuna que la familia Pinochet tenía oculta en el extranjero.
De las dos que quedan, una es la que todos conocen: aquella que tiene su domicilio en Providencia y que supuestamente maneja todo el patrimonio de la fundación. La otra, en cambio, tiene su sede en Iquique, en la misma dirección que se anuncia en el sitio web de CEMA, y maneja su propio patrimonio.
De hecho, según su informe comercial, es titular de tres inmuebles en esa ciudad con un avalúo fiscal que suma más de $68 millones. Esas propiedades hasta hoy no figuran ni en las nóminas del Ministerio de Bienes Nacionales ni en los informes periciales de la Policía de Investigaciones (PDI), y tampoco en los catastros que la misma fundación ha entregado a la justicia.
Cuando en noviembre de 2015 el pinochetismo conmemoraba el centenario del ex dictador, CIPER publicó un reportaje que entregó tres revelaciones importantes.
Primero, que la fundación que controla la viuda de Pinochet sigue vendiendo las propiedades que obtuvo gratis del régimen militar.
Segundo, que sus ingresos por ese concepto ya se alzan por sobre los $6.300 millones, incluyendo las ventas de terrenos a las universidades Bernardo O’Higgins, Mayor y San Sebastián.
Y tercero –quizás lo más importante–, que aún hoy se desconoce el número real de bienes que le fueron transferidos por el Estado a CEMA y el destino final de los dineros que ha obtenido por su venta.
Fue a partir de esa investigación de CIPER que los ministerios de Justicia y Bienes Nacionales iniciaron una ofensiva coordinada con el CDE para tratar de recuperar los bienes que todavía estén en poder de CEMA. En esa estrategia, cada institución cumple un rol. Lo que viene depende en gran parte de lo que resuelva la Corte de Apelaciones frente al recurso que presentó el CDE.
Ahora, con la nueva arista del “multirut de CEMA” que revela CIPER en este reportaje, se abre un área desconocida en esa investigación. ¿Cuántas filiales ha creado CEMA? ¿Cuántos inmuebles poseen en total? ¿Cuántos ya han sido vendidos y a dónde han ido a parar esas platas? ¿Qué otros negocios han realizado?
Al menos 12 filiales de CEMA siguen activas. Sólo entre ellas suman un patrimonio inmobiliario cuyo avalúo fiscal bordea los $4.545 millones. Falta dimensionar en ese cálculo todos los inmuebles que pueden estar repartidos entre los otros 174 ruts vinculados a CEMA que pudo detectar CIPER.
Y si bien todos registran término de giro ante el SII, por lo que no debieran realizar actividades comerciales, los hechos demuestran que no es así: algunas de esas filiales “inactivas” aún arriendan o venden bienes raíces. Así lo prueba lo ocurrido con la primera propiedad que CIPER descubrió y que dio origen a este reportaje.
COQUIMBO: LA PUNTA DE LA MADEJA
La hebra parte en La Serena, a media cuadra de la Plaza de Armas, en uno de los inmuebles que el seremi Diego Núñez dijo estar investigando: la casa ubicada en Los Carrera Nº 564. La propiedad pasó a ser de CEMA en 1985, cedida por el Ministerio de Bienes Nacionales a través de un decreto supremo.
Como la fundación sólo la ocupaba parcialmente, en abril de 2014 le arrendó una parte a la Municipalidad de La Serena para que se instalara allí un centro para desarrollar un programa conjunto con el Sernam, enfocado en dar tratamiento a hombres que han abusado de sus parejas.
Cuando el contrato se renovó en marzo de 2015, el precio a pagar por el municipio fue de $450 mil mensuales. Pero lo más llamativo en ese documento es la entidad propietaria: no es CEMA, sino que una de sus filiales.
En la Cuarta Región han existido cinco filiales de CEMA: una en La Serena, dos en Coquimbo, una en la provincia de Elqui y una en Salamanca; todas con rut distinto y oficialmente inactivas.
La última en poner término a su giro fue la Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo, y lo hizo en enero de 2007. A pesar de ello, es la misma entidad (con el mismo rut) que ocho años después figura como titular en los contratos de arriendo con la municipalidad.
En su informe comercial, Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo aún aparece como dueña de seis inmuebles, cinco de los cuales fueron antes propiedad fiscal. Pero sólo uno está incluido en la nómina del Ministerio de Bienes Nacionales: la casa de calle O’Higgins Nº 262, en Vicuña, también mencionada por el seremi en su comunicado.
En la lista del ministerio no aparecen ni las tres direcciones de Ovalle ni la vivienda de Padre Cornelio Van Speek Nº 22, en Coquimbo, que sí están en su informe Dicom. Esta última supuestamente fue vendida en 2002 en apenas $3 millones, pero en los registros del SII todavía figura como propiedad de CEMA.
Los cuatro inmuebles son parte de un lote de más de 50 bienes raíces que CIPER identificó a fines de 2015 y que a pesar de haber sido transferidos a CEMA por el mismo ministerio, no figuran en sus registros (ver lista de propiedades).
La sexta propiedad vinculada a la filial de CEMA en Coquimbo no aparece en ninguno de los catastros de bienes conocidos de la fundación. Ubicada en Aníbal Pinto Nº 3092, en el sector Vista Hermosa de La Serena, tiene un avalúo fiscal de $17 millones. No hay información respecto al origen de ese inmueble.
Tampoco hay información en ese informe sobre la casa que le arrienda al municipio de La Serena. Simplemente no aparece entre los inmuebles que pertenecen a Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo, aunque en los contratos dice claramente que esa entidad es la propietaria.
En la municipalidad dicen no saber si el inmueble fue vendido, pero la información disponible en el SII señala que el dueño actual es Inmobiliaria Santillana, una sociedad creada en 2009 y representada por el empresario Fernando Sánchez Alen (ver certificado). En esa empresa dijeron a CIPER no tener a mano información que permita verificar cuándo fue la venta ni su valor.
LAS 12 IDENTIDADES VIGENTES DE CEMA
No había nadie el martes 26 de enero en la sede que tiene CEMA en la calle Veteranos del 79, en Concepción, a un costado del Parque Ecuador. Estaba cerrado por vacaciones. Por eso nadie le abrió al seremi de Bienes Nacionales del Bío Bío, Eric Aedo, cuando llegó a inspeccionar.
Ésa es una de las cinco propiedades que están en la VIII Región y que, de acuerdo a los registros del ministerio, fueron cedidas a CEMA. Y según dijo Aedo a Radio Bío Bío, probablemente esté pronta a salir a la venta. Sería un gran negocio: la casa tiene una tasación fiscal que supera los $502 millones.
Su valor comercial es mucho más que eso. Si la Fundación CEMA Chile Concepción, que es la verdadera dueña de esa y otras ocho propiedades en la región, la sacara al mercado, se estima que podría obtener fácilmente unos $2.200 millones de pura ganancia.
Fundación CEMA Chile Concepción es la verdadera identidad de CEMA en el Bío Bío. Fue esa filial la que vendió a fines de 2014 el inmueble de Chillán y que permitió a CIPER descubrir más de 100 propiedades que le fueron cedidas por el Estado y que no aparecen en los registros.
Es también la que maneja el mayor patrimonio: el valor fiscal de sus inmuebles supera los $1.133 millones, lo que equivale a una cuarta parte de lo que suman las 12 filiales de CEMA que aún están vigentes.
Todas ellas registran algún tipo de actividad tributaria. Algunas tienen como giro la venta al por menor de artesanías. Otras, los servicios personales de educación. Unas tributan por actividades de asesoría empresarial y en materia de gestión o simplemente por un giro más genérico y ambiguo: “actividades de otras asociaciones”. Pero todas tienen algo en común: son los vehículos que ha creado CEMA para administrar su millonario patrimonio inmobiliario.
La fundación de Lucía Hiriart tiene una “identidad secreta” doble en la región de Valparaíso. Allá opera bajo dos ruts: uno es el de Fundación CEMA Chile 5ª Región; el otro, el de Fundación CEMA Chile Viña del Mar.
Sólo la primera posee inmuebles: un sitio en Los Andes avaluado en más de $53 millones y que hasta ahora no figura en ninguno de los listados conocidos con el detalle de sus propiedades.
Poco más al sur, en las regiones de O’Higgins y el Maule, CEMA también funciona a través de personas jurídicas independientes. La Fundación CEMA Chile VI Región es dueña de inmuebles distribuidos en las comunas de Rancagua, Peumo, Rengo, Pumanque, San Fernando, Chimbarongo, Nancagua, Placilla y Olivar.
Por su parte, la Fundación CEMA Chile VII Región del Maule posee 17 propiedades en ocho comunas diferentes. En ambos casos, gran parte de los inmuebles proviene de donaciones fiscales o municipales.
En el norte, lo mismo pasa en Antofagasta y la Fundación CEMA Chile Provincia El Loa. Y en la zona austral, CEMA tiene filiales con rut vigente en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén.
El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, aseguró a CIPER que “no hay ninguna otra organización de la sociedad civil o del sector privado que haya recibido tantas propiedades gratis del Estado como CEMA”.
Su aseveración se basa sólo en las 134 propiedades de las cuales consta registro en los archivos y catastros del ministerio. Lo extraño es que no considera las otras propiedades que CIPER encontró en noviembre ni aquellas que están repartidas en la red de personas jurídicas vinculadas a CEMA.
Simplemente porque la existencia de esta red era hasta ahora desconocida.
LA TRIPLE VÍA PARA RECUPERAR LOS INMUEBLES
El gobierno empezó a mover las piezas del tablero ofensivamente a comienzos de diciembre pasado. Los primeros en sentarse a la mesa fueron los abogados del Ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado. Buscaban una fórmula para impedir que CEMA siguiera lucrando con las propiedades que le regaló el Estado, y para ello debían actuar coordinados. Delinearon entonces un plan para atacar por dos frentes distintos: uno administrativo y otro judicial.
En lo formal, CEMA ha cumplido con la entrega de información que le exige la ley: en la Subsecretaría de Justicia están todas sus memorias y balances desde 1994 hasta 2014. Pero es poco lo que se puede inferir de esos documentos.
La información que contienen es muy vaga y no incluyen datos desagregados respecto a la venta de inmuebles ni otras fuentes de ingresos. Menos sobre su red de filiales.
Es por eso que desde Justicia ya le pidieron al representante de CEMA, el abogado Víctor Manuel Avilés Hernández, que informe en detalle sobre la venta de bienes raíces, el destino y las inversiones que se han hecho con esos ingresos y las actividades que realiza para cumplir sus objetivos. La primera respuesta fue insatisfactoria.
Mientras se espera una segunda réplica más detallada, el ministerio puso a un grupo de especialistas a revisar toda la información contable de la fundación.
Pero como la cartera de Justicia no tiene las atribuciones ni las herramientas para hacer un catastro exhaustivo de los inmuebles que el Estado regaló a CEMA desde 1974 a la fecha, ahí es donde se incorpora el Ministerio de Bienes Nacionales.
La cartera que dirige Víctor Osorio se comprometió a actualizar la nómina de inmuebles cedidos a CEMA. Osorio sabe que los 134 que ya tienen acreditados son sólo una pequeña parte del total. Para cumplir su tarea, tendrían que revisar los antecedentes disponibles en sus propios sistemas de catastro, en sus archivos físicos y en cada secretaría regional.
También solicitar antecedentes al Archivo Nacional y al SII.
Y salir a fiscalizar en terreno cada una de las direcciones individualizadas. La idea es llegar lo más cerca posible a un número definitivo de propiedades entregadas a la fundación, determinar cuántas fueron vendidas, cuántas siguen en su poder y qué uso se les está dando.
Con los dos ministerios recopilando datos, el CDE se concentró en la vía judicial. Como la arista CEMA del Caso Riggs está paralizada desde que el ministro Manuel Valderrama la sobreseyó de manera temporal en agosto de 2013, su misión inmediata es hacer que se reactive.
El primer paso fue requerir la reapertura a Javiera González, la ministra que quedó a cargo de la causa luego de que Valderrama pasara a integrar la Corte Suprema.
Más que reactivar la investigación, lo que el CDE pedía era abrir una nueva arista que poco o nada tiene que ver con las cuentas de la familia Pinochet en el extranjero, pero sí con los traspasos de bienes desde el Estado a la fundación, su posterior venta y el destino final de ese dinero.
González consideró que la petición no tenía relación con la causa original, así que la derivó al presidente de la Corte de Apelaciones, el ministro Mauricio Silva, quien dejó la decisión en manos del 34° Juzgado del Crimen. Allí la jueza Claudia Salgado revisó la solicitud y la rechazó.
Eso ocurrió el 29 de diciembre.
El CDE volvió a la carga con un recurso que ingresó a la Corte de Apelaciones y que será revisado próximamente. De lo que pase allí depende casi toda la estrategia que busca devolver al patrimonio del Estado el dominio de los inmuebles que se entregaron a CEMA.
Pase lo que pase en el tribunal, en los ministerios y en el CDE tienen claro que sus posibilidades de recuperar las propiedades dependen de la propia continuidad de CEMA. Por eso deben evitar a toda costa que se le cancele la personalidad jurídica.
Si eso ocurre, el plan que diseñó Lucía Hiriart para no perder el millonario patrimonio que logró acumular CEMA se pondría en marcha y los bienes de CEMA pasarían directamente a formar parte del patrimonio de su familia.
De acuerdo al estatuto vigente de la Fundación CEMA, en caso de disolución, una parte de su patrimonio se entregaría a la Corporación de Damas de la Defensa Nacional y la otra iría a parar directamente a manos de la “Fundación de Apoyo Social”, entidad sin fines de lucro creada en 1983.
El único directorio que se le conoce lo encabeza la propia Lucía Hiriart y lo integran sus tres hijas como vicepresidentas: Lucía, María Verónica y Jacqueline Pinochet Hiriart.
La secretaria general de la Fundación de Apoyo Social es Margarita Moreno Zambrano, quien fuera jefa de gabinete de Lucía Hiriart y actual suplente del notario Eduardo Avello en Santiago.
Entre sus directores, destacan: Tatiana Hiriart Rodríguez (hermana de Lucía Hiriart), Adriana Benavente de Canessa (esposa del ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado, Julio Canessa), Gastón Acuña Mac-Lean y el reverendo Alfredo Ruiz Tagle.
Fuente: CIPER Chile
