Estas cosas sólo pasan en Chile. Entre los inmuebles que el Estado donó a la Fundación CEMA Chile hace más de 30 años, cuando en este país no se movía una hoja sin que el dictador lo supiera, figura el terreno donde hoy funciona la Plaza de Armas de Paine. El municipio ha intentado recuperarlo en vano desde 2012. Lo impide el precio que exige CEMA por el terreno.
La Plaza de Armas de Paine, en la esquina de 4 Norte con San Rafael, ocupa una cuadra entera y tiene un paradero de micros, basureros con el logo municipal, bancas de madera y hasta un busto del general Bernardo O’Higgins. Allí se lleva a cabo la feria municipal y los desfiles con los que cada año se conmemora el natalicio del libertador.
En 2012 fue remodelada gracias a una inversión de $30 millones que desembolsó el municipio. El proyecto contemplaba cuatro etapas, pero sólo se concretó la primera. ¿Por qué? Porque hace cuatro años la administración del alcalde Diego Vergara (RN) se percató de que la plaza no es un espacio público, sino que es propiedad privada.
La plaza es uno de los más de 130 inmuebles que el Estado entregó gratis durante la dictadura a la Fundación CEMA Chile, la entidad que preside a perpetuidad Lucía Hiriart. Y es también uno de las propiedades que todavía no ha vendido.
El Ministerio de Bienes Nacionales la cedió en abril de 1986 a la fundación como parte de un terreno de 9.000 m2 que utilizaría “para el cumplimiento de sus fines propios”. Pero eso se cumplió en sólo una parte del terreno.
Un documento que obtuvo T13 da cuenta de que a fines de ese mismo año, CEMA dividió el terreno en dos lotes: una parte —la más pequeña— quedaría para funcionar como sede de la fundación, mientras que la otra, con una superficie de 6.400 m2, sería entregada a la Municipalidad de Paine «para construcción de Plaza de Armas».
El documento lleva la firma del director de obras de la época, Fernando Pérez Brand.
Fue así que la municipalidad obtuvo el espacio para construir su plaza de armas. A cambio, financió también la construcción de la sede de CEMA, según explican en la municipalidad.
El problema es que la transferencia de dominio de la plaza nunca se hizo efectiva y aunque la municipalidad transformó el espacio y lo empezó a usar como área verde de propiedad pública, lo cierto es que nunca lo fue.
Y en el municipio sólo se dieron cuenta cuando en 2012 las obras de remodelación ya estaban en marcha y la plaza estuvo a punto de salir a remate.
Desde entonces, la municipalidad ha intentado infructuosamente negociar con la fundación el traspaso efectivo del terreno al patrimonio municipal. Ahora que el gobierno ha iniciado gestiones a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los ministerios de Bienes Nacionales y de Justicia para tratar de recuperar por la vía legal los bienes que el Fisco cedió a CEMA y que aún siguen en su poder, las conversaciones entre la fundación y la Municipalidad de Paine están estancadas.
No tanto por lo que pueda resolver en las próximas semanas la Corte de Apelaciones, que debe definir si reabre la arista Cema Chile del caso Riggs, sino que por el alto precio que CEMA está pidiendo al municipio a cambio de la plaza.
La negociación
El 6 de junio de 2012, un aviso de la Tesorería General de la República en El Mercurio encendió las alarmas en la Municipalidad de Paine. El inmueble ubicado en San Rafael N° 564, en pleno centro de la comuna, propiedad de CEMA, saldría a remate por no pago de contribuciones. Al revisar en detalle, el equipo del alcalde Vergara descubrió que se trataba de la plaza de armas.
«Fue tragicómico. Siempre en los diarios aparecen los remates por no pago de contribuciones. Esa vez el inserto tenía muchos terrenos de Paine. Encontramos uno en el centro. Pensamos que era cerca de la plaza y el Director de Obras me dijo: ‘Alcalde, ésta es la plaza de armas'», dijo el alcalde Diego Vergara a T13.
El paso siguiente fue intentar crear un puente con la fundación para, primero evitar el remate, y luego negociar la forma en que el terreno pasara a ser del municipio.
La reunión fue el 26 de ese mismo mes. En representación del municipio estuvieron el alcalde y otros funcionarios, mientras que a nombre de CEMA estuvo su director administrativo, Julio Véjar.
Allí descartaron el traspaso gratuito, tal como se había acordado en 1986, y quedaron en que la municipalidad haría una oferta. Tiempo después, cuando alcalde ya había inaugurado las primeras obras de remodelación de la plaza, comenzó la negociación.
Durante tres años se mantuvo a través de comunicaciones informales y esporádicas.
Primero, el municipio hizo una oferta que CEMA rechazó por considerarla muy baja, cerca de los $80 millones. La fundación respondió que no aceptaría un precio inferior al valor comercial del terreno, alrededor de los $ 600 millones, según relata el alcalde.
La municipalidad se negó. CEMA optó entonces por contratar a un corredor de propiedades para que intermediara. La municipalidad señaló en julio de 2015 que no pagaría más que el avalúo fiscal, es decir, $139,8 millones.
CEMA respondió que su precio final sería de 8.380 UF (poco más de $210 millones), como “una deferencia muy excepcional y exclusiva para con dicho municipio”, ya que ya había tomado contacto con otros inversionistas interesados en adquirir la plaza y que estaban dispuestos a pagar más. Fue la última oferta sobre la mesa y desde entonces las tratativas no han avanzado.
«Es vergonzoso, no se puede plasmar de otra forma. Algo que te lo regalan y después lo quieres hacer plata. Sería bueno saber si esas platas están plasmadas en lo que sigue siendo Cema Chile», señaló el alcalde.
El templo donde estaba CEMA
CEMA abandonó el terreno en el centro de Paine hace ya varios años. En 2004 vendió un tercio del paño original a la Iglesia Evangélica Pentecostal, la que pagó $ 20,1 millones.
Actualmente se encuentra emplazado en esa superficie un enorme templo religioso. En el resto del sitio está la plaza.
En 2004 la fundación era protagonista en una de las aristas de la investigación judicial sobre los dineros que la familia Pinochet Hiriart tenía en el extranjero, el llamado Caso Riggs. El entonces ministro de la Corte de Apelaciones, Sergio Muñoz, investigaba si parte de los fondos detectados en distintos países tenían su origen en las arcas de CEMA.
Después de casi una década de indagatorias, en agosto de 2013 el ministro Manuel Valderrama -quien sucedió a Muñoz- sobreseyó de manera temporal esa arista.
A fines de 2015, tras un reportaje que publicó Ciper sobre la venta de los inmuebles de CEMA, los ministerios de Justicia y Bienes Nacionales se coordinaron con el CDE para buscar una vía legal que permitiera recuperar los inmuebles que el Estado entregó a la fundación de Lucía Hiriart en dictadura.
Esa gestión derivó en el recurso que el CDE presentó a la Corte de Apelaciones a comienzos de este año y sobre el cual la corte debe manifestarse en las próximas semanas.
T13 intentó comunicarse con representantes de CEMA, pero desde la sede comunicaron que no había nadie disponible para responder y que el único personal que se encontraba en el lugar estaba a cargo de talleres.
Revise más detalles en la nota de T13
