Al Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, le llueve sobre mojado. Al veto de la Comisión de Salud del Senado, por su responsabilidad en el ocultamiento de la autopsia de Eduardo Frei, se suma ahora una denuncia de que su gestión en el mismo cargo, en el primer Gobierno de Piñera, generó millonarios sobrecostos en 14 obras hospitalarias.
Sumario del Minsal acusa al subsecretario Luis Castillo por irregularidades en 14 obras hospitalarias
por Fernando Vega
Inaugurar 14 importantes obras hospitalarias durante el primer gobierno de Piñera fue la misión que se le impuso al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Cuando hoy regresa al mismo sillón, esa gestión le cobra la cuenta. Un sumario del Minsal lo responsabiliza de graves irregularidades: intervención directa e indirecta con las constructoras para ampliar contratos, no cobrar multas por atrasos, manipulación de cifras para ocultar el aumento de presupuestos, entre otras anomalías.
Vea aquí el detalle de los testimonios de los funcionarios que lo acusan. El sumario no lo sancionó porque Castillo había dejado de ser funcionario público.
“Lo importante es que ya estoy instalado”. Esa fue la primera declaración que hizo a la prensa, en la mañana del viernes 10, el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Luis Castillo. Hasta ese momento reinaba la confusión sobre su nombramiento. Aunque en el cambio de gabinete del día anterior el Presidente Sebastián Piñera había mencionado a la subsecretaria Gloria Burgos entre las autoridades que partían, en La Moneda no se había confirmado a Castillo en su reemplazo. Fue el mismo médico quien tuvo que hacerlo. En un contacto con La Segunda, ratificó que volvía a un entorno que conoce muy bien: ocupó el mismo puesto a lo largo de todo el primer gobierno de Piñera. Y con su retorno, reflotaron las controversias por las gruesas irregularidades de su gestión anterior que han sido objeto de investigaciones.
De acuerdo a lo que el mismo Castillo dijo a El Líbero el lunes 13 de agosto, vuelve con una misión clave: un plan de obras que en ocho años pretende dotar de 2.500 camas nuevas al sistema de Salud. Es precisamente su experiencia en esta área lo que habría convencido al Presidente de ficharlo otra vez. Sin embargo, un documento interno del Ministerio de Salud (Minsal), al que CIPER tuvo acceso, acredita que la gestión de Castillo en infraestructura hospitalaria estuvo plagada de graves anomalías.
En enero de este año se cerró en el Minsal un sumario que determinó que Luis Castillo (independiente cercano a la UDI) jugó un rol crucial en las gestiones que generaron millonarios sobrecostos en la construcción de 14 obras hospitalarias, todas ejecutadas en el primer mandato de Piñera. La investigación estableció la responsabilidad del subsecretario, a quien se le imputó haber actuado “infringiendo los principios de obediencia reflexiva, control, probidad y jerarquía de los actos”.
El sumario estableció que el propio Castillo, o personal bajo su mando, autorizó y negoció ampliaciones de plazos y de obras que favorecieron a constructoras que incumplieron sus obligaciones, evitando cobrar multas y desestimando cancelar contratos.
Las acusaciones son tan graves que el fiscal a cargo del sumario, Bernardo Martorell, recomendó enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el perjuicio al patrimonio fiscal que pudo generarse con la actuación de Castillo y de otros dos implicados: el jefe de Inversiones de la subsecretaría, Peter Ihl, y el encargado de seguimiento y control de proyectos, Waldo Iturriaga. Ambos eran funcionarios de la total confianza del subsecretario Castillo.
Si bien el sumario determinó sin lugar a dudas la responsabilidad del subsecretario, la investigación se cerró sin sanciones. Esto, debido a que se aplicó la prescripción porque Castillo ya no era funcionario público cuando finalizó la indagatoria. Pero ahora, como él mismo dijo, está “instalado” de vuelta.
CIPER revisó en detalle el sumario que contiene declaraciones de más de 20 funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Salud, quienes entregaron sus testimonios a lo largo de los cuatro años que duró la indagatoria. Es una investigación de más de cuatro mil páginas, que da cuenta de cómo diversas decisiones de Luis Castillo, todas tendientes a apurar los plazos y conseguir la inauguración de centros asistenciales bajo el gobierno de Sebastián Piñera, terminaron generando irregularidades y sobrepasando la autoridad de los servicios de Salud regionales.
No es este el único flanco que enfrenta Luis Castillo en su retorno a la primera línea del Minsal. Esta semana la Democracia Cristiana reforzó la ofensiva en su contra, debido a que, cuando se desempeñaba como director del Hospital Clínico de la UC, negó la existencia del informe de la autopsia del ex presidente Eduardo Frei Montalva, documento que era requerido en la investigación por el asesinato del mandatario. La autopsia fue realizada en completo secreto, a espaldas de la familia Frei y ha sido un elemento clave en la investigación de su homicidio.
A través de un comunicado, la DC calificó la designación de Luis Castillo como “impresentable”: “Creemos que la autoridad de gobierno debe ser proba, transparente y ética. Por lo anterior, la Democracia Cristiana rechaza categóricamente el nombramiento”.
A esos dos lunares en su carrera, se agregó otro capítulo escrito por la Contraloría. El año pasado, el ente fiscalizador confirmó que la reducción artificial de listas de espera en el Hospital San José, efectuada en 2013, se produjo durante el período en que Castillo era el subsecretario de Redes Asistenciales.
En 2012, el nombre de Luis Castillo apareció vinculado a una investigación que llevó a cabo el Ministerio Público y que surgió del Caso CAVAL. El foco de esa indagatoria fue una licitación de $3 mil millones que realizó el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), dependiente de la subsecretaría de Luis Castillo. El contrato se lo adjudicó la empresa informática Saydex, que contó con la asesoría de CAVAL, la sociedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero.
En la operación, estuvo involucrado uno de los colaboradores más cercanos a Castillo: el matrón y ex concejal por San Ramón, Nibaldo Mora (UDI). Mora fue jefe de gabinete del subsecretario Castillo y de su mano se convirtió en director del SSMC y luego gerente de Proyecto del nuevo Hospital de Maipú. Tras ser imputado por cohecho, en enero de este año Mora accedió a la suspensión condicional del procedimiento.
Entre abril y diciembre de 2012, CAVAL le prestó servicios de “promoción y marketing” a Saydex por $170 millones. La firma ganó los contratos para instalar sus softwares en las mismas fechas en que Nibaldo Mora era director del SSMC.
El subsecretario Luis Castillo ya ha tenido que dar explicaciones por las irregularidades en la gestión de las obras hospitalarias durante la primera administración de Piñera. Lo hizo el 5 de agosto de 2014, cuando ya había dejado la subsecretaría, ante una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Allí dijo:
“Recibimos una mala herencia y la ajustamos sin estrategias comunicacionales ni políticas. Nos dedicamos a trabajar para resolver lo que los chilenos nos pedían: levantar y corregir aquello posible de hacer y rápido”.
El sumario del Minsal, que llevó el fiscal Bernardo Martorell, llegó a una conclusión totalmente opuesta: las faltas imputadas a Castillo ocasionaron un 10% de sobrecosto en las obras que estuvieron a su cargo.
“MESAS DE TRABAJO”
El 9 de enero de 2018, Bernardo Martorell, el tercer fiscal a cargo del sumario iniciado el 12 de marzo de 2014, cerró la indagatoria. El proceso abarcó toda la gestión de Luis Castillo, entre 2010 y 2014, en la construcción de 14 obras de infraestructura, la mayoría licitadas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
En esa cartera de proyectos estaban los icónicos hospitales de Rancagua, Antofagasta, Pitrufquén y Puerto Montt, además de los consultorios de Dalcahue, Juan Fernández, Alto Hospicio y Chonchi, entre otros. Ninguno se terminó según lo proyectado. Todos, fueron entregados con más de dos años de retraso, cientos de obras adicionales y mayores costos.
Hubo judicialización en al menos cuatro casos y el propio Luis Castillo lideró tres inéditos acuerdos extrajudiciales con las constructoras para sacar adelante las obras, a cambio de no hacer observaciones que implicaran un castigo para las empresas, entre otros compromisos.
En su presentación ante la Comisión Investigadora de la Cámara, en agosto de 2014, el subsecretario Castillo aseguró que su labor se centró en la reconstrucción de la red que quedó destruida tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Además, argumentó que todas las obras nuevas venían con problemas de diseño, lo que justificaría el retraso. Sus declaraciones forman parte del sumario que se cerró en enero pasado.
Los testimonios recogidos por el fiscal Martorell indican que en junio de 2012, en medio de los retrasos que acumulaba la construcción del Hospital de Cañete, a cargo de la constructora Socovesa, el subsecretario Castillo intervino directamente para apurar los trabajos. El hospital se había licitado en 2009 y las partes ya enfrentaban un largo historial de disputas.
El 26 de junio de 2012, en Concepción, se reunieron la directora del Servicio de Salud Arauco, María Rebeco Riquelme; el ingeniero civil René Castro Delgado –en representación de Socovesa– y Luis Castillo. Todos firmaron un inédito Acuerdo de Buenas Prácticas –cuya copia quedó registrada en el sumario– en que el Servicio de Salud se comprometía a seguir cancelando los estados de pago “una vez que se haya recepcionado provisoriamente la obra con o sin observaciones y el estado de pago número 32, una vez recepcionada la obra sin observaciones”.
En ese acuerdo, Luis Castillo “insta a las partes para dar término al proyecto dentro del menor plazo posible y proceder a la entrega e inauguración del mismo”. Además, la empresa accedió a retirar una demanda por pagos que, a su juicio, estaban atrasados y se creó una mesa de trabajo. Desde el inicio de las obras el contrato sufrió tres modificaciones y se aumentó el plazo.
Una situación similar ocurrió en el Hospital de Copiapó. La obra llevaba más de 200 días de demora, por lo que también se instaló una mesa en la que participaron Paola Neumann, directora del Servicio de Salud Atacama; Waldo Iturriaga y la ingeniera civil del Minsal, Graciela Asenjo. Por la constructora Besalco, se integró su gerente de Operaciones de Edificación, Ricardo Fierro; su contralor técnico Miguel Capó y el ingeniero civil Juan Pablo Correa. La empresa aseguró que hizo obras adicionales que no fueron reconocidas, que el Minsal se demoró en demoler el edificio viejo y que aparecieron bloques de hormigón debajo de las fundaciones. Se hicieron tres modificaciones de contrato y tuvo 62 días de retraso.
En Rancagua pasó lo mismo. En 2013, en medio de los retrasos y multas que acumulaba la construcción del Hospital Regional, a cargo de un consorcio formado por la española Comsa, Echeverría Izquierdo y la brasileña OAS -protagonista del mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica- el doctor Castillo intervino directamente para apurar la inauguración del recinto (ver reportaje de CIPER).
En abril de 2014 la sucesora de Luis Castillo en la subsecretaría, Angélica Verdugo, cifró en 10,8% el incremento del valor de las obras en Rancagua, luego de que se otorgaron $1.075 millones para modificaciones. Finalmente, el hospital fue abierto al público en 2016, seis años después de su inicio. Desde su adjudicación en 2009, el proceso estuvo rodeado de acusaciones y sospechas. La fiscalía Centro Norte mantiene en curso una investigación por cohecho y malversación.
Un informe de Guillermo Carvajal, funcionario de la Unidad de Monitoreo de Obras del Minsal, incluido en el sumario, sostiene que a mayo de 2014 la mayoría de las edificaciones “bordean alrededor de un 10% de aumento de costos del valor del contrato original”. El especialista criticó que en el caso de Chiloé los trabajos se entregaron a una empresa sin experiencia en la construcción de infraestructura de Salud. Y acusó que “desde el nivel central se habrían autorizado modificaciones” al contrato que terminaron con aumentos de plazo. Ese nivel central, era la subsecretaría de Castillo.
El informe de Carvajal señala que en Antofagasta se pagaron en exceso desembolsos por sobre el avance físico de la obras. Lo mismo ocurrió en los Cesfam de Calama y Antofagasta, mientras que en Salamanca la empresa a cargo de levantar el hospital, quebró. En la Región de Valparaíso las obras del Cesfam de Juan Fernández terminaron abandonadas y defectuosas. El documento finaliza con Rancagua, consignando que a esas fechas aún se investigaban eventuales menoscabos al patrimonio fiscal en esa obra.
Cañete es otro caso emblemático. En la carpeta del sumario quedó registro de un correo enviado a Peter Ihl por René Castro, gerente general de Socoicsa, la empresa a cargo de la construcción del hospital de esa ciudad:
De: René Castro
Para: Peter Ihl
“Estimado Peter te escribo para indicarte que he decidido aceptar que nos paguen los gastos generales equivalentes solo a 130 días de los 274 días de aumento de plazo que acordamos para la obra del Hospital de Cañete, pese a que nuestro acuerdo original significaba un pago para Socoicsa del orden de 1.000 millones de pesos con IVA y finalmente se nos estaría pagando 745 millones de pesos con IVA. Lo hago sólo por la confianza que hemos desarrollado en estas últimas conversaciones en el entendido de que el subsecretario de redes asistenciales y su equipo –como se dijo en la reunión que sostuve con él y Alejandra Meniconi– nos ayudará y apoyará para que el proyecto salga adelante y el hospital se termine”.
La abogada Meniconi es mencionada por distintos funcionarios que prestaron declaración en el sumario, como “gestora de decisiones” y ejecutora de las órdenes de Peter Ihl y Waldo Iturriaga para acelerar las obras. En la investigación fueron documentadas actuaciones suyas en las construcciones de Rancagua, Puerto Montt, Copiapó, Calama, Chonchi, Dalcahue y Concepción, principalmente.
Cuando fueron llamados a declarar los directores y abogados de los servicios de Salud regionales, coincidieron en que prácticamente todos fueron marginados de la toma de decisiones, a pesar de que formalmente las obras estaban bajo su mando y a que en varias de ellas había fondos de desarrollo regional comprometidos.
“Esto dice relación con una serie de cometidos funcionarios, comisiones de servicios, ordinarios, correos electrónicos y resoluciones que se dictan en cumplimiento de disposiciones que emanan de la Subsecretaría de Redes (que lideraba Luis Castillo), lo que ha venido a constituir una verdadera dificultad para el servicio, por cuanto lo mantiene cautivo en la toma de decisiones durante la ejecución del contrato y luego con el término del mismo”, ejemplificó el director jurídico del Servicio de Salud de Antofagasta, Marcos Bastías.
INFORMES, REPORTES Y AUDITORÍAS
Durante los primeros meses de 2014, todas las obras fueron auditadas. El sumario muestra los informes que llegaron desde diferentes puntos del país dando cuenta de graves incumplimientos de los constructores y del escaso cuidado de los recursos públicos. En la Región de Antofagasta, por ejemplo, las tres obras que se estaban levantado –el hospital de Calama, un Cesfam de la misma ciudad y otro en Antofagasta– estaban prácticamente abandonadas.
“A partir de octubre de 2013 hubo un abandono total de los proyectos por parte de la división (de Infraestructura del Minsal, dependiente del subsecretario Castillo)”, declaró el coordinador de la Unidad de Monitoreo de Obras del ministerio, Pablo Araya Bustos. El profesional aseguró en sus intervenciones que la abogada Alejandra Meniconi, considerada la mano derecha de Peter Ihl, fue la gestora de todas las decisiones que se adoptaron en los distintos proyectos.
En el hospital de Calama, Meniconi intervino con abogados del estudio de Herman Chadwick, declaró Araya. La construcción terminó con un aumento de $12.800 millones por pagos que “distorsionaban el avance físico y financiero de la obra”.
El 2 de febrero de 2013, el Hospital de Pitrufquén mostraba que, transcurridos 57 días desde la entrega del terreno, no había avances.
“No hay administrador de obra, no hay programa de obra, la constructora no ha presentado flujo financiero”, se puede leer en el reporte que hizo la entonces directora del Servicio de Salud Araucanía Sur, María Angélica Barría. Ella acordó con la empresa Corsán Corviam Construcciones que al 29 de abril de ese año todo debía estar regularizado. Pero el acuerdo se lo llevó el viento.
El mismo 29 de abril las obras fueron visitadas por la ingeniera constructora del Minsal, Andrea Varas. Su reporte, registrado en el sumario, es elocuente: “Es sumamente preocupante que transcurridos cuatro meses, equivalentes al 33% del plazo de ejecución, la producción sea inferior al 1%, siendo que lo programado es de un 12%”, señaló en su informe. Y agregó que la constructora ni siquiera contaba con electricidad y operaba con un generador.
El 26 de marzo de 2014, los funcionarios Pablo Araya y Guillermo Carvajal, ambos de la Unidad de Monitoreo de Obras del Minsal, enviaron un memorándum a la subsecretaría informando que en el consultorio de Juan Fernández –construcción que estaba en manos de la Sociedad Ingeniería y Construcción Apoquindo– el retraso era de 98 días y su costo ya sumaba $81 millones adicionales. Todo esto, debido a una modificación de contrato que se autorizó a pesar de que la empresa registraba deudas previsionales con sus trabajadores.
El reporte de las obras del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar fue preparado por Darío Leiva, también de la Unidad de Monitoreo de Obras. Incluido en el sumario, el informe consigna que “el proyecto tiene varias fallas en su diseño, ya sean estructurales, de arquitectura o de instalaciones, las que debieran ser resueltas”. Las obras estaban a cargo de la firma española OHL. En otro informe, el mismo perito contabilizó 25 modificaciones en las obras del Hospital Barros Luco, las que fueron autorizadas por la subsecretaría de Redes Asistenciales a pesar de que aumentarían significativamente los costos.
En abril de 2014, la Contraloría General de la República emitió el informe de su Investigación Especial N°80 referida a las obras del Cesfam Eduardo Ahues de Maipú. En ese documento se reprocha que la adjudicación se realizó sin evaluar las ofertas, la inexistencia de contrato, boletas y libro de obras, el pago de facturas antes del inicio de la construcción, multas por atraso que no se cobraron y la recepción del edificio sin estar terminado.
Abril de 2014 se cerró con otro informe que fue consignado en la investigación del fiscal Martorell: la última modificación al contrato del Hospital de Puerto Montt por obras adicionales generó un aumento de 15,58% respecto del costo inicial. “Lo anterior da cuenta de la desprolijidad con que se ha llevado a cabo el manejo administrativo del contrato, ya que resulta impresentable que con el grado de avance que presenta la obra (90%) existan estos altos costos pendientes de tramitación”, indica el reporte firmado por Andrea Varas.
En esa misma última semana de abril ingresó a la carpeta del sumario otro documento: Rafael Merino, director del Servicio de Salud Reloncaví, pidió al subsecretario Luis Castillo que autorizara $315 millones en pagos por mayores gastos en el Hospital de Puerto Montt y un aumento de 93 días para las obras. El 6 de marzo de 2014, a escasos cinco días del cambio de mando, el jefe de la División de Presupuestos del Minsal, Peter Ihl, aprobó esos gastos.
En su Informe de Auditoría N°5, el auditor del Minsal Jonathan Leiva Escobar entregó un análisis demoledor sobre el estado de las obras en Iquique, Antofagasta y Calama. Según documentó, no tienen “registro único de control de licitaciones ni de las garantías”, y acreditó la inexistencia de documentación que dé cuenta de las funciones, actividades, visitas e informes “que hicieran referencia o alertaran a las autoridades locales o de nivel central sobre las situaciones, atrasos y problemas acontecidos en los distintos proyectos y obras vigentes”.
El 12 de enero de 2015 el sumario registró las primeras conclusiones que dieron pie a perseguir responsabilidades. El diagnóstico era preocupante:
“Pagos que exceden el avance físico de la obras, término anticipado de contratos en los cuales se devolvieron las boletas de garantía, mayor número de obras ejecutadas por sobre lo contratado y en cantidad mayor de lo contratado, fechas de inicio de obras informadas que afectaban directamente el término y provocaban dificultades para la aplicación de multas por atrasos, adjudicación de proyectos a empresas sin experiencia previa, intervención de fichas IDI (de identificación de la obra) del Banco Integrado de Proyectos, entre otras”.
BOLETAS DEVUELTAS
“Un gran porcentaje de esta cartera de inversiones presenta de alguna manera irregularidades administrativas, contractuales, financieras, no se han presentado los presupuestos”. Así resumió el abogado de la División Jurídica del Minsal, Paul Braidot Le Boulenge, la situación de las obras de infraestructura que fueron confiadas al subsecretario Luis Castillo entre 2010 y 2014.
En sus declaraciones en el sumario el profesional denunció que en Chiloé, donde se construían los Cesfam de Dalcahue y Chonchi, se devolvieron las boletas de garantía. Agregó que en el hospital y el Cesfam de Calama se hicieron pagos que excedían el avance físico de la obra. “Esos son los casos más graves”, resumió.
Pero vendría algo más grave. Silvia Tapia, funcionaria del Departamento de Finanzas y Control de Gestión –dependiente de la División de Inversiones de la subsecretaría que dirigía Luis Castillo–, declaró que las fichas financieras de los proyectos fueron intervenidas. Las fichas, que se manejan en línea con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, fueron manipuladas para rebajar las cifras y mostrar artificialmente que no se habían excedido los costos planificados. Ello motivó un cambio en los protocolos de seguridad, lo que implicó limitar el acceso que tenían las autoridades del Minsal a estas fichas.
En su testimonio, Silvia Tapia acusó que ex funcionarios del Minsal –a quienes no identificó– modificaron montos para que no se reflejaran los aumentos de costos en cuatro obras: Hospital de Rancagua, Hospital de Maipú, consultorio de Pozo Almonte y consultorio rural de Pica. En las obras de Maipú, explicó, se rebajaron los ítems “gastos administrativos” y “equipo”. En tanto, en Pozo Almonte se eliminó el ítem “asesoría e inspección técnica”.
En sus conclusiones, el fiscal Bernardo Martorell indicó que hubo injerencia de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres) para mantener los contratos de algunas constructoras, pese a los evidentes problemas que presentaban. El fiscal citó el caso de Calama, donde el entonces jefe de la Unidad de Regiones de la Segpres, Ignacio Guerrero, quien actualmente es subsecretario de Economía, intervino para que no se exigiera a la empresa RVC sus estados financieros como requisito para continuar con las obras. RVC se hizo cargo de las obras tras la quiebra del consorcio original, Comsa Pilasi. A este último no se le aplicaron multas y, para apurar el trabajo, se facilitó la llegada de RVC con al acuerdo de “buenas prácticas” gestionado por Castillo.
“Ha quedado determinado que por parte del subsecretario de Redes Asistenciales de la época, Luis Castillo, se realizaron gestiones directas, pasando por sobre los procedimientos establecidos, especialmente en las negociaciones respecto a la construcción del Hospital de Calama, Hospital de Cañete y consultorios de Chonchi y Dalcahue”, es una de las conclusiones que el fiscal Martorell estampó en su informe.
CIPER pidió una entrevista con el subsecretario Castillo, pero no obtuvo respuesta de la unidad de Comunicaciones de su gabinete.
Cuando en agosto de 2014 se presentó ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Luis Castillo desestimó tener responsabilidad en los atrasos, pagos por ampliaciones de obras y multas no cobradas. Entonces afirmó que solo en circunstancias extraordinarias la subsecretaría podía tomar control directo de una obra. Reconoció, eso sí, que sostuvo reuniones con los responsables de las construcciones:
“Es evidente que en aquellos lugares en que hay edificios y obras de activos fijos de construcción e inversión pública fuimos muchas veces a visitarlos. Allí teníamos reuniones de coordinación y conocimiento con las autoridades locales y también muchas veces necesidad de conocer en detalle con la autoridad de los servicios de Salud lo que estaba pasando con alguna de esas obras”.
Frente a la misma comisión investigadora, el ex ministro Jaime Mañalich respaldó a Luis Castillo y dijo que, por ley, los responsables de las obras eran los directores de servicios y que jamás tuvo conocimiento de alguna actuación especial ni del subsecretario Castillo ni de Peter Ihl.
Fuente: Ciper
