Luego de proponer, y lograr, un acuerdo para no porceder contra SQM, Pablo Gómez, fiscal regional de Valparaíso, solicitó ante Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseer la investigación contra 58 imputados en el caso SQM, fundado en el argumento de que los hechos indagados estarían prescritos.
La solicitud la hizo el viernes, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, para terminar con la investigación en contra de 58 imputados en el caso SQM.
Cabe mencionar que ninguna de estas personas fueron formalizadas por los hechos en los que Gómez pide que sean sobreseídos, por lo que invocar la prescripción equivale a una profecí autocumplida, que en el caso de Gómez, ya ni siquiera llama la atención.
Por lo mismo, un grupo de denunciantes encabezados por el abogado y ex embajador Roberto Mayorga presentará en los próximos días una petición al Fiscal Nacional Jorge Abbott para que remueva del Ministerio Público al fiscal del caso SQM, Pablo Gómez.
La denuncia, que firman también el abogado Mauricio Daza y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago Juan Pablo de la Torre, se refiere a la propuesta que a comienzos de enero detalló el fiscal Gómez, respecto a ofrecer una salida alternativa en el caso donde se investiga a la minera SQM por cohecho, a partir del financiamiento irregular a más de 160 personas ligadas a la política.
La acusación se basa en que Gomez habría vulnerado la Constitución al ofrecer una multa para la empresa en vez de llegar a juicio:
«Cuando en la materia hay más de 160 individuos imputados y/o formalizados por delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política y/o cohecho, todos o casi todos ellos vinculados directa o indirectamente al Congreso Nacional o al Gobierno, esto es, delitos que implican conductas contrarias a deberes y responsabilidades constitucionales y legales de sus autores, evidentemente se ha vulnerado el referido Orden Público, tanto por dichos individuos como por la sociedad que los ha cohechado o financiado ilegalmente», detallan.
«Recordemos que el concepto de Orden Público nos ilustra que éste está conformado por el “conjunto de normas, reglas y principios que regulan el armónico funcionamiento de la sociedad”. ¿No es más que obvio que al comprarse la conciencia de altos personeros vinculados directa o indirectamente al Congreso y al Ejecutivo, para servir intereses particulares y no los intereses del Estado, se ha pervertido el mencionado “armónico funcionamiento de la sociedad”, esto es, el orden público?», se preguntan los denunciantes.
El acuerdo se selló el 27 de enero, y a cambio la empresa se comprometió a pagar $ 2.550 millones (una parte para el Fisco y otra a beneficio de instituciones) y a no ser objeto de otra investigación penal.
Este hecho fue parte de las razones que dieron los ex fiscales del caso Penta Carlos Gajardo y Pablo Norambuena para renunciar a sus cargos el 19 de enero.
Injustificables justificaciones
Volviendo al tema de los boleteros de SQM, iniciada en 2015, la fiscalía persigue presuntos delitos tributarios vinculados a la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas a la minera y sus filiales por servicios inexistentes. Con ese dinero se financiaron campañas políticas.
Según el escrito de Gómez, “en el desarollo de estas investigaciones y de conformidad con los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Público a través de las denuncias y querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), se identificó un grupo de personas quienes emitieron o facilitaron boletas y facturas falsas a SQM S.A., SQM Salar S.A. y SQM Industrial S.A, incurriendo con esta acción en el ilícito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario”.
De acuerdo al documento, el tipo penal imputado contempla una penalidad no superior a los cinco años de presidio menor en su grado máximo, y se califica como un simple delito que prescribe en igual período (5 años) su acción penal.
En el texto se explica que para tomar esta decisión la fiscalía consideró cuatro criterios: la fecha del último documento tributario ideológicamente falso emitido por el imputado; el efecto suspensivo de la prescripción de las denuncias y querellas presentadas por el SII el 2 de abril y 11 de mayo de 2015, el 12 de abril de 2016 y el 16 de abril de 2017; los informes de Policía Internacional para verificar los días en que los investigados estuvieron fuera del país; y el análisis de sus antecedentes penales. Luego de revisar todos estos puntos, el Ministerio Público llegó a la conclusión que respecto a estas 58 personas “la acción penal se encuentra prescrita”.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia para el 22 de marzo a las 10: 00 hrs.
Boleteros impunes
Entre los imputados para los que la fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo está Diego Perry Aldana, representante legal de Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, empresa que en 2013 facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante el Servel el 3 de septiembre de 2013. De acuerdo a la denuncia del SII, del 2 de abril de 2015, Perry emitió en diciembre de 2009 una factura ideológicamente falsa por $ 58 millones a SQM.
También se solicita el término judicial para una serie de personas ligadas al ex presidente Eduardo Frei. Entre ellos, su hermano Francisco Frei, quien, de acuerdo a la querella del SII del 16 de abril de 2017, como representante legal de Inversiones San Nicolás S.A. emitió una factura a la minera el 12 de marzo de 2010 por la glosa “asesoría proyecto de inversión”, por un total de $ 12 millones. También es representante legal de Servicios de Envasado y Bodegaje Limitada, sociedad que emitió una factura de $ 45 millones a SQM el 9 de marzo de 2010, la que fue calificada como falsa por Impuestos Internos.
A ellos se suma la petición de sobreseimiento para el yerno del ex presidente Frei, Pedro Yaconi, representante legal de Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, empresa que emitió una factura a SQM por $ 30 millones, cuestionada por el SII.
Gómez también solicitó lo mismo para la ex contadora de Frei, Clara Bensan como representante legal de Publicidad Los Andes S.A. por una factura ideológicamente falsa a SQM mencionada en la querella presentada por el SII el 16 de abril de 2017. En su caso, sin embargo, ella fue condenada en marzo del año pasado, en un juicio abreviado, por facilitar boletas falsas a través de su empresa Asesores en Gestión Integral Limitada para conseguir aportes para la campaña presidencial de Frei en 2009.
Además, se pidió sobreseer a personas ligadas al círculo de Longueira. Entre ellos, su hijo Jose Tomás Longueira Brinkmann, quien el 21 de agosto de 2009 emitió, según el SII, una boleta ideológicamente falsa a SQM por $ 4.450.333.
Junto a ellos, también aparecen entre los 58 mencionados en el escrito Marco Antonio Quintanilla, dueño de imprenta Imaginarium Ltda., quien fue proveedor de la campaña para senador de Fulvio Rossi en 2009. Además, figura María Valentina Martínez , ex asesora de Rossi.
El abogado querellante Mauricio Daza dijo que “en cualquier causa criminal donde se alega la prescripción, primero se deben investigar los hechos, establecer lo sucedido y después aplicarla, en caso que proceda”.
Agregó: “establecer toda la verdad de lo sucedido es precisamente lo que se ha evitado desde que Gómez asumió la dirección de la causa”.
Pensar que en este país, por robar una gallina, hay condenados a cinco años y un día.
