En los alegatos ante la Superintendencia de Valores y Seguros, la defensa de Julio Ponce Lerou aseguró que el operador de fondos Moneda, Pablo Echeverría, es el autor del informe anónimo que originó la investigación y que forma parte de un plan para arrebatarle el control de SQM. Y sostuvo que se trata de un interés de larga data, que también habría estado en la mira del Presidente Sebastián Piñera. “En los años 2000, 2001 y 2006 fue Bancard quien intentó quedarse con el control», señala en el informe.

Julio Ponce Lerou hace estallar otra granada en caso Cascadas. La semana pasada hizo llegar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sus descargos frente a la acusación que el titular de la entidad, Fernando Coloma, le hizo como supuesto ideólogo de un esquema para triangular acciones de las sociedades cascadas y así obtener ganancias, perjudicando a los accionistas minoritarios.

Y en su alegato, el controlador de SQM no se guardó nada. Acusó al presidente del gestor de fondos Moneda, Pablo Echeverría, de estar detrás del origen del caso como autor del informe anónimo que eventualmente resultó que en agosto de 2012 llegara a la SVS un documento denunciando las operaciones de Ponce y que fue el punto de partida para la investigación de Coloma.

Los descargos de Ponce, a los cuales El Mostrador Mercados tuvo acceso en forma parcial, entregan detalles sorprendentes de la supuesta actuación de Echeverría, hasta ahora desconocidos y que desnudarían el interés de Moneda por lograr el control de las cascadas y parte de un plan para eventualmente ganar control de SQM.

El texto elaborado por los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, aborda la defensa de Ponce indicando que no fue intención original de la SVS investigar el caso, sino consecuencia de las acciones de Echeverría para presionar al controlador de SQM y así, o lograr la fusión de las cascadas o, lisa y llanamente, quitarle el control de la empresa.

“Los cargos formulados en contra de nuestro representado no nacieron espontáneamente como consecuencia del actuar de la Superintendencia. Muy por el contrario, los cargos que nos ocupan tuvieron su origen en una serie de actuaciones desplegadas por el presidente de Moneda don Pablo Echeverría Benítez, quien las lideró. El propósito de estas ‘gestiones’ era presionar a nuestro representado para que fusionara Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, con el objeto de hacer una ganancia de capital millonaria respecto del valor de sus posiciones, pero más importante aún, para intentar obtener el control de SQM”, dicen los abogados, aventurando la tesis de su defensa que luego abunda en escabrosos detalles de la génesis del caso.

Añade que con dichas presiones Moneda pretendió saltarse la Ley de Sociedades Anónimas, la cual, aseguran, impone que la fusión de las cascadas se haga a través de juntas de accionistas. Según Ponce, el camino tomado por Moneda fue ejercer presiones y amenazas de que, si avanzaba hacia la fusión, él recurriría a la superintendencia y todo lo que fuera necesario para alcanzar la ganancia que aspiraban e idealmente controlar SQM.

Luego Ponce inicia el detalle de la intrincada historia. Señala que a comienzos de 2012, el “grupo” que lidera Pablo Echeverría –que según señalan distintas fuentes vinculadas al caso y que han comentado el punto en distintas ocasiones, incluirían a las AFP y ejecutivos y accionistas ligados a Consorcio, el socio minoritario de Moneda– elaboró el documento anónimo que describía como irregulares algunas de las ya conocidas operaciones de compra y venta de acciones en que participó Ponce y otros ejecutivos y asesores. “Los redactores de este documento se cuidaron de no dejar huella acerca de su autoría pues no tenía firma ni membrete”, dice el documento de Ponce.

Sin embargo, los abogados de Ponce relatan que no todas las huellas de Echeverría en estas acciones fueron borradas. Asegura que en marzo de 2012, el director de Moneda, Raimundo Valenzuela Lang –conocido en el mercado como “Paila”–, entregó el documento anónimo a Pablo Guerrero Valenzuela, en ese entonces abogado de Ponce Lerou, pero también director de las sociedades cascadas y del propio Moneda.

Guerrero es socio del estudio de abogados Barros y Errázuriz, que por años ha trabajado con el grupo SQM y que tiene fuertes vínculos con la corredora LarrainVial, cuyo presidente Leonidas Vial tuvo, según la SVS, en un rol “instrumental” en una parte de las cuestionada operaciones de Ponce.

Labarca y Parodi relatan que el objetivo de Echeverría era que Guerrero hiciera llegar el documento a Aldo Motta Camp, el gerente general de las sociedades cascadas y que éste concluya la cadena traspasándola a Ponce Lerou.

Todo esto, aseguran los abogados en el documento, ocurrió.

En la parte de los descargos a que tuvo acceso este medio se detallan las gestiones de Echeverría. “Días después de entregado este documento anónimo, don Pablo Echeverría llamó por teléfono para tener una reunión –ya habían tenido dos anteriores–, a lo cual nuestro representado accedió trasladándose a las oficinas de Moneda. En dicha ocasión, de manera categórica se le hizo saber al señor Echeverría que el documento anónimo –un verdadero panfleto– no tenía ningún asidero, explicándole el sentido y la justificación de las operaciones cuestionadas. Sin embargo, el presidente de Moneda insistió con sus amenazas de que recurriría a la Superintendencia y a todas las instancias necesarias para obtener la fusión. O sea, el apetito por obtener esta ganancia ilegítima y el control de SQM era ilimitado. También le hizo presente que detrás de él había personas muy influyentes. Existen testigos de esta conversación”, dice el documento.

Esta parte abriría una compleja arista en el caso, pues la SVS estaría obligada a verificar si estas acciones de Echeverría ocurrieron y a citar a testigos para confirmar lo que Ponce está denunciado.

El presidente de SQM también lanza otro dardo hasta ahora desconocido. Asegura que del “panfleto” –como denomina el documento anónimo que, asegura, preparó Echeverría– y de las conversaciones relatadas dio cuenta en un directorio de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera.

Cita parte del acta que la sesión del directorio de Norte Grande el 9 de agosto de 2012. “Hizo uso de la palabra el presidente, quien señaló que daría lectura a su respuesta relativa a las intervenciones del señor Pablo Echeverría en la pasada junta extraordinaria de accionistas, solicitando dejar en actas una transcripción de la misma…”, comienza el relato del acta.

Y continúa: “… Hace aproximadamente seis meses, el señor Pablo Echeverría se contactó con el suscrito, para transmitirme su personal percepción respecto de determinadas operaciones que esta sociedad habría realizado legítimamente durante el ejercicio 2011. En su particular opinión, las referidas operaciones habrían sido realizadas en perjuicio de los accionistas minoritarios. En su exposición, el señor Echeverría agregó que en virtud de lo anterior efectuaría una denuncia a la SVS, con el fin de que dicha entidad inicie una investigación y aplique las sanciones que fuesen del caso. Sin embargo, me manifestó también que estaría dispuesto a no formular denuncia alguna, en la medida que en mi calidad de presidente de ambas compañías tomara la iniciativa de fusionar Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. con Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.”, indica parte del relato que hace el texto de los abogados de Ponce, aludiendo al acta de Norte Grande.

Continúa, según indica el descargo de Ponce, con lo que habría señalado el empresario en presencia de los directores de la cascada. Allí indica que le señaló al directorio que frente al planteamiento de Echeverría le manifestó su total rechazo y que le aclaró que no estaba disponible para ese tipo de presiones “indebidas”, además de que no tenía inconveniente en que hiciera las denuncias que quisiera. “En los meses siguientes, el señor Echeverría ha persistido en sus infundadas pretenciones, contactándome vía correo electrónico, como asimismo a través de terceras personas”, revela el texto de Labarca y Parodi.

De acuerdo al documento, fue luego de las conversaciones de Ponce y Echeverría que este último habría acudido a la SVS con sus acusaciones. Pero esto no habría puesto fin a las negociaciones. Ponce relata que, tras eso, siguieron las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo pero siempre con similares intenciones por parte de presidente de Moneda y con la amenaza de que sería “sancionado” por la autoridad. “Obviamente, tan aberrante propuesta fue rechazada”, dice Ponce.

En otra parte del documento la defensa del empresario sincera el embrollo de fondo que oculta el escándalo empresarial más grande de los últimos años: “… no hay que ser muy agudo para darse cuenta que aquí se está en presencia de un conflicto entre partes en que la disputa está centrada en las pretensiones económicas de un grupo de empresarios que merced a la intervención de la Superintendencia pretende satisfacerlas. ¿O creerá ese Superintendente que la denuncia igual se hubiera interpuesto si nuestro representado hubiera accedido a la fusión? La Superintendencia se encuentra al medio de una disputa por el control de SQM”, señala el documento.
Piñera al ruedo

No es primera vez que Ponce ataca a Moneda y las AFP. En los últimos meses ha denunciado ante la SVS que Moneda tiene una estrategia de influir a través de los medios manipulándolos para así afectar el precio de las acciones de las cascadas, comprando en paralelo sus acciones. Ha denunciado que Echeverría y otros socios de Moneda y Consorcio –entre ellos Patricio Parodi y Juan Bilbao– han hecho operaciones de compraventa de acciones de las cascadas.

Su último ataque fue contra el propio Presidente Sebastián Piñera, a quien acuso de intervenir en el caso teniendo conflictos de interés por haber sido actor destacado en algunas operaciones de las que abordó la SVS en su investigación y por presumiblemente tener aun acciones de Norte Grande y Oro Blanco, las que supuestamente Piñera no conoce, pues están en un fideicomiso ciego que administra justamente Moneda Corredores de Bolsa, algo que no ha desmentido ni Moneda ni el propio Piñera. El mandatario afirmó hace unos días que no sabe qué inversiones están en dicho fideicomiso, algo que suscribió Coloma al decir que el Presidente no puede saberlo.

En sus descargos, Ponce vuelve a atacar a Piñera, recordando que su sociedad de inversiones, Bancard, ya tuvo en la mira a SQM. “Este interés por arrebatar el control de SQM es de larga data. Así por ejemplo, en los años 2000, 2001 y 2006 fue Bancard quien intentó quedarse con el control. La minera canadiense PCS también ha pretendido el control en diversas oportunidades”, dice el texto.

Los abogados luego apuntan al rol de la SVS en este caso y no dudan en acusar la parcialidad con que, consideran, está actuando al frente de la investigación. Afirman que Moneda y el grupo que dice lo secundan para “desesperadamente alcanzar el control”, han puesto a la Superintendencia en el medio de la disputa.

“Aquí lo que se pretende es ‘sacar las castañas con la mano del gato’. Desafortunadamente, la actuación de esa Superintendencia ha demostrado que ha tomado partido por una de las partes del conflicto, y que hoy tiene una idea preconcebida en orden a sancionar a nuestro representado sin importar los argumentos. Este procedimiento sancionatorio ha sido un ejemplo de la falta de imparcialidad que proscribe nuestro ordenamiento jurídico”, disparan sin tapujos.

Luego afirman que Ponce debe ser absuelto de los cargos con los que le acusaron “por muy sesgada que haya sido la formulación de los cargos” y se adentran en desacreditar durante el informe de cargos de Coloma.

Afirman que “la teoría del ‘esquema’, que es el fundamento único de los cargos, es una teoría especulativa que no tiene sustento en los hechos, y que lisa y llanamente no existe”, ya que la SVS para justificarlo “se basó única y exclusivamente en su teoría del ‘esquema’, teoría que resulta antijurídica por donde se la mire”.

Esto, porque aseguran, Coloma debió fundar sus cargos en “hechos ciertos y probados”, dado que las leyes obligan a que existiendo la presunción de inocencia para Ponce la SVS debe formular cargos no sólo amparado en una teoría sino que demostrar con hechos, que se violaron las leyes –del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas– y que el presidente de SQM tuvo participación concreta en dichas infracciones.

“Sin embargo, la mera lectura de los cargos demuestra que ellos se basaron en meras especulaciones y suspicacias merced a las cuales la autoridad elaboró una teoría, esto es, algo hipotético desvinculado de la realidad de los negocios y de lo que ocurrió en la práctica. Y ocurre que las autoridades no tienen facultades para sancionar en base a meras teorías. Muy por el contrario. Para formular cargos, ese Superintendente debió haberse fundado en hechos fehacientemente probados a través de medios de prueba indubitados, de modo que no haya existido duda alguna acerca de la responsabilidad de nuestro representado. ¿Podrá cumplir con este estándar una mera teoría? ¿Cumplirá con este estándar la teoría del ‘esquema’?”, inquieren sugerentemente.

Los descargos también abordan numerosas operaciones de compra y venta de acciones en las que participaron las AFP, las cuales no le habrían provocado pérdidas sino ganancias y superiores a las que dice la SVS tuvo el propio Ponce.

Las denuncias que hace Ponce contra Moneda abren una caja de pandora sobre lo que eventualmente puede haber detrás del caso Cascadas, situación que pone en una compleja situación a Fernando Coloma, quien debe decidir si investiga lo que Ponce alega. Y al propio Echeverría, por las graves acusaciones que le hacen respecto a las gestiones que habría realizado para alcanzar el control de SQM.

Fuente: El Mostrador

Ponce Lerou instala a Piñera al centro del caso Cascadas y cuestiona independencia de la SVS

por Iván Weissman y Héctor Cárcamo

En presentación formal ante el organismo fiscalizador, el controlador de SQM dice que Piñera aún mantendría una participación en las sociedades a través de la corredora Moneda. Bancard rechaza las acusaciones. En juego está el control de SQM.  

Julio Ponce Lerou instala una bomba política en el caso Cascadas. El empresario, que controla SQM a través de diversas sociedades, dio el miércoles el paso más decidido en su estrategia para enfrentar los cargos que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le formuló en septiembre pasado. Esos cargos son por las operaciones con las sociedades cascadas que conforman la cadena de control de Soquimich.

Esta vez, su ataque fue directo contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a quien acusa de haber participado en algunas de las operaciones incluidas en la investigación de la entidad que dirige el titular de la SVS, Fernando Coloma, deslizando de paso que los intereses del Mandatario en el caso provocaron su intervención ante la SVS, quitándole a esta la independencia necesaria para  investigar el asunto.

“Es la jugada más audaz de Ponce y, de ser cierta, avala el argumento de su entorno de que esto en el fondo es una pelea por el control de SQM y que Piñera está detrás”, dice una fuente que no está ligada al caso, pero que lo conoce en detalles. “Es muy difícil de probar, pero Ponce sabe que poner al Presidente en el banquillo obligará a todas la partes a mostrar sus cartas”, explica.

En un documento reservado que ingresó a la SVS y al cual El Mostrador Mercados tuvo acceso, el controlador de SQM dice que Piñera participó en al menos tres de las operaciones incluidas en el oficio de formulación de cargos de la SVS. En este plantea que el Presidente aún mantendría una participación en dos de las sociedades –Oro Blanco y Norte Grande– a través de Moneda Corredora de Bolsa y cuestiona la independencia del superintendente Fernando Coloma para liderar la investigación.

En la presentación, que está firmada por los abogados de Ponce, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, se pide una serie de antecedentes e información en relación a la participación de las sociedades del Presidente de la República en las operaciones de las Cascadas y los detalles del fideicomiso que firmó con Moneda Corredora un año antes de asumir el cargo de Primer Mandatario.

Finalmente, solicita que, mientras no se entregue dicha documentación, “se suspenda el procedimiento sancionatorio, y en particular, el plazo para presentar los descargos correspondientes” a Ponce Lerou. También le pide a la SVS que se pronuncie con “máxima urgencia”, recordando que el plazo para formular sus descargos vence el próximo 29 de octubre.
Las operaciones cuestionadas

El oficio de formulación de cargos de la SVS del 6 de septiembre pasado realizó un detallado seguimiento a las transacciones de acciones de las sociedades cascadas, incluidas las que eran controladas en su totalidad por Ponce Lerou. Así, la primera transacción de acciones es la del 12 de mayo del 2008, donde Oro Blanco compra 151,22 millones de acciones de Pampa Calichera (esta última es la sociedad que invierte directamente en SQM, siendo Oro Blanco la controladora de Pampa), tras pagar US$ 159 millones.

Luego, la SVS relata que el 22 de mayo, diez días después, Norte Grande (que controla Oro Blanco) compra 1.900 millones de acciones de Oro Blanco en US$ 26,7 millones. Finalmente, el mismo 22 de mayo de ese año, SQYA –que días antes había pasado a ser controlada en un 100% de forma indirecta por Ponce Lerou– compró 1.986 millones de acciones, tras pagar US$ 26,99 millones.

En el oficio de formulación de cargos, Fernando Coloma incluye estas y otras operaciones de 2008 como el punto de partida de la seguidilla de compras que hacen estas Cascadas hasta 2011, periodo en el cual, según la investigación, se produjo daño a los accionistas minoritarios de dichas sociedades. Sin embargo, el regulador no incluye estas compras relatadas del año 2008 entre las que habrían sido parte del esquema de transacciones que lideraba Ponce junto a Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc y donde también participaron con sociedades instrumentales la corredora Larraín Vial y su presidente Leonidas Vial.  

El punto es que las tres operaciones en que los compradores fueron sociedades presididas y controladas por Julio Ponce Lerou, el vendedor fue el actual Presidente de la República. A través de Axxion, Bancard y Santa Cecilia (esta última en la tercera venta), Piñera habría recaudado unos US$ 213 millones. Por cierto, el intermediador al igual que en muchas de las operaciones criticadas por la SVS, fue LarrainVial.

Los abogados de Ponce reclaman que la SVS no revela el nombre del vendedor, no hace ningún comentario al precio al cual fueron transadas dichas acciones y tampoco cuestiona la modalidad en que inscribieron, difundieron y ejecutaron las operaciones en la Bolsa, características que habrían sido similares a las que ocurrieron de 2009 en adelante y que la SVS las utiliza para acusar al controlador de SQM. De hecho, aseguran que los precios a los que se ejecutaron fueron entre un 8% y un 34% superiores (en la venta del 12 de mayo de 2008) a los que serían si se calcularan de acuerdo a los parámetros que la SVS utilizó para cuestionar los remates hechos a partir del año 2009. La diferencia es de 19% a 35% para la segunda transacción y de 26% a 39% para la tercera.

Desde la sociedad de inversiones Bancard, Nicolás Noguera es tajante en rechazar las imputaciones de Labarca y Parodi.

“Las transacciones no son comparables, porque el vendedor (Piñera) no tenía relación alguna ni con el control ni con el directorio ni con la administración de la compañía, tampoco existían terceros minoritarios que se pudieran ver afectados de manera alguna. Respecto del precio, en las transacciones del 12 de mayo este fue un 5% superior al precio de cierre anterior, precio totalmente en rango con el mercado y atractivo para cualquiera que quisiera adquirir una posición de ese tamaño. El precio y ese 5% de premio son absolutamente normales para alguien que estaba buscando consolidar el control de una empresa”, dice Noguera.

La presentación de los abogados de Ponce es vista por sus críticos como una maniobra desesperada frente a la contundencia que tendrían los cargos y la investigación de la SVS.

Para ellos, la denuncia de Ponce sigue una línea de acción que antes incluyó presentaciones contra Moneda y luego contra las AFP, en cuanto a asignarles participación en los remates que la SVS cuestiona y que, a juicio de Ponce, son normales en el mercado.

Sin embargo, los detractores de Ponce advierten que el motivo por el cual la SVS no incluyó las operaciones en que Piñera vendió acciones de las Cascadas, fue porque estas no fueron parte del entramado de compra y venta de papeles que, a juicio de la SVS, Ponce organizó con Guzmán, Le Blanc, Motta, Contesse Fica y donde también fue relevante la actuación “instrumental” de León Vial y su corredora LarrainVial.
El fideicomiso de Piñera

“Como Presidente me he preocupado del tema (Cascadas) para que se haga lo que se tiene que hacer, investigar, si corresponde, sancionar y tratar de compensar el daño causado”.

La frase del Presidente Piñera en una entrevista a la Radio Bío Bío el 15 de octubre pasado es clave para los abogados de Ponce Lerou. En la presentación ante la SVS señalan que, según la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, se establece que es “especialmente contrario al principio de probidad” el “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad” al funcionario de que se trate. El documento agrega que “las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos…”.

Los abogados señalan esto para luego recordar que, según un dictamen de la Contraloría del 22 de agosto de 2013, se recalcó en relación a la norma más arriba indicada que tiene como objetivo “impedir que tomen parte en la resolución, examen o estudio de determinados asuntos o materias aquellos funcionarios que puedan verse afectados por un conflicto de interés en el ejercicio de su empleo o función, en virtud de circunstancias que objetivamente puedan alterar la imparcialidad con que éstos deben desempeñarse, aun cuando dicha posibilidad sea sólo potencial, para lo cual deberán cumplir con el referido deber de abstención”.

Para Labarca y Parodi, la declaración de Piñera reconociendo que intervino ante la SVS y conoció del caso Cascadas, es evidencia de que influyó en la labor de Coloma.

Y el que hubiera tres operaciones de 2008 donde participó Piñera y que fueron parte de la investigación de Coloma es, a juicio de ellos, argumento importante para cuestionar la investigación.

Pero dan un tercer antecedente para cuestionar a Piñera y Coloma.

En su presentación, plantean que hay evidencia que apunta a que Piñera no habría dejado completamente la propiedad de las sociedades Cascadas. Esto, porque luego de vender sus acciones en Pampa en 2008, el actual Mandatario informó el 29 de abril de 2009 que traspasaba a un fideicomiso ciego las inversiones que mantenía a través de Bancard y Santa Cecilia, los que fueron asumidos para ser gestionados por Bice, LarrainVial, Celfin y Moneda.

A esa altura, Piñera tenía alrededor de un 2,6% de Norte Grande y 1,2% de Oro Blanco. Según los abogados, hoy Piñera –a través del fideicomiso ciego– seguiría teniendo dicha participación, lo cual no es posible verificar dado que los contratos firmados por Piñera ante las instituciones financieras señaladas no son públicos, excepto el que mantiene con LarrainVial.

En Radio Bío Bío, ante la pregunta de si mantenía propiedad en las cascadas, Piñera respondió que: “Habíamos vendido esas acciones y el resto fue todo a un fideicomiso ciego mucho antes que yo asumiera como Presidente, un año antes y, por lo tanto, a partir de ese instante yo me desligué totalmente de la administración de los activos financieros chilenos”, dijo en ese momento.

Al parecer todos entendieron que lo que el Presidente dijo en ese momento es que ya no tenía acciones de las Cascadas. Sin embargo, lo que hizo en 2009 fue traspasar sus acciones al fideicomiso ciego, no venderlas. Por ende, si los gestores financieros no han vendido hasta ahora esos papeles, Piñera seguiría siendo accionista de ambas sociedades.

En todo caso, los contratos señalan claramente que desde ese momento el Mandatario no puede tener conocimiento del destino de sus inversiones. Así lo reafirma Noguera: “Nosotros en mayo de 2008 vendimos una parte muy importante de nuestra posición en las sociedades cascada, la parte que teníamos en abril de 2009 fue traspasada íntegramente a los fideicomisos ciegos. Cuando Sebastián asume la presidencia habíamos o vendido o traspasado a los fideicomisos todas nuestras acciones un año antes y dado eso ni él ni nadie puede haber sabido si en ese minuto éramos o no accionistas de las sociedades cascadas, cumpliéndose de esa manera el objeto por el cual se hicieron los fideicomisos”, explica.

En cualquier caso, las palabras de Piñera son vistas por sus críticos como un paso en falso, dado que por prudencia política no debería haber intervenido en el caso ante la SVS.

Aún más, la investigación de la SVS revela que en 2008 antes que Piñera vendiera sus acciones, su representante en el directorio, Juan Luis Rivera, quien siguió algunos meses después en ese cargo, fue el único que rechazó los aumentos de capital aprobados a principios de abril de 2008, destinados a financiar inversiones y pago de deudas. Dichos aumentos de capital fueron cuestionados en su lógica económica por la SVS en los cargos a Ponce.

Al cierre de esa nota Moneda Corredora de Bolsa no había respondido las consultas planteadas por El Mostrador Mercados.

Consultado formalmente sobre el tema, el Gobierno precisó que había que remitirse a las declaraciones del Presidente Piñera en Radio Bío Bío el martes 15 como la versión oficial al respecto.

Debido a esto, los abogados de Ponce cuestionan la independencia de Coloma. Dicen que el interés que tendría Piñera en el caso “podría restar imparcialidad a ese superintendente para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla”.

El antecedente sobre la participación de Piñera, además, es visto en el mercado como parte de una disputa sobre el control de SQM, ya que la situación de Ponce y la debilidad financiera actual de las Cascadas –y de SQM, por el fin del cartel del potasio en Rusia– podría abrir la puerta al ingreso de inversionistas extranjeros o locales a la propiedad. Las voces apuntan también a que Piñera (después de salir de La Moneda) o inversionistas cercanos a él, podrían querer participar en la puja por la empresa.

Los descargos de Ponce Lerou ponen de forma inédita al Presidente de la República al centro del caso más polémico que ha golpeado el mercado financiero chileno desde el caso Chispas y eleva la temperatura en lo que muchos consideran es una batalla en la que está en juego el control de SQM.

Fuente: El Mostrador

Apuntan a Leonidas Vial por posible repartición de beneficios con Ponce Lerou

«Es natural sospechar cuando vemos una estructura fraudulenta que ha operado durante años y que involucra a las mismas personas”, dijo Mauricio Daza, quien en 2012 presentó una querella contra el controlador de SQM por operaciones similares a las que le significaron ser objeto de cargos por parte de la SVS.

El abogado Mauricio Daza, quien patrocina a un pequeño accionista que el año pasado se querelló contra el controlador de Soquimich (SQM), Julio Ponce Lerou, por operaciones similares a las que llevaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a presentar cargos contra este último en el denominado caso de las sociedades Cascadas, está siguiéndole la pista a los beneficios que los ejecutivos involucrados habrían obtenido de estas operaciones y que cree fueron a parar a un paraíso fiscal.

Entrevistado por el vespertino La Segunda, Daza no dudó en apuntar a la corredora LarrainVial, y específicamente a su presidente, Leonidas Vial, entre quienes habrían sido objeto de dichos beneficios.

“Hay un beneficio evidente: las comisiones que se cobran por estas operaciones. Pero habrá que determinar también cuál fue el beneficio para Leonidas Vial en específico y si éste fue compartido de alguna forma con Julio Ponce Lerou a través de operaciones que se hayan podido realizar tanto en Chile como en el extranjero, por las sociedades que cada uno de ellos controla”, sostuvo.

El abogado agregó que “muchos de los palos blancos que compraban a un precio artificialmente bajo y vendían a precio artificialmente alto obtuvieron una ganancia y esa ganancia pudo haber sido, en forma completa o en parte, repartida con alguna de las sociedades cascadas o con alguno de sus dueños. Obviamente no en Chile, sino probablemente en algún paraíso fiscal. Tener sociedades en paraísos fiscales como las Islan Vírgenes y las Islas Caimán es una práctica habitual, normal y lícita, y todas aquellas personas en Chile que tienen grandes patrimonios cuentan con alguna. No tenemos los nombres, pero las estamos tratando de identificar”.

Señaló al respecto que “es natural sospechar cuando vemos una estructura fraudulenta que ha operado durante años y que involucra a las mismas personas”.

Sobre por qué con su cliente optó por la vía judicial, afirmó que “la única forma de obtener una sanción eficaz respecto a estas conductas es la sede penal, y tiene el efecto de prevenir que otras personas se vean tentadas a cometer este tipo de ilícitos. Las sanciones que ha aplicado la SVS llegan tarde; son insuficientes y a lo más aplican multas que se pagan con una fracción de lo obtenido en las operaciones cuestionadas, con lo que cualquiera podría asumir ese valor como parte del costo de estos fraudes”.

Finalmente señaló que “la Ley de Mercado de Valores, en cambio, contempla penas que van desde los 541 días a los 10 años de cárcel. Aplicarla es el desafío de la fiscalía y su unidad de alta complejidad, que a partir de su historial tiene mucho que demostrar en esta causa”.

Los 4 puntos en que coinciden las defensas de los involucrados en el caso Cascadas

La semana pasada las defensas de Julio Ponce Lerou y los otros tres ejecutivos involucrados en el caso Cascadas presentaron sus descargos. Si bien cada uno lo hizo desde su propia perspectiva, existen cuatro argumentos comunes que conectan sus defensas, informó el diario Financiero.

Los descargos llegan a casi dos meses de la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto Guzmán Lyon por  presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores.

Conoce cuáles son los argumentos en los que coinciden y con los que buscan evitar las sanciones que arriesgan:

No existe un “esquema de operaciones”

“El regulador construyó el denominado esquema en base a supuestos manifiestamente errados”. Así lo asegura la defensa de Roberto Guzmán Lyon, para descartar la existencia del cuestionado esquema de operaciones. Por su parte, Aldo Motta asegura que “jamás me he concertado ni he sido parte de algún acuerdo destinado a crear oportunidades de negocios”.

En tanto, los descargos de Ponce Lerou argumentan un “un desconocimiento total del mercado bursátil”, esto se basa en las hipótesis de que las 20 horas de difusión de los remates y el hecho de que fueran colocados en un solo lote indivisible, habrían impedido la participación de terceros y la maximización económica de la operación.

Análisis de precios errados

La defensa de Ponce Lerou sostiene que el “referente de precio de mercado” que se utiliza en la teoría del esquema “no resiste análisis económico”, ya que asegura es un “error técnico de proporciones” y recalca que la “tesis no tiene ningún fundamento”.

“Según los cargos, para la autoridad el precio de mercado es el promedio ponderado de los últimos 15, 30 y 60 días bursátiles previos a la operación. Esto es simplemente una aberración desde el punto de vista económico”, agrega. Por su parte, la defensa de Guzmán Lyon ejemplica que el Ipsa varía en promedio un 0,74% por día, y un 2,8% en promedio para un intervalo de 10 días.

Descartan perjuicios económicos

Las defensas coinciden en que las sociedades cascadas se habrían visto beneficiadas con las operaciones. La defensa de Motta, dice que “ninguna afectación al interés social de las Sociedades Cascada fue afectado en este caso, sino que contrario a ello, NG salió ampliamente beneficiado, cuestión que una vez más la SVS omite“.

En tanto, en sus descargos, Patricio Contesse Fica dice que “todas las operaciones que efectué, tanto de financiamiento como de adquisición de acciones SQM, se realizaron en condiciones que no sólo fueron de mercado, sino que también eran convenientes para la compañía”.
La responsabilidad de las corredoras

“La ejecución de las órdenes dadas por los clientes en la Bolsa de Comercio es de exclusiva responsabilidad de quienes tienen la calidad de Corredores de Bolsa”, plantea la defensa de Guzmán en una parte de la arremetida contra el rol de las corredoras en el caso.

Al respecto, la defensa de Motta asegura que “bien sabe el superintendente que la decisión y responsabilidad acerca de la forma y procedimiento en que debe llevarse adelante una operación bursátil queda radicada en el corredor de bolsa y no en el mandante”.

Agrega que los remates de acciones en que participaron las sociedades cascada en calidad de mandantes se “inscribieron y difundieron al mercado en cumplimiento estricto de la normativa”. Y sostiene que de no haber ocurrido esto, “la responsabilidad de tal infracción no es del mandante, sino de quien ejecuta la orden, esto es, del corredor”.