A pesar de que era una de las prioridades legislativas del gobierno, el proyecto que establece penas de cárcel para la colusión fue postergado para marzo. Una muestra adicional de que quienes sobornan parlamentarios son tratados con guante de seda. Ya se sabe: el que paga las mentas…
La historia oficial dice que los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no alcanzaran acuerdo respecto de si la acción penal se pueda iniciar durante el proceso o una vez que éste sea fallado por el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia.
El hecho es que los honorables decidieron postergar la discusión del proyecto para la primera semana de marzo.
La semana pasada la Comisión de Economía del Senado había despachado la iniciativa a la Comisión de Constitución, para luego ser votada por la Sala.
La Comisión de Economía había una indicación que permite que el litigio de carácter penal solo se inicie una vez terminado el de defensa de la libre competencia.
En cuanto a la delación compensada, se respaldó en esa instancia que el primer delator sea eximido de la pena de cárcel. Respecto del segundo, se aprobó reducir la pena en un grado. Con todo, siempre el segundo y el resto de los coludidos deberá pasar a lo menos un año en la cárcel.
En el ámbito de las sanciones penales, la iniciativa contempla penas de cárcel de entre 5 años y un día y 10 años para los infractores. Asimismo, se establece que los involucrados no podrán acceder durante un año a beneficios alternativos al cumplimiento de penas. Esta regla es similar a la aprobada en la Ley Emilia y busca que los responsables cumplan efectivamente la sanción aflictiva durante dicho periodo.
Del mismo modo, en el ámbito civil, se establece que las empresas involucradas las deberán pagar multas por un monto que ascenderá al doble del beneficio obtenido por la colusión -análisis que estará a cargo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)- o en caso de que no se pueda calcular, el 30% de las ventas brutas del periodo de tiempo en que se concretó el ilícito.
Esto luego que en su última sesión, los legisladores no llegaran a un acuerdo respecto del artículo 61 relativo a las sanciones penales. La discusión se extendió por más de una hora, tras lo cual el presidente de la instancia, el senador Alfonso De Urresti solicitó un alto para negociar con el Ejecutivo y los propios legisladores, el curso de la votación.
Luego de 40 minutos de receso, la Comisión acordó invitar a dos académicos al próximo encuentro que se llevará a efecto, tentativamente, el miércoles 2 de marzo. La idea es despachar dentro de ese mes la iniciativa, con rapidez pero sin la premura que ha impulsado el Gobierno en los últimos días, de acuerdo a lo que han expresado los propios congresistas de Constitución.
Tras la jornada, el senador De Urresti argumentó la decisión de este grupo parlamentario.
“Creemos que es necesario escuchar a profesores que nos ilustren respecto de la necesidad de investigar lo relativo a la defensa de la libre competencia y a la vez la arista penal. Por unanimidad, la Comisión acordó dejar esto para marzo”, explicó junto con confesar que existe una propuesta de cambiar el nombre a la norma bautizándola como “Eliodoro Matte”, en alusión al cartel del papel confort.
“Queremos establecer en qué momento es oportuno establecer la acción penal por parte del Ministerio Público. Esta propuesta viene de la FNE y el Ministerio Público y ellos están a favor de que una vez concluido el juicio de defensa de la libre competencia, exista el penal. Nuestro interés es que ello se haga de la mejor manera, por eso vamos a consultar a expertos para ver la realidad de otras naciones también”, aclaró.
