El senador independiente Alejandro Guillier ha advertido a los chilenos sobre aquellos reiterados delitos cometidos por carabineros en relación a la extraña desaparición de su armamento personal y hasta de una asociación ilícita entre los uniformados para entregar o vender armas de fuego a delincuentes y narcotraficantes.
Al mismo tiempo, denuncia que el gasto en la adquisición de municiones es demasiado alto y no existe un arqueo de lo que efectivamente se usa para realizar su labor “disuasiva” cuando, además, se sabe que esta policía decomisa más de doscientas armas ilegales que terminan “perdiéndose” en las bodegas de la institución sin registro alguno.
Al país le consta, además, que desde el término de la Dictadura (hace treinta años) la institución Carabineros de Chile no ha sido mayormente intervenida por las autoridades, después de que sus efectivos se caracterizaran por haber practicado el terrorismo de estado en delitos que hasta ahora conmueven a la población y que obtuvieron, finalmente, altos grados de impunidad. Millonarios han sido, además, los desfalcos fiscales cometidos por la alta oficialidad, así como los casos de corrupción que han podido destaparse gracias, principalmente, a la acción del buen periodismo.
Para colmo, son también muchos policías los involucrados en estas últimas décadas por el horror de sus operativos para combatir la que llaman “insurrección terrorista” de la Araucanía, reprimiendo sin criterio alguno las protestas sociales, al grado que hoy sus “servicios especiales” se distinguen por ser uno de los más fieros del mundo, así como culpables de vaciarles las cuencas de sus ojos a decenas de jóvenes. Llegando al extremo de lanzar al río Mapocho a uno de los manifestantes dentro del Estallido Social de fines del 2019.
En estos días ya se sabe la condena de ocho carabineros por el asesinado del comunero mapuche Matías Catrillanca, una operación que los comprometió como autores intelectuales, materiales y cómplices que incluso intentaron ocultar información y tergiversar los hechos, obstaculizando por largos meses la acción de los tribunales.
La misma complicidad de la clase política con las Fuerzas Armadas y su extendida corrupción ha favorecido ciertamente a la policía uniformada. Por lo mismo, hoy existe alto consenso en que ésta debiera someterse a una completa reestructuración, pero sin que hasta el momento el Gobierno y el Parlamento acometan una propuesta seria al respecto.
De esta forma, el presidente Piñera corre ya el riesgo de ser reconocido en nuestra historia como un genocida más en La Moneda en relación al encono policial descargado contra nuestras minorías étnicas, cuanto destinada a aplacar el descontento social del país. A la zaga, por supuesto, de gobernantes como Arturo Alessandri y el propio Pinochet por sus reiteradas masacres en contra de la población chilena.
Más que con el ánimo de intervenir en favor de esta reestructuración, las autoridades se proponen recién ahora una reforma al respecto, de forma de evitar que esta tarea sea cumplida por la futura Convención Constituyente, y Carabineros de Chile sea disuelto en favor de varias instituciones policiales como ocurre en otros países. Junto con que el Estado proceda a renovar a sus integrantes, corregir sus procedimientos y poner a sus efectivos bajo el poder civil.
A esta altura de la complejidad social, no hay razón para que recaiga en un solo mando la responsabilidad de misiones tan diversas como garantizar el orden público, controlar los flujos del tránsito, velar por la soberanía geográfica y proteger a las autoridades, las empresas e instancias de todo orden en materia de educación, salud, trabajo y patrimonio cultural.
Justamente en estos días, hay un hospital público que pide la instalación en sus dependencias de una comisaría de Carabineros a objeto que sus funcionarios sean resguardados ante la airada acción de aquellos familiares de pacientes impedidos de acercarse a sus seres queridos cuando son tratados o fallecen por el Covid 19. Es cosa de imaginar cuántos policías se necesitarían tan solo para hacer guardia en todos los centros de salud, colegios, universidades, oficinas públicas y centros de producción y comercio.
Además de velar por el orden en las calles, avenidas, plazas, puentes, estadios, aeropuertos y carreteras, entre otros. Tan a merced en la actualidad de asaltantes y bandas armadas que han sofisticado sus armas a efecto del incontrolado contrabando y, por cierto, la acción y complicidad de los propios policías.
De lo que estamos seguros es que para todo esto habría más que duplicar o triplicar el número de carabineros y seguir desaguando el erario nacional en favor de ésta y de todas las ramas castrenses que se comen abusivos recursos en sueldos, pensiones y pertrechos que rápidamente caen en desuso o se utilizan en contra de nuestra propia población. Puede parecer un dato irrelevante, pero ¡vaya que nos consta la atractiva seducción que los uniformados ejercen para mantener solícitos a los gobernantes y muy especialmente a los ministros de Defensa!
Es decir, a quienes vienen ocupando uno de los cargos más apetecibles dentro de la gran repartija de cargos públicos a cargo, por turno, de los partidos políticos. Gracias a las consabidas lisonjas de las cúpulas militares y policiales, como por los recursos que pueden acaudalar por sueldos, viáticos y dádivas durante sus correspondientes desempeños. Los que pueden resultar muy auspiciosos para solventar su escalamiento político.
