“La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa…” Karl Marx
Solo bastaba certificarlo: el golpe está consumado. Como ya era previsible, con la aprobación por parte del Senado de la admisibilidad de la denuncia contra Dilma Rousseff, la mandataria quedará inhabilitada hasta por 180 días -o mientras dure el proceso- para ejercer sus funciones de Jefe de Estado, ocupando el cargo aquel que hasta antes de la votación actuaba como su vicepresidente, Michel Temer.
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El desenlace fatal de la conjura venía siendo fraguado casi desde el mismo instante en que la presidenta consiguió en las urnas la reelección para un segundo mandato de cuatro años.
De esta forma, ha sido acometido el golpe parlamentario de las fuerzas conservadoras que se arrogan falsamente la defensa de las libertades democráticas y la recuperación de la estabilidad política y económica, cuando lo que resulta más evidente es que la propia democracia está siendo negada y la mentada estabilidad no pasa de una declaración demagógica, considerando el periodo sombrío y turbulento que a partir de ahora amenazará la convivencia pacífica en este país.
Que se puede decir de Michel Temer. Político de la vieja escuela, conspirador en las sombras del poder, articulador de bambalinas, hasta hace poco Michel Temer era una figura sin brillo, meramente decorativa, como el mismo se encargaba de difundir a los cuatro vientos.
Si existe alguna unanimidad con respecto a su persona, quizás esta sea la de alguien desprovisto del carisma y la capacidad de movilizar sentimientos empáticos. No ha ejercido anteriormente la conducción de ningún gobierno, sea a nivel municipal, estadual o federal. Por lo mismo, se ha rodeado de operadores que desde hace un tiempo le vienen dictando la agenda de lo que debe hacer. Especialmente ahora que va a comandar los destinos del país por lo que resta del mandato, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Estamos en presencia de un hombre sin cualidades, un personaje que estará al servicio de los intereses de las grandes asociaciones empresariales -como la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP)-, las empresas contratistas, los bancos y las entidades financieras, las administradoras de pensiones, la agroindustria, la industria farmacéutica, los conglomerados comunicacionales, las empresas de seguridad, etc.
La plutocracia ha vencido y va a desfilar a sus anchas por los pasillos del Palacio do Planalto. Sus ministros ya han sido negociados con los gremios empresariales y también con los partidos que forman la base del gobierno, lo que demuestra además el manifiesto carácter fisiológico de la composición ministerial.
Contrariamente a los discursos de unidad y reconstrucción nacional, los partidos se han disputado enconadamente cada ministerio para aumentar su cuota de influencia y poder, olvidando casi que instantáneamente las promesas de “hacer el sacrificio” por el bien la nación.
Al anuncio original de formar un gobierno de gestores y profesionales de alto nivel le ha seguido una repartición oportunista de cargos y secretarías. El problema actual de Temer es que con la eliminación de diez ministerios tiene menos cupos que ofrecer a los partidos aliados.
Junto con ello, el programa de gobierno expuesto en el documento “Un puente para el futuro” posee un claro sesgo a favor de las empresas, imponiendo condiciones restrictivas para los trabajadores y la población en general.
Su principal eje se sitúa en torno a un ajuste estructural que se realizará específicamente por medio de la contención de los gastos sociales y la contracción salarial, junto con la pérdida de derechos de los asalariados, la flexibilización y la tercerización de los contratos de diversas categorías laborales. El Plan defiende el fin de todas las indexaciones ya sea para salarios o jubilaciones.
Además postula acabar con la obligación de gastar en Educación el 18 por ciento y en Salud el 15 por ciento de los ingresos recaudados con los impuestos. Dado lo anterior, ya se anuncian cortes significativos en programas emblemáticos de los gobiernos del PT, como Bolsa Familia, Minha Casa Minha Vida, Universidad para Todos (ProUni), Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES), Programa de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo (Pronatec), Farmacia Popular, entre otros.
Otro indicador de las restricciones que se auguran es el documento llamado “Travesía Social” en el cual se presenta una propuesta de focalización para el combate a la pobreza, renunciando a las políticas universalistas que venían siendo aplicadas por las administraciones de Lula y Dilma Rousseff.
El argumento contenido en este folleto es que aquellos segmentos que se ubican entre el 5 y el 40 por ciento de los más pobres del país, se encuentran insertos en el mercado de trabajo y, por lo tanto, es en ese mercado donde dichos grupos deberían obtener una mejoría en sus ingresos y no a través de las políticas sociales impulsadas por el Estado. La educación es considerada en ese contexto, simplemente como una herramienta para aumentar la productividad del trabajo y no como un factor fundamental para la formación crítica de la ciudadanía.
Si por una parte el futuro se percibe comprometido, por otra también se vislumbran tiempos de disputa en todos los ámbitos: en la calle, en los lugares de trabajo, en las escuelas y universidades y en el Estado. Sabemos que el Estado moderno no constituye un bloque homogéneo y monolítico de dirección única, sino que representa un campo de luchas y de equilibrios inestables en el que la correlación de fuerzas va definiendo los destinos que se le imprimen a un país.
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Exactamente por ello, es posible presagiar que pasada esta oleada revanchista, una amplia movilización ciudadana permitirá superar el actual impasse conservador y dar el viraje hacia una renovada agenda progresista. Solo así el pueblo brasileño podrá robustecer aquellas conquistas adquiridas en más de tres décadas de luchas por la profundización de la democracia y la justicia social.
(*) Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.
Fuente: Alainet
