El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago resolvió que el holding controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín deberá pagar a Hugo Bravo la suma de $ 35,7 millones por cada mes desde que fue desvinculado en julio de 2014, lo que totaliza $ 285 millones, monto muy inferior a los $ 2.300 millones que esperaba Bravo. En otros hechos del día, durante casi cinco horas fue interrogado por la Fiscalía el dueño de la empresa Siglo Outsourcing, Roberto Carrasco, mientras que el abogado Felipe Moraga, abogado defensor de Manuel Cruzat, entregó el día de ayer a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, cinco archivadores con documentos contables del Grupo Cruzat. El Cuarto Juzgado de Garantía rechazó la competencia para conocer el caso Penta, como había solicitado la defensa de Jovino Novoa.
Hugo Bravo reclamaba $2.300 millones de indemnización por daño moral, amenazas, hostigamientos y un despido injustificado, monto calculado sobre los más de 35 millones de pesos que ganaba mensualmente.
El tribunal decidió que el holding ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín deberá pagar al ex ejecutivo una suma de $ 35,7 millones por cada mes desde que fue desvinculado en julio de 2014, lo que totaliza $ 285 millones.
A juzgar por las declaraciones de los abogados, el fallo fue reclamado como una victoria por cada una de las partes.
El abogado de Bravo, Anderson Weldt, valoró que el Tribunal haya concedido «que en el minuto en que se despidió a don Hugo Bravo había deudas de cotizaciones previsionales, (que era) una de las acciones que esta parte interpuso en contra de Inversiones Penta III».
Sobre el resto de las acciones imputadas, señaló:
«Hay que ver los fundamentos del fallo y revisarlos, claramente. Hay que hacer un análisis jurídico completo de la sentencia que no se puede hacer en este minuto, pero nosotros quedamos satisfechos en el sentido de la programación que se hizo para los efectos de demostrar que don Hugo Bravo fue despedido con deudas de cotizaciones previsionales. Es relevante que se reconoce que a don Hugo, cuando se le despidió, el 29 de julio del año 2014, existían deudas de cotizaciones previsionales por parte de la empresa», señaló Weldt.
El jurista admitió que el pago que ordenó el tribunal «claramente es un poco inferior» al acuerdo que se había discutido para la salida de Bravo, pero también señaló que la sentencia del Tribunal da por acreditado que en Penta se «enmascaran» los sueldos, versión que negó la representante del grupo económico:
«El Tribunal señala que acoge la acción de nulidad del despido sobre la base de 35 millones 700 mil pesos. Por lo tanto, quedó acreditado en el proceso que don Hugo Bravo ganaba remuneracionalmente los 35 millones 700 mil pesos que esta defensa señaló (…) El Tribunal entendió, creyó, y las pruebas fueron contundentes para demostrar que su remuneración eran 35 millones 700 mil pesos, cuando ellos (los dueños de Penta) decían que eran 17 millones y medio. Nosotros durante el juicio claramente dijimos que se enmascaraban las remuneraciones y ésta es la mejor demostración, y el tribunal así lo entendió».
Exactamente lo entendió la abogada de Penta María Paz Inhen, defensora de Penta:
«Fue una sentencia mayoritariamente favorable a nuestra postura. El Juzgado establece que el finiquito del señor Hugo Bravo es plenamente válido y, por ende, el motivo de su despido: que incumplió gravemente las obligaciones de su contrato de trabajo. Es aceptado por don Hugo Bravo y, por tanto, es una verdad procesal. El despido es justificado. El Tribunal le dio plena validez al finiquito y eso implica, jurídicamente, que el despido, cuya causal ha sido aceptada, no da lugar al señor Bravo para alegar que él ha sido injustificadamente despedido. El despido ha quedado como justificado. Nuestra parte sólo ha sido condenada al pago de imposiciones correspondientes al señor Hugo Bravo, y es muy importante tener presente que en esa materia es sólo un periodo de cuatro meses de imposiciones no pagadas, periodo en el cual don Hugo Bravo era el gerente general y el responsable, legalmente, de pagar esas cotizaciones».
Interrogatorio a Roberto Carrasco
Luego de casi cinco horas de interrogatorio, el dueño de la empresa Siglo Outsourcing Roberto Carrasco -que de acuerdo a las declaraciones de uno de los controladores del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, habría realizado contratos de «forward» con el holding- se retiró sin hacer declaraciones y en completo hermetismo desde las dependencias de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente.
El directivo, que llegó hasta el Ministerio Público junto a su abogado Juan Pablo Kinast poco antes de las 9:00 horas de este miércoles, prestó declaración ante los fiscales José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena en calidad de imputado en el marco de la investigación de la denominada arista política que indaga presuntos delitos tributarios cometidos por el grupo de propiedad de Délano y Lavín.
Esta es la primera vez que Carrasco declara en la causa, luego que ya fuera citado con anterioridad para conocer los antecedentes de los hechos por los que actualmente es indagado. La diligencia se concretó tras la información entregada por los propios controladores del grupo en enero, quienes confirmaron la realización de cuatro contratos «forward» o «de futuro».
Según Lavín, estos involucran a la firma del ingeniero comercial -que presta servicios tributarios, contables y financieros, además de asesorías económicas y de administración a varias empresas- ya que con ella se habrían firmado cuatro acuerdos de este tipo durante el año 2013.
Según se desprende de la misma declaración, la idea era firmar contratos con una fecha ficticia posterior era pactar una pérdida artificial para holding que les obligaba a pagar, en este caso, $350 millones a la empresa de Carrasco que luego era restablecida al holding por la misma firma a cambio de una comisión.
De esta manera, no existía registro de esos dineros que posteriormente fueron utilizados por Penta para, entre otras cosas, pagar bonos a los ejecutivos y para donaciones políticas. Por estos mismos antecedentes, se espera que durante esta semana también declare el gerente de Inmobiliaria Curauma S.A. -ligada a Manuel Cruzat- Iván Rojas Bravo, ya que en su primera citación se acogió a su derecho a guardar silencio.
La Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) explica que un Forward es un “contrato entre dos partes, mediante el cual ambos se comprometen a intercambiar un activo determinado o un índice de precios sobre un activo determinado, a futuro, a un precio que se determina por anticipado”.
Grupo Cruzat entrega información contable a la PDI
Felipe Moraga, abogado defensor de Manuel Cruzat, entregó el día de ayer a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI cinco archivadores con documentos contables del Grupo Cruzat, además de una carpeta con los contratos forwards suscritos entre 2008 y 2012, pertenecientes a la empresa CB Consultorías y Proyectos.
Esto en el marco de una de las aristas del caso Penta que vincula operaciones irregulares de los controladores del holding con el Grupo Cruzat.
“Se entregó lo requerido por el Ministerio Público, la documentación contable se buscó con mucha celeridad, todo con el objeto de colaborar y transparentar esta situación“, afirmó Moraga, según consignó el diario La Tercera.
Luego agregó que la fecha límite para entregar los documentos, pero la Bridec solicitó adelantar la entrega para “poder estudiar la documentación y para cuando declare el señor Iván Rojas este jueves ya tengan la documentación estudiada”.
Tribunal solicitado por Novoa se declara incompetente
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer los hechos por presuntos delitos tributarios, cohecho, apropiación indebida y soborno que indaga la fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente en el marco del denominado Caso Penta.
Ello, luego que la jueza Francis Fell rechazara la solicitud del ex senador Jovino Novoa -denunciado en la causa- al estimar que el principio de ejecución de los ilícitos investigados corresponde a lugares fuera de su jurisdicción.
De esta manera, la magistrada descartó los argumentos de la defensa del ex parlamentario, encabezada por el abogado Francisco Cox, que basó sus alegatos en que los hechos indagados habrían ocurrido en las oficinas de Penta, en la comuna de Las Condes, y por tanto corresponde al Cuarto Juzgado de Garantía seguir conociendo los antecedentes de la causa.
Por lo anterior, la investigación que llevan adelante los fiscales Carlos Gajardo, José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena seguirá siendo revisada por el 8° Juzgado de Garantía donde actualmente está radicada, ya que según estableció la magistrado -acogiendo lo expuesto por el Ministerio Público- de acuerdo a los antecedentes reunidos durante la indagatoria y a la declaración de Hugo Bravo, las negociaciones se habrían llevado a cabo en las oficinas del SII en Providencia, específicamente en el despacho de Iván Álvarez, uno de los acusados en la causa por fraude al FUT que dio inicio a la arista política.
En la instancia, el fiscal Norambuena reafirmó que «para nosotros todos los tribunales son imparciales, pero debemos ir donde por jurisprudencia corresponde» y esa, según el principio de ejecución, corresponde al tribunal que hoy tramita el caso.
El persecutor, además, insistió en que el acto de soborno investigado antes del fraude tributario y que involucra a Bravo, fue en Providencia, específicamente en calle General del Canto, donde Álvarez tenía su oficina. «Donde se comete el delito es en el seno de las oficinas de los funcionarios públicos», reafirmó, rechazando de esta forma lo planteado por la defensa que anunció que apelará a la decisión del tribunal dentro de los próximos 5 días establecidos por ley. Los argumentos del Ministerio Público fueron respaldados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el resto de los querellantes en la causa que sustancia la fiscalía Oriente.
