La destitución provisional de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a raíz del inicio de un juicio político en su contra en el Senado del país, y su remplazo temporal en el cargo por el hasta ayer vicepresidente Michel Temer, podrían parecer a primera vista una salida institucional plausible para la crisis en la que se debate el gigante sudamericano, pero no lo es.
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Tras la cáscara de las formalidades se ha desarrollado desde el año pasado un proceso disruptivo del orden constitucional y de los principios republicanos, uno de los cuales, el de la voluntad popular como origen de la legitimidad gubernamental, fue abiertamente atropellado en aras de satisfacer los intereses de una clase político-empresarial corrupta, regresiva y antidemocrática.
No en vano se ha caracterizado lo sucedido como golpe de Estado blando, es decir, la interrupción injustificada de un mandato popular y su remplazo por un proyecto de signo económico y social contrapuesto que no fue sometido al veredicto de las urnas.
En efecto, meses antes de que Rousseff fuera obligada a dejar el cargo, Temer anunció las acciones que habría de emprender como presidente provisional, y entre ellas figuraban el realineamiento del país con los organismos financieros internacionales y la vuelta a las recetas económicas antipopulares y recesivas del llamado consenso de Washington.
El viraje que ahora se busca imprimir tiene también –aunque eso no se mencione por la camarilla que rodea al jefe en funciones del Ejecutivo– consecuencias inevitables en la política social. De modo que en los 180 días que habrá de durar el juicio contra Rousseff en el Senado, Temer y su grupo se proponen demoler la orientación social y progresista que ha caracterizado al gobierno en los últimos 13 años, durante las presidencias de Luis Inazio Lula da Silva y la propia Dilma, y acabar con la política exterior soberanista y latinoamericanista de las administraciones emanadas del Partido de los Trabajadores (PT).
Semejante viraje no sólo resulta agudamente desfavorable para los sectores de ingresos medios y bajos del país y para su desarrollo en general, sino que entraña el peligro real de una polarización nacional sin precedente y de consecuencias ominosas, no sólo porque el régimen sustituto carece de la legitimidad, la base social y el consenso requeridos para emprenderlo, sino también porque, a pesar del desgaste de casi tres lustros en el poder, las bases del PT y de los movimientos sociales cuentan con organización y cohesión suficiente como para intentar la resistencia a la cascada de medidas antipopulares que se viene.
A menos que el régimen provisional adopte formas abiertamente represivas, autoritarias e incluso dictatoriales –perspectiva que ciertamente no puede descartarse–, el aparato institucional carece de la solidez política para llevar a cabo lo que se proponen los instigadores del golpe blando: Temer no asumió ayer una institución presidencial sólida, sino el mismo cargo que él y los suyos contribuyeron a debilitar y erosionar por medio de coros mediáticos abiertamente sesgados.
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Pero todo el ruido de los medios oligárquicos no ha sido suficiente para ocultar que Dilma fue apartada del cargo en un golpe de mano eminentemente faccioso, tras una imputación de delitos inexistentes y en un proceso operado por una mayoría legislativa afectada en su propia credibilidad por las imputaciones de corrupción que pesan sobre muchos de sus integrantes.
Si algo hiciera falta, la alianza de partidos forjada con el propósito de poner fin a los gobiernos del PT es heterogénea, y varios de sus componentes se encuentran enfrentados entre sí por la disputa de puestos de poder y por el control de los presupuestos públicos.
En esas circunstancias, nada garantiza que los gobernantes sustitutos puedan siquiera mantener la paz social, y mucho menos efectuar, en sólo tres meses y en el ambiente de inestabilidad y zozobra que vive el país, un giro de 180 grados en las políticas públicas, económicas y sociales.
Por el contrario, resulta inevitable imaginar un escenario de conflictos sin término. A la postre, la única salida viable a la crisis sería la exculpación senatorial de la presidenta ayer suspendida y que sus opositores busquen el poder no con un golpe de mano, sino presentándose a las urnas.
Fuente: La Jornada
