por Vladimir Safatle (*)
En medio de escándalos de corrupción, servilismo diplomático y descripciones de caníbales brasileños a punto de robar los primeros cubiertos de hotel que estuvieren a mano, el desgobierno actual muestra al menos un eje claramente organizado de política social.
En el primer mes, tuvimos la flexibilización en la posesión de armas y el descubrimiento de la proximidad incestuosa entre el clan Bolsonaro y grupos de milicias, además el paquete de medidas para la seguridad pública del señor Moro
Estos tres hechos están más relacionados de lo que se imagina. Ellos son figuras de una verdadera necro política característica del Estado brasileño que ahora aparece en la forma más rudimentaria posible.
Porque se trata de proporcionar las condiciones institucionales optimizadas para la definición del arte de gobernar como decisión de exterminio y eliminación. Se nota ahora el eje efectivo de la adhesión del núcleo duro de los electores de Bolsonaro a su gobierno.
Rápidamente cayó el telón del combate a la corrupción sin perturbar la fe de sus seguidores.
De la misma forma, el discurso de un gobierno de técnicos competentes no resiste a una pasada de ojos en los currículos del primer y segundo escalón de su gestión.
Un conjunto de personas completamente incapaces, sin ninguna cualificación técnica efectiva para gestionar cuestiones complejas de un país continental. Pero la adhesión del núcleo duro no se mueve por una razón elemental. El verdadero deseo de estos grupos está anclado en una visión bélica de la vida social. Lo que realmente los mueve es la posibilidad de aplicar una política de guerra civil contra las clases que ellos ven como amenazadoras.
Así, ellos pueden indignarse contra el crimen, pero no pasa siquiera por la imaginación comprender la existencia de escuadrones de la muerte como el peor de todos los crímenes, pues eso explicita la función del aparato estatal como máquina de miedo, chantaje y exterminio.
Al final, sus abuelos aplaudían la existencia de escuadrones de la muerte y la tortura. La promesa de que el Estado va a “sacudir” a las ciudadanas y ciudadanos involucrados en el crimen, como si estuviéramos hablando de ganado, indica no un deslizamiento de vocabulario, sino una visión precisa de lo que significa para algunos “gobierno”.
En ese sentido, el paquete del señor Moro sólo se explica si el referido es, en realidad, un agente funerario disfrazado de ministro de Justicia. Pues él equivale a una condena a muerte, la institucionalización final del exterminio de esas clases que son, desde siempre, objeto de la continua eliminación policial.
Estamos hablando de un país donde la policía mata, en promedio, a 14 personas por día, según datos del 12º Anuario Brasileño de Seguridad Pública. Sólo en Río de Janeiro, el 23% de los asesinatos ocurridos el año pasado fueron cometidos por la policía.
Por otro lado, Brasil tiene hoy la tercera mayor población de personas encarceladas del mundo, además de ser el único entre los seis países con más presos que mantiene un ritmo ininterrumpido de aumento de personas en prisión desde el comienzo de los años 1980.
Pero el señor Moro cree que ese número es todavía pequeño, aunque no falten estudios demostrando el carácter contra productivo de tal política, con el fortalecimiento de organizaciones criminales que actúan en los presidios.
El carácter erróneo de esa política no es algo difícil de ver. Pero nada de eso hará diferencia, pues no se trata efectivamente de combatir las causas de la inseguridad social en un país en el que un presidente puede decir a una diputada que no la viola porque ella no lo merece y ve su proceso ser suspendido.
La cuestión gira simplemente en torno al uso del Estado como instrumento abierto de exterminio y amedrentamiento de las clases sociales vulnerables. En casos más patológicos, se trata simplemente de retirar al sentimiento de venganza social de cualquier amarre legal.
Así, el aspecto circense de un presidente cuyo gesto fundamental son los dedos simulando un arma apuntada se une al semblante duro de un ministro de Justicia que, después de arrestar a políticos desafectos, ahora se vuelve contra las clases que entorpecen el paraíso distópico de condominio cerrado y muros electrificados que algunos quisieran imponer al país.
(*) profesor del Departamento de filosofía de la Universidad de São Paulo.
Fuente: Sin Permiso
