por Claudia Zilla.
El gabinete está dividido, las leyes no son aprobadas, acusaciones de corrupción y poderosas protestas. El gobierno derechista de Bolsonaro todavía no cumple seis meses, y ya está bajo inmensa presión.
No basta con una retórica marcial para obtener éxitos políticos: lo está experimentando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Bolsonaro no ha cambiado su noción de democracia desde que ingresó al Palácio do Planalto a principios de año. Desprecia el consenso y la diversidad. El principio de mayoría tiene pretensión de absoluto; las minorías no merecen protección especial, más bien tienen que adaptarse al supuesto mainstream.
Pero desde el regreso a la democracia, ningún jefe de Estado ha sido tan impopular como Bolsonaro pasados los primeros cinco meses en el cargo. Sus índices de aprobación caen sin pausa; en las calles, los opositores muestran un poder de movilización mucho mayor; en el gabinete se pelean las distintas facciones y en el Congreso hasta el momento no se ha aprobado ninguna iniciativa legislativa relevante del Ejecutivo.
Aproximadamente dos tercios de las personas que respondieron a una encuesta realizada en abril por Datafolha dijeron que habían esperado un mejor desempeño de Bolsonaro en el gobierno. Solo un poco más de la mitad de los que votaron por él están satisfechos con su gobierno.
El actual presidente es apoyado en mayor proporción por los varones, la población blanca, las personas con mayor formación, la gente de mejores ingresos y los evangélicos.
Bolsonaro también parece estar perdiendo en las calles, ya que decenas de miles, sobre todo jóvenes, se han vuelto en contra de la política educativa de su gobierno. Las masivas protestas que tuvieron lugar en las principales ciudades de Brasil a mediados de mayo, encabezadas por estudiantes, docentes y personal universitario, se oponían a los anuncios del gobierno de recortar los fondos para varias universidades federales en un 30 por ciento y eliminar aproximadamente 3000 becas de investigación.
Según el ministro de Educación, Abraham Weintraub, estas medidas de austeridad afectarán principalmente a aquellas instituciones que «generan caos en vez de procurar mejorar el rendimiento académico». Anteriormente, en los círculos académicos habían provocado indignación las declaraciones de Bolsonaro acerca de que los jóvenes deberían concentrarse en estudiar y no interesarse por la política.
Bolsonaro había afirmado, además, que las carreras humanísticas, como Sociología y Filosofía, no eran productivas para los contribuyentes. También hubo manifestaciones contrarias de simpatizantes del gobierno, si bien fueron considerablemente menos concurridas.
Incluso los conflictos dentro del gabinete de Bolsonaro tienen lugar en público. A medida que transcurre el mandato, el gabinete parece menos propenso a consolidarse como equipo que a dividirse de manera permanente en tres alas identificables: el ala tecnocrática que rodea al ministro de Economía, Paulo Guedes, el ala militar en torno al vicepresidente y general retirado Hamilton Mourão, y el ala ideológica, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.
Esta última ala también incluye a los hijos de Bolsonaro, Eduardo (diputado federal por São Paulo), Flávio (miembro de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro) y Carlos (concejal en Río de Janeiro). Si los hijos de Bolsonaro no son miembros del Ejecutivo, hacen comentarios sobre los acontecimientos políticos de actualidad a través de diversos medios, especialmente redes sociales.
El «gurú ideológico» de este grupo es el archiconservador Olavo de Carvalho, residente en los Estados Unidos, cuyas peroratas en entrevistas, tuits y vídeos de factura propia apuntan principalmente a los militares en el gobierno.
Esta polifonía, que llegó a convertirse en riñas en el gabinete, se manifestó, por ejemplo, en cuestiones de política exterior, como el posible establecimiento de una base militar estadounidense en Brasil, una eventual intervención militar en Venezuela, el traslado de la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén y el posicionamiento de Brasil en el contexto de la rivalidad entre los Estados Unidos y China.
Mientras que los halcones del ala ideológica están a favor de una más marcada orientación pro norteamericana, los militares se oponen tanto a la presencia militar estadounidense en suelo brasileño como a las opciones de uso de la fuerza en la crisis de Venezuela.
También advierten sobre un potencial empeoramiento de las relaciones comerciales con los países árabes y China, en caso de un mayor acercamiento político de Brasil a los Estados Unidos. Aquí, el vicepresidente, Mourão, se perfila como figura moderadora. Sin embargo, Mourão no rehúye tomar claras posturas en soledad o incluso contradecir abiertamente al presidente. Como único miembro del gabinete que fue elegido democráticamente en la misma boleta que Bolsonaro, Mourão no depende del arbitrio del presidente.
A la débil coordinación dentro del gobierno se suma la falta de mayorías en el Parlamento. El Senado cuenta con representantes de 23 partidos diferentes; en la Cámara de Diputados hay 30 fuerzas políticas; el Partido de los Trabajadores (PT), con alrededor del 10 por ciento de los escaños, tiene la bancada más numerosa.
Esta constelación complica la aprobación de aquellos proyectos de ley que se encuentran entre las principales promesas hechas por Bolsonaro durante la campaña electoral. Tal es el caso, por ejemplo, de un proyecto para combatir la corrupción, el crimen organizado y la violencia (Projeto de Lei Anticrime), impulsado por Sérgio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
También está trabada la reforma del sistema previsional (Nova Previdência), diseñada por Paulo Guedes, ministro de Economía, y que se necesita con urgencia para reducir el déficit presupuestario y asegurar las inversiones.
Además, la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo está plagada de conflictos: el intercambio repetido de golpes entre Bolsonaro y Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, tuvo gran repercusión en los medios de comunicación. Maia pertenece a Democratas, uno de los pocos partidos políticos con participación en el gabinete.
Mientras las iniciativas legislativas del gobierno avanzan lentamente por la vía parlamentaria, en marzo Maia tuvo éxito en la votación hecha en la Cámara de Diputados de una enmienda constitucional (Proposta de Emenda à Constituição) que recorta las atribuciones del Ejecutivo en materia presupuestaria y amplía las del Congreso. Sin embargo, después de que el Senado solo aprobara el proyecto de ley sujeto a condiciones, la cámara de origen ahora debe decidir sobre la nueva versión del texto de la ley.
Los logros del gobierno de Bolsonaro hasta el momento siguen limitados a una cierta reducción de la burocracia, unas pocas reestructuraciones institucionales y medidas políticas basadas en decretos, o sea, disposiciones presidenciales.
Estos decretos deben ser ratificados en su mayoría por el Legislativo en un plazo de 120 días, ya que, de lo contrario, expiran.
Esto afecta, por ejemplo, a una serie de decisiones que ponen en peligro la protección del medio ambiente, los pueblos indígenas, las comunidades LGBTQ y el trabajo de organizaciones no gubernamentales en estas áreas.
La coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura se lleva a cabo, mucho más marcadamente que durante los gobiernos anteriores, dominada por los intereses de los agronegocios. El presidente está a favor de flexibilizar las regulaciones existentes para permitir el aprovechamiento económico de las reservas naturales, también por parte de los indígenas en sus territorios.
Sin embargo, incluso en este tema queda evidenciado el tambaleante apoyo parlamentario con que cuenta el gobierno: después de que en enero Bolsonaro transfiriera por decreto la Autoridad Nacional Indígena (FUNAI) del Poder Judicial al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la privara del poder de demarcar territorios indígenas, el Congreso decidió a fines de mayo anular esta reforma administrativa.
Las facilidades para la posesión de armas dispuestas por Bolsonaro también recibieron críticas del Parlamento y del Poder Judicial; incluso el ministro de Justicia, Moro, intentó tomar distancia.
Además, los escándalos de corrupción y los supuestos vínculos con milicias proyectan sombras sobre la familia Bolsonaro. Estas sospechas tienen un peso muy significativo, ya que Jair Bolsonaro en su campaña electoral prometió una nueva política libre de corrupción y mano dura contra la violencia.
«Nací para ser militar, no presidente», dijo Bolsonaro en un discurso en abril. Sin embargo, su pronunciada falta de liderazgo en el contexto de un gobierno caótico contradice lo que la mayor parte de la población brasileña espera de un miembro de las fuerzas armadas, caracterizado como autoritario, en el rol de jefe de Estado.
Hoy por hoy no está claro cuándo o cómo el gabinete logrará un modus vivendi más orientado a los resultados entre las diferentes alas del gobierno o en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Esta podría ser una de las garantías clave para que siga existiendo el pluralismo político en Brasil.
Fuente: IPG
Traducción: Carlos Díaz Rocca
