por Juraima Almeida (*), Aram Aharonian(**).
La guerra de poder institucional sigue en Brasil: Ahora, el Supremo Tribunal Federal brasileño abrió una investigación sobre abusos de poder del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro e hizo público un video de una reunión ministerial en la que el mandatario hizo explícita su intención de prescindir de cualquier funcionario que osara investigar a su familia.
A raíz de la divulgación integral de lo ocurrido, se profundizaron en Brasil nuevas grietas institucionales, cuyas consecuencias se harán ver en breve, donde los militares, sobre todos aquellos que integran el gabinete de Bolsonaro, tendrán mucha injerencia.
Si en el campo jurídico es muy difícil prever cuáles serán los próximos pasos, en términos institucionales lo que se reveló al país es un desastre.
Lo serio de todo esto es la inmersión de los militares en la política con el claro mensaje de que las Fuerzas Armadas apoyan a Bolsonaro en esta guerra que comienza contra la Corte Suprema, pero que se convertirá en una guerra general y total, hasta el último signo vital de democracia, cuando los militares consolidaron la dictadura.
Nunca antes un golpe de estado fascista había sido tan publicitado, tan televisado y tan replicado en las redes sociales.
Brasil se enteró de todo eso el mismo día en que se transformó en el segundo país con más infectados por el coronavirus en todo el mundo: casi 350 mil, y más de 22 mil muertos, mientras el gobierno ampliaba 30 días el cierre de sus fronteras por la pandemia de la covid-19, virus que minimizó Bolsonaro, llamándola «gripecita».
Mientras, 400 organizaciones sociales y siete partidos manifestaron su intención de solicitar un juicio político al presidente, en momentos en que la centroizquierda, que fuera poderosa unos pocos años atrás, está en desbande y la puja por el poder está centrada entre las diversas bandas de ultraderecha y la derecha política.
Tras la divulgación del video, Bolsonaro insistió ante los periodistas que quiere armar a “todo el mundo» para impedir que una «dictadura» se imponga en Brasil, o sea armar y ampliar las milicias, bandas de sicarios con los cuales el clan familiar presidencial mantiene lazos estrechos, mientras incita a la baja oficialidad, soldados y sargentos, policías militares provinciales, a sumarse a un eventual autogolpe.
La investigación a Bolsonaro
El video es parte de la investigación abierta contra Bolsonaro a partir de la acusación del ex ministro de Justicia Sergio Moro, quien sostuvo que el mandatario echó al titular de la Policía Federal para evitar que avance una investigación contra sus hijos Flavio y Carlos.
Lo que se vio y escuchó en el video no difiere de la realidad de los ataques permanentes perpetrados por el gobierno fascista contra la Constitución, las leyes, las instituciones y el Estado de derecho desde que Bolsonaro tomó el poder.
Muestra cómo desde el Planalto se planifica y combina en privado los crímenes que practica con una valentía impresionante en público, a plena luz del día, a los ojos de la prensa y el escrutinio de la población y todas las instituciones en peligro de extinción, como el Congreso y la Corte Suprema, que, por cierto, reaccionan con notable tibieza y cobardía, señala Jeferson Miola.
Pero no hay que confundirse: es una pelea intestina de la ultraderecha. Tanto el Supremo Tribunal Federal como Moro, quien fue el juez que encarceló sin pruebas al expresidente Luiz Inacio Lula da Suilva –evitando que se presentara a la puja electoral- fueron partícipes del entramado del lawfare, de la utilización judicial con fines políticos, que permitió la llegada de Bolsonaro al poder.
«No voy a esperar a que jodan a toda mi familia ni a mis amigos esos canallas porque no puedo cambiar a alguien de Seguridad. Lo cambiaré. Y si no puedo cambiar al jefe, cambiaré al ministro», dice Bolsonaro en el video grabado el 22 de abril pasado, dos días antes de la dimisión de Moro, que acusó al presidente a interferir políticamente en las investigaciones de la Policía Federal.
Bolsonaro confesó que confía solamente en las informaciones que le son transmitidas por su «sistema particular», admitiendo que viola la legislación ya que está vedado a los presidentes armar esquemas de inteligencia paralelos al oficial.
Pero la realidad es que, entre enero de 2019 y abril de 2020, la Agencia Nacional de Inteligencia envió a su despacho nada menos de 1.272 informes sigilosos considerados prioritarios (un promedio de casi tres por día).
Arremetió con una catarata de insultos y apuntó contra adversarios políticos, como los gobernadores derechistas de Sao Paulo, Joao Doria, y Río de Janeiro, Wilson Witzel, a quienes se refirió como «esas mierdas».
Tampoco los magistrados del Supremo Tribunal (STF), que han considerado inconstitucionales algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, se salvaron de sus insultos.
El énfasis con que defendió su política armamentista, podría llevar a abrir nuevas denuncias de la Corte contra el presidente que, mezclando el derecho a la defensa personal con distintos llamados a la desobediencia judicial, defendió a los ciudadanos que salen armados para romper las medidas de aislamiento determinadas por alcaldes y gobernadores.
«Si está armado podrá defenderse de quien pretenda esposarlo para impedir que ejerza su derecho de ir y venir», dijo.
El video sirvió para conocer las posiciones de varios de sus ministros que revelan los niveles de bajeza y manipulación, en la actuación de este gobierno.
El ministro de Educación, Abraham Weintraub –de quien se dice que escribe con errores y habla sin sintaxis- sostuvo que «por mí, ponía a todos los once vagabundos en la cárcel, empezando por el STF».
Cínicamente, Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente, instó al gobierno a “aprovechar que los medios de comunicación están centrados en el coronavirus para cambiar las reglas de protección ambiental», mientras que su par de Economía y ex funcionario de la dictadura de Pinochet, Paulo Guedes, dijo que, si dependiese de él, «privatizaría esa mierda que es el Banco do Brasil».
Es más, el ministro de turismo propuso abrir casinos en el país, una propuesta que es consistente con la indulgencia del gobierno con los juegos de azar, el bingo y las máquinas tragamonedas, que es una rama que se comunica con el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero.
A raíz de las sospechas vertidas por Moro, quien pareciera tener como meta suceder a Bolsonaro en la Presidencia, la Fiscalía inició una investigación sobre supuestos abusos de poder por parte de Bolsonaro y, a pedido del exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato, el video fue exigido a la Presidencia y divulgado por orden del decano de la Corte Suprema, Celso de Mello, que supervisa la investigación.
Además, Mello pidió este viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos celulares del presidente y de uno de sus hijos.
Los militares
En las imágenes de la reunión de gabinete, Bolsonaro se muestra muy exaltado y dispuesto a ejercer su poder para defender a su familia, a la que calificó de «perseguida” y lamenta que los organismos de inteligencia del gobierno “son una vergüenza”, ya que ni la Policía Federal, ni la Inteligencia de las Fuerzas Armadas le brindan información y que la Agencia Brasileña de Inteligencia, “tiene sus problemas, pero da alguna información.
Brasil vivió el viernes una avalancha de tensiones. Autorizada por Celso de Mello, el más antiguo integrante del Supremo Tribunal Federal, la divulgación del registro en video de la reunión ministerial del pasado 22 de abril expuso manifestaciones tanto del ultraderechista presidente como de algunos de sus ministros que sacudieron los pilares de la ya muy polémica crisis vivida por el gobierno.
Por su parte, el reaccionario ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, criticó duramente –en un mensaje oficial- la decisión de Celso de Mello de encaminar a la fiscalía general de la República un pedido de aprehensión del celular presidencial y el de su hijo Carlos que, según él, podría provocar «consecuencias imprevisibles para el equilibrio institucional».
Los jefes máximos en actividad de las tres Fuerzas Armadas, nostálgicos de la dictadura (1964-85), fueron informados del tono golpista de la nota de Augusto Heleno y se abstuvieron de tomar cualquier iniciativa –aconsejar, sugerir, vetar- para impedir la difusión de las amenazas del general de triste historia al frente de las fuerzas de Naciones Unidas (Minustah) en Haití.
(*) Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
(**) Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración, fundador de Telesur., preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige CLAE.
