por Adolfo Pérez Esquivel (*).
El continente latinoamericano está siendo víctima de nuevo de golpes militares, judiciales o parlamentarios: las verdaderas víctimas son, como siempre, los pueblos, a los que se obliga a sufrir muertes, heridas, detenciones, violencia social y estructural.
Los gobiernos neoliberales traen hambre y pobreza a nuestros países, destrucción de la capacidad productiva y dolarización de nuestras economías sometidas a especulación financiera, lo que tiene como consecuencia procesos inflacionarios que resultan difíciles de creer, como el sufrido por Argentina.
La rebelión de los pueblos llega cuando las condiciones se vuelven insoportables y la desesperación se convierte en sentimiento dominante. Detrás de todos los mecanismos de dominación se encuentra la mano de los Estados Unidos, que no quiere perder el control del continente y que, al igual que en los años 70, promueve golpes, imponiendo la doctrina de la seguridad nacional por la fuerza y llevando a la práctica el Plan Cóndor II.
Esto es lo que hicieron contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, un experimento piloto sobre cómo llevar a cabo un golpe cívico-militar, que tuvo también como resultado el fortalecimiento de la base militar norteamericana en Pulmarola.
A esto le siguió el golpe cívico-parlamentario en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo, y el golpe parlamentario contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a la vez que se impedía que Lula concurriera como candidato a las elecciones presidenciales.
El continente está siendo objeto de golpes, ya sean parlamentarios o militares, cuya meta es una y la misma: detener el avance de la soberanía de los pueblos. Los Estados unidos han iniciado una guerra judicial — “Lawfare”— con la complicidad de los medios hegemónicos, que condenan antes de verificar los hechos, creando conformidad en la opinión pública y un monocultivo mental.
En Bolivia, el presidente Evo Morales pudo superar varios intentos de golpe, como la matanza de Pando y el levantamiento de la región de Oriente. El país se ha visto sometido en la actualidad a un golpe, civil y militar, con la intervención de los Estados Unidos, y a todo lo que le siguió: muertes, detenciones, persecución de los pueblos indígenas y de todo el pueblo boliviano.
Los EE.UU. han impuesto un gobierno de facto dirigido por Jeanine Áñez, aprendiz de dictador y títere de las fuerzas armadas.
La política de los EE.UU. se dirige a impedir la existencia de países independientes, a obstaculizar la integración regional y a doblegar al continente en función de los intereses del FMI y las políticas neoliberales ; en el caso de Argentina, la meta se centra en aislar al inminente gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La rebelión de los pueblos se extiende por el continente
En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera ha recurrido una vez más a la vieja táctica de enviar al ejército a reprimir a los manifestantes, con el resultado de muertes, personas que han quedado ciegas y numerosos casos de detención y tortura, entre ellos de menores.
En Ecuador, se desató la represión contra quienes se rebelaron contra la política neoliberal de Lenin Moreno.
Tenemos luego la difícil situación en la que se encuentran los pueblos de Haití y Venezuela.
Es necesario que las organizaciones sociales, culturales y políticas se unan y exijan, con una sola voz, la dimisión del Secretario General de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, por su parte de culpa en la crisis de Bolivia, ligada a su irresponsabilidad cuando se hubo de verificar la limpieza de la votación en las últimas elecciones, y su sumisión a la política de los EE.UU., que intervinieron para frustrar la victoria de Evo Morales.
Almagro supone una amenaza a las democracias de toda América Latina.
En este momento no hay interlocutores legítimos en Bolivia, desde luego ninguno de los conspiradores del golpe, responsables de la violencia desatada contra la población.
Las Naciones Unidas deberían enviar urgentemente una comisión de investigación que pusiera las bases de la paz y detuviera la violencia asesina.
Debemos exigir la retirada inmediata de las fuerzas armadas de las calles y campos de Bolivia. Basta de represión y de muertes. Recordemos las palabras de Monseñor Óscar Romero: “Ningún soldado está obligado a obedecer órdenes injustas contra su propio pueblo”.
Es necesario que el pueblo boliviano se organice para formar una Asamblea Constituyente y exija elecciones sin demora. Hay que abrir investigaciones sobre las muertes causadas por el ejército y las fuerzas de seguridad. Tiene que acabar la discriminación, la persecución y el racismo. Y debe respetarse la decisión de la pluralidad del pueblo boliviano.
(*) Activista argentino por los derechos humanos y creador de la Fundación Servicio Paz y Justicia, galardonado en 1980 con el Premio Nobel de la Paz.
Fuente: Sin Permiso
