por Camila Huaranca.
El autonombrado Gobierno de “transición” con apenas dos meses en el poder, desató una persecución sañosa no solamente contra dirigentes políticos y sindicales, sino también contra periodistas y comunicadores que han osado mostrar el rostro sanguinario de la represión, especialmente en Senkata y Huayllani, con el lamentable saldo de 36 muertos, más de 1000 heridos y número similar de detenidos.
El 13 de noviembre asumió como «Ministra de Comunicación” Roxana Lizárraga, quien inmediatamente amenazó a los periodistas declarando que “lo que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana…. ya se tiene identificados a estos comunicadores y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes”.
El ataque a los comunicadores y comunicadoras, ha sido un factor central de la política golpista, que busca desinformar, amedrentar, amenazar, e incluso matar, para generar un clima de terror en el que nadie quiera denunciar lo que sucede, y de este modo legitimar a la dictadura.
Resumiendo: opinar diferente es sinónimo de “sedición y terrorismo”, por lo tanto, sujeto a represalias “legales y penales”, el argumento perfecto para amedrentar y acallar medios de comunicación así como perseguir a periodistas y comunicadores del campo popular.
Los casos son muchísimos y ameritarán una investigación imparcial cuando vuelva el Estado de Derecho. Los atentados a medios de comunicación comunitarios y/o alternativos así como agresión a sus periodistas se remontan a los días de convulsión social, donde grupos de choque de jóvenes encapuchados de ideología fascista, ligados a las “plataformas”, “resistencia civil” y grupos delincuenciales organizados en motoqueros, no solamente hostigaron sino llegaron a tomas físicas y quemas de radios comunitarios, en una verdadera cacería, aprovechando el “motín policial” pero bajo total complicidad de éstos.
a)Días previos al golpe de Estado
Radio Kawsachun Coca y Radio Soberanía: víctimas de la intolerancia y quema de equipos
En la ciudad de Cochabamba, dos emisoras comunitarias, ambas del sector cocalero, sufrieron la quema total de sus equipos ubicados en la Sede de las 6 Federaciones del Trópico. Dicha Sede ya fue objeto de atentados e incendios a dos días de las elecciones, 22 de octubre.
En fecha 6 de noviembre, nuevamente fue incendiada en la parte baja del edificio, hasta que la noche del 8 y madrugada del 9 de noviembre, los vándalos criminales lograron su cometido dejando en cenizas los ambientes de los 5 pisos del edificio, donde funcionaban las repetidoras de ambas emisoras, Radio Kawsachun Coca y Radio Soberanía.
Hay total impunidad para estos atentados, donde estaban involucrados grupos de choque de corte fascista, bajo el manto de “ciudadanos en vigilia” dizque por la recuperación de las libertades y la democracia.
Atropello a Radio Comunidad (emisora de la CSUTCB) y su Director José Aramayo
El 9 de noviembre 2019, un día antes de la renuncia forzada de Evo Morales, esta vez en la ciudad de La Paz, nuevamente hordas de encapuchados, tomaron las instalaciones de la CSUTCB, golpeando, tomando por rehén y amarrando a un árbol al Director de Radio Comunidad, el periodista José Aramayo.
Radio Comunidad es la emisora comunitaria de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Lejos de protegerla del abuso, la víctima de agresión posteriormente fue detenida por la FELCC acusado sin pruebas de “portar dinamita” y “elaborar bombas molotov”.
Otras emisoras comunitarias de organizaciones sociales amedrentadas, bajo amenaza de intervención y que tuvieron que dejar de emitir o cambiar su programación para precautelar los equipos y su vida, fueron Radio Bartolina Sisa, de la CNMCIOB-BS, y Radio Unión de los Interculturales.
Semejante panorama se dio en muchos departamentos del país, donde tanto medios comunitarios como del sector estatal sufrieron persecución, agresiones y tomas.
Los medios estatales consisten en el canal Bolivia TV, la cadena de Radios Patria Nueva (en las ciudades) y las Radios de Pueblos Originarios RPO’s en provincias.
Además de la Agencia Boliviana de Información ABI y el Periódico “CAMBIO” (que fue rebautizado como “Bolivia” con la toma del gobierno).
30 de octubre 2019
Toma “pacífica” de Bolivia TV en Santa Cruz por parte de “grupo de jóvenes del movimiento ciudadano Ríos de Pie”
El mismo día, 30 de octubre, el periodista Samuel Iporre de la Radio de Pueblos Originarios RPO Mamoré en Trinidad, fue agredido por bloqueadores cívicos, se le decomisó y destruyó el celular y ocasionaron daños en su moto, horas 5:30 am al momento que se estaba trasladando a la emisora para iniciar la programación.
En cuanto a comunicadores del Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios RPO’s, ubicadas en más 80 localidades a nivel nacional, muchos de ellos sufrieron persecución y amedrentamiento, varios de ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad a objeto de precautelar sus vidas o apagar las radios.
9 de noviembre 2019
Bloqueadores cercan BTV y Radio Patria Nueva en La Paz y amenazan para que deje de transmitir, cerrando además las puertas del canal e impidiendo el ingreso o salida de cualquier persona.
Horas antes, el corresponsal de la Red Patria Nueva en Trinidad, JhonYana, denunció que anoche sufrió un «atentado» contra su integridad física, ya que dos sujetos en sus motocicletas intentaron atropellarlo cuando retornaba a su domicilio.
Muerte en circunstancias no esclarecidas de Sebastián Moro, periodista argentino (16 de noviembre 2019)
Después de una agonía de una semana, murió Sebastián Moro, quien fuera colaborador de Radio Comunidad, donde conducía un Programa de Análisis, además de editor de la Publicación Prensa Rural, ambas pertenecientes a la organización matriz CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Su último contacto periodístico fue en fecha 9 de noviembre con Pagina 12 (Argentina) donde denunció lo acontecido con Radio Comunidad y su colega José Aramayo.
Reproducimos el comunicado de COMUNA (Comunicadores de Argentina), mismo que fue publicado en fecha 19 de noviembre en la Revista ALAI:
“Comunicadores de la Argentina (COMUNA) hace público su profundo pesar por la muerte en La Paz del periodista argentino Sebastián Moro, conocido por su trabajo a favor de la comunicación popular y su lucha por los derechos humanos.
Las evocaciones de su persona y de su trabajo en la comunicación, expresadas por organismos de derechos humanos, periodistas que trabajaron con él, amigos y allegados, dan testimonio del respeto y el cariño que reunía.
Sebastián Moro residía en La Paz, donde trabajaba como editor de la publicación Prensa Rural, perteneciente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, identificada con el gobierno del presidente Evo Morales, y en la emisora campesina Comunidad. En esta radio, había incorporado un espacio semanal para COMUNA, en conexión con Buenos Aires, para reflejar el trabajo de nuestra organización en torno de la línea editorial de los medios en posición dominante, tanto sobre Argentina como sobre Bolivia.
Hasta 2015 había trabajado en Radio Nacional Mendoza, donde se abocó en especial a la cobertura de juicios por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Terrorismo de Estado.
Las causas de la muerte de Sebastián Moro, ocurrida el sábado 16 cuando estaba hospitalizado, no están claras, en un primer momento se difundió la hipótesis de que sufrió un ACV en su domicilio, pero esto está pendiente de confirmación.
Cuando después de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia se pusieron en marcha las maniobras preparatorias para el golpe de Estado, Sebastián Moro comenzó también a colaborar con Página/12 de Buenos Aires.
Los sectores de ultraderecha que se desplegaron en varios puntos del país en pos del derrocamiento de Evo Morales cometieron varias acciones de violencia. Este modo de operación se agravó con el paso de los días, cuando la policía y el Ejército, plegados al plan golpista, liberaron las calles para este accionar de los grupos de oposición más radicalizados.
Esto permitió ataques a medios de comunicación estatales y populares. El sábado 9, en vísperas del golpe, algunos de estos medios fueron ocupados por la fuerza, los periodistas expulsados y las emisiones silenciadas o alteradas para que no dieran cuenta de los hechos en curso en el país.
Aún antes de la consumación del golpe, el domingo 10, hubo denuncias de periodistas y comunicadores atacados en las calles por grupos violentos que actuaron con total impunidad, así como amenazas a toda persona que pudiera ser considerada adherente al presidente Morales y al Movimiento al Socialismo o que no acompañara el plan para derrocarlo.
Esta tónica siguió después de la consumación del golpe, con acciones hostiles a periodistas de Bolivia y extranjeros, y la amenaza del régimen dictatorial de perseguirlos bajo la acusación de “sedición”.
Para complementar, acotamos también a Denuncia del Informe de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia “….se encuentran en el cuerpo de Sebastián señales que no coinciden con un ACV, como lesiones internas y externas, policontusiones y politraumatismos.
Las mismas son contempladas en la “Historia Clínica” que hoy se encuentra en manos de abogados y médicos forenses pertinentes.
De allí se extrae, según los especialistas, que la muerte del periodista Sebastián Moro en el marco del Golpe de Estado, es “extremadamente dudosa”, cuyos ribetes señalan hasta el momento que sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento. A esta situación se suma además que nunca fueron hallados elementos de trabajo de los que Sebastián no se desprendería con facilidad: su chamarra identificatoria como periodista de la CSUTCB, su grabador de periodista y una agenda de anotaciones”.
Durante el Gobierno de facto de Jeanine Añez
Una vez instalado en el poder, las agresiones se agudizaron, ensañándose con la prensa tanto nacional como internacional. ¿El delito? Reflejar la situación de represión que dejó decenas de muertos y más de un millar de heridos y detenidos. Hacer caso omiso de la advertencia del Ministro de Gobierno Arturo Murillo y la Ministra de Comunicación Roxana Lizárraga respecto a las consecuencias de emitir opiniones tildadas de “sedición y terrorismo”.
Expulsión de periodistas argentinos de Canales A24, TN, TELEFE y CRONICA TV (14 -11-2019)
En plena escalada de la violencia, un grupo de periodistas argentinos sufrió agresiones en Bolivia. Se trata del equipo de trabajo (comunicadores y camarógrafos) que lidera Rolando Graña y cronistas de los canales A24, TN, Telefé y Crónica TV. Varios de ellos fueron evacuados por un grupo especial de la gendarmería a la embajada argentina, luego de haber sido víctimas de ataques en las calles en medio de un escenario de tensión y represión, posteriormente fueron expulsados.
Corresponsal de la Cadena Al Jazeera agredida por la policía en Bolivia (15-11-2016)
El mismo día de la masacre de Senkata, que dejaría un saldo fatal de 10 víctimas mortales y centenares de heridos, se da una agresión brutal a la periodista argentina Teresa Bo, corresponsal de la cadena Al Jazeera, fue atacada por un efectivo de seguridad, que le tiró gas en vivo. “La policía hace lo que quiere”, advirtió la cronista.
Todo ocurrió frente a las cámaras y en plena transmisión en vivo para uno de los medios de comunicación más importantes del mundo: la periodista argentina Teresa Bo cubría el viernes una movilización en La Paz, Bolivia, cuando fue interceptada y brutalmente atacada por un efectivo de la policía que le tiró gas lacrimógeno directamente en los ojos.
La periodista publicó el momento en sus redes sociales y en el mensaje que acompañó las imágenes aseguró que «solo estábamos en la calle reportando lo que pasaba y la policía boliviana responde así”.
Previo al episodio con la Policía, Bo había indicado a su vez que había tenido inconvenientes para cubrir una conferencia de prensa ofrecida por la presidente interina, Jeanine Añez, como consecuencia de su nacionalidad.
Facundo Molares Schoenfeld, fotoreportero argentino de la Revista Centenario
Acusado de ser narcoguerrillero de las FARC, el ciudadano argentino Facundo Molares que trabaja como delegado fotoreportero para la revista Centenario estaba cubriendo la convulsión del periodo post electoral. Tuvo que ser internado en fecha 11 de noviembre por una severa dolencia renal en un hospital de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. quedando en estado de coma.
La policía boliviana y con especial saña, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, han montado una campaña para criminalizarlo y a la fecha se encuentra recluido en el Penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Medios derechistas reportaron la detención de cinco personas acusadas de colaborar con Facundo Molares Schoenfeld, “un exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de nacionalidad argentina, que fue atendido en el domicilio de uno de los acusados luego de ser severamente herido en el enfrentamiento suscitado el 30 de octubre en Montero”.
Reproducimos la aclaración de sus compañeros de trabajo, Revista Centenario, de orientación izquierdista:
“Ante los hechos de público conocimiento, en relación al ciudadano Facundo Molares Schoenfeld, de nacionalidad argentino, DNI 24904415, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia se hace necesario aclarar las siguientes cuestiones:
Facundo Molares: preso por cubrir la dictadura en Bolivia
Queremos hacer conocer que Facundo milita en nuestro espacio político y que se encontraba realizando tareas de FotoReportero para la revista digital Centenario.
Durante su estadía en Bolivia sufrió una grave dolencia renal, encontrándose en estos momentos en terapia intensiva con un delicado cuadro clínico. (NOTA: despertó del coma el 21 de noviembre, encontrando detención preventiva desde el 29 de noviembre y encarcelado en Palmasola el 2 de diciembre 2019 y desde el viernes 6 de diciembre en el Penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a 4000 msnm, en una total acción de arbitrariedad y sin orden judicial)
Remarcamos que Facundo es un ciudadano argentino que no tiene ningún tipo de pedido de captura ni ninguna de las causas falaces que la policía de Bolivia intenta endilgarle públicamente.
Exigimos la preservación de su salud, su integridad física y mental y rechazamos las falsas acusaciones de las que se hacen eco los medios de comunicación en la línea de criminalizar a todo aquel que opine distinto en un marco de una creciente escalada de violencia y crímenes contra el pueblo más humilde.
Libertad de expresión amordazada: TeleSur y RT salen del aire
No pasaron ni dos semanas del golpe, ya que en fecha 20 de noviembre 2019 TeleSur y RT fueron sacadas del aire, no solo de la intervenida empresa estatal ENTEL, sino que al acto de censura se sumaron todas las de cooperativas privadas de cable.
Temerosos de una opinión diferente, el gobierno de “transición” de Jeanine Añez actuó como sus similares Macri y Bolsonaro atentando contra la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones.
Radios de Pueblos Originarios (RPO’s)
Desde el mes de noviembre, muchas radios comunitarias fueron hostigadas y en otros casos, tomadas por los allegados a los cívicos. Más de 50 radios dejaron de emitir los informativos a falta de garantías.
Desde el primer día de su función como Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga lanzó amenazas públicas contra las radios comunitarias, hasta que en fecha 7 de enero del 2020, el Ministerio de Comunicación decomisa el equipo de transmisión de una de las repetidoras de la Radio KawsachunCoca, ubicada en San Ignacio de Moxos (Beni).
En este sentido, nos solidarizamos una vez más con Radio Kawsachun Coca, a quien el Ministerio de Comunicación le secuestró el transmisor de su repetidora en San Ignacio de Moxos, emisora comunitaria permanentemente hostigada y amedrentada por las actuales autoridades bajo el argumento de “desinformar” y llamar a la “sedición y terrorismo”, como un preámbulo para justificar esta coacción a la libertad de expresión.
Denunciamos a la vez la pretensión de este gobierno de “transición” cuya única tarea es la de garantizar a la brevedad elecciones, que con el pretexto de “reasignación” prepara el despojo de los equipos de radio a las organizaciones sociales pilares del proceso de cambio, quienes se mantienen en situación de resistencia al actual gobierno de facto. Por “reasignación” entiéndase a sectores ligados a “cívicos”.
En su página Facebook Radio Kawsachun Coca denuncia:
#RKC #GOLPEALIBERTADDEEXPRESION
*URGENTE; MINISTERIO DE COMUNICACIÓN DECOMISA EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE RADIO KAWSACHUN COCA EN SAN IGNACIO DE MOXOS*
“RKC-7-01-2020.- Una comisión de técnicos del ministerio de comunicación procedió al decomiso de los equipos de transmisión de Radio Kawsachun Coca instalados en la localidad de San Ignacio de Moxos, por supuesto mantenimiento, según comunicaron pobladores del lugar a la dirección de la emisora.
Se trata de un equipo transmisor de Frecuencia Modulada (FM) de 5 KW, más el armazón (RAK) que funcionaba en aquella localidad para brindar servicio principalmente a la región indígena del departamento del Beni.
El equipo fue dotado por el ministerio de comunicación a Radio Kawsachun Coca a través del proyecto “Reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de información en áreas rurales en el departamento del Beni en la gestión 2015.
¡NOS QUIEREN CALLAR!!
De esta manera, el gobierno de Jeanine Añez, a través del ministerio de Comunicación, pretende acallar las emisiones de la Radio Kawsachun Coca, (emisora comunitaria) atropellando una vez más de manera certera la libertad de expresión y libertad de comunicación a cientos de personas que tenían el servicio a través de la emisora en las localidades indígenas de San Ignacio de Moxos en el Beni y el CONISUR del departamento de Cochabamba.
¡PEDIMOS AYUDA!!
Desde la dirección de la emisora, manifestamos total rechazo a semejante atropello, y pedimos a las instituciones defensoras de derechos humanos en Bolivia y en el exterior, a nuestras organizaciones de los trabajadores de la prensa nacional e internacional, y al defensor del pueblo en Bolivia, a nuestros lideres y dirigentes de las organizaciones sociales del país, acudir a nuestro llamado de protesta y apoyo para la inmediata reposición de los equipos decomisados.”
Acoso y amedrentamiento a medios privados
La falta de tolerancia e intento de acallamiento bajo diferentes formas no se da solamente hacia los medios comunitarios y de propiedad de organizaciones sociales.
Se extiende hacia varios medios privados, so pretexto de una burda tergiversación donde el Ministerio de Comunicación (Roxana Lizárraga) y el Servicio de Impuestos Nacionales SIN “analizan millonaria deuda tributaria de las redes ATB, PAT, AbyaYala y el periódico La Razón”, supuestamente preocupados por la situación de los trabajadores de los medios mencionados.
Cabe señalar que el flamante presidente ejecutivo interino del SIN es Mario Renato Nava Morales, a la vez subgerente corporativo tributario del Grupo Empresarial de Inversión Nacional Vida S.A, presidida por el cívico Luis Fernando Camacho, (quien adeuda varios millones por concepto de impuestos), como retribución del favor político que se maneja en términos de cuoteo del Estado.
Paralelamente se inició una persecución atroz en contra del exgerente de la red televisiva ATB, Marcelo Hurtado, sin que se esté cumpliendo con el debido proceso ni respeto a los derechos fundamentales, detenido por segunda vez entre muchas arbitrariedades y abuso de poder.
Algo similar ocurre en las acusaciones infundadas contra Amanda Dávila, quien por el simple hecho de ser ex Ministra de Comunicación del Gobierno de Evo Morales es víctima de acoso político y judicial.
El caso de AbyaYala TV, un continente de culturas
AbyaYala Televisión está en el ojo de la tormenta, bajo falsas acusaciones de ser un canal ilegal. Aclaramos que AbyaYala es una fundación, es decir entidad privada cuyos fines son la comunicación, información y educación. Desmentimos de manera enérgica que se trate de un medio de comunicación propiedad de Evo Morales Ayma. En tanto entidad de derecho privado, cuenta con Personería jurídica y en principio, debiera estar protegida por las leyes, como corresponde en un Estado de Derecho.
Tiene la filosofía de promover y creer en la solidaridad de los pueblos, así mismo en una comunicación para la integración de la Patria Grande desde el inicio de sus emisiones hace más de 5 años.
De ahí que tomar la señal de TeleSur por ejemplo, es algo que no puede ser confundido con “sedición y terrorismo”, sino que es una opción comunicacional que la CPE nos permite en el marco de la libertad de expresión y diferencia de opinión que son derechos constitucionalizados.
Por otra parte, se prioriza una programación educativa, cultural y alternativa, donde son priorizadas películas y programas que aporten a la reflexión y la conciencia crítica, en contraposición a la mayoría de canales comerciales.
En tantos años de supuesta dictadura, el Gobierno de Evo Morales no sacó del aire ni a CNN ni a canales privados nacionales. ¿Ahora se pretende acallar un medio por una visión y enfoque diferentes? ¿Dónde quedó el derecho a la libertad de pensamiento y diferencias de opinión? Derechos no solamente protegidos por nuestra Constitución Política del Estado sino también por las Convenciones internacionales.
Respondiendo la falsa acusación de la ministra de comunicación Roxana Lizarraga, AbyaYala si cuenta con licencia de funcionamiento, otorgado por la ATT mediante RAR ATT-DJ-RA TL LP 479/2015 del 17 de abril de 2015 (RAR 479/2015) para el Uso de frecuencias correspondientes al canal 41 UHF, mismo que se formalizó con la firma de contrato de licencia de radiodifusión CTTO 47/2015 para operar una Red de Telecomunicaciones. Entre los años 2016 y 2017, de igual manera se accedió de manera absolutamente legal a las Resoluciones Administrativas Regulatorias para Oruro, Trinidad, Cobija, Cochabamba y Tarija.
Como AbyaYala nos declaramos víctimas de persecución y amedrentamiento, con la clara intención de proceder con una intervención ilegal a una Fundación que es una entidad privada, para impulsar una toma absolutamente ilegal.
La libertad de expresión y pensamiento no son sinónimo de sedición.
Las agresiones al canal, como ser en fecha 4 de noviembre 2019 cuando al promediar las 15.30 un grupo de jóvenes con el rostro cubierto lanzaron objetos y pintura a la fachada del canal no fueron investigados por los órganos competentes, dejando en la impunidad el accionar cobarde y violento contra el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de información.
Similares acosos y amedrentamientos se dieron con oficinas y corresponsales a nivel nacional, sin tener respuesta menos la protección que corresponde. Ya en este mes de enero, nuevamente la periodista Karen Ramírez de AbyaYala sufrió la amenaza de muerte de ser quemados vivos en caso de seguir realizando coberturas.
Respecto a la criminalización de la representación legal que recayó en ex autoridades del Gobierno de Evo Morales, no hay asidero legal para tildar de delito dicha situación, ya que al concluir sus funciones en determinada cartera del Estado, no pierden sus derechos civiles para asumir representación, nuevamente se denota la falta de tolerancia a opiniones opuestas al actual régimen.
Y en cuanto a deudas impositivas, AbyaYala ha realizado un máximo esfuerzo por cumplir estos compromisos, existiendo pagos mensuales como corresponde y acogiéndose a un plan de pagos para parte de los compromisos, tal como ocurre con muchas otras empresas. En el marco de la mencionada transparencia, el Servicio de Impuestos Nacionales SIN debería publicar dichas deudas no de un medio en particular sino del conjunto de medios de comunicación que nos permitiría poner en contexto las acusaciones, sin olvidarse de las grandes empresas aeronáuticas (por ejemplo, Amaszonas, que pese a su elevadísima deuda con el SIN, se benefició de las rutas y hasta gerencia de la estatal Boliviana de Aviación BOA…).
Claramente el intento de toma ilegal de un canal privado es un atropello a la libertad de expresión reflejo de la intolerancia absoluta a opiniones plurales.
Persecución y amedrentamiento a activistas y comunicadores por “patrullaje cibernético”
La represión de las ideas llega al extremo que existen personas perseguidas y hasta detenidas por expresarse en redes sociales o medios digitales, ejemplo de prácticas totalmente dictatoriales e incompatibles en un Estado de Derecho.
El delito: Pensar diferente como sinónimo de sedición, decir la verdad es sinónimo de terrorismo.
El 31 de diciembre fueron detenidos Alejandra Salinas (actualmente con detención domiciliaria) y Orestes Sotomayor, ambos integrantes de La Resistencia Bolivia además de un compañero de AGETIC que fue liberado. Su detención se basa en un requerimiento fiscal emitido en fecha 27 de diciembre para comenzar la investigación por sedición a los conductores del programa de radio “La Resistencia Radio”, programa que habría sido emitido hasta agosto del 2019.
El requerimiento ordena la entrega de un informe con los datos de las personas encargadas del programa de radio, los términos bajo los cuales se difundía el programa y las personas que lo financiaban.
El delito de la solidaridad con las víctimas de Senkata
En fecha 16 de diciembre, a casi un mes de la masacre de Senkata, los jóvenes Carlos Cornejo (corresponsal de La Izquierda Diario de Argentina/Brasil), Leonel Jurado (artista plástico) y Andrea Mamani (universitaria) fueron detenidos ilegalmente, acusados de sedición e incitación a la violencia por pegar carteles para un acto de solidaridad con víctimas de Senkata. Antes habían organizado una kermese. Hasta el acto más inocente es sedición para los golpistas.
«Nosotros hicimos un acto de solidaridad con una kermesse el pasado domingo para recaudar víveres para los familiares de los caídos en Senkata, y teníamos un nuevo acto este jueves en la UPEA (Universidad de El Alto), y hoy [lunes] nos reunimos solo para hacer publicidad de ese evento. Los únicos materiales que nos decomisaron fueron papel reciclable y pinturas, porque nuestro único objetivo era hacer publicidad para el evento del jueves. No hicimos nada y sin embargo nos imputaron en una acción directa y hoy se demostró ante el fiscal que no había tal prueba. Mañana [martes] vamos a tener la audiencia a las 8 de la mañana y hoy vamos a dormir en celdas judiciales, pero quiero dejar en claro que este es un arresto ilegal».
Aunque al día siguiente fueron puestos en libertad, refleja la arbitrariedad y alevosía de un Gobierno ajeno al dolor humano de los hermanos alteños masacrados impunemente, al amparo de un Decreto Supremo que daba licencia para matar.
Enviado a la cárcel por sacar fotografías a activistas “pititas” frente a Embajada de México
El 1 de enero 2020, fue aprendido y luego encarcelado Luis A.H. en inmediaciones de la embajada de México, misma que desde el 26 de diciembre 2019 se encuentra cercada por “activistas”. ¿Su delito? ¡Fue sorprendido sacando fotografías!
Entregado a la policía se le incautó el celular, y “le encontraron audios comprometedores” (convocatorias y audios que enviaba a otros grupos tratando de concentrar gente en las proximidades de la residencia). Parece broma, porque si sacar fotos y mandar audios fuera delito, se necesitarían muchas más cárceles. Y en principio, en un Estado de Derecho, incautar un celular requiere de un requerimiento judicial previo, siendo la privacidad uno de los derechos civiles constitucionales.
El pobre ciudadano, después de la audiencia de medidas cautelares fue enviado a la cárcel de San Pedro acusado de sedición, uso de instrumento falsificado y favorecimiento a la evasión bajo sospecha de querer generar el caos y de ese modo propiciar la fuga del exministro Juan Ramón Quintana que se encuentra en el interior de la residencia…
A dos meses de un gobierno de transición autoproclamado: Inicio de procesos contra 592 ex autoridades del MAS
En fecha 7 de enero 2019, el Ministro de Justicia Álvaro Coímbra hace el anuncio de iniciar procesos contra todos los ex ministros, viceministros, directores de los Ministerios además ejecutivos de empresas estratégicas, además de sus familiares. Así de simple, presunción de culpabilidad contra cuanto servidor público jerárquico entre el año 2006 y 2019, ampliando la “preinvestigación” a sus familiares y “testaferros”, con seguridad sin el debido proceso y con la macabra intención de inhabilitar a posibles candidatos por el MAS en la próxima y en las futuras elecciones.
Es la expresión máxima de la intolerancia y persecución política, una verdadera caza de brujas que amerita una condena nacional e internacional. Habría que revisar en casi 14 años cuantos juicios contra exautoridades impulso el Gobierno del MAS para tener noción de esta sed de venganza que con seguridad sobrepasará los 1000 procesos al paso que vamos.
Protección y complicidad con “pititas”, motoqueros y “resistencia cívica”
Mientras que se da esta persecución a dirigentes, potenciales candidatos, ex autoridades y hasta simple simpatizantes del MAS-IPSP, existen grupos de choque parapoliciales y hasta paramilitares, autodenominados “resistencia cívica”, motoqueros organizados, “pititas” y demás, éstos gozan de la protección y complicidad de la policía y el gobierno de facto. Si en los días de mayor convulsión apalearon a humildes mujeres de pollera o cuanto ciudadano sospechoso de ser “masista”, ahora continúan con su amedrentamiento, vigilias que no son otra cosa que un acoso al mero estilo fascista, donde elaboran desde listas negras, no permiten el ejercicio de sus funciones a servidores como Defensores del Pueblo, o se plantan en domicilios de ex autoridades o embajadas.
Estamos presenciando un peligroso fenómeno de un movimiento que, a título de ciudadano, toma la ley en sus manos. Villanos mostrados como héroes por los medios de comunicación y las autoridades….
Concluyendo
En el campo comunicacional:
Muchos de nuestros periodistas sufrieron amedrentamiento, agresiones verbales y hasta amenazas de muerte por parte de ciudadanos “antimasistas” enardecidos, corresponde a las autoridades nacionales y gremios periodísticos defender los derechos humanos, así como derecho al trabajo de nuestro personal, como de cualquier otro medio de comunicación, más allá de la supuesta afinidad política sino como un principio.
A tiempo de denunciar estos atropellos, apelamos a las instancias sindicales y periodísticas tanto a nivel nacional como internacional a solidarizarse y asumir la defensa que corresponde del gremio, para evitar la intolerancia extrema hacia la pluralidad de la comunicación. Persecución a periodistas y cierre de medios de comunicación no debería ser tarea de ningún gobierno, menos de uno de transición, cuya única tarea es la de encaminar elecciones para contar a la brevedad con autoridades electas por voto popular.
Fuente: Alainet
