La situación del director de inteligencia, general Gonzalo Blu, y por ende la del director general de Carabineros, Bruno Villalobos, se tornó insostenible, luego que el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, solicitó al Juzgado de Garantía de Temuco el sobreseimiento del Fiscal Luis Arroyo y a la abogada Mónica Palma, debido a que todos los antecedentes presentados por Carabineros son falsos.
Los nombres de Arroyo -fiscal de Alta Complejidad de Temuco- y de Mónica Palma cobraron notoriedad luego de conocerse, el 25 de enero, que el primero había presentado una querella contra funcionarios de Carabineros acusándolos de realizar montaje de pruebas para perjudicarlo y responsabilizarlo de una presunta filtración de información a miembros de la CAM.
En ésta señaló que se había inventando la existencia de una relación sentimental entre él y Palma, una de sus abogadas asistentes.
«Vengo en solicitar se fije audiencia para decretar el sobreseimiento definitivo y parcial respecto de los hechos contenidos en las denuncias, (…) por no constituir ellos delito alguno sancionado en el Código Penal o en algún otro cuerpo legal», dice el escrito presentado por Palma.
«Se ha podido concluir que los hechos denunciados no constituyen delitos de obstrucción a la investigación ni de violación de secreto, ni algún otro contenido en el Código Penal o en algún otro cuerpo legal», remarca el fiscal Palma, e indica que «los hechos presuntamente delictivos expuestos en los oficios de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros no existieron.
«Ninguno de los dispositivos electrónicos propiedad de los imputados, esto es, los tres teléfonos móviles, el computador fiscal y el computador personal del fiscal Arroyo Palma, ni el computador fiscal ni el teléfono móvil de la abogada Palma Martínez contenían la información, conversaciones y contactos que señalan los oficios», reseña el fiscal.
La solicitud de audiencia agrega:
«Los archivos tampoco fueron borrados de dichos dispositivos, es decir, jamás existieron en los aparatos incautados, específicamente, jamás existieron en los teléfonos móviles que el propio informe de Carabineros dice que estaban interceptados».
«Se descarta la participación de los imputados como autores de los delitos de violación de secreto y obstrucción a la investigación, puesto que todos los antecedentes expuestos en los informes de inteligencia son falsos. No existió filtración de información, al tenor de lo denunciado en los mencionados informes policiales», remarcó.
Sobreseimiento de Héctor Llaitul
El fiscal Palma también solicitó el sobreseimiento del vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, quien era investigado por un presunto intento de sabotaje al correo electrónico y WhatsApp del fiscal Luis Arroyo y del mayor de Carabineros Patricio Marín:
«Se solicita el sobreseimiento parcial y definitivo de la causa respecto del sujeto sindicado como Marcos B. y Héctor Llaitul Carrillanca, por los delitos de espionaje y sabotaje informático, por no revestir los hechos denunciados caracteres de delito alguno, ya que los hechos no acaecieron».
El fiscal señala en la solicitud:
«Los hechos denunciados y expuestos en el preinforme y en el oficio de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, NO EXISTIERON. Se comprobó que los hechos denunciados nunca ocurrieron y nunca acaeció el intento de sabotaje, debido a que la IP denunciada es de contenido estático, o sea, que no permite la navegación por internet».
Palma concluye:
«Jamás existió intromisión indebida a correo electrónico alguno, sino que sólo se da cuenta tanto en la causa abierta, como en la querella del Ministerio del Interior. Lo que habría existido es un intento de intromisión, situación que de haber existido (cuestión que descarto) no es encuadrable en ninguna figura penal».
Blu y Villalobos en capilla
Así, en una primera etapa en camino a la denominada “verdad judicial” que pidió el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, el Ministerio Público concretó en los tribunales de Temuco la solicitud de la primera acción judicial, antesala de la solicitud de formalizaciones de los autores de uno de los hechos más graves de la Reforma Procesal Penal, partiendo por director de inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, quién aparece firmando los oficios que el fiscal Palma caracterizó como falsos.
El 11 de diciembre del año pasado el alto oficial de Carabineros liberó ante el fiscal nacional Jorge Abbott información de una supuesta filtración de información a la CAM que habría hecho la mujer quien trabaja en la Fiscalía de la Araucanía, con el supuesto encubrimiento de su jefe, respecto a adelantar información de las detenciones de Operación Huracán.
“Todo es falso” estableció la investigación que desacredita los supuestos informes que hizo el “profesor” Álex Smith con su software Antorcha y el personal de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UOIE) de Temuco.
Esta era la segunda liberación que hacía Carabineros, por esa época, por supuestas operaciones de Inteligencia utilizando el software del civil contratado para labores de Inteligencia.
La primera fue el informe 130 entregado el 26 de septiembre de ese año que motivó que la Fiscalía de la Araucanía pidiera la formalización de ocho comuneros imputados en lo que Carabineros denominó “Operación Huracán”, evidencia que el organismo persecutor ha adquirido convicción de que fue inventada y que sirvió para mantener presos a supuestos autores de ataques incendiarios en La Araucanía, entre ellos al líder de la CAM, Héctor Llaitul.
El Ministerio Público pidió el sobreseimiento de Palma y Arroyo basándose en la causal de inexistencia del delito (nunca existió violación de secreto ni obstrucción a la investigación) por parte de los miembros del Ministerio Público, y por ende no existe participación.
Con estos nuevos peritajes y antecedentes, las defensas de los imputados en Operación Huracán podrán pedir de nuevo su sobreseimiento, el que fue rechazado hace algunos días por la Corte de Temuco.
El paso siguiente será la solicitud de formalización a los responsables como autores y encubridores de estos documentos de inteligencia falsificados y que llevaron al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, a dictar medidas intrusivas en el marco de la Ley de Inteligencia.
La imputación estaría dirigida a Álex Smith, personal del Labocar y oficiales de Inteligencia entre quienes se encontraría el general inspector de Carabineros, Gonzalo Blu, quien aparece firmando cada uno de los reportes supuestamente “falsos”, cuya fabricación e implantación de mensajes la Fiscalía buscará acreditar ante tribunales.
Sería la primera vez que se formaliza a un alto oficial de la policía uniformada en ejercicio, toda vez que hasta el día de hoy Blu está activo.
De lo que ha logrado acreditar hasta el momento la investigación penal dirigida por el fiscal regional de Aysén es que no sólo se implantó prueba en los celulares de los comuneros, formalizados por Operación Huracán, que en un principio se pensó podían ser textos que se ingresaban a chats que sí pudieran existir al interior de los aparatos, sino que el Ministerio Público ha llegado a la convicción de que absolutamente todos los textos fueron inoculados en los dispositivos que se incautaron a los comuneros, por ende, los reportes de Inteligencia de Blu en su totalidad habrían sido inventados por personal policial.
En varias partes del escrito del fiscal Carlos Palma se repiten las conclusiones a las que llegaron peritajes internos de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional y los de la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a la acusación que hizo el general de Inteligencia Gonzalo Blu el 11 de diciembre pasado cuando “liberó” ante el fiscal nacional Jorge Abbott información recabada por Antocha contra los miembros del Ministerio Público.
“Todos los antecedentes expuestos en los oficios liberados en el oficio N° 202 y 210 de la UIOE son falsos”, dice el escrito que pide agendar audiencia lo que será resuelto en las próximas horas por el tribunal de garantía.
Entre las pruebas con las que cuenta el fiscal Palma, y detalla el escrito, está las pericias a los celulares del trabajo y personales, además de computadores que fueron incautados por el jefe regional el 26 de diciembre de 2017 al fiscal Luis Arroyo y su abogada asistente Mónica Palma tras la denuncia del general Blu.
Pericias
Dos pericias distintas, una de un ingeniero de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizados de la Fiscalía Nacional (ULDDECO) y otra de la Policía de Investigaciones (PDI) tras extraer la información de los dispositivos electrónicos de Arroyo y Pama no sólo no hallaron los supuestos chats que había interceptado entre ellos Antorcha, ni tampoco el mensaje dónde supuestamente Palma enviaba a un miembro de la CAM información de la causa Operación Huracán. En dichos celulares y computadores no había nada al respecto.
Las pericias concluyen que “se extrajeron los archivos, los que fueron ordenados y almacenados en carpetas separadas y acompañados con sus respectivos reportes. Analizados los archivos, el Informe Policial señala que no se obtuvieron los archivos a los que hace referencia el Oficio Secreto N° 202, de fecha 11 de diciembre de 2017 de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, de Carabineros de Chile”.
Además la Brigada de Investigación Policial Especial (BIPE) solicitó a las compañías telefónicas el tráfico de llamada de la abogada Mónica Palma quien no tuvo ningún contacto telefónico con alguno de los imputados del caso.
De las escuchas telefónicas de la profesional con su jefe, en poder del reporte de Inteligencia, también se descartó el tenor entre ambos de la denuncia que hace Carabineros y junto con no encontrar supuestos mensajes que revelarían una relación entre ambos, la PDI en un segundo informe allegado hace unos días a la causa dice que además no existe registro de información borrada.
Con un programa especial la PDI puede lograr que aun borrándose mensajería esta pueda ser rescatada, en el caso concreto ni Arroyo ni Palma lo habrían hecho.
La pericia concluye lo siguiente:
“El resultado de las pericias antes señaladas dan cuenta que ninguno de los dispositivos electrónicos propiedad de los imputados, esto es, los tres teléfonos móviles, el computador fiscal y el computador personal del fiscal Arroyo Palma, ni el computador fiscal ni el teléfono móvil de la abogada Palma Martínez contenían la información, conversaciones, imágenes y contactos que señalan los oficios N° 202 y N° 210, especies que fueron todas incautadas el día 26 de diciembre de 2017 directamente en dependencias de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, y que los archivos tampoco fueron borrados de dichos dispositivos. Es decir, jamás existieron en los aparatos incautados, específicamente, jamás existieron en los teléfonos móviles que el propio Oficio Reservado Nº 202 dice que estaban interceptados”.
Es más, el informe de Inteligencia que libera el general Blu y respecto al cual el oficial (R) de Carabineros Leonardo Osses habló esta semana en audiencia señala que lograron establecer que quien supuestamente filtraba era una persona de la Fiscalía porque la foto que enviaba –capturada por Antorcha- (supuestamente con la lista de a quienes se iba a detener) era una persona de la Fiscalía. Y que tras detectar una foto georeferenciaron que se envió desde la Fiscalía.
Lo cierto es que el día en que Mónica Palma supuestamente habría alertado de las detenciones a un investigado, personal de la BIPE tras revisar cámaras logró establecer que la aludida abogada ese día, 16 de septiembre, estuvo todo el día en un juicio oral en los tribunales de Temuco, lejos del edificio que alberga la Fiscalía Regional de La Araucanía.
Asimismo, sobre supuestos chats entre ella y su jefe, el fiscal Luis Arroyo, en que coordinaban una junta, la PDI estableció que en la fecha de esos mensajes el investigador se encontraba fuera del país, en Italia.
De las fotos que extrajo supuestamente “Antorcha” desde el teléfono de la profesional, que muestran a la familia de Arroyo, la PDI estableció que son imágenes extraídas desde el Facebook abierto de la esposa del fiscal, las que fueron recortadas, además de fotos de él que pueden extraerse desde fuentes abiertas, como google.
En las próximas horas el juez de despacho del Tribunal de Garantía de Temuco fijará audiencia para que los antecedentes expuestos en el escrito del fiscal Carlos Palma sean expuestos ante la justicia iniciándose así el camino a la verdad judicial, que no puede ser otro que la salida de Blu, y por tanto, la de Villalobos.
