El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez detalló los fundamentos legales de la acción de la institución respecto al control de las pensiones de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, y la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca. Eel presidente de la Comisión, Leonardo Soto, estimó el costo anual de las pensiones irregulares en seis mil millones de pesos.
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Un detallado informe sobre lo realizado por la Contraloría en materia de pensiones sobre el tope legal de 60 UF en Gendarmería, efectuó el Contralor General, Jorge Bermúdez, ante las Comisiones Especiales Investigadoras Unidas encargadas de analizar las eventuales irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena y Dipreca y las pensiones pagadas a funcionarios de Gendarmería.
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En la oportunidad, explicó las diferencias entre los regímenes jurídicos de quienes se desempeñan en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad respecto de los funcionarios de Gendarmería.
Indicó que, en el primer caso, la fuente normativa de tales entidades como cuerpos de defensa y seguridad, uniformados, obedientes y no deliberantes tiene su raíz en la propia Constitución, mientras que en el caso de Gendarmería se trata de un servicio público “civil” creado como tal por la ley.
Precisó que en el caso de las FF.AA. y de Orden y Seguridad, sus altos mandos “tienen limitadas atribuciones para alterar la carrera funcionaria”, en tanto el director de Gendarmería como jefe de un servicio público de naturaleza civil “cuenta con un conjunto de facultades discrecionales para asignar grados, cargos y asignaciones imponibles” y todo ello impacta en definitiva en las pensiones que recibe el personal en ambos tipos de instituciones, señaló.
Presentó un cuadro comparativo en el que explicó qué tipo de caja paga las pensiones a los diversos estamentos. Acotó que si bien tanto en Carabineros como en Gendarmería estos fondos son entregados por Dipreca, hizo especialmente presente que, en el caso de Carabineros, la escala de sueldos que los rige de acuerdo a la ley es la de Remuneraciones de Personal de Nombramiento institucional (sin tope); en cambio, la de Gendarmería es la Escala Única de Sueldos que se aplica a la generalidad de los funcionarios públicos civiles (para la cual la ley establece 60 UF como tope imponible).
El Contralor Bermúdez explicó el régimen previsional de Gendarmería, señalando que el artículo 1° de la Ley N° 19.195 establece que el personal de las plantas de oficiales y vigilantes penitenciarios, además de profesionales, directivos, administrativos, técnicos y auxiliares que sean destinados en forma permanente a prestar servicios dentro de una unidad penal, estarán sujetos a Dipreca, mientras que el resto de los funcionarios de dicha entidad pertenecen al sistema de AFP.
En ese ámbito, puso de relieve que la normativa establece que el límite de imponibilidad de las remuneraciones de los funcionarios de Gendarmería es de 60 UF.
Posteriormente, resumió la actuación de la CGR, explicando que, en materia de jurisprudencia, en 1995 y 1998, los dictámenes N°s 32.547 y 9.448, respectivamente, sostuvieron la aplicación del tope legal de imponibilidad para el mencionado servicio.
Además, recordó que en 1992 se delegó la toma de razón de estas pensiones en el jefe de la Subdivisión de Toma de Razón y Registro, lo cual fue reiterado en una resolución de 2006, indicando que ello obedece a una cuestión funcional porque, anualmente, en CGR se tramitan más de 12.800 resoluciones sólo en lo relativo a beneficios previsionales, de modo que no es posible materialmente que todos los casos sean revisados directa y personalmente por el Contralor o sus antecesores.
No obstante, tras detectarse pensiones sobre el tope legal, resolvió, este año, delegar dicha toma de razón en el Jefe de la División de Personal de la Administración del Estado, subiendo el nivel jerárquico de responsabilidad, encargando así la revisión de estas materias a una alta jefatura de la entidad. Un tercer foco de actuación de la Contraloría se produjo en abril de este año, mediante una serie de oficios donde se representaron resoluciones de Dipreca por cuanto no cumplían con la ley al exceder las 60 UF.
En otra de sus ideas fuerza, explicó que el dictamen N° 42.701, emitido el 9 de junio de este año, aplicó el tope legal máximo de 60 UF para el cálculo de tales pensiones, dando así cumplimiento a la ley N° 19.200 que lo fija expresamente.
Entre los fundamentos que entregó se destaca que el tope imponible rige para todos los funcionarios sometidos a la Escala Única de Sueldos, sin importar la caja que paga su pensión. Lo anterior, además, fue expresamente reforzado en el dictamen N° 50.751, del 8 de julio de 2016.
En su presentación, el Contralor también hizo hincapié en el aporte que el fisco realiza a las pensiones de Dipreca. Dicha cifra es de más de $ 500 mil millones de pesos al año, solventando el 76% del total. Ante ello, señaló que, aplicando el tope legal de las 60 UF más el reajuste, el Fisco dejaría de perder alrededor de $ 8 mil millones al décimo año, aproximadamente.
El último ítem abordado por la máxima autoridad de fiscalización consistió en resumir las acciones llevadas a cabo por la CGR. Junto con mencionar la representación de actos que conceden pensiones sobre el tope imponible, también indicó la emisión del oficio N° 58.759, del 9 de agosto de este año, que ordenó a Dipreca iniciar un proceso invalidatorio; la ejecución de un sumario en la Contraloría General; la entrega de antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, entidad a la que se le despachó copia del sumario interno, que aún está en fase preliminar; la designación de nuevas jefaturas en el Organismo de Control; y la nueva delegación de facultades en materia previsional.
El Contralor Bermúdez también mencionó que, a la fecha, se han interpuesto 11 recursos de protección por parte de las asociaciones de funcionarios y de empleados activos y pasivos de Gendarmería contra la CGR. Dichas acciones judiciales serán próximamente puestas en tabla para su vista por la Corte de Apelaciones de Santiago. Al respecto, reiteró que la Entidad que dirige usará todas sus facultades en resguardo de los recursos públicos.
A la sesión de la Comisión Investigadora asistieron, junto al Contralor General, el Jefe de la División Jurídica (DJUR), Camilo Mirosevic; el Jefe (S) de la División de Personal de la Administración del Estado (DPAE), Víctor Hugo Merino; el asesor del Gabinete del Contralor, Alejandro Valenzuela; la Jefa del Comité de Seguridad Social y Remuneraciones de la DJUR, María Marcela Silva; y la Jefa del Comité de Seguridad Social de la DPAE, Claudia Neira.
Por la comisión asistieron su Presidente, Leonardo Soto; además de los Diputados Sergio Aguiló, Loreto Carvajal, Juan Antonio Coloma, Gustavo Hasbún, Nicolás Monckeberg, Denise Pascal, José Pérez, Jaime Pilowsky, Karla Rubilar, Marisol Turres, Jorge Ulloa y Felipe Ward.
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Diputado Leonardo Soto: Costo fiscal de pensiones irregulares en Capredena y Dipreca superan los $6 mil millones anuales
El diputado Leonardo Soto (PS), presidente de la comisión investigadora unida de las irregularidades en las pensiones de Gendarmería y de las FFAA y de Orden, estimó por sobre los 6 mil millones de pesos anuales el sobrepago que hace Dipreca y Capredena a pensionados de dichas cajas, a partir de jubilaciones con inconsistencias o algún componente de ilegalidad.
Esto luego de que el contralor Jorge Bermudez reafirmara en la instancia que las pensiones que reciben funcionarios adscritos a la escala única de sueldos en la totalidad del sistema, y los de Gendarmería que no cumplen labores permanentes en centros penales, no pueden superar el límite legal de las 60UF.
El parlamentario explicó que la cifra de 6 mil millones se alcanza «al considerar el pago sobre 60UF de las 592 pensiones en Gendarmería que superan ese tope legal, más el mismo margen de 23 casos correspondientes a funcionarios de Capredena, multiplicando ese exceso por el total de los meses del año».
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«Si bien dentro de esa lista pueden haber personas exentas del tope por cumplir labores efectivas en centros penales, aun falta integrar al cálculo la totalidad de los funcionarios civiles no exentos de las FFAA, PDI, Carabineros, Dipreca y servicios relacionados, por lo que la cifra puede ser incluso superior», añadió Soto.
El legislador señaló que espera conocer el detalle de los casos faltantes en la sesión del próximo lunes de la comisión investigadora, en la que expondrán los máximos jefes de Dipreca y Capredena, a quienes ya ofició para tal efecto.
Asimismo, advirtió que el pago de pensiones por sobre el tope legal «no es la única forma de dañar este sistema previsional, hay varios otros espacios para el abuso y las irregularidades».
«Por ejemplo, en la entrega injustificada de pensiones de invalidez en las FFAA y de Orden, o en el abultamiento de la última remuneración con que se calcula la pensión. Todo mecanismo ilegal y abusivo será objeto de una completa y profunda investigación, caiga quien caiga», concluyó Soto.
