En este primer semestre deberían quedar instaladas todas las medidas que vayan a regular, fiscalizar y sancionar el financiamiento de la política. En unas semanas, un equipo anticorrupción de la Nueva Mayoría entregará propuestas. En el parlamento ya se analizan iniciativas que incluyen severas sanciones, como que legisladores que violen la ley pierden su escaño. Y se esperan las conclusiones de la Comisión presidencial.
Desde la casa presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, la presidenta Michelle Bachelet precisó lo que su administración hará después de todos los casos conocidos de ilícitos y malas prácticas en el vínculo negocios y política:
“Vamos a tomar todas las medidas para que, afecte a quien afecte y pase lo que pase, nuestro país pueda tener la confianza de que se van a respetar las prácticas éticas, legales y administrativas correspondientes, para que el país pueda confiar en sus instituciones”.
Luego de eso vino un torbellino de propuestas y acciones anticorrupción, las cuales ya están en desarrollo y tienen tensionado al mundo de la política y de los consorcios empresariales.
Todo apunta a que antes de que concluya este primer semestre deberían quedar instaladas todas las medidas que vayan a regular, fiscalizar y sancionar las prácticas y normas para el financiamiento de la política.
Un paso, que ya está en desarrollo, fue la resolución de la jefa de Estado de crear la Comisión Asesora Presidencial Contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción, a la que le quedan como 30 días para presentar a la mandataria propuestas que apunten a evitar, combatir y sancionar ese tipo de prácticas en el país.
Junto a eso, vino una lluvia de propuestas e iniciativas.
Un grupo de parlamentarios del Partido Comunista planteó una reforma constitucional para que se puedan investigar las privatizaciones de empresas estatales que se hicieron durante la dictadura, considerando que entre los beneficiados están actuales empresarios indagados y formalizados por la Justicia por delitos tributarios, financieros y sobornos; un grupo de senadores del oficialismo y la oposición le hizo llegar a la presidenta de la república un conjunto de propuestas para mejorar las medidas de probidad y transparencia; el Partido Comunista junto a la Izquierda Ciudadana, también entregaron a Bachelet una propuesta en relación al combate a la corrupción, a las malas prácticas en el vínculo dinero y política y la transparencia en la política; el Consejo para la Transparencia hizo pública una serie de iniciativas destinadas a transparentar y mejorar todo lo relacionado con los dineros en la política; y llovieron las opiniones, propuestas y análisis desde los ámbitos parlamentario, académico, periodístico y político.
El nuevo presidente del Senado, el democristiano Patricio Walker, anunció que a partir de la semana del 16 de marzo en la Cámara Alta comenzará la discusión de proyectos en cuanto a probidad y transparencia, entre los cuales se encuentra uno destinado a aumentar las penas de cárcel por delitos de cohecho y soborno, generalmente cometidos por hombres de negocios y directivos de empresas.
Uno de los episodios que dan cuenta de la decisión de encarar el tema de la corrupción en los ámbitos empresarial-financiero y político-público, fue la decisión de los partidos de la Nueva Mayoría de crear un equipo anticorrupción que deberá, en las próximas semanas, entregar propuesta sobre financiamiento de campañas, transparencia de dineros en la política y sanciones cuando se incumplan las leyes y las normativas tributarias, financieras y electorales.
No hay que olvidar que a fines del año pasado, Michelle Bachelet firmó el proyecto sobre financiamiento de la política, que incluyó la disminución del límite del gasto electoral en un 50%.
Un nuevo andamiaje contra las corruptelas
En definitiva, está en marcha la construcción de todo un andamiaje institucional renovado que genere otro cuerpo para la regulación, transparencia, fiscalización, normativas y sanciones en todo lo que tenga que ver con los dineros en la política.
Prácticamente, la aprobación de casi todas las medidas pasará por el Congreso Nacional. Allí se tendrán que acoger las nuevas disposiciones. Y algunos creen que esto debe y puede ser rápido.
“Yo creo que fue mucho el tiempo que se le dio al Consejo Asesor. Pero, bueno, en cuanto estén sus propuestas hay que trabajarlas. Pero podemos avanzar en estas semanas porque hay otras iniciativas planteadas, hay temas en los que podemos avanzar. Lo importante es que la gente está pidiendo respuestas al tema de los negocios y la política”, sostuvo el diputado Guillermo Teillier.
El coordinador de la Nueva Mayoría, Ernesto Velasco (Partido Radical Socialdemócrata), indicó que las propuestas del conglomerado apuntarán al “financiamiento de la política, terminar con los aportes reservados de las empresas y determinar la pérdida del escaño parlamentario cuando haya un incumplimiento de normas en materia de financiamiento” por parte de un senador o diputado. Añadió que “habrá énfasis en el tema de las penas cuando hay soborno y cohecho, lo mismo en la colusión y en lo que son los gobiernos corporativos”.
Durante estas semanas, las discusiones serán fuertes y hasta puede que solapadas, porque es claro que algunos sectores políticos y empresariales desean mantener la liga del dinero con los partidos políticos y las campañas electorales. Ya parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) plantearon que deben seguir existiendo los “aportes reservados” a las y los candidatos, lo que significa mantener abierta la llave para que fluyan millonarias sumas hacia ciertos postulantes que, de acuerdo a los informes del Servicio Electoral, en su inmensa mayoría son de colectividades de la derecha.
Como sea, durante los meses que vienen temas cardinales a resolver y donde ya hay algunos acuerdos (más, al interior de la Nueva Mayoría que en la derecha, con algunas excepciones) apuntan a que el Estado financie a los partidos y las campañas electorales; que baje a lo menos en un 50% el techo de gasto en campañas; otorgar recursos y atribuciones mayores al Servicio Electoral; fortalecer las acciones de organismos como la, Superintendencia de Valores y Seguros y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; reforzar las actividades del Servicio de Impuestos Internos; terminar con los “aportes reservados”; que los partidos transparente todas sus finanzas; reforzar condiciones de probidad y que bajen en un 10%, al menos, los sueldos de la presidencia, de los ministros y de los parlamentarios.
Otro aspecto en el que hay preocupación y motivación en algunos partidos de la NM, es difundir ampliamente sus propuestas para demostrarle a la ciudadanía que hay el compromiso de combatir la corrupción, terminar con privilegios y malas prácticas, castigar a quienes infrinjan la ley y transparentar mucho más la política en todos sus ámbitos.
Lo objetivable en este periodo es que junto con los procesos que se siguen en torno a las irregularidades y malas prácticas en Penta, Caval y Soquimich, está en marcha una marea de iniciativas y proyectos destinados a prevenir y combatir actos de corrupción y generar una institucionalidad que norme la relación negocios-dinero con la política y la función pública.
Fuente: Claves Magazine
