Acaso el mayor mérito, entre muchos, de la gigantesca marcha nacional contra las AFP del domingo 24 de julio, consiste en que instaló un tema soslayado durante los 35 años de existencia del sistema privado de pensiones, en centro mismo del sistema político, como lo hicieron en su momento los estudiantes, en los años 2006 y 2011, con el sistema de educación de mercado.
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Esto quiere decir que obligó a todos los representantes del sistema político e institucional a tomar públicas posiciones, las cuales deben ser tomadas en cuenta por la ciudadanía movilizada en el próximo ciclo eleccionario, que comprende comicios municipales, en octubre de este año, y elecciones generales el próximo 19 de noviembre; es decir, presidenciales, renovación de todos los diputados y reemplazo de la mitad de los senadores.
Es más, la presión por cambiar el sistema de pensiones también se abordó en una reunión de presidentes de partidos de la Nueva Mayoría, que acordaron plantearlo al Ejecutivo en la reunión del Comité Político. En paralelo, en el Congreso se acordó el análisis del tema en una comisión bicameral de Trabajo.
Sin embargo, instalar el tema es apenas el primer paso del proceso de cambio del sistema de previsión.
Unidad
Ahora, es necesario sostenerlo, como lo supieron hacer los estudiantes, y sobre todo, acumular fuerza política y social suficiente para transferirlo a -e implantarlo en- la esfera jurídica e institucional.
Al momento de emprender ese largo y arduo proceso, es preciso entender que el cambio del sistema de AFP y la renacionalización de nuestros recursos naturales, serán por definición los más difíciles de lograr, por cuanto apuntan al corazón mismo del neoliberalismo estratégico; es decir, a sus principales fuentes de financiamiento.
En consecuencia, si ante cambios de mediano calado, como los que propuso el actual Gobierno, la derecha, el empresariado, los poderes fácticos, el sistema mediático y los sectores liberales y/o conservadores de la propia coalición gobernante, utilizaron parte de su amplia gama de recursos de que disponen para impedirlos, o en todo caso para dificultarlos y reducirlos, es fácil deducir que van a utilizar su arsenal pesado contra modificaciones estructurales sistémicas, como el cambio del sistema de previsión o la renacionalización del cobre.
Lo harán simplemente por necesidad histórica. No se conoce caso alguno en que minorías privilegiadas cedan beneficios, intereses, prebendas o sinecuras, sin haber sido obligadas a hacerlo.
Por contra, los ejemplos históricos disponibles muestran que el único camino para lograr ese cometido, es la unidad social y política más amplia que puedan lograr las fuerzas del cambio.
Eso implica aplicar el arte de sumar y entender que en una lucha de semejante envergadura. no sobra nada ni nadie.
Tres posiciones
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Dicho lo anterior, cabe pasar revista a las posiciones evidenciadas con motivo de la marcha del domingo, que en esencia, o principalmente, se reducen a tres.
La primera es, lógicamente, la de convocantes y participantes de la marcha, que exigen sin ambages ni dobleces el reemplazo del sistema de capitalización individual, por uno de reparto, fundado en la solidaridad social.
La segunda es su antítesis, vale decir, los representantes de las AFP, los empresarios, los partidos de derecha y los portavoces del modelo neoliberal. La variante más extrema de esta postura consiste en «mejorar» las pensiones mediante el incremento de la cotización individual, el aumento de la edad de jubilación, o ambas, lo cual es un absurdo, porque equivale a cambiar de bolsillo la misma plata.
En los últimos tiempos se ha esbozado una tercera posición, por así decirlo, una posición centrista o intermedia, sobre la cual trabaja la Comisión Asesora Presidencial, o Comisión Bravo, consistente en mantener las bases del actual sistema, pero con aumento del «pilar solidario» es decir, aumento del gasto público del Estado, y eventualmente, cotización de la empresa; lo cual, sin embargo, no decarta el incremento del «pilar contributivo», una manera elíptica de encubrir el aumento del monto de la cotización, o la edad de jubulación o ambas. Una variante de esta posición es la AFP estatal, que tendría como efecto «mejorar» la competencia en el interior del sistema.
Un análisis atento mostrará que el cúmulo de declaraciones posteriores a la marcha del domingo se decanta en alguna de estas tres posiciones.
Impacto político
Las declaraciones de la Presidenta Bachelet se hicieron cargo del impacto político de las masivas marchas del domingo:
«La ciudadanía nos ha recordado una vez más que tenemos un desafío enorme: asegurar que las pensiones sean justas y reconozcan la dignidad y el esfuerzo laboral de las personas. Desde el inicio del Gobierno hemos escuchado esa demanda y nos hemos puesto en marcha para enfrentarla. Estamos impulsando la creación de una AFP estatal y definiendo una hoja de ruta».
La hoja de ruta a la que se refería la Mandataria era el proyecto para crear una AFP Estatal y al trabajo de la comisión Bravo, que busca generar una propuesta para cambiar el sistema, pero no bajo esta administración. Ambos son compromisos de su programa de gobierno. Sin embargo, están en segundo plano y son considerados insuficientes por sector de la propia Nueva Mayoría.
La Presidenta Bachelet convocó en abril de 2014 una «Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones» presidida por el economista David Bravo, que en septiembre del año pasado entregó su informe final.
Éste consignó las dos posturas mayoritarias de sus miembros -mantener el sistema de AFP con cambios o generar un nuevo sistema- porque en ese momento «no fue posible zanjar la discusión».
Sin embargo, luego de la jornada del domingo, no es improbable que el Gobierno le imprima un nuevo énfasis, aunque asume que en en el actual período no habrá mayores cambios.
Es lo que se puede inferiir de las declaraciones del portavoz de Gobierno, Marcelo Díaz:
«El propio Gobierno ha reconocido, -qué duda cabe- que en el ámbito de las pensiones hay desafíos significativos. Este Gobierno ha planteado tareas en esa dirección y estamos avanzando, pero, evidentemente, éste es uno de los grandes desafíos que tenemos como país hacia el futuro».
A mayor abundamiento, agregó:
«Vamos a iniciar la ruta. Probablemente tendremos todavía un largo trecho para arribar a una conclusión importante, pero si hay algo que este Gobierno va a hacer es plantear hacia dónde tenemos que avanzar, porque sabemos y compartimos –lo dijo la Presidenta el 21 de mayo- que el tema de las pensiones es uno de los grandes desafíos que tenemos como país».
Cambios en el sistema, no de sistema
Matices más, o menos, es la mismo posición reconocible en las declaraciones de políticos de la ex Concertación.
El ex Presidente, Ricardo Lagos, aseveró que «la marcha debe considerarse con seriedad»:
«No es fácil cambiar de un sistema de capitalización y volver a un sistema de reparto, pero hay un conjunto de medidas que se pueden adoptar para evitar este tipo de situaciones».
El también ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle señaló:
«Es evidente que el aporte al desarrollo de Chile en estos 30 años de todos los fondos de pensiones -que representa una cantidad inmensa, que son los recursos de todos los chilenos- ha sido un aporte central para el desarrollo del país, pero hay que hacer las correcciones que correspondan».
El senador Guido Girardi, jefe de bancada del PPD, considera ineludible que durante este Gobierno se realice el debate sobre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y llamó al Ejecutivo a darle prioridad nacional al tema y que, a partir de las conclusiones de la Comisión Bravo, envíe al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema.
La presidenta de la DC, senadora Carolina Goic, dijo que la AFP estatal derechamente “no cumple el objetivo de resolver la situación de las pensiones ” y su homónima del PS, Isabel Allende, planteó sumar aportes del Estado y las empresas a las cotizaciones de los trabajadores.
En la Nueva Mayoría coexisten visiones diferentes.
Algunos, como los diputados del PPD, Rodrigo González y Guillermo Ceroni, de la DC, Ricardo Rincón y Jorge Sabag y del PS, Leonardo Soto y Raúl Saldívar, presentaron una reforma constitucional al Sistema de Pensiones que pone fin a las AFPs y establece un sistema público y solidario tripartito de cotizaciones previsionales.
Básicament, establece un Sistema de Seguridad Social administrado por el Estado y por corporaciones sin fines de lucro, con libertad de elección del sistema, con cotizaciones obligatorias aportadas en forma tripartita por el Estado, empleadores y trabajadores.
Un grupo de diputados de la DC, entre ellos Marcelo Chávez, Ricardo Rincón y el jefe de bancada, Fuad Chahín, ingresará al Congreso un proyecto de acuerdo para solicitar a la Presidenta el envío de un proyecto de ley que permita a los cotizantes del sistema de AFP el retiro de hasta un 25% de sus fondos previsionales para ser destinados a la adquisición de un bien inmueble, al estilo de lo que se aprobó en Perú hace dos meses.
Como los han hecho invariablemente todos los ministros de Hacienda de la transición, Rodrigo Valdés, puso paños fríos a las expectativas, desde el pragmatismo y la aparente intangibilidad de las cifras.
«No hay recetas mágicas para mejorar las actuales pensiones; el tema es analizado por un comité de ministros tras las conclusiones de la Comisión Bravo. Un eventual cambio podría traer efectos adversos para la economía si no se efectúa un debate de fondo y también podría repercutir en el gasto fiscal. Es un tema técnicamente muy complejo en que se juegan muchas cosas para la economía en general, por lo tanto dar pasos en falso en esto es una posibilidad y tenemos que tomar todos los resguardos para hacerlo».
La posición más de derecha y conservadora dentro de la Nueva Mayoría fue marcada, como es usual, por el «cocinero» Andrés Zaldívar:
«En ninguna parte del mundo se ha vuelto al sistema de reparto, se mantiene el sistema de reparto por una parte y se están corrigiendo. Chile tuvo un sistema de reparto que fue un fracaso. Yo era ministro de Hacienda cuando ese sistema hizo crisis, porque también se cometió muchas veces abusos, porque las jubilaciones eran prematuras, personas jubilaban con 20 años de cotizaciones, otros jubilaban con lagunas previsionales, pese a no tener derecho».
El senador Zaldívar tiene derecho a tener la opinión que se le ocurra. Pero no se le pueden permitir las mentiras al voleo, sin ninguna confirmación, ni el recurso demagógico de la casuística individual.
Es mentira que en ninguna parte del mundo se haya vuelto al sistema de reparto. Sin ir más lejos, eso acaba de ocurrir en Argentina, Bolivia, Hungría y Rusia.
El senador Zaldívar omite desvergonzadamente que en Europa los sistemas de pensiones de casi la totalidad de los países, incluyendo su admirada Alemania, son públicos, bajo la modalidad de reparto. Entre las escasas excepciones estuvo Polonia, que privatizó el sistema en 1999, pero que volvió a nacionalizarlo en 2014, entre otros motivos, para reducir el gasto público.
Tampoco dice que en su no menos admirado Estados Unidos, el sistema también es principalmente público, sobre la modalidad de reparto; si bien admite un sistema de seguros individuales, pero en todo caso, complementario.
Por si el señor Zaldívar no lo sabe, porque tampoco lo dice, es que a nivel mundial el 71,8% de los sistemas previsionales son públicos, con la modalidad de reparto; el 22,4% son mixtos y sólo el 5,9% son de capitalización individual. (1)
De ellos, el único obligatorio, es decir, que no admite elección, es el que implantó la dictadura en 1981, con el tristementa famoso DL 3.500, redactado por José Piñera Echeñique, hermano del especulador en gran escala que quiere repetirse el plato de la presidencia de la República, en cuyo programa no estará, ciertamente, el cambio del sistema privado de pensiones.
De otra parte, en cualquier sistema del mundo, sea de cualquier naturaleza, siempre habrá excepciones a la regla. Por lo pronto, el caso de la pensión de la ex subdirectora técnica de Gendarmería,Myriam Olate, de $ 5,2 millones, fue la gota que reabalsó el vaso de la indignación y el antecedente directo de la gigantesca manifestación del pasado domingo.
Pero eso no autoriza a extrapolar que todas las pensiones de Dipreca son millonarios. De modo análogo, que en el antiguo hayan existido casos puntuales de jubilaciones prematuras, o con lagunas previsionales, no le dan derecho a Zaldívar a deducir su fracaso.
Defensa del sistema
La mentira descarada, la cita fuera de contexto y la afirmación sin fundamento constituyen el recurso típico del matonaje intelectual, propio de las huestes del neoliberalismo. De ellas, el país asistió a un verdadero festival, entre quienes enarbolaron la defensa del sistema, luego de la movilización del domingo.
Las más desembozadas fueron, como es lógico, proferidas por los representantes directos del sistema de AFP.
A modo de ejemplo, el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, se mandó el siguiente dislate:
“Me parece insólito que estemos hablando de volver al sistema de reparto. Las pensiones del sistema de reparto, donde hay un millón de pensionados del antiguo sistema, son más o menos iguales que en el nuevo”.
Este señor acude al viejo truco de comparar peras con manzanas. Dada la diversidad de ingresos, métodos de calculo y monto de las cotizaciones entre ambos sistermas, no es posible inferir promedios comparables. Lo único que se puede comparar con un nivel mínimo de seriedad, es la tasa de reemplazo; es decir, el monto de la pensión en relación a la última remuneración del imponente.
La tasa de reemplazo del sistema de reparto es del orden del 70%, mientras que el promedio de los jubilados del sistema AFP está en el rango del 50%.
Luego, sin que se le moviese un músculo de un rotro de suyo pétreo, propaló:
«El antiguo sistema de reparto en Chile fracasó, pues dejaba al 50 por ciento de sus cotizantes con cero pensión. ¿Por qué? Porque no se alcanzaban a cumplir los años que se requería cotizar para acceder a una pensión».
Si el antiguo sistema, en un contexto de mucho mayor consciencia y politización, hubiera dejado a la mitad de los imponentes sin pensión, se hubiera armado una zafacoca frente a la cual la marcha del domingo hubiera sido algo así como un paseo de los santos inocentes. Hay un método todavía más simple para refutar esa impostura. Todos los chilenos existentes deben tener algún pariente, amigo o conocido que jubiló por el sistema de reparto. Basta que le consulten si su pensión es cero.
Para que los chilenos de hoy lo entiendan, el sistema de reparto no fracasó, ni menos quebró, porque es imposible que ello suceda; simplemente porque la contribución de los trabajadores activos para financiar a los pasivos es un flujo constante, y aún creciente. Y todavía si se admite el argumento del aumento de la expectativa de vida, lo que ciertamente no es el caso de Chile, donde los trabajadores activos siguen siendo, como relación, más que los pasivos, la brecha puede cerrarse con gasto fiscal; con dos consideraciones adicionales.
Primero, ese gasto fiscal siempre será menor que el barril sin fondo y la mochila de plomo que ha representado el sistema privado de pensiones para el gasto público del país.
A modo de ejemplo, en 2005, el gasto público en pensiones equivalió al 5% del PIB, al 28% del presupuesto público total y a más del 42% del gasto público social, aproximadamente lo mismo que se gastó en salud y educación, en conjunto. (2)
En el presupuesto de 2010, el gasto en previsión ($ 4.5 billones), de lejos el ítem más alto, alcanzó el 23,1% del gasto público ($ 19.7 billones), y el 45% del gasto social total, superando al gasto en educación ($ 4.02 billones), con 20,4% y triplicando el gasto en salud ($ 1.5 billones), con 7,8%. El mayor gasto fiscal asociado a la reforma provisional, se estimó en $ 473.164 millones. (3)
En segundo lugar, del mayor gasto público en pensiones, casi el 100% se destina a consumo; es decir, desde el punto de vista económico, es un efecto neutro; en la medida en que desde el punto de vista del sistema monetario sea esterilizado, lo que implica el concepto de invesión social.
En suma, el argumento de la quiebra o del fracaso del sistema de reparto es una patraña, y en todo caso, una justificación para encubrir uno de los mayores despojos de la historia de Chile, consistente en la masiva transferencia de recursos desde la remuneración del trabajo a la rentabilidad del capital.
Frente a la magnitud de la movilización del domingo, ni los propios representantes de la «industria» de las AFP podían permanecer indiferentes. El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, llegó a la brillante conclusión de que las bajas pensiones son resultantes de la baja remuneración del trabajo en Chile:
«Uno debiera preguntarse y decir porqué hoy día las personas están recibiendo una baja pensión y hay varias razones en eso y una de las razones fundamentales es que el nivel de salarios en Chile son más bien bajos, por lo que la capacidad de ahorro no es muy alta».
La solución, para este caballero, consiste en una contribución del empresariado, de alrededor el 5% de la cotización, y una aumento del pilar solidario, es decir del tata Estado:
«El pilar solidario, con la reforma que hizo la Presidenta Bachelet el año 2008, que fue una excelente reforma, pone alrededor de 0,7 por ciento del PIB. Eso eso en cualquier estándar internacional es extremadamente bajo. Lo que tenemos que hacer es avanzar a un sistema en donde sus pilares sean más robustos de lo que son hoy en día».
Cualquier cosa, menos quitarle la teta a los empresarios, consistente en el fondo de inversión que les entrega el fondo de pensiones, en forma generosa, barata, segura y constante.
Variaciones sobre el tema esbozaron los partidos de derecha, luego del remezón del domingo.
Dentro de la UDI y RN hay consenso en que una de las medidas que deben estudiarse es la de aumentar la edad de jubilación, de 65 para hombres y de 60 para mujeres.
El presidente de la UDI, senador Hernán Larraín afirmó, sin anestesia:
“Hay que entrar a los temas de fondo: la sobrevida de las personas y el porcentaje de la cotización”.
Otras opiniones en la derecha apuntan a aumentar los recursos destinados al pilar solidario, y elevar en tres o cuatro puntos el porcentaje de cotización, hoy en 10%, con cargo al empleador.
Cambio de sistema
El movimiento «No+AFP» plantea volver al sistema de reparto, mayor gasto fiscal y aporte del empleador.
El exponente más connotado de esta posición. es el economista Manuel Riesco, autor de numerosos libros y trabajos críticos del sistema privado de pensiones.
En primer término, plantea que el retorno al sistema de reparto no sólo es económicamente viable, sino que duplicaría las pensiones sin aumentar el gasto público, y aún dismunuyéndolo:
«En 2012, las AFPs y las compañías de seguros recibieron 4.7 billones de pesos en cotizaciones previsionales, obligatorias y voluntarias. Además recibieron un subsidio estatal de 1.2 billones de pesos, principalmente, bonos de reconocimiento. Por tanto, en 2012, el sistema privado tuvo un ingreso total de 5.9 billones de pesos. El mismo año, las AFPs y Cías de seguro pagaron 1 millón de pensiones; Si se considera que la pensión promedio mensual que paga el sistema privado, es de 180 mil pesos, se comprueba que en 2012, el sistema privado tuvo un egreso total de 2.2 billones de pesos.
Por lo tanto, en 2012, las AFPs y las Cías de seguro pagaron todas las pensiones del año solo con los aportes de ese año, sin necesidad de recurrir al fondo de pensiones. Además, el Estado financió el 55% del pago de las pensiones al entregar 1.2 billones de pesos resultado de lo cual a las AFPs y Cías de seguro les quedó un excedente de 3.7 billones de pesos, esto es; 7.500 millones de dólares, el cual fue destinado al fondo de pensiones.
Por lo tanto, de aplicarse el sistema de reparto solidario, sería el Estado, quien percibiría ese excedente, el cual en 2012, ascendió a 3.7 billones de pesos. De esta forma se podrían hasta duplicar las pensiones, lo cual ascendería a 4.4 billones de pesos y en ese caso aún habría un excedente de 1.5 billones de pesos, esto, sin tocar el fondo de pensiones.
Por tanto, de instaurarse un sistema de reparto solidario, a diferencia de lo que ocurre bajo el sistema de AFP, se podría garantizar pensiones dignas. Ese es el Balance financiero de instaurar un sistema de Reparto solidario» (4).
Sobre la viabilidad política del cambio, replicó:
“La situación política ha cambiado. Hoy es evidente que hay mucha más fuerza política para hacer cambios que son inevitables, que hay que hacerlos, que no se puede tener a la gente sin pensiones”.
En definitiva, Riesco emplazó al gobierno:
«Adelante su programa y termine con las AFP ahora; no hay ninguna razón para que no lo haga. Dicen que no tienen plata; esto les da plata: dicen que no hay apoyo político, hay apoyo político, basta con ver a la gente en la calle y basta preguntarle a cualquier chileno, de cualquier condición y de cualquier color político si quiere un cambio en el sistema de AFP.
Ese es, a grandes rasgos, el panorama político detrás del cambio del sistema de previsión social. En términos sucintos, después de la marcha del domingo, y en la medida de la capacidad de mantener la presión, es extremadamente improbable que el sistema permanezca como hasta hoy.
Si no hay fuerza suficiente, el cambio se dará dentro del sistema, sin cambiar el sistema.
Para cambiar el sistema privado por uno público, solidario y de reparto, no hay otra alternativa que la perseverancia, la organización y la unidad.
Notas:
(1) Jorge Acuña, ingeniero Civil Industrial; ¿Qué sistemas de pensiones existen en el mundo?.
(2) Manuel Riesco; El Derrumbe de un Mito.
(3) Francisco Herreros; Cuatro Décadas de Neoliberalismo en Chile: La Cueca Larga del Rey Desnudo.
(4) Manuel Riesco; «AFP: Ajuste o Reforma», Seminario organizado por el Senado; 2013.
