Dos instituciones de análisis académico, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz y el Instituto Igualdad, emitieron críticos informes de la segunda cuenta pública del segundo mandato presidencial de Sebastián Piñera, pletórica en anuncios y precaria en realizaciones.
Balance Crítico de la Cuenta Pública de Sebastián Piñera
El presidente Sebastián Piñera, al iniciar su segunda cuenta pública, hace un llamado al país a iniciar una Nueva Transición, esta vez al desarrollo, promoviendo una serie de valores supuestamente constituyentes de la identidad nacional.
“Los valores de la vida, la libertad, los derechos humanos, la familia, la diversidad y la solidaridad. Los valores del mérito y el esfuerzo, el orden, el respeto, la unidad y amistad cívica y el cuidado de nuestra naturaleza. Porque estos son los valores que viven en el alma de Chile y que quieren honrar y practicar la mayoría de nuestros compatriotas.”
El Presidente pareciera vivir en otro país ya que es evidente que desconoce y omite la desigualdad existente, generada precisamente por el modelo de desarrollo que él promueve y que no beneficia a esa mayoría, así como los nulos avances en hacer realidad los derechos sociales.
Es eso lo que ha movilizado a cientos de miles de compatriotas en los últimos años y permitirá una verdadera libertad para un mejor vivir de cada uno de ellos y ellas.
Lo que encubre esta presentación es la estrategia de su gobierno de imponer una visión y principios que son propios solo de la derecha chilena y que beneficia a la misma casta que históricamente han representado, buscando una mayor adscripción de la ciudadanía y el centro político para facilitar el avance de su programa.
El discurso tiene cuatro características centrales:
1.- El presidente Piñera ha dado cuenta al país del incumplimiento de su compromiso de Tiempos Mejores, con un bajo crecimiento económico, una alta tasa de desempleo y la amenaza a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La economía del país está estancada. Piñera recibió un país en alza económica, prometió crecer al 5 o 6 % y hoy señala que el crecimiento será entre el 3 y el 3.5% excusándose en la situación internacional, cuestión que en el gobierno de MB desconocía como argumento.
El Imacec de 1,6% del primer trimestre ni siquiera augura que el país pueda crecer de acuerdo a lo señalado. Recordemos, además, el cierre de empresas como Guante, Pastas Suazo, IANSA, MAERSK y ahora Hush Pupies.
El Proyecto de Modernización Laboral perjudicará a los trabajadores. Se busca generar más crecimiento a costa del trabajador y trabajadora. El proyecto solo precariza las relaciones laborales a costa de una falsa elección para los trabajadores. En su discurso, además, omite las cifras de desempleo actual (llegando incluso al 7%), las que son más altas que el gobierno anterior.
Proponemos avanzar en la negociación colectiva, sobre todo ramal, en la titularidad sindical y en la reducción de la jornada laboral, cuyas cifras fueron mañosamente manipuladas por el Presidente.
La Reforma Tributaria aumentará la desigualdad, pues promueve una reforma regresiva que devuelve 883 M de dólares a los más ricos a través de la reintegración, con perjuicio para el fisco y aumentando la desigualdad. Sin contar con que no se refiere a sus propios incumplimientos en el pago de contribuciones. No predica con un buen ejemplo el Presidente.
2.- Piñera quiere engañar a la ciudadanía, se cuelga de logros que no son fruto de su gestión y no propone avances en materia de derechos sociales y previsional.
La Red Clase Media protegida consiste en programas que en un 83% provienen de gobiernos anteriores. El resto son anuncios de programas no legislados, como el seguro de dependencia, el 4% de la cotización de pensiones y el nuevo seguro de salud, que solo se haría efectivo sobre el 40% de los ingresos familiares. No hay aumento de coberturas sociales. Se debe avanzar en cobertura de programas de protección social al 80% de la población -hoy es generalmente hasta el 60%- para abarcar realmente a la clase media.
Salud. En cuanto a la construcción hospitalaria y de centros de atención primaria, a marzo del 2018 quedaron 23 hospitales construidos, 23 en construcción, 12 en licitación y 157 centros de atención primaria terminados o en plenas funciones. El Presidente Sebastián Piñera no informa a la ciudadanía cuáles son los 38 centros hospitalarios o de atención primaria que bajo su gobierno actual se encuentran en operación, entendiendo que las listas de espera no se han reducido y menos la oportunidad de atención con especialistas.
En educación propone aumentar al 70% la gratuidad para Centros de Formación Técnica, estancando la gratuidad universitaria e inyectando recursos públicos al sector privado que predomina en este sector, fortaleciendo la lógica de mercado. Es decir, en dirección totalmente opuesta a lo que ha demandado la ciudadanía durante casi una década.
En esta misma dirección contraria, se propone una ley de subvención para los pre escolares, promoviendo el subsidio del Estado a los privados. Ello responde al objetivo de no promover un mayor rol del Estado en educación, buscando contener los avances generados por los distintos actores que se han movilizado por la educación pública y que, en alguna medida, se concretizaron durante el Gobierno de MB a través de reformas como la Carrera Docente.
Al respecto, el fortalecimiento de la educación pública es la gran ausente de las propuestas escuchadas.
En Pensiones, Piñera lo que nos propone es fortalecer la capitalización individual y las ganancias de las AFPs. Ello, a contrapelo del sentir ciudadano que no quiere más lucro ni abuso por parte de la industria. Pide al Congreso apurar la legislación de la Reforma y señala que la administración del 4% de cotización adicional debe quedar a elección de los cotizantes.
Si él cree realmente en la libertad de elección de los cotizantes debiera ser para el total de la cotización y no bajo una falsa elegibilidad que solo busca ser condescendiente con los intereses de las AFPs.
Si quiere que el Congreso apure la Reforma de Pensiones, la oposición debiera estar disponible para legislar desde ahora mismo para fortalecer el Pilar Solidario, pero no para entregar más recursos a las AFPs.
No hay avance en igualdad de género. Lamentablemente, asistimos nuevamente a la vuelta de espalda a las demandas que cientos de miles de mujeres movilizadas han puesto en la agenda pública. La derecha nunca promoverá un cambio real de paradigma patriarcal.
El 42% de mujeres en directorios de empresas que indica en el discurso, son fruto de la gestión del gobierno anterior. La cifra es la que existía a marzo de 2018. Por otra parte, no se refiere a cuotas de género en las elecciones de gobernadores y municipales.
Además, se requiere legislar por la igualdad salarial de hombres y mujeres, cuestión a la que no se refiere en su discurso, así como el logro de una efectiva igualdad entre hombres y mujeres en el PDL de Sala Cuna Universal.
Niñez. Este es un claro ejemplo de la falta de coherencia entre el discurso y la práctica. Se habla de los niños primero y se prioriza un nuevo Servicio de Protección, pero que no responde más que a una división administrativa del SENAME.
Nada se indica respecto a lo que señalan los distintos organismos internacionales sobre la necesidad de generar una ley marco de garantía para los derechos de la niñez.
Más aún, el proyecto, iniciado en el gobierno anterior, se encuentra durmiendo en el Congreso con una indicación por parte del gobierno actual que elimina la palabra garantía de la propuesta.
Debe de priorizarse la reposición de una ley marco de garantía para los niños y niñas en Chile, que implique que el Estado asuma la plena responsabilidad en la materia.
De esta forma, el gobierno no profundiza en los temas de inclusión, igualdad, protección social y derechos sociales y temas como los derechos de las personas mayores y las personas en situación de discapacidad se invisibilizan y diluyen en promesas de corte efectista sin medidas ni compromisos de avance de fondo.
3.- Piñera no respeta los acuerdos, desconociendo el diálogo político que dice promover y restringiendo la representatividad política y ciudadana en el Parlamento.
En efecto, mientras trata a la oposición de obstruccionista, no respeta acuerdos convenidos con sectores de ésta, como el logrado con la DC en materia de pensiones, desconociendo sin ninguna vacilación un ente público para administrar el 4% de cotización adicional.
A su vez, anuncia Reformas políticas que, desconociendo acuerdos logrados, restringirán la representatividad del Congreso. No estamos de acuerdo con la rebaja a 120 diputados y 40 senadores. Ello no contribuye a la deliberación democrática.
Pretende disminuir el Congreso para reeditar el binominal, desconociendo años de diálogo y acuerdos políticos para profundizar la democracia.
Para la derecha, la democracia y su capacidad representativa es un tema de segundo orden. Continuamente torpedean el funcionamiento del Congreso, de las instituciones e, incluso, del propio gobierno, dando claras señales de la dificultad para asumir una real convivencia democrática.
La propuesta de volver a 120 diputados es una constatación más de lo incoherente de un discurso que dice mirar al futuro.
Quieren volver al pasado en materia de representación parlamentaria, en materia de educación, en materia de salud, etc. Con esta propuesta, se evidencia que los Tiempos Mejores para la derecha, parecieran ser los tiempos de Pinochet y la dictadura civico-militar.
El Presidente Piñera quiere reducir el número de parlamentarios y reeditar el binominal, desconociendo años de diálogo y acuerdos políticos para profundizar la democracia. Se trata de fortalecer la democracia, no precarizarla. Esto no contribuye en esa dirección.
4.- Piñera da cuenta de un sello represivo en sus políticas públicas. El país retrocede en Derechos Humanos, con políticas discriminatorias hacia los jóvenes, pueblos indígenas y población inmigrante.
En seguridad ciudadana el discurso prioriza la coerción por sobre la prevención. Se habla de 33 barrios bajo el narcotráfico, sin embargo, esto requiere de un desarrollo de inteligencia policial mucho más certera que la que hoy existe.
En el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana se prometió un nuevo sistema de inteligencia policial, pero del cual no hemos tenido noticias concretas.
El aumento señalado en 3000 carabineros debe concordarse con una respuesta territorial preventiva coordinada, complementado la ineficaz distribución por focos y denuncias, pues tiende a concentrar la acción policial en los barrios altos en desmedro de los sectores populares que viven la inseguridad y la falta de prevención.
Otro ejemplo que da cuenta de ello es la aprobación de Aula Segura, que junto a la propuesta de revisión de mochilas enfatiza el carácter represivo de las propuestas a los jóvenes y una forma errada de entender la seguridad ciudadana.
Mejorar la convivencia escolar requiere de programas preventivos y que promuevan la participación y diálogo de la comunidad educativa, así como programas que enfaticen la participación comunitaria para mejores niveles de seguridad. El respeto es el valor central de esta construcción.
En materia de Pueblos Originarios el Plan Araucanía se deslegitima luego de la muerte del werkén y comunero Camilo Catrillanca. Hoy, la Consulta Indígena en curso no cumple los estándares del Convenio 169 de la OIT. En cuanto a las 11 medidas presentadas por el gobierno, resulta alarmante que se pretenda retroceder en materia de derechos y homogeneizar a los pueblos indígenas a la cultura occidental a través de la venta, arriendo y permuta de tierras y promoviendo asociaciones de 2 integrantes.
El balance de esta consulta es que se trata de un proceso que fracasó y que debe ser suspendido ya que atenta contra la cultura de los Pueblos indígenas y ha sido rechazada por éstos.
Finalmente en cuanto a migración, no realiza ningún nuevo anuncio. Su eje giró en torno a la idea de poner orden en la casa, regularizar a 155.000 migrantes (a la fecha solo lleva al 34%) y relevar la expulsión de 2.054 personas que han cometido delitos o están en situación irregular.
El actual Gobierno, utiliza la población migrante como chivo expiatorio para enfrentar problemas del país y ha generado una política reaccionaria, que no sólo ha precarizado a la población migrante y socava la convivencia social, sino que a nivel internacional ha aislado a Chile al no firmar el Pacto Mundial para las Migraciones.
El actual proyecto de ley, comentado por el Presidente durante la Cuenta, es un retroceso incluso en relación a lo que regía en dictadura. No reconoce el principio de no devolución, limita el acceso a la salud, crea una política de puertas cerradas y es altamente discriminatorio.
Por lo demás, hace un trato claramente preferencial a la migración desde Venezuela con el objeto de contribuir a la inestabilidad de ese país. Es preocupante que en este tema, no haya hecho mención alguna a las falencias del Estado en la muerte de varios migrantes haitianos, quienes han sido los más segregados por la actual política migratoria.
En conclusión, el Discurso al que hemos asistido da cuenta de un gobierno que no ha cumplido las promesas de crecimiento económico y empleo realizadas, intentando generar condiciones para alcanzar un Desarrollo que no pone en el centro a las personas y sus derechos y termina favoreciendo a los sectores con mayores recursos.
Intenta a vez, de forma artificiosa, abarcar a la clase media arrogándose la existencia de 70 programas, de los cuales la inmensa mayoría no son de su gestión; da cuenta de la generación de políticas de corte punitivo no enfatizando la promoción y prevención y; finalmente, no cumple los acuerdos logrados con algunos sectores de la oposición en pensiones intentando a su vez limitar la representatividad y deliberación democrática del Congreso añorando el sistema binominal que costó años superar.
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz
Contracuenta del Discurso de Piñera
Este documento tiene el propósito de aprovechar el espacio reflexivo de la cuenta presidencial al Congreso Pleno, para aquilatar aquello que inspiró las promesas de la campaña del actual Gobierno y por la cuales Sebastián Piñera invitó a los ciudadanos a votarlo.
En tan sólo 15 meses de gobierno quienes lo votaron y quienes no lo hicieron ya tienen un juicio mayoritario compartido sobre el incumplimiento de tales compromisos, expresado en una evidente frustración de expectativas que revelan las sucesivas encuestas de opinión.
En el contexto de la segunda cuenta pública -y habiendo desplegado este gobierno todas sus iniciativas-, es el momento de hacer un balance de ciertas áreas prioritarias para la calidad de vida de la ciudadanía, cuando la frustrada promesa de tiempos mejores golpea las condiciones de vida de chilenos y chilenas.
Previo a la segunda cuenta presidencial ante el Congreso Pleno se disipó la ilusión de un crecimiento económico que, unido a la supuesta voluntad de diálogo del gobierno, nos llevaría a grandes acuerdos para enfrentar la infancia desprotegida, la seguridad pública, el fortalecimiento de la salud, la paz en la Araucanía y un desarrollo que derrotaría la pobreza.
La expectativa de crecer a un 4% anual se apoyaba en el eventual aporte al crecimiento por parte de las principales reformas presentadas por el gobierno de Sebastián Piñera: tributaria, laboral y previsional. Al no contar con mayorías en el Congreso, el gobierno desató una campaña mediática insistiendo en que, de no aprobarse tales reformas, el crecimiento se vería amagado. Lo hizo con tal intensidad que el efecto boomerang le está pasando la cuenta.
Transcurrido algo más del primer año de gobierno, ninguna de estas reformas presenta avances significativos. Más aún, los resultados probables de las negociaciones legislativas se van alejando de las formulaciones iniciales, a un punto tal, que no son pocas las voces de quienes más estaban interesados en defenderlas (gremios empresariales, la industria de las AFP e ISAPRES) indican que quizás ya no sea útil insistir en ellas.
Las expectativas empresariales se siguen deteriorando y afectando la inversión, en tanto los débiles resultados en empleo y salarios frenan la dinámica del consumo. Y eso lo resiente la ciudadanía, los trabajadores, las mujeres, la población indígena y muy especialmente aquellas capas medias a las que el gobierno insiste representar y defender.
En la segunda cuenta pública del gobierno de Sebastián Piñera cabe preguntarse ¿dónde quedaron los tiempos mejores? ¿Siente la ciudadanía algún cambio relevante en su calidad de vida?
No hay estrategia de crecimiento económico
Hasta ahora, escasean las iniciativas que contribuyan a un crecimiento económico sostenido y de largo plazo. Eso es lo que explica el lento dinamismo de la inversión. De hecho, la actual recuperación de la inversión está basada en el sector minero y básicamente en la reposición de maquinarias y equipos y no en el incremento de capacidad. Sin grandes proyectos de inversión, no tendremos un salto en la capacidad de crecimiento y tales proyectos no están apareciendo. Más aún, el efecto de la guerra comercial sobre el cobre y sobre la economía china durante los próximos meses incluso podría afectar esta reposición de equipos en la minería del cobre.
Las proyecciones 2019 y 2020 nos hablan de un crecimiento en torno al 3%. Una vez superada la fase declinante del ciclo del cobre, la economía vuelve a un patrón de crecimiento de 3,0 a 3.5%, rendimiento modesto y poco compatible con las actuales exigencias de la sociedad chilena. Sin grandes proyectos de inversión, sin iniciativas estratégicas en infraestructura y si el mundo se está desacelerando, la verdad es que no se aprecian motivos para que la economía crezca más allá de su potencial, 3 a 3,5%.
El desafío es elevar la tasa de crecimiento del PIB potencial, consiguiendo tasas de 4-6% de modo sostenido en los próximos diez años. Ello requiere más inversión, más productividad y más innovación y para ello no bastan los equilibrios macroeconómicos más una eventual rebaja tributaria a empresas. Los ciclos previos de crecimiento estuvieron asociados a grandes proyectos de inversión en sectores de alto potencial de arrastre, tales como el super ciclo de la minería, los proyectos de infraestructura o los avances regulatorios en energía.
Más allá de la tenue alza del último año (que comienza a fines del gobierno anterior), no se aprecia una estrategia creíble y explícita que permita retomar el crecimiento.
Crecer más en el mediano plazo significa diversificar producción y exportaciones, autonomizándonos algo más del ciclo del cobre, tan determinante en nuestra inversión, producto y cuentas fiscales.
Medio ambiente
Desde la perspectiva ambiental el actual gobierno busca reforzar la propiedad de las grandes empresas sobre los recursos y la aprobación a cualquier costo de los proyectos de inversión, por sobre el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el respeto del ambiente y la naturaleza en general. Los ejemplos de ello son varios.
El Ejecutivo seguramente reiterará la realización de la COP25 por si sola como un hito, aunque aún no tiene mucho que mostrar en esa materia. Porque no ha avanzado en políticas nacionales que le permitan mostrar un compromiso ambicioso en consonancia con la exigencia del momento de crisis climática.
Es de público conocimiento que Chile no ha cumplido sus Contribuciones Nacionalmente Determinados (NDC) en materia de reducción de emisiones de carbono, que estableció años atrás derivados del Acuerdo de París. En particular en materia de descarbonización pretenden extender el uso de las centrales a carbón más allá del 2030.
Tampoco este gobierno ha logrado aprobar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ni puede exhibir logros en materia forestal o hídrica. Por el contrario, se ha retomado la intención de reforestar pero abriendo una ventana a un “DL701 2.0”, para que con bosque nativo y plantaciones forestales cumplir el compromiso de Chile en París de reforestar 100 mil ha. para la captura de carbono.
Tampoco se ha aprobado la creación del Servicio Nacional Forestal, en reemplazo de la CONAF, ni pretende evaluar el impacto de las políticas públicas forestales en materia de cambio climático.
En materia hídrica el principal anuncio ha sido la reforma al Código de Aguas (indicación ingresada el 30 de enero), que busca reforzar el “derecho adquirido” o la “certeza jurídica” de los actuales tenedores de derechos (concentrados en las industrias), sin avanzar hacia garantizar el derecho humano al agua, en el marco de la crisis hídrica acentuada por el calentamiento global.
También el hecho que después de un año y medio no hayan ingresado el Reglamento para la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, para modernizar la gestión y la política pública orientada a las cooperativas y comités de agua potable rural, -cuya ley es del año 2016-, muestra su escaso compromiso con el fortalecimiento de las comunidades rurales, muchas de las cuáles hoy viven sin agua potable.
De la misma manera, la reacción del gobierno a través de su ministro de Justicia en contra del reciente fallo de la Corte Suprema, que pide resguardar los derechos ambientales y la salud de los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví – víctimas de la contaminación y el abandono del Estado por décadas-, son la constatación de su abierto favoritismo y defensa de los intereses de las grandes empresas.
Infraestructura y OO.PP.
El Gobierno ha mostrado una feble capacidad para generar proyectos y opciones de inversión, situación que se ha visto agravada por la decisión de descartar o postergar indefinidamente la ejecución de iniciativas aprobadas en la administración anterior, como las mejoras viales a la Ruta 68 o la licitación del embalse Catemu, o negarse a considerar la construcción de un aeropuerto de respaldo al Aeropuerto Merino Benítez (AMB) en las cercanías de Santiago (Concon o Tongoy), o la extensión del metrotren hasta La Calera.
Se estima que el cumplimiento del programa de gobierno en materia de infraestructura y conectividad (33 propuestas), alcanza a un escaso 6%, lo que aventura el incumplimiento del programa en su conjunto al final de esta administración.
Entre las medidas anunciadas, la de mayor impacto mediático figura la de negociar el incremento del 3,5% anual de las tarifas aplicadas por las autopistas, cuyo efecto en el mediano o largo plazo puede ser bastante alto, sobre todo en el caso de las concesiones, que tienen hasta 25 años por delante.
La medida favorece principalmente a los sectores de mayor ingreso, pues el gasto en peajes de autopistas incurrido por los grupos de ingresos altos supera en 10 veces el realizado por las familias de ingresos medios.
El MOP debe llegar a acuerdo con las empresas concesionarias en un plazo máximo de 30 días, lo que implica que éstas negociarán concertadamente y en óptimas condiciones con un ministro maniatado de manos por un plazo perentorio, al que podrán fijarle el precio que se les antoje para acceder a tal modificación.
Otra de las medidas que Piñera ha impulsado es la ampliación del sistema de peajes sin barreras (“free flows”), principalmente en las rutas de acceso a Santiago.
Las concesionarias no solo están logrando la extensión de sus contratos de modo oneroso para financiar tanto el desarrollo del proyecto de ingeniería, como la ejecución, suministro e implementación de obras, equipamiento y sistemas comprendidos en el proyecto, además de su conservación y mantenimiento posterior.
Además, se ha guardado estricto silencio sobre el ahorro de la concesionaria en la contratación de los servicios de peaje y sobre quien capitaliza este ahorro.
Asimismo, el MOP ha aceptado hacerse cargo del desfase de los ingresos que se derive de la implementación del cobro del sistema electrónico respecto del manual y de todas las pérdidas que las concesionarias puedan tener por incobrabilidad de usuarios infractores o por pérdidas técnicas de transacciones en los puntos de cobro, que han sido estimadas en tres veces respecto de su ocurrencia en el sistema de autopistas.
Trabajo y pensiones
Los tiempos mejores tampoco han llegado a los trabajadores de Chile. Los salarios se han estancado y la tasa de desempleo solo ha subido en el último año. El gobierno ha argumentado insistentemente que existen problemas de medición en la tasa que entrega el INE, producto de la desactualización de los mapas censales derivados del fallido Censo de 2012 (Censo que fracasó durante el primer gobierno de Piñera).
De ahí que busca destacar la creación de empleo registrada en los datos administrativos del seguro de cesantía. No señala, sin embargo, que sus dirigentes y parlamentarios –incluyendo al actual Ministro del Trabajo—criticaban ácidamente la observación metodológica que hacía el gobierno de Bachelet respecto de este mismo punto.
En términos legislativos, el avance es insignificante. Al término del primer año del gobierno de Bachelet, se habían aprobado 14 iniciativas legales, algunas de alta relevancia y complejidad, como el fin del Multirut, la ley de trabajadoras de casa particular, ley de trabajadores portuarios, mejora del seguro de cesantía, entre otras.
Además se había presentado la reforma a la negociación colectiva. Este gobierno, en cambio, ha aprobado solo dos leyes laborales: la del contrato de obra y faena y la ley de call centers, ambas iniciativas que se encontraban en su estado final de tramitación en el Senado.
Otros proyectos emblemáticos del gobierno, como el estatuto joven o el teletrabajo, se han entrampado sin avance. La reforma al sistema de capacitación al SENCE no ha avanzado mayormente en su primer trámite, además de haber sido catalogado de insuficiente y poco ambicioso tanto por la CUT como la CPC.
Lo más preocupante ha sido la presentación del proyecto de flexibilidad laboral. Tal proyecto, además de ser deficiente técnicamente, precariza la actual situación de los trabajadores, promoviendo extensas jornadas de 11 y 12 horas diarias, rebajando las remuneraciones y horas extras, y debilitando a la organización sindical.
En materia de pensiones, el gobierno presentó una propuesta a la Cámara en 2018, la que recién ha sorteado la primera valla de aprobación en general.
Este proyecto amplía la cotización en 4%, la que va a cuentas individuales sin ningún tipo de noción solidaria, y permite que las AFP y las aseguradoras administren ese incremento.
Junto a ello, propone un aumento de 10% en la PBS (alrededor de 10 mil pesos) y acotados subsidios para adultos mayores en situación de postración y personas que posterguen su edad de jubilación.
Es decir, se aparta de cualquier noción internacionalmente aceptada de seguridad social, y refuerza el carácter de ahorro forzoso privado del sistema.
Educación
El gobierno ha pretendido retrotraer la ley de inclusión escolar, en particular del sistema de admisión y selección. Rayando en el incumplimiento normativo, destaca además la falta de implementación y ejecución de importantes leyes y políticas públicas asociadas, tales como la desmunicipalización de la Educación Pública y la consiguiente instalación gradual de los servicios locales de educación.
Un emblema del discurso gubernamental ha sido devolver a los padres el “derecho a elegir” la educación de sus hijos, precisamente lo que se logra a través de la Ley de Inclusión Escolar, que pone fin a la selección y elimina cualquier discriminación arbitraria en los procesos de admisión. Pero el gobierno ha propuesto una ley que camina en sentido contrario.
En cuanto a la Educación Parvularia, se anunció la creación de un Sistema de Subvención a partir de los dos años de edad. Si bien a la fecha se ha aprobado la idea de legislar, el proyecto es particularmente engañoso ya que se ha promovido como un aumento de recursos para los jardines infantiles, en circunstancias que busca abrir estrablecimientos particulares subvencionados y cupos de educación preescolar en colegios, incorporando un sistema de financiamiento basado en asistencia media, lo que genera una competencia asimétrica entre jardines y colegios.
Un área crítica es el ámbito de la Educación General. El compromiso de impulsar un Plan Nacional de Calidad de la Educación, y “centrarse en la sala de clases” ha devenido en acciones de corto plazo, que contemplan guías y ensayos orientados básicamente a mejorar resultados de pruebas estandarizadas (SIMCE), sin incorporar componentes elementales de calidad, tales como formación socio afectiva, habilidades y liderazgo de equipos directivos, formación valórica y habilidades para la vida, y la incorporación de metodologías innovadoras para el aprendizaje significativo.
Por otro lado, se planteó una serie de anuncios sobre materias que ya estaban vigentes en el sistema desde el gobierno anterior, como el compromiso de promover el aprendizaje del inglés, desarrollar plataformas con más y mejores recursos educativos, modernizar métodos de enseñanza y, crear un Fondo de Innovación Pedagógica y un Centro de Innovación en Mineduc.
En cuanto a la educación superior, el gobierno presentó una iniciativa sobre financiamiento, a través de un sistema de sustitución del CAE. Su principal debilidad es vulnerar la política de gratuidad y no contemplar un componente solidario.
Complementario a lo anterior, se evidencia la inacción en materia de gratuidad, la que requiere de ajustes urgentes para hacerse cargo, entre otras cosas, del problema de aquellos estudiantes que exceden la duración nominal de sus carreras.
Es preciso estar atentos a posibles anuncios relativos a modificaciones del Sistema de Financiamiento Solidario, SIFS, por cuanto éstas podrían implementarse en desmedro de la política de gratuidad.
Salud
Las frustraciones en materia de salud son las más dolorosas para la calidad de vida de los chilenos y las chilenas, especialmente cuando se juega con expectativas básicas que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Ejemplo de ello son anuncios rimbombantes como la Ley del Cáncer, que no puede ser implementada porque carece de financiamiento. Igual sucede con la reciente idea de un seguro catastrófico para FONASA que, siendo sin duda positivo, debería incorporar todos los copagos y no sólo los de problemas de salud no GES.
Ocurre lo mismo con las trágicas listas de espera, puesto que las reducciones informadas incluyen el retiro de personas por vía administrativa y no están resolviendo los problemas de salud comprometidos. De hecho, hasta ahora el gobierno no ha transparentado las cifras que justifican su entusiasmo.
La deuda hospitalaria superó los 800 mil millones de pesos en 2018, alcanzando niveles históricos, mientras el financiamiento de la atención primaria para 14 millones de personas ha tenido el menor aumento percápita de los últimos años, presagiando severos riesgos de retrocesos.
Y en este cuadro aparece el anuncio de la reforma a ISAPRES y modernización del FONASA. Esta pretendida reforma integral a la salud contiene un modesto respaldo financiero de 1.000 millones para el FONASA (donde se atiende el 80% de la población) y 70.000 millones
de pesos para el sistema ISAPRE (donde se atiende poco más del 18% de la población). De esta manera, se empobrece el sistema público de salud.
La modernización Fonasa, no es tal. Si bien es rescatable es que el proyecto permite que los cónyuges hombres puedan ser cargas, el resto de los artículos sólo favorecen la atención en establecimientos privados de salud y no proponen solución para las listas de espera ni para los graves problemas del sistema que atiende a la inmensa mayoría de la población.
En cuanto a la reforma a las Isapres, no se termina con la tabla de factores sino que se legitima la discriminación a través de los “grupos de riesgo”, donde estará permitido discriminar por edad, sexo, además de agregar el riesgo de salud. Por otra parte, los propios cotizantes financiarán un fondo que les permita transitar de una Isapre a otra. En cambio, si se está en Fonasa y quiere afiliarse a una Isapre hay dos años “en cuarentena”, sólo se puede atender donde dice la Isapre, debe pagar el doble que otro afiliado y sin todos los derechos, lo que produce una discriminación aberrante.
Mención especial merece la sistemática obstrucción de la ley de despenalización del aborto en tres causales, a través del reglamento dictado por el Ministerio de Salud, que consagra la objeción de conciencia para las clínicas privadas. La información e implementación de esta ley de la república da cuenta de una vuleración de los derechos de las mujeres, evidenciada en cifras oficiales que hablan de sólo 800 casos, en circunstancias que se preveían 2.500 al año.
Retroceso en proteccción social de derechos
El Gobierno detuvo el proceso de universalización de la protección social en marcha a partir de la reforma AUGE, el Pilar Solidario en Pensiones, el Sistema Protección de la Infancia, el Seguro de Desempleo -por mencionar los más emblemáticos- apartándose de la noción de responsabilidad social del Estado en la garantía de derechos.
El privilegio de las ISAPRES sobre FONASA, la defensa de las AFP´s por sobre un sistema solidario de pensiones dignas; la sustitución de la calidad por la represión en las escuelas; el frenazo de la gratuidad en la educación superior; la amenaza a la calidad del empleo sobre la base de una supuesta flexibilidad laboral que deteriora ingresos y prolonga inhumanas jornadas laborales, son parte de este panorama de desmantelamiento de la protección social.
Mientras eso ocurre, y además el actual gobierno se niega darle urgencia al postergado proyecto de ley de Garantías de la Niñez, engañosamente se anuncia una Red Clase Media Protegida, que no pasa de ser una retórica basada en empaquetar medidas ya normadas y en ejecución por largos años.
Apenas ofrece nuevas iniciativas sujetas a proyectos de ley de incierto destino en el Congreso y que precisamente retroceden en la concepción de la protección social de derechos, como son las iniciativas ya mencionadas de flexibilidad laboral y de reforma de pensiones, a la que se sumará la reforma de las ISAPRES a costa de un desfinanciado FONASA.
A este paso Chile no podrá cumplir las metas que comprometió junto a otros 192 países en la Agenda 2030 sobre inclusión social y laboral
Deuda con las demandas feministas
El año 2018 se cometieron 57 femicidios y 26 en lo que va corrido del 2019, el acoso sexual en el espacio público afecta a más de 90% de las jóvenes y la violencia intrafamiliar a una de cada tres mujeres. ¿Están hoy las mujeres más seguras? Claramente no y la violencia de género está lejos de erradicarse.
El gobierno se comprometió a enfrentar decididamente la violencia contra las mujeres protegiendo su vida y su integridad y desarrollando una agenda corta de combate a la violencia, entre otros. Paradojalmente ha cerrado algunas de las Casas de Acogida que brindan protección a quienes están en situación de riesgo vital y aún no cumple su compromiso de impulsar el pronto despacho de la ley sobre el “Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, presentado por el gobierno anterior.
Los movimientos feministas junto a miles de adherentes han demandado poner fin al sexismo en la educación, que reproduce las desigualdades entre hombres y mujeres, y generar espacios educativos libres de violencia. Frente a estas justas demandas, el gobierno anunció una agenda de equidad de género para instituciones educativas, que no se hace cargo de ninguno de los problemas planteados.
Se centra en aumentar la presencia de mujeres en los niveles directivos y de decisión sin que nada cambie en los programas educativos, en las prácticas pedagógicas, en la formación de profesores.
Esta agenda no se hace cargo ni de la violencia de género, ni del acoso sexual que viven cotidianamente las estudiantes y omite totalmente las discriminaciones que afectan a la diversidad sexual.
Pueblos originarios
El gobierno ha fracasado estrepitosamente en la formulación e implementación de un acuerdo nacional en torno a los pueblos indígenas y alcanzar una paz social en la Araucanía. En su primera cuenta pública planteó que buscaría el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, pero hasta la fecha no ha presentado ni ha impulsado ningún proyecto de reconocimiento constitucional, demostrando que no existe voluntad política para legislar respecto a este tema.
Se propuso reforzar la ley antiterrorista, primero formulando indicaciones a ley anterior y, luego, enviando una ley corta a la que le ha dado urgencia de discusión inmediata. Esta estrategia de criminalización hacia los pueblos indígenas ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales de DDHH, incluyendo el informe reciente de Amnistía Internacional.
Junto con ello se creó el llamado “Comando Jungla” y se ampliaron los recursos policiales en la macro-región Sur. El único resultado tangible de esa estrategia fue el asesinato de Camilo Catrillanca y la agudización del conflicto intercultural.
En septiembre del año 2018 se lanzó el Plan Impulsa Araucanía que incluye una serie de medidas de desarrollo e iniciativas políticas. Entre las primeras, se comprometieron inversiones por 8 mil millones de dólares que no contemplan la perspectiva indígena. Un elemento central del Plan Impulsa fue la modificación de la Ley Indígena, que tiene por objeto rebajar la protección de las tierras ancestrales, facilitando su subdivisión, enajenación y arrendamiento.
Para ello se está realizando -desde la semana anterior a la cuenta pública- una consulta indígena que está siendo rechazada de forma masiva y espontánea por parte de numerosas localidades.
En mayo de este año el gobierno ha señalado que va a reactivar aquella agenda legislativa en materia indígena que fuera anunciada junto al Plan Impulsa Araucanía. Esto significa que se agilizará la tramitación de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas.
Estas medidas están en tramitación desde hace tres años y el gobierno recién envió indicaciones a esos proyectos.
De modo que el incumplimiento del gobierno es total y el resultado final no sólo es un fracaso sino un retroceso en la relación del Estado con los Pueblos Indígenas.
¿Y dónde está el Ministerio de las Culturas?
Con asombro y desconcierto observamos cómo la nueva institucionalidad pública cultural se encuentra en una situación precaria por incapacidad política, administrativa y de gestión.
En 15 meses de gobierno, han pasado tres ministros por esa cartera y uno de ellos duró menos de 48 horas. La actual gestión es sencillamente invisible para la ciudadanía.
A más de un año de asumido el gobierno, y aun cuando la ley respectiva y el DFL sobre el personal del ministerio estaban completamente tramitados por el anterior gobierno, hoy el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio está sustancialmente incompleto y atrapado en una maraña administrativa.
En efecto, no se ha constituido el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, órgano central para asegurar la participación ciudadana y, por tanto, definir la Estrategia Quinquenal de Desarrollo Cultural, instrumento esencial para la definición de políticas públicas culturales. Tampoco se ha podido convocar a la Convención Anual de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, instancia con más de 15 años de historia e incorporada a la Ley que creó el Ministerio, espacio fundamental de encuentro, debate y evaluación; y aún no se han culminado los procesos de encasillamientos y nombramientos de las plantas del Ministerio y del Servicio del Patrimonio.
Como si fuera poco, no se han constituido las direcciones regionales del Servicio del Patrimonio Cultural y después de 5 meses de resuelto el Premio Presidente de la República a la Música Chilena, como lo denunció públicamente Mario Rojas, Presidente de la Unión Nacional de Artistas, los músicos galardonados recién recibieron sus premios en Mayo del 2019 por falta de tiempo en la agenda presidencial.
En ninguno de los debates de fondo de la sociedad chilena, el Ministerio de las Culturas ha aportado su mirada o reflexión, o ha invitado a la comunidad en toda su diversidad a interrogarse, a pensar juntos, a modificar comportamientos, a construir nuevas formas de vivir en comunidad.
Por ejemplo, pareciera que para las autoridades culturales las luchas feministas, la exigencia ética e histórica de respeto a la igual dignidad y derechos de las mujeres y la equidad de género no son temas de la cultura; tampoco lo son los crecientes discursos y prácticas xenófobas frente a un mayor y sostenido aumento de inmigrantes a nuestro país; para qué decir los temas del calentamiento global o cambio climático y los desafíos de generar condiciones de un desarrollo sustentable.
No es lo que la comunidad cultural imaginó cuando soñamos con la creación de un Ministerio de las Culturas en nuestro país.
Por su parte, iniciativas legales relevantes como el Proyecto de Ley de Artes Escénicas, que el Gobierno de Piñera se atribuye como parte de su gestión, fue presentado al Parlamento por la ex Presidenta Bachelet y aprobado en general en su mandato.
En el caso del Proyecto de Ley del Patrimonio, firmado recientemente por Piñera, es fundamental tener presente que en el Gobierno de la Presidenta Bachelet se realizó un trabajo de reflexión y propuestas para una Ley del Patrimonio en todas las regiones del país, proceso liderado por el ex Ministro Ernesto Ottone y la Premio Nacional Sonia Montecino; cuyo resultado, incluidas todas las propuestas para una nueva ley, fue entregado al actual gobierno.
Después de casi un año y medio, se propone un texto en el cual no pudieron participar de modo alguno los funcionarios de Cultura y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ni diversas instituciones y organizaciones patrimoniales.
¿Y el debate constitucional?
Al menos omisiva ha sido la conducta del Gobierno en esta materia, si se analizan las iniciativas en materia constitucional promovidas por el Presidente Piñera, tales como los cambios al Tribunal Constitucional o el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, los cuales se encuentran en su programa de Gobierno y no se han concretado en proyecto de ley.
Se agregan las tensiones y crisis institucionales surgidas en los últimos meses en el seno de órganos del Estado como lo son la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, lo cual se ha traducido en la ausencia de propuestas de cambios concretos que permitan abordar dichas coyunturas con reformas sustantivas a sus estructuras orgánicas, independencia y atribuciones.
Esta ausencia de una política institucional y Constitucional por parte del gobierno corona con la desactivación del proceso constituyente, sin que se registren a la fecha actividad alguna en los proyectos de reforma al capítulo XV de la Constitución Política y en el proyecto de ley para modificar la Carta Fundamental.
El fortalecimiento institucional tampoco ha sido prioridad del gobierno. La ausencia de la dimensión ética en el ejercicio del poder nos ha hecho retroceder en materia de probidad y transparencia, con hechos de nepotismo, conflictos de intereses y privilegios abusivos en beneficio de varias autoridades políticas del más alto nivel -incluido el propio Presidente de la República-, agravando severamente el daño a la fe pública y la confianza en las instituciones.
Finalmente, la política de justicia y derechos humanos no ha avanzado nada. Al el contrario, el propio Ministro de Justicia no tuvo reparo en afirmar que su principal tarea es “netear” el poder judicial con jueces afines a la derecha.
Política exterior y fin del multilateralismo
En materia de política internacional, este gobierno se ha apartado de la tradición diplomática del país y la visión de Estado que ha primado en esta materia, lesionando el prestigio de nuestra política exterior. Hemos pasado de ser líderes en diversos ámbitos de políticas globales, a convertirnos en un país que incumple y se resta de importantes instrumentos jurídicos internacionales.
El gobierno ha resaltado el compromiso de Chile con la recuperación de la democracia en Venezuela, apelando a la defensa de la democracia y los derechos humanos. Esto se contradice con el intento de limitar las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el retiro del Pacto sobre Migración de Marrakech, además de estar centrado solo en sumarse a uno de los bandos en conflicto.
Ha utilizado el conflicto venezolano para obtener réditos internos, sin promover un real entendimiento entre las partes y fracasando en todas sus improvisadas iniciativas hacia ese país hermano. Así, se aleja de los principios tradicionales de la política exterior chilena, e impide que el país pueda jugar un rol relevante en la solución pacífica del conflicto que aflige a la nación venezolana.
Es más, la política exterior del Presidente Piñera privilegia los acuerdos comerciales y económicos, mietras desconoce aquellos que brindan más y mejores derechos para las personas y comunidades. En particular, nos preocupa que no se haya ratificado el acuerdo de Escazú sobre participación ciudadana en materias ambientales; que no se suscribiera el pacto migratorio de la ONU; y la inexplicable nota enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cercenar atribuciones de la CIDH, haciendo primar el derecho interno por sobre el Pacto de San José de Costa Rica.
Al mismo tiempo se ha intentado reforzar el compromiso de Chile con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y con la lucha contra el cambio climático, a pesar de haberse negado a firmar el Acuerdo de Escazú, lo que refleja no solo una falta de política de Estado clara en materia de relaciones internacionales, sino también escasa consistencia en las decisiones tomadas por el gobierno y su capacidad de materializarlas en el escenario internacional.
El gobierno se ha propuesto avanzar en una tercera fase de integración al mundo, negociando los acuerdos comerciales faltantes, todo ello sin que exista ninguna estrategia de desarrollo industrial moderno que las justifique, ni evaluación alguna de políticas, medidas y acciones anteriores que den sentido a los nuevos anuncios, solo prometiendo evaluaciones futuras.
Instituto Igualdad
