por Chile Sustentable
Como un aporte al debate nacional sobre las políticas públicas y el estado del patrimonio y bien común, Chile Sustentable ofrece una evaluación del acontecer ambiental , destacando, como es tradicional, lo positivo, lo negativo y lo pendiente del acontecer socioambiental y la política medio ambiental, desde la perspectiva ciudadana.
Destacan en 2017 las acciones tendientes a la protección del patrimonio ambiental, con la donación de la familia Tompkins de casi medio millón de hectáreas al Estado de Chile y el convenio firmado con el gobierno tendiente a crear 3 nuevos parques nacionales, ampliar otros 3 y articular 17 áreas, con una superficie de 45.000 kilómetros cuadrados en la Red de Parques de la Patagonia.
A ello se suma la creación de un nuevo parque marino en Cabo de Hornos de 100 mil km2 y la ampliación del de Juan Fernández a 450 mil km2 y por parte del sector privado, la consolidación de la Red de Santuarios de la Naturaleza de la Región Metropolitana, a través de la cual 11 predios, logran proteger casi 6% del territorio de la Región, aportando a la pequeña representación de los predios públicos protegidos que bordean el 1,8% de la región.
Un importante paso en la gestión sustentable de las áreas protegidas lo constituye el traspaso al pueblo Rapa Nui de la administración del Parque Rapa Nui en Isla de Pascua, lo cual es un avance en el camino del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
En el ámbito regulatorio cabe destacar el ingreso de la ley para la eliminación de las bolsas plásticas en los municipios costeros y el fin de la pesca de arrastre en el 98% de la zona económica exclusiva y la reforma a la ley de net billing, que permitirá ampliar la generación distribuida en el país. En el ámbito de las inversiones destacan la inauguración de la primera planta de generación geotérmica y el cierre financiero para terminar la construcción de la primera planta de generación solar de concentración en el país.
En el balance, también destacan como importantes acontecimientos la cancelación o desistimiento de proyectos de gran impacto ambiental, entre los que cabe destacar los anuncios de no concretar proyectos emblemáticos como HidroAysén, Río Cuervo en la Patagonia y la termoeléctrica a carbón Santa María II en Coronel. Junto a ello, el rechazo del Comité de Ministros al Proyecto Minero Portuario Dominga, lo que reafirma la gran importancia de los movimientos ciudadanos y el gran trabajo de las organizaciones locales en defensa de sus territorios, que por décadas han logrado prevenir en regiones como Aysén y Coquimbo, la destrucción de sus localidades y ecosistemas como precio del desarrollo.
Entre los hechos negativos, ocurridos o decididos por la autoridad, destacamos los intensos y catastróficos incendios acontecidos en enero y febrero de 2017 que arrasaron con 518.174 hectáreas, los diversos derrames y contaminación ocurridos en Mejillones , Llanquihue y Santiago y la evidente vulnerabilidad de los servicios públicos básicos como agua potable y abastecimiento eléctrico frente a la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos largamente anunciados por la comunidad científica.
En cuanto a los acontecimientos negativos también relevamos el bloqueo del gobierno de la tramitación de la Ley de protección de glaciares a pesar del patrocinio que le otorgo el Ejecutivo: la modificación del Decreto Nº 40 que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que flexibiliza las condiciones de ingreso de los proyectos de inversión al SEIA; modifica las circunstancias para el requerimiento de Estudio o Declaración de Impacto Ambiental y los requerimientos, contenidos y criterios para considerar o no las observaciones ciudadanas.
Finalmente, constituye un hecho grave los intentos del gerente general de ENAP Marcelo Tokman de evitar la quiebra de Alto Maipo, inyectándole plata de todos los chilenos, mediante un convenio de aporte de capital al fracasado proyecto de AES Gener.
Entre los pendientes está el segundo trámite constitucional de la Reforma al Código de Aguas, dada la floja voluntad política del Ejecutivo que no le puso suma urgencia, y la priorización de otras leyes en la agenda legislativa.
La aprobación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la ley de promoción de la Eficiencia Energética, presentada por un conjunto de senadores ante la no priorización del ejecutivo. En el ámbito normativo quedo pendiente la actualización de la norma de Emisión de Residuos Industriales Líquidos retrasada por casi una década, y la actualización de la norma de emisión para centrales termoeléctricas; además de un plan de abandono de la generación a carbón, cuyas emisiones constituyen más del 80 % de la contaminación atmosférica del sector eléctrico.
Chile alcanzó cifras record de 22.000 MW de capacidad instalada, duplicando la demanda eléctrica del país, por ello, ahora es cuando tiene espacio para limpiar la matriz cerrando las termoeléctricas a carbón antiguas y contaminantes.
El actual gobierno aún tiene 2 meses para expresar su voluntad política y sacar adelante las tareas pendientes de sus compromisos de gobierno.
LO POSITIVO
1.- Liquidación del megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén y anuncio de devolución de los Derechos de Agua al Estado.
En noviembre y tras el anuncio del Tribunal Ambiental de Santiago de rechazo a las alegaciones formuladas contra el pronunciamiento del Consejo de Ministros rechazando el proyecto HidroAysén, la empresa HidroAysén SA integrada por Enel y Colbún comunico en un hecho esencial a la SVS, la cancelación del proyecto.
Asimismo la empresa comunico su intención de devolver los derechos de agua asociados a la iniciativa poniendo fin al proyecto hidroeléctrico más controvertido de la última década, rechazado fuertemente por los habitantes de la región de Aysén, y organizaciones ecologistas nacionales e internacionales agrupadas en el Consejo de Defensa de la Patagonia.
Un final feliz para el movimiento ambiental, para las comunidades y el desarrollo sustentable de la Patagonia. A este triunfo de alto valor ambiental y democrático, se suma la devolución de derechos de agua anunciada por los socio de HidroAysén, lo cual se agregara a las devoluciones que realizo Endesa a fines de 2016; cuando tras intentar rebajar patentes por no uso, opto por devolver derechos de agua.
2.- Rechazo del Comité de Ministros al Proyecto Minero Portuario Dominga.
En agosto y luego de que la iniciativa fuera rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, el Comité de Ministros confirmo el rechazo ambiental del proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa Andes Iron, que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
El proyecto tuvo una férrea oposición de organizaciones medioambientales y organizaciones locales que esgrimieron los graves impactos que generaría la explotación minera sobre la flora y fauna de esa zona ecológica única en el mundo, donde habita el 80 por ciento de la población mundial del Pingüino de Humboldt y otras especies de alto valor ambiental, como ballenas y chungungos.
3.- Histórica donación de la Familia Tompkins permite crear Red de Parques de la Patagonia de relevancia mundial.
En marzo de 2017y mediante la firma de un protocolo de acuerdo entre la Presidenta Michelle Bachelet y la ambientalista norteamericana Kristine Tompkins, viuda de Douglas Tompkins, se dio inicio al proceso de donación al Estado de Chile de más de 407.000 hectáreas en la Patagonia Chilena que quedarán protegidas y destinadas a la conservación de la biodiversidad y con acceso público.
La visión y generosidad de los Tompkins junto a la voluntad de la presidenta Bachelet, permitirán crear una red de parques nacionales, con una superficie de 45.000 kilómetros cuadrados.
Estas nuevas donaciones de la familia Tompkins, junto con los territorios donados en el pasado, permitirán la creación de tres nuevos parques nacionales: Pumalín, Melimoyu y Patagonia, además de la ampliación de tres parques nacionales existentes: Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena.
Estos 6 parques se articularan con otras 11 áreas protegidas para constituir la Red de Parques Nacionales de la Patagonia que integran territorios de las regiones de Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena.
La donación de los Tompkins constituye la mayor realizada por privados en la historia de Chile y constituye una tremenda oportunidad para liberar a la Patagonia de la pesadilla extractivista de los recursos naturales que azota al resto de las regiones del país.
4.- Desistimiento de Colbún de construir la central termoeléctrica carbón Santa María II en Coronel, a pesar de contar con aprobación ambiental del SEIA.
En junio Colbún frenó segunda etapa de termoeléctrica Santa María donde el gran escollo que enfrentó fue la oposición de la comunidad. Con esta decisión corporativa, se inicia desde los actores del mercado eléctrico, una moratoria de facto para nuevas generadoras a carbón en el país; tendencia que sólo será rota con la inauguración de la central a carbón Infraestructura Energética, de la empresa franco/chilena Engie, en Mejillones a mediados de 2018.
5.- Renuncia de Energía Austral de realizar Proyecto Hidroeléctrico Rio Cuervo.
Durante agosto de 2017, la empresa Energía Austral (propietaria de Glencore y Origin) dio a conocer a la opinión pública la cancelación del proyecto hidroeléctrico Rio Cuervo, localizado en la comuna de Puerto Aysén. Previamente la empresa había comunicado al Ministerio de Energía el desistimiento del proyecto dado que la línea de transmisión subterránea analizada no era viable, dado que el hecho de que si HidroAysén no se concretaba, no existían incentivos para desarrollarla.
La cancelación del proyecto hidroeléctrico Rio Cuervo es otro gran triunfo de las comunidades locales y las organizaciones socioambientales agrupadas en la Coalición Aysén Reserva de Vida y Consejo de Defensa de la Patagonia.
6.- Traspaso al pueblo Rapa Nui de la administración del Parque Nacional Rapa Nui.
En noviembre la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, concretó el traspaso de la administración del Parque Nacional Rapa Nui a la comunidad Maü Henua la que será la encargada de la administración por 50 años.
Si bien el decreto considera la administración en forma de concesión es primera vez que un presidente de la república reconoce al pueblo Rapa Nui y su capacidad para gestionar su propio patrimonio, que además es Patrimonio de la Humanidad.
Si bien esta es una demanda de larga data de la comunidad Rapa Nui, fue en el gobierno de Sebastián Piñera que alcanzó ribetes violentos con el envío de Fuerzas Especiales y enfrentamientos entre rapa nuis y policías.
7.- Lanzamiento de nuevo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022.
En julio se dio a conocer documento que aborda este fenómeno desde la adaptación, mitigación, medios de implementación y gestión del cambio climático a nivel regional y comunal. El plan que cuenta con 16 objetivos específicos, 30 líneas de acción y que se materializan en 96 medidas que pretenden hacer frente a los efectos que ya sufre nuestro país. Chile tiene un calentamiento que está por sobre la media global, y sus efectos se evidencian en lluvia intensas de un día, mareas rojas y un incendio forestal que arrasó con 600 mil hectáreas.
8.- Prohibición de Bolsas Plásticas en comunas del borde costero.
Durante 2017 el gobierno ingreso a tramitación legislativa el proyecto de ley que prohíbe bolsas plásticas en zonas costeras del país. Esta iniciativa es destacable, constituye una aspiración de larga data de las comunidades locales y del movimiento ecologista, y se encuentra en su primer trámite constitucional y busca prohibir el uso de bolsas plásticas en 102 comunas costeras y permite que se sumen otras no costeras mediante ordenanzas municipales.
La iniciativa del gobierno implica un importante avance, no obstante, requiere ser extendida para cubrir gradualmente todas las comunas del país pues no sólo el borde costero, sino también los ecosistemas terrestres, su flora y fauna, los ríos, quebradas, humedales, etc. sufren impactos por la falta de normativa respecto del uso de las bolsas plásticas.
9.- Inauguración de la primera Central de generación Geotérmica en Chile.
En abril de 2017 entro en operación la primera central geotérmica del país y de Sudamérica. La central Cerro Pabellón está ubicada en la comuna Ollagüe en la Región de Antofagasta y inyectando electricidad al Sistema Interconectado del Norte Grande.
La planta, propiedad de Enel Green Power Chile y ENAP, tiene una capacidad total instalada de 48MW y se construirán módulos adicionales, en forma escalonada, hasta completar una producción de 340 Giga watts al año.
La concreción de este proyecto constituye un hito en el desarrollo de energías renovables sustentables en Chile y permite poner en valor el estudio realizado en 2008 bajo la coordinación de Chile Sustentable, que evaluó el aporte potencial de la geotermia y demás fuentes energéticas renovables no convencionales y eficiencia energética y recomendando su priorización en la matriz eléctrica en el periodo 2008–2025.
10.- Cierre financiero del proyecto de generación de concentración solar Cerro Dominador.
En junio el proyecto de generación de concentración solar Cerro Dominador de 110 MW ubicado en la localidad de María Elena, Región de Antofagasta realizó su primer cierre financiero.
De propiedad del Fondo de Inversiones Global Energy Partner el proyecto completará su construcción en 2018, e inyectará energía eléctrica al Sistema Eléctrico a Nacional partir del año 2019, siendo la primera planta de generación eléctrica solar en base a esta tecnología en Chile.
11.- Reforma de la Ley de Net Billing.
En diciembre se anuncia reforma que permitirá ampliar y acelerar la generación distribuida en el país. La reforma amplia de 100 a 300 kilowatts la generación posible de generar por consumidores, pymes, cooperativas, condominios, sector comercial, etc., lo cual permitirá dar un nuevo impulso a la generación distribuida, energía que debe ser recibida por el sistema eléctrico, ampliando el espacio para la autogeneración eléctrica por parte de los consumidores y el mayor desarrollo de la energía ciudadana.
12.- Anuncio de la prohibición de la pesca de arrastre.
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura anunció en diciembre de 2017 que el 98% de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile estará protegida de la pesca de arrastre de fondo.
En 2016, la ONG Oceana presentó una propuesta para la eliminación progresiva de la pesca de arrastre en Chile, en la que se incluían los resultados de un estudio que mostraba que cada año 3.905 km de superficie marina eran impactados por este arte de pesca.
Además, evidenciaba la expansión de buques arrastreros a áreas nunca antes devastadas, concluyendo que 554 km2 eran arrastrados anualmente. De concretarse este anuncio, constituye la más importante política pública para la protección de los ecosistemas marinos en Chile.
13.- Creación de nuevas Áreas Marinas Protegidas.
En junio el canciller Heraldo Muñoz anunció la creación de un nuevo parque marino en Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez de 100 mil km² y la expansión de la actual área protegida de Juan Fernández hasta completar 450 mil km² en el marco de la Conferencia de los Océanos que se celebró en Nueva York.
De esta forma Chile completa un millón de km² de mar bajo resguardo, el quinto país tras EE.UU., Australia, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, con más kilómetros cuadrados marinos protegidos. Valoramos la creación de nuevas áreas marinas protegidas e instamos a proteger aún más las costas del país y no solo sectores asociados a islas.
14.- Red de Santuarios de la Región Metropolitana permite avanzar hacia la protección de 8% del territorio de la Región más densamente poblada del país.
El incremento de los predios privados acogidos al estatus de Santuarios de la Naturaleza y la consolidación de la Red de Santuarios de la RM ha permitido expandir a casi 8% la superficie de áreas protegidas en la Región Metropolitana, de las cuales los Santuarios Cantillana, el Roble, Horcón de Piedra, San Juan de Piche, el Ajial, Torcazas de Pirque, San francisco de Lagunillas y Quillayal, Cascada, Yerba Loca y Nogales en Barnechea y Quebrada de La Plata en Maipú, constituyen casi 6% del territorio protegido de la RM, lo cual se suma al escaso 1, 8% protegido por el Estado en las Reserva Rio Clarillo y el Monumento el Morado.
LO NEGATIVO
1.- Incendios forestales enero-febrero 2017.
En enero y febrero de este año ocurrieron los incendios forestales más devastadores de la historia de nuestro país que según CONAF consumieron 518.174 hectáreas en las regiones de O’Higgins, el Maule y el Biobío.
Dentro de los daños 185 especies fueron afectadas por los siniestros, mientras que 44 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad también sufrieron graves daños con los incendios.
Por otro lado, la justicia investiga como uno de los causantes de los incendios a la Compañía General de Electricidad (CGE) por falta de mantención en los alumbrados y torres de alta tensión, por lo que el subgerente zonal de CGE en la Región de O’Higgins está siendo procesado, con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y con el depósito de 150 millones de pesos como “reparación celosa del mal causado” en el marco del proceso judicial por la posible responsabilidad de la empresa en los incendios ocurridos.
2.- Reforma que relaja el reglamento del SEIA.
En noviembre, luego de un periodo de consulta exprés de 20 días, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la modificación de Decreto Nº 40 que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La modificación flexibiliza las condiciones de ingreso de los proyectos de inversión al SEIA; modifica las circunstancias para el requerimiento de Estudio o Declaración de Impacto Ambiental y los requerimientos de contenidos y los criterios para considerar o no las observaciones ciudadanas.
La reforma se basa en las recomendaciones de una Comisión Asesora Presidencial constituida para tal efecto, la cual estuvo conformada mayoritariamente por representantes del empresariado, razón por la cual fue desahuciada y abandonada por los representantes de las ONG Terram y Gente, al no garantizarse equidad en la representación y consideración de las propuestas ciudadanas.
La reforma tampoco consideró la participación y contenidos propuestos por la Comisión Sindical Ciudadano Parlamentaria conformada por ONG, académicos, sindicatos del Ministerio de Medioambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medioambiente y de legisladores de las Comisiones de Medio Ambiente del Senado y la Cámara de Diputados.
3.- Rechazo de los recursos de invalidación de proyecto Termoeléctrico Los Rulos.
En diciembre la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó por unanimidad los cinco recursos de invalidación presentadas por comunidades indígenas de la zona. Esto luego de que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena descartara presencia de comunidades indígenas en la comuna de Limache, reafirmando su existencia en Villa Alemana, por tanto el Servicio de Evaluación Ambiental concluyó que no existe afectación para el sector, por lo que se desestimaron los recursos de invalidación de las seis organizaciones que ahora recurrirán al Comité de Ministros.
No obstante, la aprobación no asegura que el proyecto esté en condiciones de ser ejecutado porque existen reclamaciones ingresadas ya a instancias superiores.
4.- Gremio minero y Ministerio de Hacienda mantiene en bloqueo de Ley de Protección de Glaciares.
Pese al compromiso de la presidenta Bachelet en su mensaje del 21 de mayo de 2014, de proponer una Ley para la protección de glaciares, y el anterior patrocinio del gobierno a la Moción parlamentaria liderada por el diputado Daniel Melo y aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el gobierno a través del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, a consecuencia de las demandas del Consejo Minero, bloqueó la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, impidiendo su aprobación y la votación en la plenaria de la Cámara. Hasta hoy la Moción (Boletín 9364-12) se encuentra tabla de dicha Comisión y sin urgencia del Ejecutivo.
5.- Propuesta ENAP de evitar quiebra de Alto Maipo con plata de todos los chilenos.
Graves irregularidades se han evidenciado en la actuación de ENAP, desde que el Congreso aprobara su nuevo gobierno corporativo y su ampliación de giro para incluir la generación eléctrica.
Uno de los peores eventos ha sido la indecente propuesta de su gerente Marcelo Tokman, de comprometer recursos de ENAP para financiar Alto Maipo, lo cual habría sido rechazado en primera instancia por el directorio de la compañía.
Dicha propuesta, constituye una violación de la regulación corporativa que prohíbe inversiones que puedan afectar el patrimonio público, dado que Alto Maipo es un proyecto que está en default técnico y crisis financiera, aparte de que la duplicación de sus costos y las graves infracciones que le acarrearon dos procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente.
La propuesta de Tokman implica una lesión al patrimonio de todos los chilenos y un subsidio a un proyecto fracasado, dado que los costos de la energía generada por Alto Maipo (de concluirse en proyecto) superan 30% el valor de la energía alcanzado en las licitaciones e electricidad.
El intento de pago del gobierno de la Nueva Mayoría a la empresa norteamericana AES Gener, en sus últimos meses de gobierno resulta grosera e inaceptable y esperamos que el directorio de ENAP y la presidenta Bachelet impidan este fraude con fondos públicos.
6.- Vulnerabilidad de los servicios públicos básicos.
Durante la última década las regiones han sufrido constantemente cortes de suministro de agua y luz ante eventos meteorológicos. Esto ocurrió en Santiago durante este año cuando por más de 3 días en febrero y abril las sanitarias anunciaran que por la alta turbiedad de las aguas provocadas por las intensas lluvias no podrían suministrar el recurso.
En la primera ocasión 30 comunas y más de un millón y medio de habitantes sufrieron el corte de suministro mientras en abril fueron 27 las comunas afectadas.
Esta situación se ha repetido año tras año y las obras comprometidas por la empresa para evitarlas han sido insuficientes.
Por otro lado en julio un frente frío ocasionó nevadas lo que provocó cortes de energía eléctrica por más de 48 horas en 33 comunas afectando a más de 280 mil habitantes.
La situación reveló la falta de mantención al tendido eléctrico y la vulnerabilidad de los pacientes electrodependientes, lo que más tarde llevó a una mesa de trabajo con propuestas como descuento en boletas y compensaciones.
7.- Aprobación de nuevo Proyecto de residuos industriales en Til Til.
En julio fue aprobado por el Comité de Ministros el proyecto de residuos industriales Ciclo que en diciembre de 2016 ya fuera aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana.
El proyecto tendría una superficie de 43 hectáreas, una vida útil estimada en 30 años y una capacidad de almacenamiento de 3 millones de metros cúbicos, planta que va a recibir gran parte de los residuos industriales peligrosos, químicos, de hidrocarburos y arsénico del país.
Til Til es una comuna que ya se encuentra colapsada por carga ambiental con más de 15 empresas contaminantes y en este proyecto los habitantes y el alcalde, Nelson Orellana, cuestionan la dificultad de enfrentarlo por la presencia de personas vinculadas a la Nueva Mayoría como son Clemente Pérez de la empresa asesora del proyecto y de Damián Tomic, gerente general de Ciclo, es además hijo de Blas Tomic, miembro de directorio de Codelco y demócrata cristiano.
8.- Muerte de 90% polluelos pingüino emperador en la Antártica.
De una colonia de 36.000 pingüinos emperador, solo dos de los polluelos sobrevivieron a las duras condiciones ambientales de su hábitat. Una cantidad de hielo inusualmente alta hizo que los adultos tuvieran que viajar más lejos para conseguir comida y que los polluelos murieran mientras esperaban.
Diversos grupos de conservación están pidiendo acciones urgentes para proteger a la colonia de estas aves en el este de la Antártida.
EL WWF dice que la prohibición de la pesca de kril —crustáceos planctónicos que son el principal alimento de los pingüinos— en la zona eliminaría la competencia y ayudaría a asegurar la supervivencia de las especies antárticas.
9.- Expansión de los cultivos Transgénicos.
El país ha continuado otorgando permisos para la liberación de cultivos transgénicos para la multiplicación de semillas de exportación. En la temporada 2016/2017, permitió la liberación principalmente de maíz, soya y raps, los que cubrieron 10.172 hectáreas.
Preocupa especialmente la liberación de algodón transgénicos en la región de Arica y Parinacota, donde existen plantas de algodón ancestrales que son recursos genéticos del país, y la liberación de vides transgénicas en la RM que pueden contaminar variedades no transgénicas y afectar la exportación de vinos y frutas a países europeos.
LO PENDIENTE
1.- Reforma al Código de Aguas.
La Moción Parlamentaria para reformar el Código de Aguas, (Boletín 7543-12) patrocinada luego por el gobierno en 2014 y aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016, fue tramitada y aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en agosto de 2017, pasando a la Comisión de Agricultura.
Desde esa fecha su tramitación se ha visto obstaculizada por senadores de la oposición, que presiden dicha Comisión, mediante la realización de seminarios los días de sesión y aceptando sobrerrepresentación de gremios agroindustriales en las audiencias públicas.
El gobierno por su parte ha mostrado débil voluntad política para acelerar la tramitación, no utilizando la prerrogativa de las urgencias sumas y manifestando contradicción entre los ministerios de Hacienda y Obras Publicas y graves errores políticos del Ministerio de Agricultura al recomendar postergar la votación en el periodo pre-electoral y luego superponer con urgencia de tramitación de la ley que crea el Servicio Forestal , lo cual inviabilizo concluir el segundo trámite constitucional de la reforma al Código de Aguas dentro del actual periodo de gobierno.
Esta situación pone en serio peligro el futuro de la reforma, ya que el presidente electo Sebastián Piñera, en seguimiento a las prioridades de los gremios empresariales, se ha mostrado crítico a la reforma.
2.- Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Boletín 9404-12) concluyó su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado el 24 de octubre de 2017.
Durante la tramitación se consiguió incluir temas importantes, como la desafectación por ley de los parque nacionales, el reconocimiento de los sitios prioritarios, la creación de áreas protegidas indígenas, el reconocimiento de los sitios Ramsar en categoría de áreas protegidas, e instrumentos para la protección de humedales, entre otros.
Sin embargo quedaron temas pendientes de mejorar, tales como las definiciones de áreas protegidas, el aumento de las prohibiciones en áreas protegidas, el desarrollo de prácticas sustentables en todo el territorio nacional, la protección de los recursos genéticos y de los polinizadores, entre otros.
El proyecto deberá ser aprobado por la Comisión de Hacienda, y la sala del Senado para posteriormente ser votado por la Cámara durante 2018.
3.- Ley de promoción de la Eficiencia Energética.
Esta norma, pese a ser un compromiso dentro del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, en base al cual el gobierno encargó varias consultorías y desarrolló una propuesta de ley en base a mesas de trabajo.
Mutiactores, finalmente no fue priorizado ni fue enviado a tramitación por el gobierno.
No obstante un conjunto de senadores encabezados por la senadora Isabel Allende y los senadores Alfonso de Urresti, Antonio Horvath, Guido Girardi y Alejandro Guillier, presentaron una moción parlamentaria orientada a gestionar la eficiencia energética en las 130 empresas mayores consumidoras de energía, cuyo consumo representa sobre 30% de la demanda eléctrica nacional.
Se estima que esta norma lograra generar ahorros de US$1.200 millones anuales en compra de combustibles y electricidad y una reducción total de emisiones de 210 millones de toneladas de CO2e al año 2035, lo que permitirá a las empresas exhibir estándares de des-carbonización de sus procesos, y a Chile cumplir con sus compromisos internacionales de cambio climático.
La moción parlamentaria incluye también el establecimiento de estándares mínimos de eficiencia al parque vehicular, permitiendo generar ahorros anuales de entre 10.000 y 15.000 tera-calorías al 2035 (lo cual significaría ahorros de entre US$750 – 1.150 millones de dólares).
Finalmente se incluye etiquetado de eficiencia energética de las viviendas. La Moción actualmente se tramita en la Comisión de Minería y Energía del Senado.
4.- Ley de protección de glaciares.
Pendiente para 2018 queda la aprobación de la Comisión de Hacienda del informe Financiero de la Ley de Protección de Glaciares, a objeto que la norma pueda ser votada en la Sala de la Cámara y pasar a segundo trámite constitucional al Senado. Esta ley, además de ser un compromiso del actual gobierno, permitiría concretar la protección de este patrimonio estratégico de reservas de agua dulce, y permitir mayor seguridad hídrica a los territorios en el contexto de estrechez que trae el cambio climático para Chile.
Asimismo permitiría concretar el compromiso incluido en el Plan de Acción Nacional frente al Cambio Climático.
5.- Actualización de norma de emisiones atmosféricas de Centrales Termoeléctricas (DS 13 de 2011).
Dicha regulación clave para limitar las emisiones de material articulado 2,5 dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno procedente de centrales de generación térmica, aún no ha sido colocada en el plan priorizado de normas, aunque su revisión debió iniciarse durante 2017.
No obstante al cumplirse los 5 años de su vigencia, no existen estudios ni expediente. Esta situación es de suma gravedad dado que las centrales termoeléctricas y particularmente las en base a carbón están territorialmente muy concentradas en 5 comunas (Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, y Coronel, todas denominadas zonas de sacrificio, donde se superan las normas y están bajo planes de descontaminación.
6.- Actualización de la norma de emisión de residuos industriales líquidos -RILES- (DS 90 de 2001), para prevenir la contaminación de fuentes de agua dulce y salina del borde costero.
Dicha norma, cuyo proceso de actualización se inició el año 2006, lleva 10 años en proceso de revisión y aun no es sometida a aprobación del Consejo de Ministros, a pesar de los graves eventos de contaminación hídrica ocurridos a causa de diversas emprendimientos industriales, como el derrame de 2.400 litros de ácido sulfúrico en caleta Michilla, debido a la rotura de un tubo de embarcación de la minera Centinela perteneciente a Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, y la contaminación del Lago Llanquihue por Essal ocurrido desde marzo cuando habitantes de Puerto Varas denunciaron la descarga de aguas servidas crudas en el Lago Llanquihue, entre otros.
7.- Servicio Nacional Forestal (SENAF).
En marzo el gobierno envió al Congreso el proyecto que Crea el Servicio Nacional Forestal luego de ocurridos los incendios forestales más devastadores de la historia de nuestro país que según CONAF consumieron 518.174 hectáreas en las regiones de O’Higgins, el Maule y el Biobío.
A 9 meses de ingresado el proyecto y ad portas de una nueva temporada de altas temperaturas el proyecto sigue en el Congreso ahora en su segundo trámite luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados a finales de noviembre.
Esta ley es una necesidad país y ni el parlamento ni el gobierno han estado a la altura de por fin ejecutar las políticas, planes, programas y acciones destinadas a la creación, conservación, restauración, protección, fomento, desarrollo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país.
8.- Agricultura bloquea protección de las abejas y polinizadores nativos de Chile.
En la Comisión de Agricultura del Senado, se discuten los proyectos de ley refundidos que regulan la actividad apícola nacional. Al respecto existe preocupación a nivel mundial y local por la masiva desaparición de las abejas por factores como los plaguicidas, los transgénicos, el cambio climático, la desnutrición por la ausencia de flores, las enfermedades y parásitos, entre otros.
Los dos proyectos de ley originales apuntaban en esta dirección, fomentar y proteger la apicultura nacional y proteger no sólo a las abejas sino a los polinizadores nativos.
Sin embargo el Ministerio de Agricultura ha bloqueado la regulación de plaguicidas que afectan a las abejas, especialmente los neonicotinoides (insecticidas sistémicos que permanecen en la planta y afectan el sistema nervioso de las abejas, su orientación y les impide volver a la colmena) y los transgénicos (que contienen toxinas que también las afectan, alteran su conducta alimenticia lo que puede causar su muerte y las hace más susceptibles al ataque de enfermedades).
9.- Protección del patrimonio genético: Maqui.
La Coalición en Defensa del Maqui ha continuado el seguimiento de las solicitudes de derechos de propiedad intelectual sobre el maqui, planta chilena de uso ancestral por el pueblo mapuche.
Se ha opuesto de forma legal a la solicitud de patente presentada por la Universidad de Santiago de Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, que pretende patentar extractos antioxidantes y antibacterianos del maqui.
También presentó ante el SAG, su oposición a tres solicitudes de derecho de obtentor para tres variedades de maqui, Morena, Perla Negra y Luna Nueva, presentadas por la Universidad de Talca y Fundación Chile y publicadas en el Diario Oficial el 15 de junio de 2016.
Las oposiciones intentan impedir la apropiación de derechos que corresponden a los pueblos originarios por ser el maqui una especie nativa y de uso ancestral en el país por las comunidades mapuches.
Al respecto no han existido pronunciamientos ni afán de protección de este patrimonio natural de autoridades locales ni nacionales, mientras la Coalición está en espera del dictamen de la justicia sobre las dos solicitudes de oposición.
10.- Plan de cierre de termoeléctricas a carbón.
El parque generador en base a carbón en Chile está constituido por 29 unidades de generación, la mayoría de las cuales están concentradas en solo 5 comunas del país: Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y Coronel, las cuales están saturadas de contaminantes atmosféricos que afectan gravemente la salud de la población, por lo cual han sido denominadas “zonas de sacrificio”.
Asimismo las carboneras son responsables de las de 80 % de las emisiones de CO2, material particulado, Óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre del parque generador eléctrico, por lo cual limpiar la matriz, requiere el cierre gradual de las termoeléctricas a carbón.
Dado que el bajo valor del impuesto verde implica un cargo insignificante para las generadoras a carbón y no afecta su rentabilidad, quedan pendientes políticas publicas tendientes a establecer el cierre de las termoeléctricas más antiguas y contaminantes , eliminar el pago por potencia a aquellas que superen los 24 años de operación, e incrementar el valor del impuesto verde a 40 dólares la tonelada de Co2, monto al cual se valorizara los costos sociales del carbón en la inversión publica, de acuerdo al anuncio de la presidenta Bachelet en junio de 2017.
Fuente: Chile Sustentable
