En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Jefa de Estado firmó hoy los proyectos de Ley que buscan perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalecer la Dirección del Servicio Civil; sobre transparencia e incremento de valor por ampliación del límite urbano; y propone nuevas exigencias para transparentar las responsabilidades de los agentes de los mercados.
Junto a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó nuevos proyectos de Ley que elevan los estándares de funcionamiento y transparencia en el sector público y privado.
Son tres las iniciativas legislativas que buscan: Perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalecimiento de la Dirección del Servicio Civil; aumentar la transparencia frente al incremento de valor por ampliación del límite urbano; y establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.
“Los instructivos presidenciales para el sector público y el conjunto de proyectos de Ley que hemos enviado al Parlamento, conforman una verdadera reforma en materia de probidad y transparencia. Un proceso sin vuelta atrás, que hará de Chile un país con los más altos estándares que regulen de modo estricto la relación entre la política y el dinero. Un legado que este Gobierno dejará y que, sin duda, hará más transparente nuestra democracia”, explicó la Jefa de Estado.
Respecto a la Alta Dirección Pública, el proyecto contempla ampliar los servicios y cargos con el objetivo de llegar a 120 servicios y a más de mil puestos. Asimismo, se incorporan a este proceso los cargos de Dirección Nacional del Servicio Civil, Fondo Nacional de Salud, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Servicio Nacional de Menores y el Instituto Nacional de la Juventud, entre otros.
Además, se elimina la figura de los directivos provisionales y transitorios, de forma tal que, en caso de vacancia del cargo, éste será ejercido por el subrogante legal mientras se desarrolla el concurso de nombramiento.
“Estas medidas apuntan, por un lado, a cuidar la continuidad de las políticas públicas de los servicios y, por otro, a facilitar a cada nuevo gobierno la provisión de cargos críticos para el éxito de sus objetivos programáticos, de forma transparente y clara ante la ciudadanía”, sostuvo la Mandataria.
En cuanto a la iniciativa que aumenta la regulación en el mercado de valores, se contempla penalizar la entrega de información maliciosamente falsa por parte de los directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales de un emisor de valores de oferta pública al directorio, o a los órganos de la administración de las entidades que ellos administran o a quienes realicen la auditoría externa o clasificación de riesgo.
Del mismo modo, se busca precisar las responsabilidades de las empresas de auditoria externa y establecer sanciones cuando dictaminen falsamente sobre la situación financiera de una entidad sujeta a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. La Superintendencia de Valores y Seguros será la encargada de velar por hacer obligatoria la Declaración de Conflictos de Interés para quienes difundan públicamente recomendaciones de inversión.
“Se tratan de modificaciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas, que apuntan en tres sentidos: Contar con un marco regulatorio más eficaz al sancionar conductas abusivas, reforzar el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros, y proteger a los accionistas minoritarios”, explicó.
Finalmente, el proyecto que norma el incremento del valor por ampliación de límite urbano, busca elevar la transparencia y participación durante los procesos en que se realicen cambios en los planos reguladores.
Asimismo, pretende mejorar la eficiencia, oportunidad y justicia con que se determina la contribución que corresponde frente a cambios en el uso de suelos por la vía del impuesto territorial. Y la colocación de un impuesto que permita que el Estado capture una mayor parte del incremento de valor producido por las modificaciones de los Planos Reguladores que incluyan una ampliación del límite urbano.
“Con este proyecto buscamos aumentar la participación ciudadana en los procesos de cambio en la planificación urbana, mejorar la equidad del impuesto territorial y que el Estado, en beneficio de toda la ciudadanía, obtenga una mayor parte del incremento de valor asociado a la ampliación del límite urbano”, agregó la máxima autoridad del país.
