La escalada del conflicto en la Araucanía va cobrando una inercia que amenaza con salirse de control, atizada por el postrer intento de Piñera, de acudir a la solución militar, sin fondo político para la iniciativa.
Tras una suerte de consejo de seguridad el domingo, Piñera, anunció este lunes una serie de medidas, incluyendo mayores controles en la zona, la presentación de una nueva Ley Antiterrorista al Congreso, y la reactivación de su obsesivamente perseguida «agenda de seguridad».
El personal de primera línea en el área de seguridad fue desplegado a la ritual visita a la zona, incluyendo los ministros de Interior y Defensa, Rodrigo Delgado y Baldo Prokurica; los directores de Carabineros y la Policía de Investigaciones, PDI, el comandante en jefe del Ejército y el jefe del Estado Mayor Conjunto, que generalmente se reduce a una rueda de prensa, pero en el lugar.
Piñera, anunció las medidas en un contexto donde, en las últimas 24 horas, se registraron al menos cuatro ataques incendiarios, incluyendo la casa de un fundo, en Lautaro.
“Quiero reconocer la gravedad de los hechos de violencia y atentados terroristas que hemos conocido, en los últimos tiempos, en la macro zona sur y, particularmente, en la región de La Araucanía, la región del Biobío, especialmente la provincia de Arauco, y ciertos sectores de la región de Los Ríos, y quiero no solo expresar nuestra total solidaridad y apoyo a las víctimas de estos hechos de violencia y de actos terroristas, sino que también manifestar nuestra firma voluntad de combatir, con todos los elementos que nos entrega el Estado de derecho, y siempre respetando ese Estado de derecho, los actos de violencia que hemos conocido en las regiones del sur”, afirmó el mandatario.
“Los instrumentos del Estado de derecho incluyen el uso legítimo de la fuerza. Los policías tienen el mandato de la sociedad para hacer uso de la legítima fuerza, que es un instrumento legal y necesario en un Estado de derecho y en una sociedad democrática. Por supuesto, el uso legítimo de la fuerza tiene que ser siempre respetando los derechos humanos”, continuó.
Para eso, acelerará el proceso legislativo para que leyes, hace tiempo entrampadas en el Congreso, sean aprobadas.
Esto significa máxima urgencia a leyes «necesarias y urgentes», tales como una Ley Antiterrorista «más eficaz»; reformar la Ley del Narcotráfico; avanzar en la ley Juan Barrios, la ley de usurpación de predios e insistir con el proyecto antirrobo de madera. «Necesitamos que el Congreso acelere al tramitación legislativa», espoleó Piñera.
Para fortalecer el actuar de Carabineros como de la PDI, Piñera instruyó al ministro del Interior y a los jefes de ambas policías crear el enésimo plan de acción y refuerzo a los equipos de trabajo en inteligencia y operación.
Anunció también la consabida convocatoria a un acuerdo nacional que permita «unir fuerzas para derrotar esta ola de violencia y ola de atentados terroristas».
Cerró con la clásica muletilla de «condenenar con total y absoluta firmeza, sin ninguna duda ni ambigüedad, la violencia, el terrorismo y el narcotráfico, porque solo unidos vamos a derrotar estos flagelos y recuperar lo que todos queremos: la paz ciudadana, la seguridad de nuestras comunidades y fortalecer nuestro Estado de derecho y nuestra democracia».
Efectuada su declaración, se retiró sin aceptar preguntas.
Escenario triplemente complejo
Es claro que Piñera intenta decantarse por la solución de fuerza de la capacidad represiva del Estado. De eso, no hay la menor duda. Su primer problema consiste en que no sabe como hacerlo; el segundo, que la solución militar es insostenible, salvo que esté dispuesto a cargar sobre su conciencia con una matanza, y ni aún así.
El malhadado caso Huracán y los asesinatos del comunero Camilo Catrillanca, el carabinero Eugenio Naín Caniumil, y subinspector de la Policía de Investigaciones, Luis Morales Balcázar, muestran el camino que aguarda por ese lado.
En el caso de Morales Balcázar, una confabulación jurídico policial recurrió a una operación de 800 policías de Investigaciones, casi el 10% de la dotación de la PDI, 200 carros policiales, helicópteros y drones, comandado por jefes policiales y fiscales desde el centro operativo en el cuartel de la PDI de Victoria, para la magra cosecha de una subametralladora UZI, dos pistolas, un cañón adaptado, una pistola de aire comprimido, un rifle, una escopeta, seis computadores, dos cargadores de pistola, cinco cilindros de gas comprimido, una escopeta recortada, siete cartuchos, más de 700 kilos de cannabis sativa, una balanza digital, 1.277 plantas de marihuana, 40 kilos de droga prensada y $ 12,3 millones en efectivo, según el parte oficial, al costo de un policía muerto y otros once lesionados, ocho de gravedad.
El episodio demuestra que la solución por la fuerza solo puede agudizar el conflicto, sin resolverlo, porque no ataca ni el fondo ni las causas del mismo.
Además, la solución de fuerza atropella los derechos de las comunidades que no están en conflicto, garantizados por convenios internacionales firmados por Chile; por tanto, con imperio legal.
Enseguida, Piñera hace gala de su reconocida desconexión con el Chile real. Cuando invoca el legítimo uso de la fuerza policial, respalda, una vez más, las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados por esa policía, desconoce la profunda crisis que anida en la policía uniformada e ignora la extendida demanda ciudadana de refundarla en una nueva institución.
Tampoco tiene despejado el escenario legislativo. El escaso tiempo que le queda al gobierno, y su nula legitimidad, no son el mejor aval, precisamente, para pedir un nuevo sobregiro a las ya abultadas facultades en el haber de la policía militarizada. Queda por saber si su admonición es suficiente para activar al partido del orden, porque, en defensa de la propiedad, en Chile se han visto muertos cargando adobes.
Comprimido contra el tiempo, también lo está por el flanco derecho, por donde campean organizaciones de agricultores y camioneros, y movimientos de ultraderecha filo-fascista, como la Asociación de Paz y Reconciliación en La Araucanía, APRA, quienes exigen de modo estridente y perentorio el Estado de Sitio.
El cuadro se complejiza, pues también es innegable -y meritorio- que las organizaciones mapuche más radicalizadas están a la ofensiva, apoyados en una convicción ancestral de la que carecen los otros protagonistas del drama histórico que se desarrolla en el wallmapu.
Y se complejiza por partida doble si se añaden a la ecuación los robos de madera, la policía corrupta y los auto-atentados para cobrar los jugosos seguros garantizados por el gobierno, que también generan el escenario de ataques incendiarios.
Resulta enormemente llamativo que en este conflicto, que tiende a a oscurecerse, no se escuche una sola palabra sobre la única solución posible: activar el compromiso de adquisición de tierras, paralizado desde que Piñera se hizo cargo de su segunda administración; aprovechar la ventana de oportunidad de comprar a los agricultores que están en disposición de vender, precisamente por el incremento del conflicto, y establecer un proceso de diálogo efectivo, que parta por el reconocimiento de las demandas y derechos de los intervinientes.
El Estado, y los chilenos, no deben soslayar que el origen del conflicto está en el despojo de que fueron víctimas los mapuche, cuando el Estado expandió su control en la zona mediante la llamada Pacificación de la Araucanía, a partir de 1861, mediante la ocupación militar.
Actualmente, varias comunidades reconocidas por el Estado administran sus tierras. Otros grupos recuperan predios sin aguardar autorización estatal, escenario que promueve se situaciones de violencia, varias con víctimas fatales.
La ONU pidió resolver el trasfondo del problema, más allá de operativos militares. Jan Jarab, representante para Sudamérica de la Oficina de Derechos Humanos, y remarcó la necesidad de lograr un diálogo «participativo y de buena fe» para abordar «la discriminación estructural» contra las comunidades:
«Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos», agregó.
En este complejo escenario, lo más probable es que el llamado de Piñera a un acuerdo nacional se reduzca a una nueva puesta en escena, para simular capacidad de resolución que ya no tiene, y que el conflicto se siga agudizando, sin que se vea claro, de momento, por dónde decantarán los acontecimientos.
