Con votos y/o abstención de la DC, el PRSD y sectores neoliberales del PS y el PPD, el Gobierno logró aprobar el proyecto Aula Segura, que concede facilidades a los directores de establecimientos educacionales para expulsar y cancelar la matrícula de aquellos alumnos que consideren autores de actos de violencia.
Es una medida de clásico corte derechista, que apunta a sancionar cualquier conducta disidente, en lugar de solucionar el problema que la origina, y en este caso, a domesticar al movimiento estudiantil, el mismo que derrotó a Piñera en su primer período.
Precisamente, el proyecto fue presentado en esa primera administración.
Que haya sido aprobado ayer con votos de diputados de la ex Nueva Mayoría, revela el evidente corrimiento hacia la derecha, de sectores políticos de centro-izquierda, y muestra cómo viene la mano respecto a otras legislaciones que apuntan a fortificar el modelo neoliberal, tales como la contrarreforma tributaria, el estatuto del trabajador joven y la «modernización» del Servicio de Evaluación Ambiental, entre otras.
Es, además, una pésima señal hacia el mundo estudiantil, pues apunta a los efectos sin considerar las causas; a saber, los nefastos resultados de la educación de mercado, y el nulo avance hacia la recuperación de la educación pública, de calidad, y para todos, como persigue el movimiento estudiantil.
Un día triste para la democracia.
La iniciativa del Ejecutivo, presentada a través del informe de la Comisión de Educación, que rindió el diputado Luis Pardo (RN), busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia.
De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, estas conductas pueden ir desde las agresiones o abusos entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.
El director también tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.
Además, incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones.
Por último, se establece que los establecimientos educacionales regidos por las normas sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, deben actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de esta ley en un plazo de noventa días, a partir de su publicación.
Al mismo tiempo, el proyecto simula salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.
Durante el trámite en la Comisión de Educación de la Cámara, los parlamentarios ratificaron el texto aprobado por el Senado, puesto que el sector opositor que votó a favor del proyecyo, consideró que mejoraba de manera importante el proyecto original.
En la sesión del lunes 12 de noviembre, los diputados hicieron presente sus fundamentos llamando, desde el oficialismo, a recobrar el rol de la autoridad y, desde un sector de la oposición, a conversar y a dialogar como el camino para terminar con los actos de violencia al interior de los establecimientos.
La iniciativa fue aprobada en general por 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, mientras que en particular tuvo siete votaciones separadas que fueron apoyadas por mayoría, ratificándose en consecuencia el mismo texto.
Desde el Frente Amplio criticaron que la nueva normativa no tendrá efecto en la convivencia escolar y llamaron al Gobierno a hablar de los temas de fondo en materia educacional. En tanto, la Aces llamó a «desobedecer» el controvertido proyecto.
Durante las semanas previas a su votación en Sala, el Gobierno realizó diversas gestiones con el fin de evitar la aprobación de indicaciones por parte de la oposición.
En ese sentido, un voto clave fue el del diputado DC, Mario Venegas, quien retiró algunas indicaciones que él mismo había presentado, mientras que en otras optó por abstenerse.
En tanto, durante la discusión en Sala, el parlamentario defendió la iniciativa, asegurando que el texto es completamente distinto al original:
“Efectivamente el proyecto inicial tenía problemas, tenía problemas de un debido proceso, que son principios básicos, pero la pregunta es: El ¿ proyecto que hoy tenemos que votar es el mal proyecto que inicialmente entró? No, claramente no.
Cuatro razones para rechazar Aula Segura
Lo/as diputado/as Camila Vallejo, Gonzalo Winter, Cristina Girardi, Camila Rojas y Rodrigo González, difundieron una columna de opinión denominada 4 razones de por qué Aula Segura es un show:
Para cualquier gobierno, el Ministerio de Educación es uno de los más sensibles. Bajo el mando de Sebastián Piñera se ha configurado un MINEDUC falto de claridades que parece develar que poco y nada hay en materia de política educacional.
La administración de Varela dejó apenas cuñas lamentables mientras el propio ministro señalaba que estaban dedicados a “estudiar” los proyectos que habían en trámite y los que presentarían.
Algo de todas maneras extraño si pensamos que los candidatos se preparan para gobernar, al menos, desde que presentan su programa de gobierno.
El nombramiento de la ministra Cubillos, por otra parte, quiso venir a reforzar la supuesta mano dura del Presidente, dejando atrás los espectáculos desafortunados de su predecesor.
Como una de las primeras medidas de su gestión, la ministra impulsó el proyecto de Aula Segura, sacado prácticamente del escritorio del alcalde Felipe Alessandri, que promete hacer frente a los problemas de violencia extrema que viven algunos colegios de la comuna de Santiago.
Desde el inicio de la tramitación, sin embargo, la ministra y el Presidente han dejado en evidencia que, más que preocuparse por la convivencia escolar y el futuro de los jóvenes, Aula Segura es un espectáculo mediático, diseñado para agradar a las encuestas. Y acá les dejamos 4 razones de por qué:
1. No les importa la violencia.
Dos meses antes de que se presentara Aula Segura ingresamos un proyecto para mejorar los manuales de convivencia de las escuelas y hacerlo de manera participativa con la comunidad. A este proyecto le llamamos Escuelas sin Violencia.
Siempre señalamos que la expulsión era algo que ya estaba considerado en la legislación vigente. Prueba de ello es que entre 2016 y lo que va de 2018 se han expulsado a más de 1600 alumnos sólo por hechos de violencia.
En el paso de Aula Segura por el Senado, sin embargo, lograron mejorar un aspecto del proyecto referido al tema: muchas veces la suspensión se toma como sanción final en vez de tomarla como medida cautelar, por lo que no se puede volver a sancionar el mismo acto con la expulsión.
Esta indicación fue ingresada por Yasna Provoste y de la misma forma, nosotros ingresamos una en ese sentido en Escuelas Sin Violencia. Así este último abordaba tanto la prevención como la sanción. Aula Segura, sin embargo, se quedaba únicamente en expulsar alumnos.
Dado que el gobierno obstruyó la votación de Escuelas sin violencia al ponerle urgencia a ultima hora a otros proyectos (como el de multas para quienes ensucien playas), decidimos poner todo nuestro esfuerzo en mejorar el proyecto de Aula Segura en el trámite en la Comisión de Educación de la Cámara Ingresamos una indicación que obligaba a que cualquier sanción fuera acompañada de un proceso correctivo y pedagógico.
¿De qué sirve expulsar a un niño violento si no corregimos y atacamos las causas de esa violencia? Sólo estaremos trasladando el problema de un lugar a otro.
Esta indicación fue rechazada gracias al voto de la DC, a solicitud del Ejecutivo.
2. ¿Y la violencia de los adultos?
Este punto es, más bien, una continuación del anterior. No les importa la violencia ni mejorar el ambiente educativo porque si fuera así, este proyecto no buscaría sancionar sólo a los estudiantes. Sobre todo si consideramos, por ejemplo, que la mayor cantidad de agresiones a profesores viene de parte de apoderados.
Otra indicación que rechazaron fue la de que las medidas cautelares deben ser claras para todos los miembros de la comunidad y, por lo tanto, posibles victimarios.
No sólo los estudiantes ejercen violencia.
¿Qué medida cautelar aplicamos a profesores, funcionarios o apoderados que participen en hechos de violencia extrema contra otros miembros de la comunidad?
Aula Segura no da ninguna claridad porque desde el principio ha sido un proyecto populista que busca responsabilizar únicamente a los estudiantes por los climas de violencia escolar.
3. Romper una oficina o abuso sexual: mismo castigo
Dado que este proyecto entendía exclusivamente a los estudiantes como quienes ejercen violencia, y que desde el ministerio parecen entender la violencia de manera miope, enfocándose únicamente en actos llamativos comunicionalmente, no se consideraron otras formas de violencia, mucho más frecuentes y que afectan a todo el país, no sólo a una comuna. En el trámite en el Senado, se incluyeron otras formas de violencia, como la psicológica, verbal y sexual.
En la Cámara, sin embargo, quisimos clarificar que todo tipo de violencia no puede tener la misma sanción, tal como sucede en el sistema penal. El robo de un auto no puede tener la misma pena que la violación, por ejemplo.
¿Ya adivinan qué pasó con la indicación? Rechazada. Aula Segura otorga la misma sanción a romper una oficina que a abusar sexualmente de un menor de edad
4. ¿Y la deserción? Nadie se hace cargo
Durante la tramitación exprés de Aula Segura (sólo tuvimos 4 días para discutir y votar en la Cámara), logramos escuchar a varios expertos. Dada la importancia del tema de la violencia y que ya habíamos discutido y votado Escuelas sin Violencia, muchos parlamentarios además estuvimos reuniones de audiencia con organizaciones que nos ayudaran a dar con buenas propuestas para mejorar el clima de violencia en las escuelas.
Entre muchos y muchas expertas, Unicef nos recordaba el caso de EEUU. Implementaron una política de tolerancia cero y expulsión frente al porte de armas en las escuelas.
¿El resultado? Los tiroteos no disminuyeron y aumentó la deserción escolar.
En los últimos años han tenido que buscar propuestas de políticas públicas para detener y revertir este fenómeno. Nos señalaron que incluso al reubicar al estudiante, en la mayoría de los casos termina desertando del sistema escolar. Y ya todos sabemos cómo sigue ese camino.
La ministra Cubillos señaló en múltiples intervenciones que este proyecto se preocupaba de reubicar a los alumnos expulsados. En la práctica, sin embargo, lo único que hacen es mostrarle al apoderado o apoderada la “oferta” de matrícula y ya.
No se establece ninguna obligatoriedad del Ministerio de hacerse cargo del destino del alumno o alumna expulsada. Una vez más: ingresamos una indicación para que el Mineduc asegurara la reubicación del alumno y se preocupara de su correcta adaptación al sistema escolar. ¿Y? Rechazada.
¿Por qué la ministra Cubillos se esfuerza tan arduamente por detener indicaciones que apunten a la corrección de la violencia, a la reinserción de los alumnos violentos, a entender y abordar la violencia de manera sistémica?
La respuesta es una sola. En la tramitación de este proyecto la ministra Cubillos, así como el ministro Blumel y el Presidente Piñera demostraron que no tienen mayor interés porque los niños de hoy sean adultos saludables, respetuosos, tolerantes, con vocación de diálogo y democracia.
Demostraron, por el contrario, que su único interés es subir un par de puntos en las encuestas y que con eso, ojalá nadie se de cuenta de que no tienen una política educacional, de que vivimos con los índices de desempleo más altos de los últimos años (sobre todo para las mujeres), y de que no han sido capaces de estar a la altura de sus propias promesas de bonanza económica».
Desde las organizaciones estudiantiles han sido categóricos en rechazar la propuesta gubernamental.
Durante las horas previas a la votación, la vocera de la Aces, Amanda Luna, llamó a desobedecer el proyecto si éste era aprobado:
“La campaña del terror que ha instalado el Gobierno para validar la legitimidad de Aula Segura refleja que esta no es un política educativa, es una política represiva”.
No obstante, hay una lección que sacar de este lamentable episodio: es necesario un esfuerzo de pedagogía, para aclararle a la gente que votar por la derecha solo trae consigo el incremento del autoritarismo y la represión.
Para la historia, así votaron los «respetables»:
