Una investigación publicada por el periódico mexicano El Universal revela que en Chilacachapa se sabe que pasó con los normalistas pero que los ciudadanos no se atreven a hablar. También se informó que los narcotraficantes, que actuaban por orden del entonces alcalde de Iguala, ejecutaron a los normalistas e incineraron sus restos
El asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa remueve a todo México y el mundo. Mientras nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía reactivan la tensión en el estado de Guerrero, una investigación hecha por el diario El Universal pone de relieve que no sólo hubo complicidad política, sino que los narcotraficantes que ejecutaron a los jóvenes obligaron a civiles a participar en el crimen, lo que revela el poder que ejercen los cárteles de la droga sobre la población.
De acuerdo con el artículo, una docena de civiles de la localidad mexicana de Chilacachapa admitieron que los sicarios del cártel Guerreros Unidos los hicieron partícipes de la desaparición de los normalistas. Los narcos los engañaron al decirles que estaban siendo «atacados» por un grupo de estudiantes y por la banda rival Los Rojos y los amenazaron para que los ayudaran.
«¡Traigan Bolsas Negras , Hijos de la Chingada!»
Chilacachapa está a 37 kilómetros de Iguala, la ciudad en la que los jóvenes de Ayotzinapa fueron emboscados la noche del 26 de septiembre por policías corruptos y luego entregados a los sicarios de Guerreros Unidos para que se deshicieran de ellos. A las 5 de la mañana del día siguiente, los habitantes de ese pueblo serrano fueron despertados con gritos. «¡Traigan bolsas negras, hijos de la chingada! ¡Pero rápido!», vociferó un hombre.
Ubicado también a 15 kilómetros del basurero de Cocula, donde se halló una de las bolsas con restos óseos y se pudo identificar parte del cuerpo del estudiante Alexander Mora, la localidad está habitada por 2.000 campesinos, todos ellos sometidos a la delincuencia organizada desde hace dos años. En ese lapso, se registraron al menos nueve desapariciones y más de 200 casos de desplazamiento forzado.
Una fuente, que pidió el estricto anonimato, manifestó que muchos pobladores de Chilacachapa saben qué pasó con los estudiantes, pero que no lo cuentan por miedo a los cárteles de la droga. «Mis paisanos de aquí saben dónde están, pero si abres el pico… Ése es el temor», relató.
Otro, identificado como un jornalero, ha explicado que en la comunidad se vive un estado de malestar y enfrentamiento entre los que se negaron a participar y los que lo hicieron. «Estamos molestos porque sabemos quiénes bajaron. Los comisarios de los pueblos se llevaron a gente en camionetas», dijo.
