La Comisión de Salud del Senado aprobó este martes un proyecto de ley que pone fin la integración vertical de farmacias y laboratorios y, además, obliga a estos establecimientos a tener en stock bioequivalentes genéricos. La iniciativa legal, que será revisada en las próximas dos semanas por el Ministerio de Salud para presentar indicaciones, permite la sustitución de medicamentos sólo por productos genéricos y no de marcas; entrega la fiscalización de las normas a las Seremis de Salud; incrementa las sanciones para quienes no las cumplan y ordena la venta en góndolas de productos sin receta.
El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud señaló que la iniciativa legal “busca terminar con los abusos de las grandes cadenas de farmacias como Cruz Verde, Farmacias Ahumada y SalcoBrand. Hace unos años los denunciamos a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por coludirse y aumentar hasta un mil por ciento los precios de medicamentos básicos. Hoy tienen 15 ejecutivos formalizados por atentar contra la salud de las personas y violar sus derechos humanos”.
El parlamentario es uno de los autores de la ley que se aprobó en enero de 2014 que puso fin a las canelas: un incentivo perverso para que los vendedores hicieran fraude y ofrecieran a los pacientes los medicamento más caros para ganar un porcentaje mayor de la venta. La ley los obligó a etiquetar las cajas para que no cambiaran los precios de los productos; y estableció cláusulas de sustitución para que ofrecieran medicamentos bioequivalentes. .
Sin embargo, agrega Girardi, “como son instituciones tramposas sólo hacen bioequivalencia a productos caros y no a los genéricos por lo que los medicamentos baratos están desapareciendo del mercado y se instalan otros de muy alto costo”.
Por ello la nueva iniciativa legal “obliga a que la sustitución de un medicamento sólo se pueda hacer por un genérico y no por medicamentos de marca. Por ejemplo el Lipitor medicamento de marca vale 30 mil pesos, el genérico, la Tolvastatina, vale mil pesos, pero no venden este sino que otro que cuesta $15 mil”, afirma el senador PPD.
El proyecto también termina con la integración vertical, “un abuso que existe sólo en Chile pues en ninguna parte del mundo las cadenas son dueñas de laboratorios porque el incentivo a vender las marcas propias es inmenso y establece que van a ser un servicio público concesionado, como en Europa donde son privados portadores pero regulados a través de concesiones que establece los lugares en que se tienen que poner. Aquí hay tres farmacias en una misma cuadra, porque son los pacientes los que pagan la infraestructura de negocios inmobiliarios que se esconden detrás de la venta de medicamentos”, afirmó el senador Girardi.
Además, el proyecto obliga a que los productos sin recetas sean vendidos en las góndolas. En la ley actual dice podrán vender en las góndolas, ahora dirá: deberán”, afirma Girardi.
La iniciativa también traspasa la responsabilidad de fiscalizar desde el Instituto de Salud Pública (ISP), que está sólo en Santiago y no tiene las atribuciones ni capacidad, a las seremis de Salud que están en todo el país. Y establece sanciones como el retiro de la personalidad jurídica y la clausura inmediata a la violación de las normas.
“Son instituciones tramposas y por ello hay que endurecer la ley para defender la vida de las personas y el derecho humano a la salud que está siendo violados por estas empresas”, señaló el jefe de bancada de los senadores PPD.
