El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, junto con Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción; y otras autoridades universitarias, expusieron ante la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, para analizar adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) en Antofagasta a un consorcio extranjero liderado por Associated Universities. Inc (AUI).
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, expuso esta semana ante la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, alertando sobre la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias a un consorcio de universidades de Estados Unidos:
“Es la oportunidad para que Chile deje de ser un país extractivista», dijo el Rector.
En la instancia, se determinó que se solicitará la creación de una comisión investigadora que determine si hubo irregularidades en la asignación de la licitación, en desmedro de las universidades chilenas.
“Uno puede plantearse muy legítimamente si queremos que Chile siga siendo un país extractivista, o queremos que Chile dé un gran salto y pase a cumplir un rol diferente. Esta es la oportunidad para que Chile deje de ser un país extractivista y pase a ser líder en la exportación de conocimiento e innovación”, expresó el rector Ennio Vivaldi, en su exposición en la que cuestionó los métodos y mediciones que determinaron que el consorcio liderado por Associated Universities Inc, -conformado principalmente por universidades estadounidenses-, se adjudicara el proyecto.
“Esto no se trata solamente de encontrar nuevas fuentes económicas tremendamente importantes para el país como el hidrógeno verde, la energía limpia, etc”, advierte Vivaldi.
“Esto es clave para que podamos seguir teniendo nuestro soporte económico en el cobre. Porque lo digo de inmediato, las grandes economías mundiales de países desarrollados, han planteado desde ya exigencias, ellos no van a aceptar cobre que no sea cobre verde. Por lo tanto, si nosotros no hacemos proyectos de este tipo que nos permitan producir cobre verde, no solamente no vamos a tener lo adicional, sino que vamos a perder el cobre que tenemos hoy”.
En paralelo, el rector de la Universidad de Chile, enfatizó en que el Instituto de Tecnologías Limpias, y en particular su financiamiento, se determinó a través de Corfo el 2018, decidiendo destinar recursos de SQM a un programa de fortalecimiento de capacidades de innovación en el país.
Vivaldi agregó:
“Pensamos que por tratarse del pago de una deuda contraída por un privado con el Estado, esos fondos son públicos, por lo que su uso debe ser fiscalizada por los organismos que la ley establece, en este caso, la Contraloría General de la República”.
Durante la sesión, el diputado miembro de la Comisión, Tomás Hirsch anunció que elevaría una solicitud a la sala para crear una Comisión Investigadora que indague en las circunstancias en las que se ejecutó esta licitación, y si corresponde reahacerla. El presidente de la Comisión, el diputado Jaime Tohá González, secundó la moción anunciando su apoyo a la creación de la instancia.
El verdadero debate: Desarrollar o no ciencia y tecnología en Chile
Ennio Vivaldi (*)
Está en juego la posibilidad de cambiar la matriz productiva del país, así como la interacción entre Estado, academia e industria.
Corfo está intentado adjudicar, en una decisión que confiamos será revertida, el nuevo Instituto de Tecnologías Limpias a AUI, un consorcio que ofrece servicios de administración de instalaciones de investigación. Se desechó así el proyecto presentado por el consorcio ASDIT, liderado por la Corporación Alta Ley, en el que participan 11 de las principales universidades del país junto a importantes empresas nacionales e internacionales del área, centros de investigación de primer nivel mundial y destacadas universidades extranjeras.
Con esta opción culmina una serie de decisiones presupuestarias que explícitamente se abstienen de incentivar un desarrollo científico y tecnológico para Chile. Lo hace con una convicción apasionada y obstinada que parece no conocer límites.
Ha surgido así la pregunta de si no habría, en algunos, una voluntad consciente de impedir que desarrollemos ciencia y tecnología propias.
Desde nuestra Universidad pluralista, consideramos que todo debate es legítimo. El actual se podría formular así: dada la globalización de la economía, no deberíamos acaso seguir descansando en una división mundial del trabajo donde el desarrollo científico y tecnológico, que requiere de grandes inversiones, sea asumido por un grupo restringido de países desarrollados los cuales, además, cuentan ya con prácticas y conocimientos acumulados imprescindibles para hacer ciencia relevante.
En un sentido muy profundo, y con toda la carga emocional de la analogía, esta discusión reedita una que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo pasado acerca de la enseñanza primaria obligatoria. Aquella fue una discusión interesantísima en que algunos afirmaron que no tenía sentido educar a hijos de campesinos o gente marginal y que los recursos que se requerirían para ampliar la cobertura si la educación se hacía obligatoria, podrían ser mucho mejor aprovechados en otros fines. En ese momento, es bueno recordarlo y está documentado, hubo quienes dijeron que más educación para los pobres solo generaría falsas expectativas, frustración y hasta rebeldía.
La analogía entre educar o no a los niños pobres hace un siglo y desarrollar o no ciencia y tecnología en países con industrialización precaria hoy, tiene reverberaciones económicas y políticas. Está en juego la posibilidad de cambiar la matriz productiva del país, así como la interacción entre Estado, academia e industria, con obvias implicancias en la calidad de vida de la población y en la redistribución del ingreso.
Es también una cuestión de soberanía nacional, como lo ejemplifica la desafortunada decisión de haber desmantelado nuestro centro de producción de vacunas. Curioso, al respecto, que los jueces extranjeros hayan valorado más a nuestras universidades que los locales.
Preocupa que esta decisión pueda traducirse en un freno al desarrollo de capacidades tecnológicas para nuestra industria. Las iniciativas estratégicas se sustentan en la formación de especialistas, la innovación en las empresas, el desarrollo regional y territorial, el futuro de la macro-zona norte, la primacía de los criterios de sustentabilidad, la internacionalización, y la instalación de trabajo colaborativo entre el mundo productivo y los centros de investigación, elementos que representan el corazón de nuestra propuesta.
Comunicacionalmente, se ha usado el nombre de universidades norteamericanas muy prestigiosas que, en realidad, no tenían participación alguna en la propuesta adjudicada. A mayor abundamiento, una sola de ellas participaba efectivamente en las postulaciones, aportando incluso recursos, y lo hacía asociada con nuestra universidad en la propuesta desechada.
No se trata de abogar por una suerte de «proteccionismo intelectual» pero es imposible de entender que en un concurso de esta naturaleza no se evalúe el impacto diferencial que las propuestas tendrían en el futuro de las instituciones responsables de desarrollar la ciencia y la tecnología en el país.
Pensábamos que estábamos conversando sobre la idoneidad y pertinencia de un concurso Corfo, pero quizás, en vez, estemos abriendo la discusión política más relevante que se pueda concebir acerca del futuro de nuestro país. En buena hora.
Rector de la Universidad de Chile
Fuente: U. Chile Noticias
