por Ernesto J. Navarro
La comisión de derechos humanos del partido integrado por la fuerza guerrillera que firmó la paz con el Gobierno denuncia el incumplimiento del Estado en varios de los acuerdos. Al cumplirse el primer aniversario de los acuerdos de paz, 32 excombatientes de las FARC asesinados con «total impunidad».
El pasado 12 de noviembre, Dalaider de Jesús Vásquez, un exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue asesinado en el departamento de Antioquia, al noreste de ese país.
Según la versión policial, difundida por el diario El Espectador, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra el exmiliciano guerrillero y sus acompañantes. Vásquez murió de inmediato, mientras otras cuatro personas resultaron heridas.
Con esta muerte son más de 30 los exguerrilleros asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, recuerda en declaraciones a RT, Camilo Fagua, abogado e integrante de la comisión de Derechos Humanos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Las fallas de los acuerdos de paz
Hasta la fecha, “32 excombatientes de las FARC han sido asesinados“, explica Fagua, precisando que también han muerto de forma violenta 12 familiares de exguerrilleros, de los que 9 son hombres y 3 mujeres.
Por otra parte, y según los registros que lleva el partido, “un familiar” de uno de los excombatientes se encuentra “desaparecido desde el pasado 28 de octubre“, fruto de un episodio ocurrido en el departamento Norte de Santander, señaló el abogado.
Asimismo, agregó que este secuestro se atribuye a “grupos paramilitares” que operan en zonas donde las FARC llevaron a cabo su actividad insurgente a lo largo de varias décadas.
Para el defensor de los derechos humanos, “todas las fallas en el cumplimiento —de los acuerdos de paz— han traído consigo que integrantes de las FARC queden expuestos ante la inseguridad presente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, Caquetá”.
En este sentido, precisó que la principal deuda del Estado colombiano radica en la ausencia de garantías para “la seguridad y la reincorporación económica y social” de los excombatientes.
Los motivos de los crímenes
Camilo Fagua explica a RT que los crímenes contra las FARC tienen un claro objetivo político:
“Desestabilizar el proceso de paz e impedir la reincorporación de excombatientes de una fuerza insurgente que firmó un acuerdo de paz”.
Según el abogado, a ello se unen “los intereses de poderes regionales y nacionales que se beneficiaron por años de la guerra”. “Los hemos visto en el Congreso de la República, cuando se abstienen de votar leyes destinadas a lograr la implementación de los acuerdos”, afirma.
¿Hay soluciones?
El vocero del partido enfatiza que ninguno de los 32 asesinatos tiene resolución judicial.
“Los casos se encuentran en total impunidad y solo en uno de ellos el atacante fue capturado por agentes de la policía”, lamenta Fagua.
El abogado considera una obligación del Gobierno la adopción de medidas “para que no se vuela a perpetrar un genocidio político”. Asimismo, evoca lo ocurrido en la década de los 90 en contra de los milicianos de la Unión Patriótica (UP), partido formado por guerrilleros de las FARC tras las negociaciones realizadas con el presidente Belisario Betancourt en los años 80.
Según la Fiscalía colombiana, “agentes del Estado ejecutaron un plan de exterminio” que acabó con la vida de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales, 11 alcaldes y un número aún desconocido de dirigentes de ese partido en todo el país, informa Telesur.
También se recuerda como antecedente el asesinato del jefe guerrillero Guillermo León Sáenz Vargas, más conocido como Alfonso Cano.
A pesar de ello, Fagua no se atreve a afirmar que se trate de un “exterminio similar”, ya que, en su opinión “el pueblo colombiano no lo va a permitir”. En este sentido, afirma que son las élites (políticas y económicas) las que quieren la guerra, mientras “el pueblo colombiano quiere la paz”.
Esa voluntad popular, señala el abogado, obliga a las autoridades a realizar “cambios estructurales” y a darle cumplimiento a puntos esenciales del acuerdo, como “la sustitución de cultivos de usos ilícito, la implementación de planes de desarrollo regional y la garantía de participación política y apertura democrática”.
Fuente: RT
