por Bernardo Salas.
Los servicios de inteligencia civiles en Chile nacen reactivamente a poco andar del cambio de régimen político el año 1989, institucionalizándose el año 2004 en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Este proceso está teñido de desaciertos y parte con la creación del Consejo de Seguridad Pública (1991) y luego la Dirección de Seguridad Pública (1993) siendo sus rostros visibles Mariano Fernández (DC) luego ministro del Interior de M. Bachelet en su segundo Gobierno, Jorge Burgos (DC) exdiputado, ex Subsecretario y exministro de la Concertación y Nueva Mayoría y Marcelo Schilling (PS) ex Subsecretario y actual parlamentario.
La ANI (ley 19.974 año 2004) tiene como primer director a Gustavo Villalobos (PS) quien, volvería al cargo en 2014. Por su parte, Gonzalo Yuseff es nombrado por el presidente Piñera en su primer mandato, en el segundo asume Antonio Masferrer y Gustavo Jordán (2019) jubilado de la Armada, quien intenta crear un comando conjunto con otros uniformados jubilados.
El rol de la ANI y sus antecesores siempre ha sido cuestionado, su doctrina (poco conocida) rediseñó el sistema de inteligencia del país buscando distender la tensión siempre presente entre la inteligencia civil y la de las FFAA. Ese gradual y lento tránsito hacia un sistema de inteligencia no se condice con los acontecimientos que suceden en la realidad que se busca interpretar.
En la era Jordán la ANI es el «brazo civil» de las FFAA, no hay espacio para civiles, los despidos de del director Jordán así lo indican.
El problema de la ANI es político, de DDHH y de doctrina, el enemigo interno no existe, revivirlo es una forma de aumentar el control sobre las libertades públicas, poder tener respaldo legal para interferir en la vida social interna del país.
Para el gobierno de Piñera, esto debe ser la guinda de la torta de las leyes represivas que el mismo Congreso que discute el proyecto de suma urgencia contribuyó a aprobar.
Mezclar la defensa nacional en materias de orden interno es volver a lo que había con la dictadura, es decir, una policía política
¿A qué le temen?
La doctrina del enemigo interno es otra forma de justificar un modelo de construcción de un Estado minimizado.
Lo que pasa en la ANI no es distinto a lo que ocurre en otras reparticiones del Estado no prioritarios. Suponer que la ANI o los servicios de Inteligencia podrían prever el devenir sociopolítico del país es una ingenuidad, plantear un modelo ideal de estructura de Inteligencia también lo es.
Tal vez la ANI actual y sus antecesores era lo que se estimó necesario o prudente para la transición a la democracia, parafraseando al presidente Aylwin: «inteligencia en la medida de lo posible».
Ahora, qué se busca: el control total y espiar para someter a quien no esté de acuerdo con el gobierno, el cual se reserva la designación del jefe de esa policía política.
Un modelo de sociedad en extremo liberal que promueve un Estado reducido y con la menor cantidad de competencias posibles, un mercado que regula la vida social, los recursos naturales, el suelo, subsuelo, aire y agua no necesita un sistema de Inteligencia robusto.
Lo necesita, ahora con el proyecto de suma urgencia, para controlar lo que no puede robar o vender: la dignidad de la mayoría que busca transformaciones sociales fundamentales.
La Inteligencia no civil es cuestionada también, no sólo ahora.
Recordemos a Carabineros con los montajes de Antorcha, la exposición pública que hace Anonymous de sus archivos en plena revuelta y pocos días de esa burla le corresponde la vergüenza al Ejército exponiendo documentos reservados como los correos que muestran que el Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército ve en el Director de la ANI el mejor aliado para retomar el poder total de los servicios de inteligencia del Estado.
El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADF) ha puesto alertas.
Ellos son de ese mundo; esa alarma es tardía y al parecer, con poca capacidad de influir.
Fuente: Resumen
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