por Fernando Carmona Alert (*).
Si bien el Acuerdo Nacional anunciado por el Presidente de la República, contiene medidas que van en la dirección corrrecta, los montos comprometidos no alcanzarán para paliar la pandemia, disminuir los contagios, reactivar la economía y detener el aumento de la pobreza.
Además, a pretexto de la emergencia, introduce elementos clave de la agenda neolibreal, como el incentivo a la inversión al costo del deterioro del medio ambiente, y mayores márgenes de flexibilización laboral
Asimismo, mientras no controlemos la pandemia, la reactivación es completamente teórica. Un elemento clave para detener la transmisión del virus SARS-COV2 es reducir la exposición de la población.
Por este motivo, la mejor medida preventiva es el aislamiento de los casos y contactos estrechos, así como el cierre de ciudades o cuarentenas. Pero, dada la desigualdad social existente estás medidas presentan baja adhesión, producto de la informalidad en el mercado laboral, falta de asumir enfoques de salud ocupacional en el ámbito del trabajo (esencial), y los niveles de hacinamiento.
Esto implica que para lograr efectividad sea imprescindibles políticas sociales que actúen sobre los determinantes sociales de la salud.
Nuestra primera necesidad es quebrar la curva y este plan no esta ni cerca de asegurarlo.
Hay un mínimo de gasto necesario para la pandemia, y el gobierno se niega a aceptarlo.
Los nueve puntos del acuerdo
El acuerdo contiene nueve puntos centrales:
I.- El marco fiscal para la reactivación, es un máximo de US$12.000 millones en un tiempo de 24 meses, los cuales podrán ser usados de acuerdo con la necesidad del momento.
Lo primero que salta a la vista es que el mejor de los acuerdos del gobierno y una parte de la oposición tiene una magnitud insuficiente para la crisis, pues no es capaz de hacer frente a la crisis que vive el país, en circunstancias de que que existe espacio para un mayor gasto fiscal, por medio de deuda al menos US$15.000 millones; un impuestos a los super ricos por US$6.000 millones y fondos de ahorro por US$20.500 millones.
Pero aparte de que somos uno de los países con los mayores niveles de contagios y muertes por millón de habitantes, tiene además el dudoso honor de ser un país con altas tasas de endeudamiento familiar 74,9% según el Banco Central, que aumentara en al menos un 50% sus índices de pobreza según la CEPAL; un país que ya tiene 2,7 millones de trabajadores sin empleo, con respecto a la fuerza de trabajo de 9,7 millones, a marzo de 2020.
La magnitud del esfuerzo, considerado que es para dos años, es decir un 2,5% del PIB anual, para la magnitud del problema es muy baja.
Cualquier estimación del esfuerzo debiera partir de al menos US$15.000 millones para el primer año, concentrando US$9.000 millones en los primeros seis meses, estimando un gasto en Ingreso Familiar de Emergencia en no menor que la linea de la pobreza y sin dejar caer el Seguro de Cesantía de US$6.000, gastos municipales de al menos US$300 millones, aumento del gasto en el sistema de salud en US$700 millones, subsidios a PYMES por US$1.500 millones al menos y devolución a presupuestos de inversión publica en US$1.500 millones-
II.- El apoyo a las familias en las condiciones de pobreza y hambre que vive la población, el Ingreso Familiar de Emergencia sube en un 53,8%, para llegar a una cifra percata de 100 mil pesos por persona, durante 2 meses parejos, el cual ira a complementar otros beneficios cuando caigan bajo este monto.
Este acuerdo sigue algunas de las recomendaciones que hemos hecho, pero tiene un problema de magnitud del esfuerzo, pues si bien se acerca a a la línea de la pobreza, no la alcanza.
En Chile las familias en promedio tienen tres personas; la línea de la pobreza es de $370 mil medidos por el gobierno, y se les entregara solo $300 mil, es decir 80% de lo que una familia necesita como mínimo para subsistir.
Esta cifra muestra la miseria del gobierno que con un esfuerzo mayor en US$1.000 millones a US$1.500 millones podría dar un alivio efectivo a las familias.
Luego, no quedan claros los universos beneficiados, pues si bien se indica que serán complementarios con otros beneficios, no explica si se trata de los mismos universos ya aprobados en el IFE o es una medida universal.
Como sabemos que probablemente esto significa que seguimos focalizando hacia abajo, la medida tiene un segundo problema: deja afuera a una significativa proporción de la población.
Necesitamos que llegue al menos al 90% de los chilenos, que según la encuesta CASEN 2017, tienen promedios salariales de $670 mil.
III.- Sobre el seguro de cesantía, se pasa a subsidios parejos en 55%, que es el segundo escalón del seguro.
Esta parece ser una política acertada,`porque detiene la caída de los ingresos por seguro de cesantía. Pero necesita una modificación, que los fondos a consumir sean primero que nada el Fondo Solidario de Cesantía y segundo el Fondo de $2.000 millones de dólares comprometidos por el gobierno, de manera de resguardar al máximo los fondos de los trabajadores, que después constituirán ahorros para su jubilación.
Para los honorarios se entrega un crédito a trabajadores, lo que no es favorable, porque disminuye ingresos futuros, mermando la capacidad de recuperación de la economía y hogares. Ademas, la cifra de endeudamiento de los hogares en Chile ya es altísima: según el Banco Central, el 2019 la deuda de los hogares representó un 74,9% de su ingreso disponible.
IV.- El fondo especial para municipios es US$120 millones, lo que queda muy por detrás del déficit que han denunciado en la Asociación Chilena de Municipalidades, del orden US$300 millones. Es decir, la propuesta alcanza a cubrir un tercio de los recursos necesarios para políticas sanitarias y sociales.
De todas maneras, las ACHM ha estimado que requieren US$1.150 millones cómo préstamo (que no son subsidio), para mantener liquidez por no pago de los impuestos territoriales.
Al mes de junio se vence la segunda cuota. Luego, podemos empezar a ver municipios con recesión de pagos. Este compromiso no esta en acuerdo.
V.- Sobre el fondo especial para reforzar la atención sanitaria, trazabilidad y las residencias sanitarias por $400.000 millones, es una medida muy necesaria, pero sigue siendo insuficiente. Algunos cálculos hablan de la necesidad de recursos adicionales por al menos $200.000 millones en la salud primaria, sin contar los pagos para efectos de las residencias sanitarias.
En términos de las necesidades del sector hospitalario pre pandemia existía un deficit de $500.000 millones, considerando el gasto devengado de los años anteriores.
Es necesario un mayor análisis, pero el monto definido es insuficiente, pensando que se pronostica que el peak de muertes y contagios será en el mes de agosto, en condiciones que los recintos de salud ya funcionan a su máxima capacidad.
VI.- Sobre el plan de inversiones en infraestructura, para el segundo semestre de 2020 y 2021, no queda claro cuantos serán los fondos dispuestos, pero parece que un mínimo de esfuerzo es que se devuelvan los US$1.500 millones que han salido de esos fondos por resignaciones durante este año, cualquier cifra por debajo significara una inversión por debajo de lo presupuestado en 2019 y el esfuerzo real debe verse por sobre este monto de US1.500 millones.
Las medidas de reactivación económica no incorporan sustantivamente condicionalidades estratégicas para el desarrollo del país, sino que siguen la lógica de inyección de liquidez incondicionada y fortalecimiento del mercado de capitales.
La recuperación sin orientación es ineficiente, y por ende, trae mayores costos sociales, además de mermar el proceso mismo de crecimiento del país los próximos años.
VI.- Sobre el subsidio a la contratación laboral, aumentará los subsidios a 60% los actuales subsidios a jóvenes y mujeres y creará uno nuevo, para incentivar contrataciones, que alcsazará hasta 50% del ingreso mínimo para contrataciones superiores a seis meses.
Podemos decir que de acuerdo a estudios oficiales de la DIPRES estos programas no tienen efecto medible en el empleo; es decir, no hacen aparecer nuevos trabajadores empleados, sino que mejoran la posición de ganancias de las empresas, pues disminuyen costos.
Esto se explica porque la razón principal del incremento del empleo es el aumento de la actividad económica y no el costo del salario como suponen los economistas neoliberales.
Es mucho mejor que el gobierno use esos recursos en reactivación económica, por medio de inversión publica intensiva en mano de obra, generando empleo nuevo y no subsidiar empleos que de todas formas van a aparecer.
VIII.- La rebaja de deducible al FOGAPE es una buena noticia que beneficia a un numero reducido de pequeñas y grandes empresas.
El programa CRECE es muy reducido y el FOGAPE no funciona para la mayoría de la pymes.
El gran problema es que las pymes no venden, por lo que la rebaja de impuestos queda sin efecto y la depreciación instantánea no es relevante, pues ya tiene incorporado ese beneficio.
En resumen, si no hay rescate directo a las empresas de menor tamaño la castastrofe será monumental
Es necesario que se comprometan subsidios y no créditos, por medio de agencias publicas como SERCOTEC, CORFO, INDAP u otras, por montos que al menos deberían sumar los US$1.500 millones.
IX.- Sobre el Consejo Superior Laboral, que sea a través del dialogo social que se vean los mecanismo para un retorno seguro y escalonado al trabajo, parece una buena noticia.
Solo es necesario acotar que la CUT tendrá desafíos importantes en una comisión con un sesgo a la derecha.
Comentario Final
El acuerdo llega tres meses tarde, que su cobertura es mínima y que su magnitud no alcanza para las necesidades de la población.
Si bien las políticas van en la dirección correcta, no alcanzarán para paliar la pandemia, disminuir los contagios, reactivar rápidamente la economía y detener el aumento de la pobreza.
No basta solo con ir en la dirección correcta. Necesitamos una respuesta acorde a las necesidades del problema: de lo contrario, a política publica termina siendo negligente.
En Chile existen US$20.500 millones en fondos de reserva; US$4.500 millones en recursos del Ejercito; US$6.000 millones en un posible impuesto a los súper ricos y al menos US15.000 millones en deuda publica.
Poner el limite en US$12.000 millones para 24 meses será algo inexplicable al fin de esta pandemia.
(*) Economista y Magíster © en Economía Aplicada de la Universidad de Concepción. Coordinador de la Comisión de Políticas Públicas de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, FIEL. Integrante del Taler de Análisis de Coyuntura y Tendencias.
