Estamos viviendo la peor crisis sanitaria de los últimos cien años. El virus sigue presente, nuevos peak son altamente probables y las autoridades chilenas siguen sin dar debida protección a los/as trabajadores/as de la salud, afirmó q Amnistía Internacional al presentar su informe y campaña “Ya no podemos ser pacientes. Por tu derecho a la salud y de quienes nos cuidan”.
La investigación realizada por AI consideró la revisión de diversos documentos y relatos de personal de la salud (médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as, tecnólogos/as médicos/as, auxiliares de aseo, técnicos/as paramédicos/as, anestesiólogos/as y psicólogos/as) que- estando en la primera línea contra la pandemia- se han sentido desprotegidos/as y dañados/as a lo largo de sus extenuantes jornadas laborales.
“Lo que hemos encontrado es altamente preocupante. Hemos recibido testimonios de personas que han estado trabajando en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes, bajo hostigamiento por denunciar determinadas prácticas y con un nivel de estrés muy alto que se acrecentó en momentos de colapso de ciertos hospitales. Asimismo, las personas entrevistadas plantearon motivos de preocupación por la precarización laboral, faltas de periodos de descanso y de apoyo a la salud mental dadas las circunstancias traumáticas que les ha tocado vivir”, señala Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile.
Según el Ministerio de Salud son más de 17 mil los trabajadores/as de esta área que se han contagiado con covid-19 desde el inicio de la pandemia hasta el 7 de agosto, y quienes se han visto más afectados/as han sido, en el siguiente orden: técnicos/as de salud, enfermeros/as, médicos/as cirujanos/as, auxiliares y administrativos/as.
En cuanto a las personas fallecidas del sector salud, no existen cifras oficiales. Según la información difundida por medios de comunicación y gremios del área, alcanzaría a la fecha a 26. Entre ellos hay administrativos/as, paramédicos/as (al menos 1), auxiliares de vigilancia (guardias, al menos 2), conductores de ambulancia (al menos 4), técnicos en enfermería (al menos 4) y médicos/as (al menos 9). De las 26 personas fallecidas, 12 trabajaban en centros de atención primaria.
Por otra parte, la investigación de Amnistía Internacional pudo constatar también que aún cuando el gobierno ha insistido en que las cifras agregadas a nivel nacional revelan que no hubo un colapso en el sistema de salud, esto no necesariamente refleja la realidad en terreno.
Los hospitales públicos que atienden zonas más populosas y población de menores recursos, sí vivieron los horrores que se conocieron en otros países: escasez de equipos de protección personal (EPP), vulneración a derechos laborales del personal de la salud y, en definitiva, colapso en la atención a pacientes.
“Cuando comenzó la pandemia yo y mis compañeros acudimos a la jefatura advirtiendo que los equipos de ventilación mecánica no eran los adecuados para tratar pacientes graves. Nunca hubo respuesta. En más de una oportunidad tuve que resolver con un equipo hechizo con todo el riesgo que significa. Llegó un momento en que exploté. No tenía con qué trabajar. Era como si me enviaran a una guerra sin fusil ni nada”, nos relató “Gustavo”, trabajador de un hospital de Santiago.
“Muchas desigualdades propias de la sociedad chilena se han reproducido tristemente en el sistema de salud y se han agudizado debido a la pandemia. Claro está que las carencias preexistentes requieren una reforma estructural. Sin embargo, el gobierno debe con urgencia tomar las medidas necesarias para que no se vuelva a poner en riesgo los derechos básicos y seguridad de los/as trabajadores/as de salud. Si ellos/as no están protegidos/as, nadie lo está”, menciona Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile.
Esto se refleja no solo en las cifras de mortalidad por comuna sino también por hospital. Según el último Informe Epidemiológico Nº 41, las comunas con más personas fallecidas son Puente Alto, La Florida, Maipú, San Bernardo, Peñalolén, La Pintana y Recoleta.
De acuerdo a información obtenida por un medio de prensa a través de reportes oficiales, el Hospital Padre Hurtado registraba una tasa de mortalidad del 25,1%, el Hospital San José un 21,3%; el Hospital Salvador un 20,1%; la ex Posta Central un 17,7%; el Hospital San Juan de Dios un 18%; y el Hospital Sótero del Río un 10%. En cambio, en clínicas privadas la tasa de mortalidad no habría superado el 12% y algunas de ellas informaron tasas mucho más bajas (hasta un 8,9%), marcando una diferencia sustancial con las más altas del sistema público.
“Mi hospital tiene las tasas más altas de mortalidad y atendemos a comunas de muy bajos recursos. Es muy duro saber que nosotros somos la única oportunidad para estas personas y, sin embargo, no podemos entregar las mismas condiciones que una clínica”, manifestó “Sara”, doctora del Hospital Padre Hurtado.
Para Amnistía Internacional volver a enfrentarse a una situación como las descritas anteriormente ante posibles nuevos peak, y además con un personal de la salud cansado, desprotegido y agobiado física y emocionalmente, es injusto no solo para ellos/as sino para la población completa.
“El virus no está controlado todavía y ya tenemos información de las falencias que hubo en el “peak” recién pasado. Sabiendo que podrían producirse situaciones similares en el futuro, el gobierno debe adoptar medidas ahora para fortalecer la respuesta del sistema, proteger al personal de la salud y, con ello, el derecho a la salud de todas las personas en Chile”, añade Ana Piquer
Personal de salud convaleciente: sobrecarga física y emocional
“Hacerse cargo de pacientes no ventilados, acompañarlos en el proceso de su muerte y avisar a sus familias, es muy fuerte. Muchas veces esta función no es prioritaria, pues hay muchos otros pacientes que atender. Esto duele”, relata “Sara”, quien -si bien- dice estar acostumbrada a este tipo de situaciones, esta vez la cantidad de muertes por la pandemia ha superado todos los límites.
Para Amnistía Internacional es necesario atender a las sobrecargas físicas y emocionales que este periodo está significando para el personal de la salud, más aún considerando que no existe un programa de salud mental con canales de atención específicos para estas personas. Junto a lo anterior, resulta preocupante también las excesivas jornadas laborales que estarían teniendo quienes trabajan en este sector.
“Nuestros funcionarios están absolutamente desgastados con turnos de 24, 36 e incluso 48 horas. Esto porque no había profesionales suficientes, puesto que caían compañeros contagiados. Además, por principio del deber funcionario establecido estatutariamente, debemos seguir atendiendo con todo lo que ello supone»’, manifiesta Carlos Schulmeyer, dirigente de Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) del Hospital de Melipilla.
“Es natural que exista un mayor nivel de trabajo y de estrés para el personal de la salud en el marco de una pandemia, pero eso no implica que tengan la obligación de trabajar bajo situación de colapso sin recibir ningún tipo de apoyo. El bienestar del personal de la salud repercute en la salud de todas las personas a quienes atienden, siendo esencial proteger a quienes nos protegen, incluyendo también su salud mental”, señala Ana Piquer.
Protección de la salud física y ante posibles contagios por COVID-19
Hasta ahora las medidas que ha tomado el gobierno a favor de los/as trabajadores/as de la salud han sido considerar la covid-19 como enfermedad profesional (bajo demostración de que el contagio fue en horario laboral) y el seguro por fallecimiento. Por otra parte, no existe información pública de la cantidad de testeos o muertes pertenecientes al sector salud, por lo que los casos identificados por Amnistía Internacional han debido basarse en antecedentes proporcionados por gremios del sector e información de prensa.
En relación a los elementos de protección personal (EPP), los reclamos se basan principalmente en que han sido escasos y en la resistencia para entregarlos, llegando incluso a situaciones de amedrentamiento a quienes los usaban.
“Muchos de los elementos de protección que tienen los trabajadores son por adquisición propia y otros han sido provistos por organizaciones”, relató Mauricio Navarro, dirigente metropolitano de Fedeprus. “El EPP salió de nuestro bolsillo, no fueron entregados por el hospital”, manifestó “Cristina”, enfermera de Urgencias de un hospital del sector norte de la Región Metropolitana. Testimonios como estos son recurrentes por parte de trabajadores/as del sistema de salud público.
Con respecto a la utilización de mascarillas, recién se decretó en abril el uso obligatorio en espacios cerrados con más de 10 personas. Esto incluye los espacios de salud y, por lo tanto, a todos los/as trabajadores/as de esta área. Antes de este decreto, sólo debía usar mascarillas el personal que atendía a pacientes con covid, lo cual hizo que muchos/as funcionarios/as se contagiaran en este período, principalmente administrativos y personal de aseo que se encuentran en una posición de particular vulnerabilidad.
No obstante, el uso de mascarillas N95 sigue siendo limitado a quienes atienden pacientes covid o sospechosos y bajo ciertas circunstancias.
Por otra parte y según relata “Gustavo”, “había mucha resistencia para entregar los EPP”. “Yo le comuniqué a mi jefatura que si yo y mis colegas no teníamos este dispositivo (mascarilla N95) no íbamos a atender gente. En ese momento, aparecieron mágicamente todos los implementos”.
“Desde la dirección nos ordenaron que no usáramos nuestro propio EPP al inicio. Nos dijeron ‘si no me hace caso le voy a hacer un sumario’. Llevo más de 20 años trabajando, no voy a arriesgar mi vida. Aquellos que nos arriesgamos – desobedeciendo y usando el EPP – somos los que hemos estado libres de enfermar” manifestó Mirta Tapia, encargada del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Rancagua.
“Hubo un hostigamiento terrible. Te veían con la mascarilla y te decían: “sáquesela”. Aparte te ofrecían nota de demérito”, contó “Adolfo”, enfermero de Arica. Este tipo de reclamos fueron recurrentes a la hora de tomar testimonios de diversas personas del sistema de salud. Varias de ellas reconocieron una mejoría en el acceso a EPP a partir de mayo, pero de igual forma lo perciben como tardío. Actualmente mantienen cuestionamientos respecto a la calidad de los implementos.
Libertad de expresión y derecho a denunciar vulneraciones de derechos
“Recuerdo un turno en el que fallecieron muchos pacientes. Morían porque no teníamos con qué atenderlos y había otros candidatos con más probabilidades de sobrevivir. Ese día colapsé. Escribí algo en mis redes sociales y luego un medio de comunicación lo divulgó. Tras esto mi jefatura, por orden de la dirección del hospital, me pidió que no contase más esas cosas. Muy afectado hablé con una dirigente y ella le manifestó a la dirección que no permitirían amedrentamiento”, relató “Gustavo”, trabajador de un hospital de Santiago.
En ciertos momentos de la pandemia, trabajadores/as de diferentes establecimientos de salud han alzado la voz con distintas demandas. Conocidas fueron las movilizaciones del Hospital de Antofagasta, San José y El Pino.
Silvana González, dirigenta sindical de la empresa Siglo XXI que presta servicios de aseo y limpieza al Hospital Regional de Antofagasta, relató:
“Siempre teníamos que estar peleando por los implementos de seguridad. La empresa, además, nos obligaba a hacer aseos terminales sin la capacitación correspondiente. A los trabajadores que nos acompañaron en la movilización se les amenazó con despedirlos. Fue boca a boca por parte de jefes. A muchos despidieron por necesidades de la empresa siendo que se necesitaban manos” .
“El personal de salud debe ser considerado una alianza clave para abordar los enormes desafíos que nos sigue presentando la covid; por lo que es necesario hacer todos los esfuerzos para atender sus requerimientos y garantizar un entorno seguro y propicio para que ejerzan sus labores”, agrega Ana Piquer.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
“Si quienes deben cuidar y proteger a quienes están enfermos/as no están a su vez cuidados/as y protegidos/as, estamos todos/as en riesgo. El personal de la salud puede tener la mejor voluntad y ser profesionales brillantes, pero si está trabajando al límite de sus capacidades, sin descanso, temiendo contagiarse, es difícil que la calidad de la atención se sostenga. Así, se vulneran por igual los derechos de quien atiende y de quien recibe atención”, señala Ana Piquer.
A continuación, se mencionan las principales recomendaciones identificadas.
En materia de bienestar, descanso y salud mental, se requieren a lo menos las siguientes medidas urgentes:
– Asegurar que exista personal suficiente para permitir que los/as trabajadores/as puedan tener tiempos de descanso adecuados, especialmente en el sistema público de salud. Procurar que el personal sea contratado bajo buenas condiciones, sin precarización y con posibilidad de continuidad.
– Fortalecer los recursos de la atención primaria y redes comunitarias territoriales, especialmente en comunas de menores recursos, para la atención de pacientes crónicos, adultos mayores, apoyo psicosocial y fortalecimiento de redes solidarias, descomprimiendo así el trabajo de quienes trabajan directamente con pacientes covid 19 y asegurando la protección de la salud de toda la población en general.
– Asegurar la existencia de apoyo en salud mental de carácter específico para el personal de la salud, esto en sistema público y privado sin distinción.
– Entregar apoyo a trabajadores/as del sector salud que tengan hijos/as u otras personas bajo su cuidado, de manera que cuenten con soluciones para asegurar su protección mientras se encuentran trabajando expuestos/as a la covid-19, incluyendo el poner a disposición residencias sanitarias para que personal expuesto al virus pueda vivir allí temporalmente sin poner en riesgo a otras personas con quienes viven.
En materia de salud física y protección ante posibles contagios por covid 19, se requieren las siguientes medidas urgentes, a lo menos:
– Establecer e implementar políticas uniformes de testeo por covid 19 para todo el personal de la salud, especialmente en el sistema público, que es donde se han detectado las mayores falencias.
– Asegurar a todos/as los/las trabajadores/as de la salud la posibilidad efectiva de realizar cuarentenas preventivas cuando se han visto expuestos/as a riesgos de contagio.
– Asegurar que trabajadores/as de la salud que pertenecen a grupos de mayor riesgo en caso de contagio por covid 19 no se vean obligados/as a realizar labores presenciales en centros de salud.
– Asegurar que todos/as los/las trabajadores/as de la salud cuenten con elementos de protección personal adecuados y suficientes, sin discriminación en relación a su rol en el equipo o al tipo de establecimiento en el que prestan servicios.
Asegurar que se respete el tratamiento de la covid 19 como enfermedad profesional, obteniendo la cobertura de salud en base a dicho sistema.
En materia de resguardo de la libertad de expresión y ejercicio del derecho a denunciar vulneraciones de derechos, se requiere, a lo menos:
– Asegurar la libertad de expresión del personal de la salud. El gobierno debe abstenerse de criticar o poner en cuestión las denuncias que hagan sin tenerlas en consideración e investigarlas.
-. Asegurar que no existan represalias penales o administrativas en caso de denunciar situaciones que constituyan vulneraciones de derechos.
– Fortalecer los mecanismos de participación de los/as trabajadores/as de la salud en la toma de decisiones por parte del gobierno, incluyendo todos los diferentes roles y no solamente a personal médico.
“Además de las medidas urgentes e inmediatas, debe tenerse en cuenta la necesidad de cambios estructurales que permitan garantizar verdaderamente la salud de todas las personas, sin que ello dependa de su capacidad de pagar o no por determinados servicios. Esto incluye el debate acerca del rol del sistema público de salud, la entrega de recursos adecuados a éste y el rol del Estado como garante de derechos básicos, lo cual debe integrarse, entre otras cosas, al futuro debate sobre una nueva Constitución, Ya no podemos ser pacientes con eso”, concluye Ana Piquer.
Importante:
En diversos casos, los testimonios fueron entregados a Amnistía Internacional bajo condición de reserva de la identidad, por lo que utilizaremos nombres ficticios y omitiremos información que podría permitir su identificación. Cuando se trata de un nombre ficticio, este se señala entre comillas (por ejemplo, “Cristina”).
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Descarga el Informe completo: «Ya no podemos ser pacientes. Por tu derecho a la salud y de quienes nos cuidan»
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