Almirante Arancibia y otros: Lobos con Piel de Víctimas. Por Francisco Herreros.
El ex-almirante, ex comandante en jefe de la Armada, y ex-senador de la UDI, Jorge Arancibia y la derecha, partícipes de un régimen genocida, perpetrador de de los peores crímenes de lesa humanidad de la historia de Chile; el primero como oficial activo de la marina durante todo el período, y aquella como soporte político, se están dando un público e impúdico revolcón de hipocresía, fungiendo de víctimas del derecho, supuestamente atropellado por hordas ultraizquierdistas desbocadas dictatoriales en la Convención Constitucional, al «excluirlo» de la Comisión de Derechos Humanos.
En uso y abuso de los generosos espacios concedidos por el sistema mediático, Arancibia profirió diversas baladronadas del estilo de las siguientes:
– «Adoptaré las acciones legales y disciplinarias que permitan retomar el estado de derecho en los procesos constitucionales que estamos llevando adelante».
– «No estoy feliz, pero no estoy arrepentido. Tengo toda legitimidad para estar y actuar en cualquier espacio. Fui recibido en forma realmente poco grata, poco democrática, injusta, con un rechazo muy potente y explicito de ciertos integrantes».
– «Se han violado los DD.HH. desde 1540 hasta hoy. ¿Quieren hablar solo de los DD.HH. entre el 73 y el 90, de los tres años que fui edecán de Pinochet? Hay un afán de exclusión y veto que no es aceptable en una Convención Constitucional».
– «Para un oficial de las FF.AA. ser edecán de un Presidente es una distinción, no es un cargo de gobierno o de gestión, es un servicio».
– «Llegué con una actitud y un espíritu de colaboración. Me he enfrentado con una actitud sectorista y excluyente»,
– «He reconocido que han existido las violaciones a los DD.HH. Mi actitud ha sido de buscar soluciones cuando era comandante en jefe».
– «El voto político no tiene ningún sentido, no es una acción jurídica ni una acción reglamentaria».
Sus correlijas y capitostes de la derecha no le fueron en zaga. Por el contrario, contribuyeron a explicar por qué están en una posición tan desmedrada en la convención, y de paso, establecieron nuevas marcas en el ranking de la estulticia. Los convencionales Rodrigo Álvarez (UDI), Hernán Larraín (Evópoli) y Cristián Monckeberg (RN) anunciaron que recurrirán «a todas las instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales que permitan salvaguardar la existencia e imperio del Estado de Derecho».
Es cosa de ver como le iría en un tribunal internacional de derechos humanos, una presentación contra una resolución autónoma de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, cuyo sentido último apunta a evitar la presencia de un ex comandante en jefe de la armada, en audiencias donde concurrirán familiares y víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
En suma, lo primero que cabe dar por establecido es que la histriónica conducta de Arancibia y la derecha es una provocación premeditada, que a su vez se enmarca en el objetivo estratégico de la clase propietaria, y el sistema mediático de su propiedad, de demoler la imagen de la Convención Constitucional mediante una campaña de desprestigio permanente y sistemático.
En rigor, una trampa, pues consigue poner en el centro del debate la supuesta violación de los derechos de Arancibia, por una instancia atrabiliaria, en lugar de la construcción de un acuerdo robusto, en derechos humanos, que impida la repetición de hechos como los que motivaron la creación de la propia comisión, apoyados por Arancibia en primera persona, como demuestra el siguiente extracto de una entrevista concedida a TVN:
Sin embargo, la provocación de Arancibia, y por su intermedio, de la derecha y el partido del orden, no se reduce al ámbito de víctimas de la violencia física de la dictadura y sus familiares, sino también a los principios fundacionales del sistema que la prohijó:
«En los 30 artículos de la Declaración Universal de DD.HH. de Naciones Unidas, los 10 mandamientos en la materia están el derecho de propiedad, de la familia, la libertad de culto».
O sea, está ahí para defender los principios más rancios y tradicionales de la derecha. Ok, está en su derecho. Pero, por favor, señor marinero despistado: ¡hágalo en otra comisión!.
En segundo lugar, no hay violación o vulneración de derecho alguno, de ninguna naturaleza, porque, en último término, se trata de un voto político, y en esa condición fue presentado.
Se trata de una opinión política, fundada en antecedentes consignados en el propio voto, y a consecuencia de ella, una propuesta. Nada que exceda derechos como opinión y petición, entre otros.
Distinto es el hecho de que el voto fue aprobado, en la Comisión de Derechos Humanos, el viernes 13 de agosto, por 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones; lo que lo transforma, cualitativamente, en un acuerdo de mayoría.
El contexto real de la decisión lo expone la abogada y convencional Manuela Royo, coordinadora de la comisión:
Si Arancibia y la derecha se empeñan en judicializar el conflicto, lo único que conseguirán es el desfile por enésima vez en estados, de las dos versiones que enconan la convivencia de los últimos cincuenta años, sin resultados de ninguna índole, toda vez que no hay tribunal en el mundo que pueda revertir la opinión de esos diez constituyentes, ni imponer la presencia de Arancibia, donde no es querido.
Para la derecha, un camino escasamente promisorio de modo que, al final del día, el desenlace fue, por así decirlo, transaccional.
De una parte, se aceptó la propuesta de la coordinadora de la comisión, Manuela Royo, de que Arancibia se mantenga en la sub-comisión de Marco General y que se abstenga de participar de la subcomisión de Verdad Histórica donde declararán las víctimas de violaciones a los DD.HH y sus familiares.
De otra, Arancibia se comprometió a no participar de las audiencias en las que se reciba a familiares o víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Si, como es probable, no concurre a las sesiones de la sub-comisión de Marco General, quedará claro que el principal objetivo de la maniobra era la provocación.