Desde mediados de marzo hemos estado en una situación muy difícil: la crisis sanitaria, económica y social ha azotado diversos territorios.
Sin embargo, las empresas extractivistas no conocen límites en su ambición: han aumentado de forma escandalosa el número de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para su evaluación.
Un informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) analizó el número de proyectos ingresados al SEIA entre el 1 de marzo y el 15 de mayo, tanto vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y lo comparó con el número de proyectos ingresados en los tres años anteriores en las mismas fechas (fuente: OLCA, 2020).
Los resultados son alarmantes.
El año 2020 se han ingresado 2,5 veces la cantidad de proyectos que en promedio habían ingresado los años anteriores. Si hablamos de los montos de inversión la diferencia es aún más escandalosa.
El monto de inversión para el período del año 2020 se multiplicó por 7 respecto a la comparación de los años anteriores. Es decir, estamos ante una intensificación acelerada e inescrupulosa del extractivismo en los territorios.
El Estado de Excepción, los cordones sanitarios, la brecha digital, las cuarentenas obligatorias y voluntarias y, en general, la precarización de las vida asociada a la falta de salud, abastecimiento y trabajos establecen restricciones a los profesionales del Estado y a las comunidades para informarse, movilizarse y establecer acciones frente a esta invasión de proyectos, dejándolos aún más desprotegidos y faltos del derecho a establecer observaciones y otras acciones frente a los mismos.
Más aún si consideramos que el 90% de los proyectos ingresaron por DIA, mecanismo que no tiene un proceso de participación ciudadana garantizado.
La situación de Putaendo es un reflejo del funcionamiento del SEIA en tiempos de pandemia.
El 17 de marzo la autoridad renegó el derecho a la participación ciudadana ambiental a la comunidad por considerar que la actividad no les generará cargas ambientales.
Posteriormente, el día lunes 18 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso sesionó virtualmente y aprobó de manera unánime la DIA que autoriza a la Compañía Minera Vizcachitas Holding, propiedad de la canadiense Andes Cooper, a realizar 350 sondajes (perforaciones) en la parte alta de la cordillera de Putaendo, en un territorio donde albergan más de 100 glaciares de roca que dan vida al río Rocín, principal afluente de la comuna.
Para subsanar estas situaciones, se presentó un Proyecto de Ley que buscaba la suspensión temporal de los plazos asociados a la participación ciudadana y la consulta indígena en el SEIA, incluidos los plazos para solicitar dichas instancias de participación.
No obstante, el proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados el día 12 de mayo -con 64 votos a favor, 71 en contra y 19 abstenciones- porque no estaban dispuestos a paralizar la inversión equivalente a la inesperada suma de US$22 mil millones que representan las DIAs (no EIAs) actualmente en calificación ambiental.
Denunciamos el abuso empresarial y la complicidad de parte del Estado y el parlamento ante esta situación, que tiene como objetivo pavimentar el camino a los inversionistas en desmedro de la posibilidad de ejercer sus derechos a personas y comunidades que pueden verse afectadas por los proyectos, además de terminar de debilitar la ya frágil capacidad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para evaluar los impactos ambientales de los mismos.
Los territorios en resistencia no permitiremos que se sigan vulnerando los derechos de los humanos y la Naturaleza.
Por lo mismo, nos situamos desde la transición hacia una nueva economía post extractivista que proteja las diversas formas vidas y los equilibrios naturales.
¡A la colusión político-empresarial les advertimos que estamos alertas!
¡Arriba l@s que luchan!
Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT
Nota:
[1] http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107913
