Quién puede lo más, puede lo menos. En el mismo periodo en que se perpetró la turbia operación de compraventa de minera Dominga, entre 2010 y 2012, el consorcio Piñera Morel Inc. participó, bajo cuerda, en la compraventa del proyecto minero Imán, que le reportó una utilidad de US$30 millones, mientras Piñera desempeñaba la gerencia de la república.
¿Hasta cuándo la sociedad «seria», la institucionalidad, aquella que hipotéticamente funciona, el mercado y el sistema mediático soportarán tanta impudicia?.
El proyecto Imán fue comprado y vendido por un fondo de inversión, entre cuyos accionistas estaban los inefables Piñera-Morel y la familia de Carlos Alberto Délano, misma trama y reparto del caso Dominga, con significativos beneficios por la pasada.
Consistía en 14 pertenencias mineras, de 11.200 hectáreas/2, situadas 10 kilómetros al suroeste de Vallenar, en la que se reclamaban derechos por yacimientos de cobre, escandio y hierro.
Lo compró el fondo de inversión Minería Activa, por US$13 millones, levantado la corredora LarraínVial, de Leónidas Vial, un filibustero de la misma calaña y estofa de Piñera y Délano, con los cuales ha compartido numerosas tropelías en esta economía de casino, tales como los fideicomisos tuertos, la compraventa de LAN, el caso cascadas y la compra de empresas Zombis, entre bastantes otras.
Según revela el reportaje Proyecto Imán: otro negocio minero adquirido por los Piñera Morel que expuso a la Presidencia a un conflicto de intereses, de CIPER, para gestionar el negocio de Dominga se creó la sociedad Minería Activa Uno Spa, mientras que para el proyecto Imán, la sociedad Minería Activa Dos Spa.
Los accionistas son los mismos.
El socio mayoritario en ambos casos, es por lejos, el Fondo Mediterráneo, de los Piñera Morel: en Activa Uno, con el 33,3 % por ciento de la participación accionaria; en Activa Dos, con 870.306.294 acciones de 2.611.180.000, equivalente al mismo 33,3%.
Lo sigue Inmobiliaria Duero Ltda, de la familia Délano Méndez, hoy controladora del 75% de Dominga.
Siendo nueve hermanos, la pérdida por este proyecto -a esta altura ambiental, jurídica, política y socialmente inviable- se repartirá en partes alícuotas a la participación de cada cual.
En cambio, Piñera se embolsó alegremente US$30 millones, sin moverse del escritorio. Sabe por viejo y por diablo, aunque como también se sabe, la ambición rompe el saco, y tanto va el cántaro al agua…
En ambos casos, la participación de Inmobiliaria Duero alcanza el 22.73% del fondo Minera Activa.
No podía faltar Larraín Vial Inversiones. En el primer caso, con 2,27% de participación accionaria, y en el segundo, con 59.273.786 acciones, misma participación.
En el listado aparecen opacas sociedades de inversión, sin propósito conocido, indetectables e impermeables a toda regulación, que pueden ocultar tanto un barrido como un fregado; a saber, blanqueo de capitales, especulación, evasión tributaria, triangulación financiera; o una fluida combinación de esas prácticas; casos de Chacabuco S.A, de la familia Larraín, co-dueños de LarrainVial, con 15,15%; Newlake Limitada, de la familia Garcés Silva, con el 4,55%; Inversiones Saint Thomas S.A. de Leónidas Vial a título personal, 4,02%; Sociedad de Inversiones San Roque Ltda., 3,03%; Inversiones en Capitales Limitada, 2,27% y Asesorías e Inversiones Ritoque Limitada,2,19%.
En el directorio de Minería Activa figura Nicolás Noguera Correa, representante del fondo de inversión de los Piñera Morel, con una pequeña participación (0,39%) a título personal.
Entre los accionistas minoritarios, aparecen personajes vinculados indistintamente a LarraínVial, o al clan Piñera-Morel o a la familia Délano Méndez; casos de Manuel Bulnes, entonces socio de la gestora; Patricio Prieto; Alejandro Saval, de la familia dueña del laboratorio homónimo; Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial; Felipe Errázuriz y José Antonio Jiménez, socios de LarrainVial); Juan Paulo Bambach, socio de PPU Abogados; Andrés Susaeta, socio de Minería Activa y Santiago Valdés, ex brazo derecho de Piñera en Bancorp, ex-administrador electoral en la campaña 2009, formalizado por emisión de facturas falsas a la empresa Aguas Andina en el marco del Caso Penta, hoy socio de Endurance Investment.
O sea, la cosa nostra en pleno.
Esta práctica parasitaria, esta exacción al patrimonio público, esta permisividad financiera, esta sisa de valor, debe terminar. Ni tanto por ética o solidaridad social, sino por eficiencia económica.
Los estímulos financieros, y de todo tipo, necesarios para impulsar el modelo neoliberal en el origen, hoy son sus rémoras. Lo que ayer fue discurso de promisión, ahora es tierra arrasada. La rueda de la historia no retrocederá al 17 de octubre de 2019.
Piñera difícilmente podrá alegar ignorancia originada en los fideicomisos tuertos, toda vez que como vendedor del proyecto Imán aparece Arnaldo del Campo Arias, designado poco antes, como representante presidencial en el directorio de Enami, empresa estatal de fomento a la pequeña y mediana minería; conflicto de interés del porte de una catedral; o como se dice eufemísticamente, en flagrancia.
CIPER consultó a la oficina de la presidencia, si el mandatario estaba al corriente, en 2010, de que su familia era inversionista en el Proyecto Imán; si se habían tomado resguardos para evitar un conflicto de interés cuando se nombró a Arnaldo del Campo como uno de los representante de Piñera en Enami, mientras se negociaba la venta de Imán; quién decidió nombrar a Del Campo en la Enami y si la familia Piñera Morel seguía siendo inversionista en ese proyecto.
Respondió el contestador automático:
“El Presidente no participa desde 2009, hace 12 años, en la gestión o administración de ninguna empresa o negocio, lo que incluye a Mediterráneo FIP. Respecto de este último, no participa en su propiedad y nunca ha participado en su administración. En forma previa a su primer Gobierno, el Presidente Piñera se desligó absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que participaba. Adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en ese entonces no existía ley que lo exigiera, constituyó Fideicomisos Ciegos. En forma igualmente voluntaria lo hizo su señora e hijos. El objetivo de los fideicomisos ciegos fue evitar conflictos de interés más allá de lo exigido por la legislación de la época. Respecto de su pregunta sobre las inversiones en la actualidad, este tipo de activos, cumpliendo con la ley, está bajo la administración de Fideicomisos Ciegos”.
Las murallas de Constantinopla resistieron, por así decirlo, tres mil cañonazos de la bombarda de Orbón, inmenso cañón de nueve metros de longitud, hasta que el siguiente abrió la brecha por la cual penetraron los turcos, el 28 de mayo de 1453, para conquistarla hasta hoy y consagrar de paso, la primera victoria de la artillería, como un nuevo concepto estratégico en el arte de la guerra.
De modo análogo, la débil defensa de Piñera en el caso Dominga, que lo tiene enfrentado a la doble tenaza de la interpelación política, con la acusación constitucional, y la investigación jurídica del Ministerio Público, sustentada no en la inocencia, sino en el principio de la cosa juzgada, lo cual fue desmentido hasta por el propio fiscal Manuel Guerra, lo que a su vez no es poco decir; no tiene cómo resistir la prueba de cohecho, conflicto de interés, y negociación incompatible, en la operación del proyecto Imán, que aparece como imagen refleja y complementaria de la turbia operación de compra->inflamiento de valor->venta de minera Dominga, mientras desempeñaba la primera magistratura de la nación.
El reportaje Compraventa de Dominga no solo quedó entre amigos: los otros inversionistas que consiguieron ganancias con la venta en 2010 de activo que más tarde daría origen a la minera, de El Mostrador, reveló la ruta migratoria de este grupo de inversionistas, articulados por LarraínVial, que aportó US$15 millones en un fondo de inversión con el exclusivo objetivo de buscar proyectos mineros en fase exploratoria.
Un año después lo vendió en US$152 millones, operación que revela con la exactitud de un pantógrafo la metodología de negocios del clan Piñera, y por extensión, el hoyo negro que permite la ausencia de regulación en la epifanía neoliberal.
Describe, a continuación, el reparto de las ganancias.
De los US$152 millones, de la venta, US$ 15 millones se devolvieron a 31 aportantes que desembolsaron para las primeras prospecciones; US$ 30 millones fueron para los gestores del proyecto; es decir, LarrainVial.
El saldo, US$ 107 millones, se repartió como dividendo. El fondo Mediterráneo obtuvo alrededor de US$ 30 millones en la pasada. La última cuota, cuestionada por las revelaciones de los Pandora Papers, fue por de US$10 millones y se repartió en las mismas proporciones: US$3 millones para desarrolladores y gestores del proyecto, y el resto, se repartió con arreglo a los porcentajes de participación. Los Piñera Morel obtuvieron US$ 2 millones, por haberse cumplido la cláusula del acuerdo, de no declarar zona protegida el área del emprendimiento, un nicho ecológico único e insustituible.
Cuando esta compleja trama de intereses cruzados, compró 11.200 hectáreas de pertenencias mineras, a unos 10 kilómetros al sur de Vallenar, y unos 40 kilómetros de la costa, actualmente en etapa de exploración, declaró una estimación de 200 toneladas de minerales como hierro, cobre y escandio.
Actualmente dicha estimación se disparó a 2.000 toneladas, al punto que ha desatado una mini fiebre compradora de pertenencias mineras en la zona.
¿Casualidad?
En modo alguno.
El clan Piñera, así como viejos zorros de la minería, tales como las familia Noemí-Callejas y Gómez-Gallo, o actores emergentes, como Leonardo Farkas, saben como sacudir el mercado de la minería y extraer de cada espasmo, una suculenta tajada; así como lo han hecho María Teresa Cañas Pinochet, sobrina del dictador, o Pablo Mir Balmaceda, socio del estudio Bofill, Mir & Álvarez Jana, uno de los más prominentes abogados mineros en Chile, según el ranking Chambers.
Todo estupendo, en el mejor de los mundos, hasta que una contingencia histórica de la economía real; en este caso, la revelación de pruebas de transacciones en paraísos fiscales, y operaciones de compraventa en que aparecían comprometidos intereses fiscales, perpetradas por la familia Piñera Morel, mientras Piñera Echeñique degradaba la presidencia; puede derrumbar su esquema ponzi, como un gigantesco castillo de naipes.
La acusación constitucional requiere 78 votos para su aprobación en la Cámara de Diputados/as, y no se conoce una sola duda de que será aprobada.
En el Senado, se necesitan 29 votos y la oposición suma, nominalmente, 24.
En esa extrema encrucijada, la defensa de Piñera difícilmente podrá alegar inocencia en el caso Dominga, fundada en el principio de la cosa juzgada.
Aún es ese caso, ¿cómo podrá justificar ante el Senado, los mismos delitos, no cubiertos por esa añagaza, perpetrados en grado de flagrancia en el proyecto Imán?.
Desde esa perspectiva, este proyecto, en monto, diez veces inferior a Dominga, puede representar el cañonazo 3001, o el revulsivo que troca una acumulación cuantitativa en cambio cualitativo, al estilo de los 30 pesos en el 18/O.
De otra parte. ninguna sorpresa.
El circuito D-M-D’, (dinero-mercancía-dinero incrementado) en que D’ representa la utilidad del capital por la explotación del trabajo, no solo no aparece desmentido por el colapso del modelo neoliberal, ni por conceptualizaciones vinculadas a la cuarta, e incluso quinta revolución industrial, sino fuertemente confirmado.
Nunca D genera D’.
Dicho de otra manera, el capital, sin explotación del trabajo, no genera valor, sino una ilusión de valor, que Marx denominó capital ficticio; cuya sobreabundancia constituye hoy una de las rémoras que paraliza la energía de la economía real.
Soplan vientos de cambio. Por eso truena el odio preventivo de la derecha fascista. No hay que temerlo; hay que puro ir a la cita con la historia.
(*) Director de Red Digital.
