Por unanimidad la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados eliminó el régimen de privilegio que mantenía la minería sobre las aguas del país, al modificar sustancialmente el artículo 56 del Código vigente desde 1981 y que a través de la figura de las “aguas del minero” permitía a la industria utilizar las aguas halladas en sus áreas de concesión sin autorización y sin necesidad de informar a la autoridad. La decisión, que de todas formas resguardó la situación de pirquineros y pequeños mineros, se adoptó luego de cuatro meses de postergación producto de las tensiones generadas por el ex diputado PPD Jorge Insunza, quien en abril se alineó con la Alianza para mantener dicha prerrogativa.
La reforma votada el miércoles 12 de agosto establece que cuando, producto de sus exploraciones o explotaciones, un concesionario minero encuentre agua solo podrá utilizarla para sus faenas si informa a la Dirección General de Aguas (DGA) y solicita una “autorización para su uso”.
En el contexto de dicho trámite el organismo podrá denegar total o parcialmente la utilización “si dicho aprovechamiento pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros”. El permiso se extinguirá por el cierre de la faena, porque dejen las aguas de ser necesarias para esta o se destinen a un uso distinto, o por la caducidad o extinción de la concesión.
Esto modifica lo establecido hasta ahora donde la actividad minera se adjudicaba los derechos de aprovechamiento sobre las aguas halladas solo por el imperio de la ley, terminando con un privilegio de más de 30 años en que fueron utilizadas en las faenas sin siquiera informar a la autoridad o tramitar una autorización.
En el caso de la pequeña minería artesanal y de los pequeños mineros los legisladores establecieron un procedimiento de reporte y autorización simplificado.
También en el artículo 56 la comisión incluyó una nueva atribución para los comités de agua potable rural, los que con una autorización simple de la DGA podrán utilizar aguas subterráneas destinadas al consumo humano desde “pozos cavados en el suelo propio de la organización, de algunos de los integrantes de ella, o de terrenos del Estado”.
Tanto la aprobación de esta franquicia para el agua potable rural como el fin del privilegio de la minería sobre las aguas fueron aprobadas por unanimidad transversal de los diputados asistentes a la comisión: la presidenta Yasna Provoste (DC), Cristina Girardi (PPD), Raúl Saldívar (PS), Daniel Núñez (PC), Luis Lemus (PS), Claudio Arriagada (DC), Gaspar Rivas (independiente), Loreto Carvajal (PPD), Andrea Molina (UDI), Sergio Gahona (UDI), Jorge Rathgeb (RN) y Pedro Pablo Álvarez Salamanca (RN).
La diputada Provoste destacó que se haya decidido “terminar en el Código de Aguas con los privilegios para un sector productivo como es la minería”, recordando que hace cuatro meses se perdió la indicación que intentaba derogar dicha prerrogativa. Por ello “lo que se ha aprobado es un avance que va a mantener los beneficios para los más pequeños, toda vez que esto no va a afectar a los pequeños productores mineros y mineros artesanales, pero sí establece exigencias y dota de mayores atribuciones a la DGA”.
En su opinión “eso va en la línea de las grandes directrices de las modificaciones al Código de Aguas, que por un lado buscan fortalecer el agua como un bien nacional de uso público pero por la otra fortalecer las atribuciones de la DGA para poder fiscalizar, controlar y, en este caso, poder denegar total o parcialmente usos en una actividad productiva”.
Para la directora de Chile Sustentable Sara Larraín, presente en la votación, esto permite “revertir una decisión errónea adoptada por la comisión en abril a instancias del ex diputado y ex ministro Jorge Insunza, quien siempre protegió los privilegios de las mineras a pesar de que es precisamente la gran industria de este sector la que ha acaparado el agua en las regiones del norte de Chile afectando el acceso al agua de las comunidades locales con el consiguiente entorpecimiento del consumo humano y de las actividades de subsistencia. La votación de hoy es un avance para ir desmantelando una normativa como el Código de Aguas, que ha generado graves inequidades en el país”.
Diputada Provoste celebró aprobación de norma que defiende el agua como bien público
Un importante avance registró esta semana la Comisión de Recursos Hídricos que preside la diputada Yasna Provoste (DC), tras aprobar una norma, en el contexto del proyecto que modifica el Código de Aguas, que elimina una norma vigente que permite al empresariado minero utilizar las aguas que afloren en el área de sus faenas, sin obligación de informar ni de contar con un derecho de aprovechamiento del recurso entregado por la Dirección General de Aguas (DGA).
Así lo informó la presidenta de la instancia legislativa, quien, además, fue autora de la indicación que permitió el cambio normativo. “Representa una muy buena noticia para quienes sostenemos que el agua debe ser un bien de uso público y cuya priorización debe estar en el consumo humano y los respectivos ecosistemas, privilegiando a las comunidades antes que a los intereses de las grandes mineras y que, además, impedía que la autoridad tuviera información pertinente sobre lo que se extrae y utiliza en las cuencas donde opera la minería en las regiones del norte y centro del país”, especificó.
La diputada recordó que, en abril de este año, la Comisión de Recursos Hídricos no logró avanzar en la materia y valoró la posibilidad de revisar el punto nuevamente, esta vez, con un resultado no solo positivo, sino que además apoyado por unanimidad de los miembros de la Comisión.
«Terminamos con los privilegios hacia un sector productivo; pero, también, hace justicia desde el punto de vista de simplificar estos requisitos para los pequeños mineros, lo que ha sido un elemento que va en la línea de lo que forma parte de las modificaciones al Código de Aguas: fortalecer el agua como un bien nacional de uso público y establecer condiciones y privilegios para los más pequeños y las garantías necesarias para el consumo humano”, comentó.
Finalmente, Yasna Provoste expresó su anhelo que la propuesta sea ratificada por la Sala, particularmente porque lo que se busca es privilegiar a las comunidades indígenas, a la agricultura familiar campesina y al sistemas de agua potable rural, conjuntamente con fortalecer el rol y las atribuciones de la Dirección General de Aguas.
