Interés público por sobre el lucro y un Estado garante del agua como vital para la subsistencia humana y la preservación ecosistémica fueron dos de los principales acuerdos a los se llegó esta semana en la Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación de la Cámara de Diputados. Las indicaciones, presentadas por los diputados Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC), Daniel Núñez (DC) y Matías Walker (DC), fueron aprobadas unánimemente por los parlamentarios presentes, dando cuenta de la dificultad que han tenido la UDI y RN para oponerse a las reformas que buscan terminar con la mercantilización de la gestión del agua en Chile, instituida en el Código de Aguas desde 1981.
Tanto la sesión del lunes en Santiago como la del miércoles en Valparaíso tuvieron un lento avance dadas las constantes precisiones que solicitaron los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma (en reemplazo de Andrea Molina) y Sergio Gahona, a quienes en varias ocasiones se les enrostró querer dilatar las votaciones. El director de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, debió explicar conceptos como “subsistencia” y “preservación ecosistémica”, ideas que generaron preocupación en los congresistas de la UDI.
A pesar de esto, se aprobaron los artículos e indicaciones que reconocen legalmente las diversas funciones del agua: subsistencia, preservación ecológica y productiva, y las que mandatan un orden de prioridades para consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia, con efectos sobre el otorgamiento y/o limitación de su aprovechamiento. Se estableció además que cuando se conceda agua para consumo humano y saneamiento, esta no se podrá utilizar para otros fines.
Adicionalmente se aprobó la obligación de la autoridad (en este caso la DGA) de considerar la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva del agua y la situación de cada cuenca junto con “velar siempre por la armonía y equilibrio entre la función de preservación ecológica y las funciones productivas”.
Dentro de las nuevas atribuciones del Estado se aprobó la posibilidad de constituir reservas de agua para las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, incluidos los derechos de agua expirados o caducados. Y, en el caso de que el consumo humano esté en riesgo y tal suministro no sea estatal, excepcionalmente y en forma temporal se podrá entregar reservas a empresas de agua potable y saneamiento exclusivamente en zonas declaradas en escasez hídrica, no pudiendo los privados incorporar tales derechos en el proceso de fijación de tarifas. Esto último fue propuesto por los diputados Girardi, Provoste, Núñez e Insunza (PPD).
Reacciones
Para la diputada Cristina Girardi la votación de estas reformas al Código de Aguas permiten “ir dejando atrás la actual visión eminentemente mercantil del agua para avanzar hacia una gestión más integral, en base a los derechos humanos, la subsistencia y la protección de las cuencas; y con un Estado que debe velar por la compatibilidad entre el uso productivo con la preservación ecosistémica”.
Para Jorge Insunza la votación que establece la priorización del uso doméstico de subsistencia “es un paso muy importante y es coherente con el derecho humano al agua que aprobamos unánimemente la semana pasada”
Una discusión de fondo se dio durante la votación que posibilita otorgar excepcionalmente, y bajo decretos de emergencia hídrica, caudales de reserva a empresas sanitarias para asegurar el consumo humano.
“Entendemos que esto esté supeditado solo a cuando no existan otras opciones, que tal acción solo sea temporal y que no pueda ser incluida para el cálculo de las tarifas, lo cual debiera redundar en rebaja del costo al usuario dado que el recurso seguiría siendo del Estado” puntualizó Yasna Provoste.
“En esta reforma se están dando pasos históricos. La semana pasada se estableció legalmente el derecho humano al agua y la indivisibilidad de tierras y aguas en territorios indígenas. Hoy se aprobó la función de subsistencia, la preservación ecológica, y la obligación del estado de priorizar esas funciones y usos esenciales, lo cual cambia en 180 grados el enfoque propietarista y mercantil del Código de Aguas vigente”, señalo Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, quien junto a otras organizaciones sigue in situ el proceso de tramitación de esta reforma. “El proyecto va bien encaminado”, concluyó.
Uno de los temas fundamentales que queda pendiente por votar durante las próximas semanas es la naturaleza y estatus de los derechos de aprovechamiento. La reforma busca transformar los derechos de propiedad perpetuos en concesiones temporales a partir de la reforma. Varios parlamentarios señalan que esto debe ser aplicado a todos los derechos y otros congresistas desean que continúe el statu quo.
Estos temas, además de las “aguas del minero” y el aseguramiento de las aguas para los sistemas de agua potable rural, quedaron para ser votados en las últimas sesiones de este periodo legislativo que concluye el 23 de enero.
, Yasna Provoste (DC), Daniel Núñez (DC) y Matías Walker (DC), fueron aprobadas unánimemente por los parlamentarios presentes, dando cuenta de la dificultad que han tenido la UDI y RN para oponerse a las reformas que buscan terminar con la mercantilización de la gestión del agua en Chile, instituida en el Código de Aguas desde 1981.){kind=link}