La iniciativa de expulsar, o suspender, a Venezuela del Mercosur viola la normativa de esa institución. No hay nada en el Tratado Constitutivo del Mercosur ni en los Protocolos de Ushuaia y de Montevideo (Ushuaia II) que contienen la así llamada “cláusula democrática” que justifique semejante medida.
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Tiene razón la canciller venezolana Delcy Rodríguez cuando denuncia la turbia maniobra de sus socios sureños como un “golpe de estado” contra la República Bolivariana.
El pretexto empleado por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay es que Caracas incumplió su compromiso de adecuar su normativa económica a la establecida por el Mercosur. De hecho Venezuela fue modificando gran parte de sus regulaciones económicas, pero el proceso está aún sin completar. Incidentalmente, lo mismo puede decirse de los demás socios del Mercosur, ninguno de los cuales ha adoptado en su integralidad las normas del Tratado de Asunción.
Pero lo que puede ser un pecadillo venial en Argentina, Brasil y Paraguay se convierte en un monstruoso pecado mortal en el caso de la República Bolivariana. Este doble estándar es una marca registrada del imperialismo y sus lacayos locales, como son los gobiernos de esta infausta Triple Alianza que se arroja con saña en contra de la patria de Bolívar y Chávez. No es preciso esforzarse en demasía para comprobar la debilidad de este argumento, incompatible inclusive con las normas y las prácticas del derecho internacional que establecen un marco de flexibilidad y diálogo en los casos de retrasos en el cumplimiento de los acuerdos.
En el caso de la Unión Europea los acuerdos de Maastricht establecían que el déficit en el presupuesto de los estados no podría representar una proporción mayor que el 3% del PIB y que la deuda pública no debería bajo ningún concepto superar el 60 % del PIB. Si Macri, Temer y Cartes fueran gobernantes de algún país europeo estarían viéndose en figurillas para “suspender” a países como Gracia, Italia, Portugal, Bélgica, Francia, España, Reino Unido por incumplir con ambas normas, y a Alemania, Holanda y Austria por sobrepasar el límite impuesto al endeudamiento público.
Pero los países de la Unión Europea, clientes también ellos de la Casa Blanca, mantienen un criterio de flexibilidad que los talibanes conosureños no poseen y se desviven por agredir a Venezuela, país cuyas enormes reservas petroleras, las mayores del mundo, excitan el apetito insaciable del imperio.
Siendo insostenible el argumento del incumplimiento de la normativa del Mercosur, los agresores cambiaron de táctica y ahora enarbolan el argumento de la “cláusula democrática”. ¿Qué dice esta cláusula? La misma fue resultante de una Reunión del Consejo del Mercado Común (Julio de 1998) ocasión en que los Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, amén los de las Repúblicas de Bolivia y Chile suscribieron el “Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático” estableciendo que la vigencia de las instituciones democráticas era condición indispensable para la existencia y desarrollo de los procesos de integración, y que toda alteración del orden democrático constituiría un obstáculo inadmisible para la continuidad de la integración regional.
En la retorcida argumentación de Macri, Temer y Cartes resulta que un gobierno que ha resistido años de guerra económica lanzada sin tapujos por el imperio; que ha desbaratado interminables tentativas sediciosas explícitamente encaminadas, con la inocultable colaboración de Washington, a derrumbar a un gobierno al que no se lo podía derrotar en las urnas; que a comienzos de 2014 ha debido soportar meses de subversión sediciosa con un costo de 43 muertos, casi un millar de heridos, infinidad de edificios públicos y privados, vehículos de transporte público y de uso particular debe ser acusado por violación a los principios democráticos. La víctima se convierte en victimario.
En resumen, un gobierno que se ha defendido de un ataque brutal y lanzado por todos los flancos, que ha mantenido la institucionalidad democrática, que convocó a veinte consultas electorales en 18 años; ese gobierno bolivariano es juzgado por otros dos surgidos de sendos golpes de estado –Brasil y, de modo mediatizado, Paraguay- y por otro que ha sumido a la Argentina en un acelerado proceso de involución democrática como violatorio de la “cláusula democrática” del Mercosur.
Presidentes que para deshonor de sus gobiernos y sus países están incursos en graves episodios de corrupción –Panamá Papers, Bahama Papers, “Lavajato”, etcétera- y que atropellan la institucionalidad democrática, censuran a la prensa opositora y encarcelan o asesinan a dirigentes sociales, gobiernos como esos, repito, sienten que cuentan con la autoridad moral para juzgar la democraticidad de la República Bolivariana de Venezuela. Si no fuera por la injusticia que esto provoca la pretensión sería simplemente cómica, un acto barato de comicidad a manos de malos actores que simplemente obedecen órdenes de la Casa Blanca.
El veredicto de la historia será implacable ante este plan para destruir al Mercosur y, también a la UNASUR y la CELAC, objetivo estratégico y no negociable del imperio que, para recuperar su hegemonía en esta parte del mundo, necesita destruir todos los esquemas de integración creados en las últimas décadas. No lo lograrán, y los tristes y malos gobernantes que colaboren en tan infame designio sufrirán, más pronto de lo que ellos se imaginan, el ejemplar escarmiento de sus pueblos.
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